El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) culminó su pleno extraordinario y el primero que se celebra de forma telemática con la aprobación de 26 propuestas. De ellas, dos fueron de tipo general, 4 presentadas por la Comisión de jóvenes y mujeres, 8 por la de educación, cultura y deporte, 10 por la de derechos civiles y participación y 2 por la de asuntos sociolaborales.
Este pleno de carácter extraordinario –el segundo del VIII Mandato tras el ordinario que se celebró en junio de 2022 en Madrid– tuvo como finalidad recuperar el ritmo de trabajo del órgano de representación de los españoles residentes en el extranjero tras más de dos años de parón. Cabe recordar que, entre junio de 2018 y junio de 2022, el CGCEE no realizó ninguna sesión plenaria. Primero, por las sucesivas elecciones generales celebradas en abril y noviembre de 2019, y luego por la pandemia. Así, con esta sesión extraordinaria, celebrada por primera vez por vía telemática, se ha culminado el trabajo que quedaba pendiente del VII Mandato del CGCEE.
Procedimiento
Entre el 1 y el 6 de febrero se pusieron a disposición de los consejeros las distintas propuestas aprobadas previamente por la Comisión Permanente del Consejo. Los días 8 y 9 se abrió un proceso de votación a distancia y finalizó con una sesión plenaria telemática el día 10 en la que se informó sobre los resultados de las votaciones y hubo diversas intervenciones de los representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de los presidentes de las diferentes comisiones y de todos aquellos consejeros que quisieron intervenir.
Estaba previsto que participara la secretaria de Estado de Migraciones y vicepresidenta del Consejo, Isabel Castro, pero finalmente no lo hizo sin que desde el Ministerio se diese una explicación concreta sobre los motivos de su ausencia. En su nombre, el director general de Migraciones y secretario del Consejo, Santiago Yerga, leyó una breve declaración.
De entre las propuestas aprobadas cabe destacar las presentadas por la Comisión de asuntos sociolaborales por dirigirse a los ciudadanos españoles en el exterior más necesitados. El pleno del CGCEE pide al Gobierno que se revisen los baremos para el cálculo de la prestación por razón de necesidad en aquellos países donde la inflación lleva años teniendo un mayor impacto en el poder adquisitivo.
Además, también se reclama al Gobierno la creación de un sistema de acompañantes a domicilio para los españoles mayores y dependientes que viven en el extranjero. En este caso lo que se pide es que se amplíe la ley de dependencia a la ciudadanía en el exterior, tal y como está previsto en la propia ley.
Estas dos reclamaciones fueron las que suscitaron menos consenso ya que la primera fue aprobada por 35 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, y la segunda por 35 a favor, 14 en contra y 15 abstenciones.
La presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, señaló al respecto que buena parte de los votos no afirmativos se debieron a cómo estaba redactada la propuesta.
Sobre nacionalidad
Relacionadas con la nacionalidad, la Comisión de derechos civiles y participación presentó varias propuestas que fueron aprobadas por el pleno. Primero, que se cree un registro de quienes perdieron la nacionalidad española y, por otra parte, que se notifique de oficio a quienes van a alcanzar la mayoría de edad que tienen la obligación de realizar una declaración expresa ante el consulado correspondiente de su intención de mantener la nacionalidad española. Así, se quiere disminuir el número de jóvenes que pierden la ciudadanía española por desconocimiento de esta obligación.
Facilitar trámites consulares
A través de otra serie de propuestas, el CGCEE pide al Gobierno que se faciliten diversos trámites consulares. Así, se reclama la puesta en marcha de un sistema de acceso telemático en todos los consulados al Registro Civil, la instalación de puntos de actualización del DNI electrónico en los consulados generales, y la ampliación de los puestos móviles de captación de huellas dactilares, sobre todo en las demarcaciones consulares más grandes, para facilitar la expedición y renovación de los pasaportes.
Respecto a los consulados, el CGCEE les pide una mayor implicación en la difusión de los actos institucionales de los Consejos de Residentes Españoles (CRE). También pide el Consejo que se elaboren vídeos informativos sobre las funciones y el papel de los CRE y el propio CGCEE que estén disponibles de forma telemática.
Asimismo, el CGCEE reclama al Gobierno que amplíe los convenios con terceros países para que ciudadanos españoles condenados a penas de cárcel en el extranjero, sobre todo en aquellos países donde las prisiones carecen de las más elementales condiciones de vida, pueden ser trasladados a España para el cumplimiento de la pena. Además, pide también que se destinen más recursos a la repatriación de españoles que padecen situaciones de pobreza y vulnerabilidad social.
Otra de las propuestas, que se tratará con mayor amplitud en los sucesivos plenos, es la relativa a eliminar el trato fiscal discriminatorio que padecen los españoles residentes en el extranjero, en función del país en el que vivan, a la hora de liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones.
Por último, el pleno del CGCEE, en materia de derechos civiles y participación, también reclamó una mayor transparencia en los presupuestos de todos los CRE.
Acceso a la universidad y ALCE
Respecto a educación, cultura y deporte, el CGCEE exige al Gobierno homogeneizar los criterios de las distintas universidades españolas para posibilitar el acceso de los residentes en el exterior y también que haya igualdad en el acceso a los estudios superiores para los españoles que cursan el bachillerato en el extranjero.
El pleno aprobó también un grupo de propuestas relativas a las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE). En primer lugar, la ampliación de aulas en los países donde ya existen y la apertura de nuevas allí donde no hay. Por otra parte, que se realicen campañas informativas sobre el programa ALCE y también que se facilite el acceso a las pruebas de nivel C1 de lengua española.
Relacionada con las ALCE, se aprobó también una propuesta presentada por la Comisión de mujeres y jóvenes por la que se pide al Ministerio de Educación que revise el contenido del material didáctico que se utiliza ya que, a juicio del CGCEE, “muestran estereotipos de género perniciosos para la igualdad”.
En este apartado, por último, se reclama una mayor difusión de las acciones que realice el Ministerio de Cultura en el extranjero más allá de las capitales o ciudades importantes de cada país para que lleguen a toda la ciudadanía española, y la apertura de una Consejería de Educación en Chile para atender, sobre todo, al elevado número de jóvenes interesados en cursar estudios superiores en España.
Además de la propuesta citada anteriormente, el pleno del CGCEE aprobó otras tres reclamaciones en materia de mujeres y jóvenes. Por un lado, se pidió la presencia del CGCEE en el Consejo de Participación de la Mujer, por otro, que se articule la colaboración con la UNED para que los estudiantes puedan realizar prácticas en las consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y, por último, que se elaboren informes sobre la situación de la mujer española en el exterior.
Nuevo reglamento
Dos fueron las propuestas de tipo general aprobadas por el pleno. La primer, el nuevo reglamento de funcionamiento del CGCEE, la segunda, que en la relación de puestos de trabajo de la Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior se creen tres puestos para la atención específica del Consejo General.
Tener en cuenta que el salario mínimo oficial de cada país no siempre sirve como referencia ni da para vivir
El consejero por Uruguay en el CGCEE, Jorge Torres, explicó a España Exterior las dos propuestas en materia sociolaboral promovidas por los representantes de los españoles residentes en este país.
Por un lado, indicó que junto al consejero Miguel Pérez, planteó que los españoles que viven en el exterior tengan la posibilidad de acceder a la ley de dependencia española, “cuidados para la tercera edad, acompañamientos, etc.”.
Aclaró que “desde que presentamos la propuesta, en el 2018, hasta la fecha ha habido distintas modificaciones en España a esta ley para mejorarla, pero en el exterior aún continuamos sin recoger esos beneficios”.
Puntualizó que “nosotros lo que pedimos es que se aplique de la misma manera a los españoles que vivimos afuera como se realizaría si viviéramos en España”.
La segunda propuesta también aprobada es la que reclama al Gobierno español que realice una “actualización de los baremos con distintos parámetros de acuerdo al país de residencia de los beneficiarios de las prestaciones por razón de necesidad”.
Torres explicó que el baremo que construya la Administración debe ser el más justo para que año a año se actualice la cuantía de la prestación en función de la situación económica de cada país. “Es muy difícil de explicar porque tiene muchas connotaciones ya que en ese baremo cada país toma, por ejemplo, el salario mínimo nacional, entonces en países como Uruguay donde todos los gobiernos han usado el salario mínimo para disminuir la inflación, nadie es capaz de vivir con un salario mínimo, ya que si tiene que pagar alquiler con lo que le queda se muere de hambre”, aseguró el presidente del CRE de Montevideo.
Aclaró que “no se puede tomar en Uruguay y otros países el dogmatismo de que el salario mínimo nacional te da para subsistir, ya que no es así. Hoy son casi 400 euros, pero si se paga un alquiler poco le queda para alimentarse y vivir dignamente”, recalcó.
Finalmente, explicó que “esta propuesta significa un gran trabajo en todos los países ya que las diferencias son notorias, porque no es lo mismo establecer un baremo en una Europa con dos o tres por ciento de inflación a una Argentina con más del noventa por ciento de inflación. Se tendrá que analizar cada situación en forma individual para poder alcanzar una cifra que aplicada genere igualdad a todos los beneficiarios sin importar el país en que residen”.
