Procedentes de la Comisón de mujeres y jóvenes, el III Pleno del VIII Mandato del CGCEE aprobó un total de 8 propuestas de las cuales tres se refieren al Protocolo interministerial de atención a mujeres españolas víctimas de violencia de género en el exterior.
En una de ellas se pide que se establezcan acuerdos bilaterales en materia jurídica para mujeres víctimas de violencia de género en el exterior entre las embajadas españolas y los colegios de abogacía de los países y se asegure la asistencia jurídica gratuita y en español. Además, se reclama que esta medida se inicie “de forma urgente en los países que ya disponen de Magistratura de enlace.
Además, se solicita a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares el envío de una circular a todas las oficinas consulares, estableciendo la obligación de informar a quienes residen en la demarcación consular sobre los servicios de asistencia a mujeres víctimas de violencia en el exterior, servicios que los consulados están obligados a prestar en virtud del protocolo para la atención de las españolas víctimas de violencia contra las mujeres en el exterior.
El CGCEE considera que se debe establecer como mínimo la comunicación a través de la página web de cada consulado, embajada y oficina dependiente y debe estar en un lugar fácilmente visible, como la página de inicio o los avisos. También en el tablón de anuncios de cada consulado, embajada y oficina dependiente. Asimismo, se pide que se envíe anualmente la información por correo electrónico a toda la ciudadanía residente en la demarcación de la cual se disponga este medio de contacto. Además, esta información debe facilitarse en el momento del registro de la matrícula consular por vía presencial o telemática.
En esta materia, también se reclama al Ministerio de Asuntos Exteriores que desarrolle una nueva campaña de comunicación institucional y publicitaria para dar difusión al Protocolo interministerial de atención a mujeres españolas víctimas de violencia de género en el exterior.
Los consejeros señalaron en el debate que existe un “desconocimiento generalizado” entre la ciudadanía en el exterior sobre la existencia de este Protocolo, de ahí la necesidad de realizar esta campaña.
Aunque el mayor número de propuestas en materia de mujeres y jóvenes fueron las referidas al Protocolo de atención a las mujeres españolas en el exterior víctimas de violencia, la que más debate suscitó fue la de la anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, así como la Instrucción de 18 de febrero de 2019, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Buena parte de los consejeros consideraban que estas instrucciones suponen un resquicio normativo que permite, a través de las oficinas consulares de España en el extranjero, eludir la prohibición legal de una práctica que supone una violencia reproductiva contra las mujeres y una vulneración de los derechos de los menores, como reconoce el ordenamiento legal en España en la actualidad.
Como era de esperar, el debate fue más allá del contenido de la propuesta y giró en torno a la moralidad de la práctica de la gestación subrogada. No estuvo presente ningún representante del Ministerio de Justicia que pudiese explicar con detalle o la finalidad de la Instrucción citada y por momentos, la discusión fue bastante confusa. De hecho, esta propuesta ha sido la que menos votos favorables ha recibido, solamente 35, y la que más votos negativos tuvo, 15.
Otras dos propuestas en materia de mujeres y jóvenes piden la participación de un miembro del CGCEE en el Consejo de Participación de las Personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en representación de la ciudadanía española en el exterior perteneciente al colectivo LGTBIQ+. Y otro representante en el Consejo de la Juventud de España.
Por otro lado, también se aprobó una propuesta para reclamar un procedimiento de voto accesible para personas con discapacidad visual residentes en el extranjero y otra por la que se pide al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y en concreto al Instituto de la Juventud, la elaboración de un informe análogo al que ya elabora denominado Juventud en Cifras, donde se refleje un análisis cuantitativo y cualitativo de la juventud española en el exterior.
