El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) manifiesta su firme oposición a la propuesta presentada por la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) en mayo de 2025 que plantea la creación y el aumento de tasas consulares como vía de financiación para la mejora de la red consular.
“Si bien compartimos la preocupación por el deterioro de la red consular y la necesidad urgente de reforzarla con más recursos humanos y materiales, rechazamos rotundamente que la carga recaiga sobre la ciudadanía española residente en el exterior, mediante el establecimiento de nuevas tasas o el incremento de las ya existentes”, señala el CGCEE en un comunicado.
Según el Consejo “esta propuesta incurre en una clara discriminación hacia la ciudadanía española en el exterior, al pretender imponer tasas por servicios que en territorio nacional son gratuitos o tienen un coste significativamente menor”. Esto vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y el artículo primero del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que establece la obligación de garantizar a la ciudadanía española residente en el exterior “el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los españoles residentes en España”, añade.
“Imponer tasas adicionales a quienes ya enfrentan barreras geográficas, administrativas y económicas para acceder a servicios consulares es una forma de exclusión institucional. La solución a los problemas estructurales de la red consular no puede pasar por penalizar a quienes dependen de ella”, señala el CGCEE.
Asimismo, recuerda que la ciudadanía española en el exterior ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, sin que ello se haya traducido en un incremento proporcional en los presupuestos y recursos asignados a la red consular. Además, considera el CGCEE que medidas como la propuesta podrían tener un efecto disuasorio sobre la inscripción consular y la realización de trámites consulares. “Esto podría llevar a que parte de la ciudadanía opte por evitar gestiones en los consulados generales, bien postergándolas, bien realizándolas en España si tienen la posibilidad de viajar, lo que introduce una desigualdad basada en la capacidad económica y la movilidad. Esta situación podría generar efectos contraproducentes a medio y largo plazo”.
A juicio del CCGCEE, la propuesta de la ADE también plantea dudas jurídicas ya que el artículo 14 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos establece que las tasas deben exigirse con independencia del lugar en que se preste el servicio. “Aplicar tasas más altas en el exterior introduce una discriminación territorial injustificada”, señala. Además, el artículo 8 de la misma ley señala que debe tenerse en cuenta la capacidad económica de quienes las pagan, “algo que esta propuesta ignora”, según el Consejo. Por otro lado, las “comparaciones con otros países no justifican tampoco la vulneración de los principios de equidad y legalidad del marco normativo de nuestro país”.
Desde el CGCEE recalcan que “la ciudadanía española en el exterior no representa un coste, sino un activo estratégico para España, ya que mantiene vínculos económicos, sociales y afectivos con el país y una parte significativa sigue contribuyendo fiscalmente, de forma directa o indirecta. Este crecimiento demográfico sostenido debe ser entendido como una oportunidad y una inversión de futuro, no como una carga presupuestaria. En este sentido, el acceso a los servicios consulares debe garantizarse como un verdadero servicio público, accesible y universal”.
Por ese motivo, desde el Consejo, “instamos a las Cortes Generales y al Gobierno de España a que rechacen esta propuesta y trabajen en la mejora de la red consular con soluciones que respeten los derechos de toda la ciudadanía, sin importar su lugar de residencia”.
Por último, señala el comunicado que “el CGCEE seguirá defendiendo los derechos de nuestra ciudadanía en el exterior y vigilando que no se impongan medidas que profundicen su exclusión”.
CCOO también en contra
La Sección Sindical Estatal del Servicio Exterior del sindicato Comisiones Obreras también ha manifestado su rechazo a la propuesta realizada por ADE. en un comunicado, CCOO advierte que “este tipo de medidas constituyen una receta neoliberal que hace recaer sobre la población los costes de un servicio público esencial, debilitado por décadas de desidia y abandono institucional”.
También recuerda el sindicato mientras la ciudadanía española en el exterior se ha duplicado en los últimos 15 años (pasando de 1,5 a más de 3 millones de personas), las plantillas de las embajadas y consulados apenas han crecido un 2% desde 2009. Es decir: la carga de trabajo se ha disparado mientras los recursos humanos siguen prácticamente estancados.
“Esta falta de previsión y voluntad política tiene consecuencias graves. Las principales oficinas consulares del mundo (Londres, La Habana, París, Buenos Aires, México o Caracas) enfrentan un volumen de trabajo cada vez más insostenible, agravado por nuevas obligaciones derivadas de políticas de Estado como la Ley de Memoria Democrática o la emisión de visados, que superaron el 1,3 millón solo en 2023”, señala CCOO.
Y añade que “en ciudades como La Habana, con un crecimiento del 232% en personas inscritas en el Registro de Matrícula Consular desde 2009, la plantilla se ha reducido a la mitad. En París o Córdoba (Argentina), con aumentos de hasta el 85% en población registrada, el número de trabajadores ha descendido”. Ante estos datos, CCOO considera que “no es solo un problema de carga de trabajo: es una amenaza directa a la calidad del servicio, al bienestar del personal y al derecho de la ciudadanía a ser atendida dignamente”.
Un informe que dibuja el “lamentable estado” del servicio exterior
El informe de la Asociación de Diplomáticos Españoles dibuja un “lamentable estado” del servicio exterior español, tanto a nivel de infraestructuras como de medio materiales y humanos.
En lo que se refiere a los recursos humanos, señala que “las plantillas fijas de las oficinas consulares se mantienen prácticamente inalteradas desde hace más de veinte años, a pesar de que en ese periodo se ha más que triplicado el número de españoles residentes en el extranjero inscritos en nuestras oficinas consulares, que ha pasado de algo más de novecientos mil a inicios del siglo XXI a los más de tres millones de la actualidad”.
Por otro lado, señalan que “varias oficinas consulares y embajadas incumplen la normativa española de seguridad e higiene en el trabajo, carecen de la protección necesaria en países muy inseguros y no están preparadas para contingencias como los terremotos en países de alto riesgo sísmico”.
De hecho señalan que un estudio realizado por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores en 2019 puso de manifiesto los graves problemas de infraestructura existentes -ya en aquel momento- en la red consular: 28 oficinas consulares se encontraban al límite de su capacidad física y no podían incorporar refuerzos por falta de espacio para acoger personal adicional; 68 oficinas presentaban problemas de accesibilidad en la entrada del edificio, 53 en el área de atención al público y 76 en el resto de instalaciones; 10 oficinas carecían de sistemas de detección de incendios y 14 de sistemas de protección contra incendios; y al menos 17 edificios no presentaban un buen estado de conservación.
El deterioro de los edificios de Exteriores, indica el informe, “continúa agravándose y entraña un serio riesgo tanto para las personas que trabajan en ellos -a menudo en condiciones de hacinamiento- como para el público que los visita, además de la pésima imagen que se da de nuestro país en el exterior”.
Como resultado de todo lo anterior, señalan desde ADE, “el servicio que ofrece nuestra red consular a los ciudadanos españoles en el exterior y a los ciudadanos extranjeros que acuden a nuestras oficinas consulares se ha deteriorado hasta niveles alarmantes y trámites que en condiciones normales deberían tomar unas pocas semanas o meses se alargan muchos meses e incluso años”.
Impacto de la Ley de Memoria Democrática
En el informe se indica que el Consulado General de España en La Habana tardó más de diez años en procesar las 192.000 solicitudes de nacionalidad que recibió entre 2008 y 2011 en base a la Ley de Memoria Histórica y se advierte que “algo parecido puede ocurrir con la Ley de Memoria Democrática en otras oficinas consulares si no se dota a los consulados más afectados (sobre todo en Iberoamérica) de los medios necesarios una vez finalice el plazo de vigencia de la ley en octubre de 2025”.
Como dato señala que solo el Consulado General de España en Buenos Aires –el mayor del mundo– “recibirá unas 600.000 solicitudes de nacionalidad, cuya tramitación completa –con los recursos actuales– puede llegar a tomar varias décadas. Por su parte, el Consulado General en La Habana maneja también centenares de miles de solicitudes.
Así las cosas, desde ADE afirman que “la deficiente calidad del servicio ofrecido por muchas de nuestras oficinas consulares se deteriorará aún más en los próximos años, cuando se hayan tramitado todas las solicitudes de nacionalidad derivadas de la Ley de Memoria Democrática, que pueden situar el número de españoles registrados en nuestras oficinas consulares en cuatro millones”. Como ejemplo señala el informe el caso de Buenos Aires donde, de inscribirse todos los interesados que presentaron sus solicitudes de nacionalidad, el número de españoles inscritos pasaría de los 350.000 actuales a un millón”.
En cuanto al proceso de digitalización que ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Exteriores, afirman que “sigue sin haber apenas información concreta, más allá de la digitalización del Registro Civil” y consideran que “no resolverá los problemas estructurales que aquejan a la red consular” y “no eliminará la necesidad de aumentar el personal”.
Por todos estos motivos, desde la ADE consideran necesario el incremento de las tasas consulares ya que “no es realista pensar que este esfuerzo pueda ser sufragado exclusivamente por vía presupuestaria”.
