El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha elaborado y remitido hace unos días a la Subdirección General de Régimen Jurídico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un informe sobre el Proyecto de Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería.
En un comunicado, el CGCEE informa que su Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos ha valorado positivamente en este informe aspectos del actual borrador de la Ley, como el desarrollo de un Estatuto propio para familiares de personas españolas o los visados para búsqueda de empleo para hijos o nietos de personas españolas de origen.
En el informe se ha prestado especial atención a los artículos que afectan directamente a los familiares de personas con la ciudadanía española, con el fin de garantizar que sus derechos sean protegidos de manera efectiva y se cumplan las normativas europeas y nacionales aplicables. Además, se incluyen consideraciones adicionales respecto al lenguaje no sexista y otros aspectos relevantes.
Los principales objetivos del CGCEE en este informe han sido establecer un régimen específico para la obtención de visados de residencia y para la tramitación de la residencia temporal por parte de descendientes de españoles análogo al de familiares de personas con la ciudadanía española.
El CGCEE también pretende garantizar la gratuidad en la expedición de visados para familiares de personas con la ciudadanía española cuando esta tramitación se realice a través de un proveedor externo, garantizando la coherencia con las normativas europeas y nacionales vigentes.
También que se posibilite para la tramitación de visado la comparecencia por medios telemáticos en vez de presenciales, cuando circunstancias, como la lejanía a la oficina consular, estado de salud, etc., así lo aconsejen.
Por otro lado, el CGCEE propone reconocer como familiar a quien mantenga con la persona española una relación de afectividad análoga a la conyugal y esté inscrita en un registro público establecido a estos efectos, aunque este no se encuentre en un país de la UE, Espacio Económico Europeo o Suiza. Y que se reconozca como familiar de español o española o de su cónyuge a los ascendientes en línea directa, independientemente del grado.
Además, desde el Consejo se quiere facilitar a las mujeres extranjeras víctimas de violencia machista por parte de su pareja española que vivan en el exterior el retorno a España mediante una autorización de residencia temporal.
Por último, el CGCEE propone también que se revise el lenguaje de la norma, “de forma que se utilice un lenguaje no sexista”.
Desde el CGCEE se espera que estas aportaciones sean valoradas y logre adaptar normas y leyes a las necesidades de la diáspora.
Es muy difícil comentar sobre estos temas sin acceso a la información adecuada. El análisis es interesante, pero resulta demasiado vago.
Actualmente, la gestión de visados a través de BLS está colapsada debido a la intervención de agencias intermediarias, que acaparan todas las citas y encarecen el trámite hasta en un 500%. El problema más inmediato, que nadie parece saber cómo resolver, es precisamente este colapso en la gestión de citas.