La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, compareció el 30 de abril ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados para reclamar una reforma “amplia e integral” del acceso a la nacionalidad, el refuerzo de la red consular y nuevas garantías para que los derechos de los más de 3,2 millones de españoles residentes fuera del país puedan ejercerse en igualdad de condiciones.
Alonso subrayó que la comunidad española en el exterior combina generaciones de emigración histórica hacia América y Europa con una emigración más reciente vinculada a la crisis de 2008, así como un volumen creciente de descendientes con derecho a mantener un vínculo jurídico con España. En términos cuantitativos, recordó que la cifra de residentes españoles en el extranjero ha pasado de alrededor de 1,5 millones en 2010 a más de 3,2 millones en la actualidad.
Uno de los ejes centrales de la intervención fue la Ley de Memoria Democrática, cuyo despliegue ha permitido, según señaló, reconocer la nacionalidad a personas con lazos familiares con España que habían quedado excluidas durante décadas. No obstante, el CGCEE planteó que el avance debería consolidarse mediante una reforma estable en el Código Civil, sin límites temporales y capaz de cubrir supuestos que siguen quedando fuera. También pidió respaldar cambios para evitar pérdidas involuntarias de la nacionalidad y eliminar la renuncia a otras nacionalidades al adquirir la española.
La presidenta del Consejo vinculó el reconocimiento de derechos a la capacidad administrativa para hacerlos efectivos. En este sentido, mencionó el elevado volumen de solicitudes de nacionalidad asociado a la Ley de Memoria Democrática –casi 2,5 millones– y alertó de la sobrecarga en varios consulados. Aunque valoró las medidas previstas para algunos de los más afectados, solicitó que se extiendan y que la red consular se “redimensione” con más personal y recursos, al recordar que en algunas demarcaciones la población se ha duplicado mientras la plantilla se ha reducido.
En materia de participación política, Alonso celebró la derogación del voto rogado, pero advirtió de que persisten obstáculos para votar desde el extranjero: desde un número elevado de votos nulos hasta la escasez de centros para el depósito en urna o las dificultades del voto por correo en países con servicios postales limitados. El CGCEE, explicó, ha elaborado un informe con propuestas para que el sufragio no dependa de “un voto heroico”.
Otra de las peticiones trasladadas al Parlamento fue estudiar la creación de una circunscripción exterior que permita a los residentes fuera de España contar con representantes propios en las Cortes, un modelo ya existente en países como Portugal, Italia o Francia. Como ejemplo de “vacíos” en la aplicación de las políticas públicas a los españoles que residen fuera del país, citó la situación de las familias numerosas en el extranjero, que están excluidas de la obtención o mantenimiento del carné y de los derechos asociados.
En el bloque social, la compareciente reclamó reforzar la protección a mujeres víctimas de violencia de género en el exterior. Tras la renovación del Pacto de Estado, pidió que las medidas específicas para la ciudadanía fuera de España se materialicen, con especial atención a la asistencia psicológica y jurídica en países donde no es gratuita, no está disponible o las barreras idiomáticas dificultan su efectividad.
Sobre sanidad, valoró el reciente real decreto que amplía la asistencia sanitaria durante desplazamientos temporales a España para residentes en el exterior, aunque señaló que aún quedan supuestos sin cubrir. En particular, apuntó que la norma se limita a españoles de origen, lo que –en su opinión– genera una diferencia de trato entre ciudadanos españoles.
En educación, defendió el papel de las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) para mantener el idioma y el vínculo cultural de los menores que viven en países con otra lengua. Según expuso, el número de niños españoles en estos países se ha multiplicado en las últimas dos décadas, mientras que los recursos y el personal docente no han crecido en la misma proporción, por lo que pidió reforzar el programa.
Alonso también aludió a las políticas de retorno y a la necesidad de agilizar la homologación de títulos, recordando que la normativa fija un plazo máximo de seis meses, aunque las esperas siguen siendo superiores pese a mejoras recientes. En este sentido, indicó que en 2025 se homologaron más títulos que solicitudes en ese periodo.
Por último, se refirió al futuro reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuyo desarrollo consideró clave para garantizar derechos sociales y de participación, y reclamó que llegue acompañado de dotación presupuestaria suficiente.
El CGCEE es un órgano consultivo adscrito al Gobierno que canaliza propuestas de la ciudadanía española en el exterior. En su intervención, Alonso defendió consolidar este tipo de comparecencias, prevista en la propia normativa del Consejo, como un espacio de diálogo regular con las Cortes para trasladar “la dimensión y complejidad” de una comunidad que, afirmó, no deja de crecer.
