Sindicatos, organizaciones y representantes de la emigración española en Alemania y la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, y miembros de este Consejo reclaman al Ministerio de Trabajo y Economía Social que reconsidere la decisión de cerrar la Oficina Laboral en Stuttgart y la dote de recursos suficientes para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía que reside en esa demarcación.
También piden al departamento que dirige Yolanda Díaz, que con fecha 1 de septiembre de 2022 ha decidido cierre de dicha oficina, que inicie un proceso de diálogo con la emigración, sus organizaciones y representantes y con los sindicatos para diseñar un mapa de servicios que dé respuesta a las necesidades de la emigración en este país.
Estas reclamaciones se recogen en un comunicado conjunto firmado por diversas organizaciones de la colectividad española en Alemania como la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia, la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo, la Federación de Asociaciones Juveniles y de Alumnos, el Centro Cultural Español en Fráncfort al que se suman los sindicatos UGT y CCOO así como la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Violeta Alonso, la Comisión de asuntos sociolaborales del CGCEE, los consejeros en el CGCEE por Alemania, Alba Delgado y Juan González Adrados y los consejos de residentes españoles de Berlín y Fráncfort.
En el texto se indica que “a lo largo de las últimas dos décadas el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha cerrado 21 de las 26 oficinas con las que contaba en Alemania, pasando el número de trabajadores adscritos a las mismas de 115 en 1981 a 28 a 2021. En ese mismo período, la población española en este país ha pasado de 179.952 a 187.865, un incremento del 4,4%”.
Asimismo, se señala que “el cierre de la oficina laboral en Stuttgart, que en agosto de 2005 todavía contaba con una plantilla de cuatro personas, es la culminación de su progresivo desmantelamiento desde que en 2016 comenzara un proceso gradual de retirada y no reposición de plantilla”. En este sentido se recuerda que la oficina permaneció cerrada entre 2010 y 2017 hasta que en enero de ese año retomó sus actividades con un sólo funcionario que cesó en junio de 2021 y no fue reemplazado hasta febrero de este año. Además, “el traslado de esa plaza a Berlín y el consiguiente cierre de la oficina laboral en Stuttgart se unen al incumplimiento de la promesa de mantener una permanencia en Hannover, a pesar del compromiso alcanzado cuando se cerró la oficina laboral en esta ciudad en 2018”.
Los firmantes recuerdan que la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior obliga expresamente a los poderes públicos a establecer medidas para que “para que las Oficinas Consulares, Consejerías de Trabajo y Asuntos Sociales y demás dependencias de la Administración española en el exterior cuenten con los medios personales, materiales y técnicos precisos para prestar la debida asistencia, protección y asesoramiento a la ciudadanía española en el exterior”.
Al mismo tiempo insisten en que “el Estatuto contiene el compromiso explícito de mantener unos servicios públicos ajustados a las necesidades de la emigración española, reiterando el papel primordial de la Administración General del Estado a la hora de proveer y garantizar el servicio público en el exterior”. “Sin embargo, –afirman– el cierre de la oficina laboral en Stuttgart es una nueva afrenta a la colonia española en Alemania que, a pesar de ser cada vez más numerosa, está cada vez más desamparada por la menguante presencia de la administración española en el exterior”.