El V Pleno que puso el cierre al VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) aprobó un total de 75 propuestas y también un nuevo reglamento de funcionamiento del propio Consejo.
Esta iniciativas están recogidas en un documento de nada menos que de 174 páginas y reflejan el cambio que se ha venido produciendo en la relación entre la emigración y la Administración española. Para resumir, se ha pasado de una política de emigración meramente asistencial a una política de ciudadanía global. Ya no se habla solamente de ayudas a los españoles que viven fuera, sino de construir una relación estable, dotada de medios y articulada entre España y una comunidad exterior cada vez más numerosa, diversa, digital y políticamente relevante.
Para sintetizar, el conjunto de propuestas señalan que la emigración española ha cambiado en su composición y se ha incrementado en número, tanto por los movimientos migratorios de los últimos años como por la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
Esta nueva realidad exige, según se constata en las propuestas del CGCEE, un reforzamiento urgente de la red consular, una apuesta por la digitalización para facilitar trámites y procesos, un mayor esfuerzo en materia educativa como herramienta de vinculación con España, apuesta prioritaria por la protección de los colectivos vulnerables y el fomento del retorno.
Este es el marco que delimita las propuestas aprobadas por el CGCEE en su reunión plenaria celebrada en Madrid del 25 al 27 de mayo.
En materia de derechos civiles y participación, el CGCEE aprobó un amplio paquete de propuestas destinadas a mejorar los derechos, la participación y el acceso a los servicios públicos de los más de tres millones de españoles residentes fuera de España. Las iniciativas combinan reformas administrativas tradicionales con una decidida apuesta por la digitalización de los servicios consulares y la eliminación de barreras burocráticas.
Uno de los grandes bloques de propuestas está relacionado con el fortalecimiento de la red consular. El Consejo reclama la apertura de nuevas oficinas y la mejora de las existentes para responder al crecimiento de la población española en determinadas regiones. Entre las medidas destacan la creación de una oficina consular permanente en Belfast, la adecuación o traslado de la sede consular de Edimburgo, la apertura de un cuarto Consulado General en el Reino Unido y el refuerzo de la atención en países donde no existen consulados generales. También se propone que las oficinas consulares abran un sábado al mes para facilitar la realización de trámites a quienes trabajan durante la semana.
Entre las propuestas figura informar automáticamente a todos los españoles residentes en el exterior, al alcanzar la mayoría de edad, sobre sus derechos y obligaciones, especialmente en materia electoral. Asimismo, se plantean medidas para facilitar la comunicación directa entre los consulados y la ciudadanía mediante sistemas de suscripción voluntaria a boletines informativos digitales.
Extensión de las mejoras tecnológicas
Destacan las reclamaciones vinculadas a la transformación digital de la Administración. El CGCEE propone permitir el acceso a la aplicación MiDNI desde dispositivos móviles extranjeros. A ello se suma la creación de una aplicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores para los españoles en el exterior, concebida como una ventanilla única digital para acceder a información, trámites y servicios consulares. En la misma línea, se plantea la implantación de un sistema de seguimiento en línea para cualquier gestión realizada ante los consulados, permitiendo conocer en tiempo real el estado de los expedientes.
La digitalización también alcanza a la información económica y administrativa. Entre las propuestas figura la creación de una plataforma accesible sobre fiscalidad para españoles no residentes, así como medidas para garantizar la accesibilidad de páginas web y aplicaciones públicas desde el extranjero. Además, el Consejo solicita que la futura Identidad Digital Europea tenga en cuenta la movilidad internacional de los ciudadanos y las situaciones de doble o múltiple nacionalidad, una realidad cada vez más frecuente entre los españoles residentes en el exterior.
Junto a estas iniciativas tecnológicas, el CGCEE impulsa otras reformas de carácter práctico, como la simplificación de la renovación del permiso de conducir desde los consulados, la obtención de certificados de antecedentes penales en oficinas consulares, la creación de un registro de parejas de hecho en el exterior y el envío de pasaportes mediante mensajería certificada para evitar desplazamientos de cientos de kilómetros en países con grandes distancias geográficas.
También se incluyen propuestas como la creación de una cuenta bancaria gratuita para españoles residentes en el exterior, la equiparación fiscal en determinadas operaciones inmobiliarias y sucesorias, la estandarización de visados Schengen para familiares de ciudadanos españoles y la mejora de los sistemas administrativos para evitar errores en la transcripción de datos personales.
Protección social
En materia socio-laboral, el Pleno del CGCEE aprobó un conjunto de propuestas orientadas a reforzar la protección social, mejorar la atención institucional y adaptar los servicios públicos al crecimiento de la emigración española. Las iniciativas abarcan desde la salud mental y la asistencia social hasta el fortalecimiento de la red consular y la defensa de los derechos laborales de los trabajadores emigrantes.
Entre las reclamaciones aprobadas figura el aumento de la dotación presupuestaria de los programas de ayudas extraordinarias destinados a españoles residentes en el exterior que carecen de recursos económicos. La iniciativa subraya que numerosos ciudadanos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad relacionadas con la vivienda, la alimentación o la atención sanitaria, y considera insuficientes los fondos actuales para atender una demanda creciente. Por ello, se solicita una ampliación de los recursos destinados a estas ayudas asistenciales con el objetivo de garantizar la cobertura de necesidades básicas y situaciones de emergencia.
Dotar al Consejo de presupuesto propio y mejorar las elecciones a los CRE
El Pleno del CGCEE aprobó también tres propuestas orientadas a fortalecer la representación institucional de la emigración española y mejorar los mecanismos de participación democrática de los ciudadanos residentes fuera del país.
La principal iniciativa plantea la creación de una partida presupuestaria propia dentro del programa 231B de los Presupuestos Generales del Estado destinada específicamente al funcionamiento del CGCEE. La propuesta busca dotar al órgano consultivo de una mayor autonomía operativa y capacidad de actuación, permitiéndole desarrollar con más eficacia sus funciones de representación, asesoramiento y canalización de las demandas de la ciudadanía española en el exterior. Esta medida pretende reforzar el papel del Consejo como interlocutor entre las instituciones del Estado y las comunidades españolas repartidas por el mundo.
Otra de las propuestas apuesta por ampliar la representación dentro del propio Consejo mediante la incorporación del colectivo de españoles de origen saharaui.
La tercera iniciativa está centrada en la mejora de los procesos electorales de los Consejos de Residentes Españoles (CRE), órganos de representación de los ciudadanos españoles en las distintas demarcaciones consulares. La comisión propone revisar y modernizar diversos aspectos del sistema electoral con el objetivo de facilitar la participación, incrementar la representatividad de los órganos elegidos y adaptarlos a la realidad actual de una comunidad exterior cada vez más numerosa y diversa.
Impacto de la LMD
Otra de las propuestas aprobadas reclama un incremento extraordinario y permanente de la financiación destinada a la red consular española. El Consejo considera que la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática ha provocado una sobrecarga sin precedentes en numerosos consulados, especialmente en América y Europa, debido al elevado volumen de solicitudes de nacionalidad. El texto advierte de que la población española residente en el exterior podría superar los cinco millones de personas en los próximos años, lo que hace imprescindible reforzar plantillas, infraestructuras y medios materiales para garantizar una atención adecuada.
En este mismo sentido se aprobó una propuesta para extender a todos los consulados las medidas de apoyo externo para la tramitación de expedientes de nacionalidad derivados de la Ley de Memoria Democrática, tal y como se ha empezado a hacer en Buenos Aires.
La simplificación administrativa constituye otro de los ejes centrales de las propuestas. En este sentido, el CGCEE plantea una profunda revisión de los procedimientos para solicitar subvenciones destinadas tanto a asociaciones de españoles en el exterior como a programas dirigidos a mayores y personas dependientes. La iniciativa defiende la reducción de trámites y documentación, argumentando que la realidad demográfica de la emigración española ha cambiado notablemente en los últimos quince años y que las exigencias burocráticas actuales dificultan el acceso a las ayudas y su posterior justificación.
Otra demanda en esta materia es la recuperación de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social propia en los Países Bajos por el fuerte aumento de la población española residente en el país, que supera ya las 60.000 personas. Los promotores alertan de que esta situación limita la atención a trabajadores y pensionistas y dificulta la intervención ante problemas laborales, especialmente entre quienes trabajan a través de empresas de trabajo temporal. .
Además de estas iniciativas, el CGCEE propone incluir a la ciudadanía española en el exterior en los planes nacionales de prevención del suicidio y de salud mental, ampliar la cobertura de la Consejería de Trabajo de México a Belice, extender campañas informativas del Ministerio de Defensa dirigidas a residentes en el extranjero e impulsar incentivos fiscales para favorecer el retorno de pensionistas españoles que perciben prestaciones procedentes de otros países.
Educación y cultura
En materia de educación y cultura se aprobaron 22 propuestas destinadas a reforzar la conexión educativa, cultural y académica entre España y los más de tres millones de españoles que residen fuera del país. Las iniciativas abarcan desde la modernización de la enseñanza del español hasta nuevos programas de becas, digitalización, movilidad docente y participación cultural.
Entre las medidas más destacadas figura la creación de una sede del Instituto Cervantes en Edimburgo, concebida inicialmente como un Aula Cervantes vinculada a Manchester o Madrid. La propuesta busca responder al creciente interés por el español en Escocia y servir de apoyo a programas educativos como las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) y los exámenes DELE.
El Consejo también apuesta por modernizar la enseñanza del español en el exterior mediante un nuevo modelo que complemente el sistema ALCE. La iniciativa plantea una red más flexible, digital y accesible, integrada en una estrategia de diplomacia cultural que permita acercar la lengua y la cultura españolas a las nuevas generaciones de la diáspora.
La transformación digital ocupa un lugar central en las propuestas. Destaca la creación de la plataforma ‘España en Red’, concebida como un espacio único para concentrar recursos educativos y culturales, bibliotecas digitales, cursos en línea y proyectos colaborativos para españoles residentes en distintos países. La medida pretende superar la dispersión actual de servicios y facilitar el acceso a contenidos en español desde cualquier parte del mundo.
Igualdad en el acceso a la educación superior
Otro de los ejes prioritarios es la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Para ello se proponen becas destinadas a facilitar la homologación y equivalencia de títulos universitarios obtenidos en el extranjero, así como cursos preparatorios de la UNED para las Pruebas de Competencias Específicas (PCE), requisito de acceso a las universidades españolas para estudiantes con titulaciones extranjeras.
Asimismo, el CGCEE solicita la eliminación del requisito temporal que actualmente limita el acceso a contratos predoctorales financiados con fondos públicos a quienes hayan finalizado recientemente sus estudios universitarios. Los promotores consideran que esta condición perjudica especialmente a quienes han desarrollado parte de su trayectoria formativa o profesional en el extranjero y dificulta el retorno de talento investigador a España. La medida busca ampliar las oportunidades de acceso a la investigación pública y favorecer la igualdad de oportunidades entre candidatos con perfiles diversos.
El CGCEE plantea, además, la creación de un Programa Estatal de Asistencia a la Educación para la Ciudadanía Española en el Exterior, un Fondo Estatal para la Protección del Patrimonio de la Emigración Española y un estatuto específico para el profesorado español en el exterior, acompañado de programas de movilidad y formación.
Las iniciativas incluyen igualmente el fortalecimiento de la red educativa española en países con una importante presencia de la diáspora, la ampliación de acuerdos educativos entre España y distintas provincias canadienses, la promoción internacional del CIDEAD y un programa específico de becas para españoles y descendientes residentes en el extranjero que deseen continuar sus estudios en España.
En el ámbito cultural, el Consejo propone la creación de un concurso internacional de relatos sobre la mujer en la emigración española y un Programa de Participación Cultural de la Comunidad Española vinculado a la red del Instituto Cervantes, con el objetivo de convertir a la diáspora en un agente activo de la proyección cultural del país.
Finalmente, el CGCEE reclama una mayor participación de los españoles residentes en el exterior en la gobernanza de las políticas públicas de educación y cultura, así como medidas que faciliten el retorno del talento, incluyendo una mayor flexibilidad en los plazos de incorporación a puestos de la Administración para quienes regresan desde otros países.
Protección de víctimas de violencia contra la mujer
En materia de igualdad e inclusión el CGCEE aprobó una serie de propuestas centradas en la igualdad de oportunidades, la protección frente a la violencia de género, la inclusión del colectivo LGTBI+ y el impulso del talento femenino entre la ciudadanía española residente fuera de España.
Una parte importante de las iniciativas está dirigida a mejorar la atención a las mujeres españolas en el exterior que sufren violencia de género. Entre las medidas propuestas figuran el refuerzo de la atención prestada por el teléfono 016 a las residentes fuera de España, la mejora de los mecanismos de información sobre los programas de traslado y retorno de víctimas y la creación de un servicio específico de asistencia psicológica en español, tanto presencial como en línea. También se plantea una convocatoria de subvenciones para entidades españolas en el exterior que desarrollen programas de prevención, apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista.
El Pleno del CGCEE propone además la puesta en marcha de un programa integral de protección frente a la trata de mujeres y los matrimonios forzados en el extranjero, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional y garantizar una respuesta rápida ante situaciones de vulnerabilidad.
También se propone establecer una colaboración institucional entre el CGCEE y el Instituto de las Mujeres para impulsar proyectos relacionados con la memoria y la realidad de las mujeres emigrantes españolas.
En materia de diversidad, destaca la propuesta para convertir las oficinas consulares españolas en ‘puntos arcoíris’, espacios identificables y seguros para personas LGTBI+, especialmente en países donde este colectivo puede sufrir discriminación o persecución.
Por otro lado, el CGCEE reclama la puesta en marcha de programas de formación STEM en español para niñas y jóvenes hispanohablantes residentes fuera de España, así como la creación de una red de mentoría y microbecas para mujeres españolas vinculadas a los ámbitos científico y tecnológico.
Asimismo, se pide que se corrijan situaciones de discriminación en determinadas prestaciones de Seguridad Social derivadas de carreras laborales desarrolladas entre España y otros países europeos, y fomentar proyectos destinados a fortalecer la identidad, la formación y la vinculación de la juventud española en el exterior con España.
Muy bonito todo… parecen promesas electorales de candidatos.
¿Cuándo se cumplirá toda esa lista?.
Eso no lo sabe nadie.
Nunca