El consejero en funciones de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, firmó el pasado 21 de junio un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Canaria de Municipios para establecer un protocolo de actuación, de forma conjunta y coordinada, ante situaciones de desahucio de familias vulnerables en Canarias y evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos.
Este convenio contempla la intervención en cualquier tipo de desahucio que se realice en las Islas, ampliando de esta forma el alcance del Real Decreto del Estado que paraliza los desahucios sólo a inquilinos y a afectados por la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 o la guerra de Ucrania. “Estamos firmando un convenio que se adapta a una realidad concreta que estamos viviendo en Canarias y que persigue, fundamentalmente, evitar los desahucios en nuestra Comunidad Autónoma con los diferentes instrumentos que tiene la administración. Por tanto, estamos incrementando ese escudo social que ya existía para que en los próximos cuatro años las familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy”, afirmó Sebastián Franquis.
