El abogado general del TJUE ve ilegales las multas españolas por no informar de bienes en el extranjero

Considera que las sanciones impuestas a los contribuyentes incumplidores son desproporcionadas / La norma la implantó Montoro en 2012 y obliga a dar los datos de los bienes de un valor superior a 50.000 euros

La sentencia definitiva del TJUE se conocerá en los próximos meses.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Henrik Saugmandsgaard, dictaminó el pasado 15 de julio que la norma que obliga a declarar los bienes en el extranjero (el denominado ‘modelo 720’, implantado por el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro) es contraria al derecho comunitario. El fallo sostiene que las multas previstas para los contribuyentes incumplidores son “desproporcionadas”.

El dictamen del abogado general, que todavía no es definitivo, era esperado desde hacía tiempo por los despachos de abogados y no ha dejado satisfecho ni a estos ni a Hacienda porque el abogado europeo deja muchas cuestiones sin aclarar. Lo que si hace es admitir y dejar claro que entiende el recurso presentado por la Comisión Europea contra la norma española que obliga a los contribuyentes a informar a Hacienda sobre sus bienes (cuentas corrientes, seguros, acciones, inmuebles….) en el exterior valorados en más de 50.000 euros. Pero dice no encontrar motivos suficientes para anular el régimen de sanciones y acabar con la imprescriptibilidad como reclamaba Bruselas. En definitiva, da la razón parcialmente a la Comisión Europea, que fue la que denunció a España por el ‘modelo 720’ en junio de 2019.

El Ejecutivo comunitario alegaba que las sanciones por el cumplimiento incorrecto o tardío de esta “obligación de información legítima” son desproporcionadas y discriminatorias.

A juicio de Bruselas, el ‘modelo 720’ “puede disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular a través de las fronteras en el mercado único”. “Por consiguiente, estas disposiciones entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE, tales como la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales”, aseguró el Ejecutivo comunitario.

La normativa española sanciona como infracciones tributarias “muy graves” el hecho de no presentar o de presentar fuera de plazo el ‘modelo 720’, así como la inclusión en el mismo de datos incompletos, inexactos o falsos. Las sanciones más severas comportan la imposición de una multa fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, bien o inmueble, siendo la cuantía mínima de la multa de 10.000 euros.

En caso de declaración presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, se aplica una multa de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, siendo la cuantía mínima de la multa de 1.500 euros.

En su dictamen del 15 de julio, el abogado general concluye que “esas multas fijas son desproporcionadas”. “En efecto, la obligación de presentar el ‘modelo 720’ constituye una obligación formal, cuyo incumplimiento no causa ningún perjuicio económico directo a la Hacienda Pública y que adopta la forma de una obligación de carácter general dirigida directamente al contribuyente”, prosigue.

“Esas multas fijas son 15, 50 y 66 veces superiores a las aplicadas en situaciones internas. Incluso si se tiene en cuenta el margen de apreciación del que disponen los Estados miembros para establecer las sanciones apropiadas, esas multas son tan elevadas que parecen desproporcionadas, sin que sea necesario distinguir aquí entre las diferentes categorías de bienes”, apunta Saugmandsgaard.

El caso de un emigrante en Suiza afectado

Uno de los casos más llamativos en la aplicación de esta norma fue el de un taxista de Granada que en 2014 declaró fuera de plazo una cuenta corriente que tenía en Suiza por importe de 340.000 euros. Este ciudadano había emigrado en los años sesenta a al país helvético y había ahorrado un dinero, según contaron sus abogados. La Agencia Tributaria le aplicó a rajatabla la normativa del modelo 720 y le exigió 188.000 euros de cuota de IRPF, por rentas no declaradas. Además, le aplicó la multa del 150% y le reclamó otros 254.000 euros. Es decir, al final le pidió un total de 442.000 euros. Los abogados de este contribuyente fueron a juicio y lograron que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) anulara la sanción del 150% sobre la cuota del IRPF de la declaración de bienes en el exterior que Hacienda impuso a un contribuyente.

La opinión del abogado general no tiene carácter vinculante, pero el TJUE suele seguir sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia definitiva se conocerá en los próximos meses.

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