El Gobierno de Canarias y los portavoces de los grupos parlamentario afianzaron el pasado 23 de abril su alianza para lograr un cambio normativo que garantice la distribución de los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. El presidente Fernando Clavijo trasladó a los partidos con representación en la Cámara autonómica el texto que el Estado ha puesto sobre la mesa y logró un amplio respaldo a los cambios propuestos por el equipo técnico del Ejecutivo canario para agilizar su puesta en marcha.
Tras la reunión celebrada en la sede del Parlamento, Clavijo agradeció a los grupos parlamentarios firmantes del Pacto Canario de la Migración -todos excepto Vox- su colaboración y apoyo para lograr una modificación normativa que garantizará que el Archipiélago no acogerá más de 3.000 menores migrantes. Una vez superada esa cifra, el Estado se encargará de distribuir a los niños “por ley y no de forma voluntaria” entre el resto de las comunidades autónomas.
El presidente de Canarias aseguró que los portavoces recibieron con “satisfacción generalizada” esta propuesta, ya que incluye que el Estado aportará “suficiencia financiera” para costear todo el proceso de distribución de los menores. “Ya tenemos blanco sobre negro un documento”, recalcó, “una propuesta que hace meses parecía inalcanzable y ahora es una realidad gracias al trabajo y al diálogo de todos”.
Sin embargo, Fernando Clavijo explicó que el Gobierno y la mayoría de los grupos parlamentarios entienden que la propuesta “es todavía mejorable”, por lo que los portavoces apoyan los trabajos técnicos iniciados para cerrar “un texto más completo” en el plazo máximo de 15 días
Negociación abierta
Entre estas mejoras que el Ejecutivo autonómico negocia con el Estado, destacó la demanda de que el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería se lleve a cabo vía decreto-ley y no mediante una proposición de ley como propone Madrid. “Entendemos que nuestra fórmula es más rápida e igual de segura jurídicamente”, explicó el presidente.
La tramitación en las Cortes de una proposición de ley acarrea “tres meses como mínimo”, mientras que un decreto-ley entra en vigor de forma inmediata y solo debe ser convalidado con posterioridad por el Congreso y el Senado. El titular del Gobierno autónomo explicó que esta celeridad es importante, dado que la llegada del verano puede traer un aumento de la presión migratoria y Canarias necesita aliviar un sistema que en la actualidad acoge a casi 5.500 menores.
En segundo lugar, Clavijo destacó que los portavoces parlamentarios hayan respondido con “un cierre de filas total” a la propuesta del Gobierno de Canarias de que el Estado se encargue de la asignación de los menores migrantes a cada comunidad autónoma desde el momento de su rescate o llegada a las costas canarias. El presidente destacó que este sistema garantiza “mejor” los derechos de los menores e impedirá que el sistema de distribución se ralentice por asuntos como las pruebas que deben determinar su edad.
Fernando Clavijo reconoció a los grupos parlamentarios el trabajo desarrollado desde que, en octubre del año pasado, se rubricó el Pacto Canario por la Migración. Gracias a ese respaldo, el jefe del Gobierno explica que ha podido sentarse a negociar con el Estado este cambio legislativo “con un mandato claro” de casi toda la Cámara regional.
En el encuentro celebrado en el Parlamento, el presidente estuvo acompañado por el vicepresidente Manuel Domínguez, la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello. En nombre de los grupos parlamentarios participaron Sebastián Franquis, José Miguel Barragán, Luz Reverón, Luis Campos, Nicasio Galván, Casimiro Curbelo y Raúl Acosta.
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas
Ese mismo día, Canarias logró el respaldo de la Comisión de las Islas de la 43ª Asamblea de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) que se desarrolló el 23 de abril en Punta Delgada y a la que asistió el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y la viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Schallenberg, para afrontar la emergencia migratoria que vive el Archipiélago.
La Declaración Final aprobada en Azores y en la que participaron representantes de Francia, Estonia, Malta, Suecia, Portugal y España reconoce “la necesidad de una política de migración de la Unión Europea (UE) coordinada y coherente” al tiempo que hace un llamamiento “a una mayor solidaridad y responsabilidad compartida por parte de todos los estados miembros, así como, una visión de futuro en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo europeo”.
El texto que resultó de la Asamblea de la Comisión de Islas, que fue inaugurada por el presidente del Gobierno de Azores, José Manuel Bolieiro, y el presidente de la CRPM, Loïg Chesnais-Girard, incide en “las situaciones críticas en las fronteras marítimas exteriores -entre ellas Canarias- obligadas a hacer frente a unos flujos migratorios sin precedentes, que a menudo incluyen a menores no acompañados”. La Comisión de Islas hizo hincapié en que la atención de estas emergencias humanitarias es afrontada con “recursos propios” de las regiones afectadas y reivindican a la UE que “apoyen de forma efectiva a estos territorios, proporcionándoles financiación y asistencia directa”.
La Declaración Final dibuja la hoja de ruta de las regiones periféricas y marítimas ante las elecciones del próximo mes de junio en ámbitos como la cohesión, la conectividad, la energía, el clima y medio ambiente, economía azul y el desafío migratorio.
En materia de cohesión, la Comisión incide en la necesidad de contar con “una estrategia europea para las islas” como respuesta a “la falta de visión y voluntad política de la UE de estos últimos años para seguir avanzando en la integración de una perspectiva insular en el proceso legislativo de la Unión Europea”.
También reclaman mejoras en “la accesibilidad y la movilidad de las islas” sin obviar el camino hacia la descarbonización iniciado con el Pacto Verde. En este sentido, advierten “los efectos de ciertas medidas en las tarifas de transporte” e instan “a adoptar un enfoque a medida, así como soluciones compensatorias adecuadas y una mayor inversión en infraestructuras de transporte sostenibles y resilientes para las regiones remotas e insulares”, garantizando así “una doble transición ecológica y digital justa de estos territorios”.
En el ámbito de la Energía abogan por “la aceleración del cambio hacia fuentes de renovables y soluciones con bajas emisiones de carbono, a fin de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050”. Sin embargo, llaman la atención sobre la necesidad de contar “con más inversiones y una legislación personalizada para sustentar dicha transición” propiciando, además, la creación de nuevas oportunidades de empleo en estos territorios.
La Comisión trasladará a las instituciones europeas el lanzamiento de un ‘Pacto Azul’ que “implique el uso de recursos específicos e inversiones en investigación, innovación y digitalización” y reconoce retos irrenunciables en materia como el cambio climático y la conservación del medio ambiente.
Concretamente, la Declaración Final destaca “la necesidad de preservar y restaurar la gran biodiversidad de las islas y de sus ecosistemas únicos vulnerables” y llama la atención sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza y “el papel fundamental de las regiones en su futura aplicación”. Asimismo, los territorios reclaman la promoción de “soluciones innovadoras que se basan en la naturaleza y en prácticas de economía circular que empoderen a las islas hacia modelos más resilientes y sostenibles” con el objetivo de reducir de forma progresiva su dependencia del continente y de fuentes externas.
Al día siguiente continuó la Asamblea de la Comisión de Islas donde intervino la viceconsejera de Transición Ecología, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, para abordar el compromiso de las Islas en su camino hacia la descarbonización, así como, defendió el proyecto ‘Islas Responsables’ que lidera el Gobierno de Canarias. Tras la clausura de la Asamblea, el viceconsejero del Gabinete del Presidente de Canarias y la viceconsejera de Transición Ecológica visitaron junto a la directora regional de Energía del Gobierno de Azores la central geotérmica de Pico Vermelho, que aprovecha los recursos de origen volcánico para responder a gran parte de la demanda de la energía en el archipiélago portugués.
