20200428

La Xunta decreta luto oficial en Galicia durante todo el mes de mayo como homenaje a las víctimas fallecidas por el coronavirus y sus familias

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Feijóo dice que Galicia no puede avalar el plan de desescalada porque “tiene serias lagunas de eficacia y utilidad” y no “fue negociado”

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La Xunta asumirá el alquiler de las personas que reciben ayuda del bono de alquiler social hasta finales de año

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La Comunidad celebra el 2 de Mayo con un vídeo documental que recorre los principales espacios de la región

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Cierra sus puertas el hospital del Ifema tras dar 3.750 altas

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La Junta aprueba una renta mínima extraordinaria de inserción social

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Imagen de la primera clase del Aula Galicia Aberta.

Más de 10.000 gallegos en todo el mundo siguen la clase inaugural de Aula Galicia Aberta, el nuevo programa de la Secretaría Xeral da Emigración

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Antonio Rodríguez Miranda en la sede de la Secretaría Xeral da Emigración.

Rodríguez Miranda asegura que la atención al retorno de la Secretaría da Emigración está garantizada a través del correo electrónico y el teléfono

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Santiago Yerga Cobos.

Santiago Yerga Cobos, nuevo director general de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

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Ocupaba el puesto de director general de Inclusión y Atención Humanitaria y sustituye a Irune Aguirrezabal

La Subdirección General de Emigración del Ministerio de Inclusión pasa a llamarse Subdirección General de Ciudadanía Española en el Exterior y Retorno

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El Consejo de Ministros aprobó el decreto de desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio que dirige José Luis Escrivá

Las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el exterior dependerán de dos ministerios

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El nombramiento de los consejeros y las funciones de estas oficinas las decidirá una Comisión Paritaria entre el Ministerio de Trabajo y Economía social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Un momento de la videoconferencia.

Miranda se reúne con los gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta

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Lauro Olmo con Emma Cohen y Fernando Fernán Gómez.

60 años de ‘La camisa’, el drama que expuso con crudeza las causas de la emigración a Alemania

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El Gobierno diseña una desescalada en cuatro fases sin fechas precisas para volver a una “nueva normalidad” a finales de junio

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La Seguridad Social aprueba una moratoria de cotizaciones sociales para doce sectores económicos

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Los Reyes durante la videoconferencia con los directivos del Instituto Cervantes. Foto: Juanjo del Río /Instituto Cervantes.

El Rey anima al Instituto Cervantes a “aprovechar las oportunidades que surjan” de esta crisis y convertirla en “un puente hacia el futuro”

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El secretario xeral da Emigración durante el encuentro telemático.

El secretario da Emigración analiza con los gallegos de Estados Unidos, México y Canadá la situación de la colectividad ante el Covid-19

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Más de 1.500 personas aprenden gallego en el marco del Plan de Teleformación de Política Lingüística para 2020

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El empleo cayó en casi 300.000 ocupados en el primer trimestre por el coronavirus

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El comité de expertos económicos de Galicia propone una veintena de medidas para contener los efectos de la crisis del coronavirus

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Pedro Sánchez en la comparecencia telemática en la que anunció la relajación del confinamiento a partir del 2 de mayo.

Sánchez anuncia que a partir del 2 de mayo se permitirá pasear y hacer deporte si no hay rebrote

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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la videoconferencia con el Gobierno central y con los otros presidentes autonómicos.

Feijóo apuesta por un modelo de desescalada basado en el mando único y de acuerdo a las especifidades de los distintos territorios

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Exteriores programa cinco nuevos vuelos de repatriación de ciudadanos españoles

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Sanidad inicia el estudio para conocer la expansión real del coronavirus en España

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El Consejo de Ministros aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo

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Un momento de la videoconferencia.

Miranda se reúne con directivos de entidades gallegas en la Comunidad Valenciana, Murcia y las islas Baleares y Canarias

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Imagen de archivo de la entidad Espacio Cultural Islas Canarias-Uruguay Identidad Guanche de Montevideo.

La asociación Espacio Cultural Islas Canarias-Uruguay Identidad Guanche de Montevideo inicia una recogida de alimentos

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Más de seis millones de niños españoles pudieron salir ayer a pasear por primera vez tras 42 días confinados

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Moreno: “Andalucía está preparada para afrontar el desconfinamiento con cualquier criterio”

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Salud estudia 960 hogares durante ocho semanas para conocer la situación inmunológica de Asturias frente al Covid-19

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Feijóo pide al Gobierno la apertura de mercados al aire libre, la rehabilitación en edificios o la práctica de deportes individuales

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La Xunta realiza una consulta al tejido empresarial gallego para fabricar nuevos productos que ayuden a prevenir y combatir el Covid-19

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El Ejecutivo gallego flexibiliza las obras en el interior de edificios y los desplazamientos a huertas de autoconsumo

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La Xunta distribuirá de manera gratuita 2,2 millones de mascarillas en las farmacias para los gallegos con menos recursos

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Irune Aguirrezabal en un reciente acto organizado por la Secretaría de Estado de Migraciones.

La directora general de Migraciones asegura que es voluntad del Gobierno mantener todas las ayudas y programas a favor de la ciudadanía en el exterior

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El PP presenta 17 preguntas al Gobierno para que explique qué hará con los programas de ayudas para la emigración

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El PP reclama al Gobierno que mantenga y aumente los programas de ayudas a los emigrantes

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Imagen del último pleno del CGCEE celebrado en junio de 2018 en Madrid.

Cuarenta y siete consejeros del CGCEE envían una carta al Defensor del Pueblo expresando su preocupación por el “irregular” funcionamiento de este órgano

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Roberto González en la reunión del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior de junio de 2018.

Gran inquietud entre los españoles en Venezuela por los posibles recortes en los programas para la emigración y los centros y asociaciones

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La colectividad española en Uruguay transmitió al Rey su preocupación por la continuidad de las ayudas a la emigración y a las entidades

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También trasladaron a Felipe VI y a la ministra de Asuntos Exteriores su inquietud por la no convocatoria del pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, una reunión que legalmente debería haberse celebrado en 2019

El Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires pide al Gobierno que reflexione antes de recortar las ayudas a los emigrantes

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El PP de Argentina critica la falta de sensibilidad y responsabilidad del Gobierno central hacia la emigración

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Miembros del CRE de Buenos Aires expresaron su inquietud e indignación por los posibles recortes en los programas de ayudas a la emigración y sus entidades

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El ministro Escrivá confirma que está replanteándose las políticas de apoyo a los españoles en el exterior y a los centros y asociaciones

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El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pone en duda las actuaciones desarrolladas en la materia por sus predecesores

El Gobierno de Pedro Sánchez abandona a los españoles en el exterior

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, prevé eliminar las ayudas a centros y asociaciones, y convertir en algo residual las ayudas asistenciales a los emigrantes necesitados, entre otras medidas

Miranda: “Pedimos a las autoridades nacionales que reflexionen, porque no se puede abandonar a los españoles del exterior”

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Califica de “falta de responsabilidad y de sensibilidad” la intención del Gobierno central de reducir los programas de ayudas para los residentes en el extranjero
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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó el pasado 30 de abril la decisión del Consello da Xunta de rendir homenaje a las víctimas fallecidas por el coronavirus y sus familias, para lo cual decretó luto oficial en la Comunidad durante todo el mes de mayo. “Creemos que es el momento de rendir un homenaje a todas las víctimas y de honrarlas como merecen”, aseveró, durante la rueda de prensa, incidiendo en que este luto oficial representa el respeto a su memoria y a sus familiares.

A lo largo de su intervención, Feijóo se refirió también al informe de la Consellería de Sanidade sobre la evolución de la pandemia en Galicia y la situación del sistema sanitario gallego de cara al proceso de reactivación social y económica.

En esta línea, el responsable de la Administración autonómica afirmó que la Comunidad afronta un momento clave de esta pandemia con unos indicadores epidemiológicos y con una capacidad sanitaria que la sitúan en una posición sólida: tanto en datos de ocupación de camas de críticos y agudos, como en la disposición de equipos de reserva -UCI y respiradores-, en la capacidad diagnóstica instalada en los laboratorios y en la disponibilidad de stock de equipos de protección sanitaria.

“Estamos preparados para iniciar la reactivación económica porque entendemos que cumplimos las condiciones, pero no lo podemos asegurar con certeza porque no sabemos aún cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para pasar a la fase 1 de lo que el Gobierno central llama desescalada”, dijo, incidiendo en la necesidad de conocer el baremo o el punto de corte en los indicadores, para dar certezas.

“Y tampoco hay datos objetivos o serológicos”, recordó, pidiendo una vez más concreción y certezas. “No podemos seguir sin concretar cuáles son los criterios fundamentales que se van a aplicar; criterios objetivos, constatables y contrastados, para pasar de la fase de la discrecionalidad a la fase de las certezas”, ahondó.

Nueva compra de test y material de protección sanitario

Una semana más, Feijóo destacó la aprobación en el Consello de una nueva contratación, por el trámite de emergencia, de diversos materiales de protección destinados a profesionales y enfermos, medios de transporte para virus y test de detección de virus.

Esta nueva compra para hacer frente a la pandemia del Covid-19, cuenta con un importe de 1,6 millones de euros para comprar, entre otro material, 3.200.000 unidades de batas protectoras; unas 650 garrafas de 5 litros de solución desinfectante de superficies; más de 340.000 pares de guantes; 2.500 unidades de medios de transporte para virus; y 103.100 unidades de test de detección del virus.

En este mismo sentido, Feijóo se refirió también a una nueva adquisición de equipos electrónicos e informáticos, para suministrar materiales para que los profesionales del Sergas puedan trabajar en casa; y para proporcionar infraestructuras TIC a la reorganización y ampliación de espacios que se va a producir en los centros sanitarios, en la medida en que se vaya reprogramando la actividad.

Con esta partida se comprarán, por ejemplo, 500 ordenadores portátiles, 300 pantallas para ordenador, 300 teclados con lector chip, 500 lectores smart card, además de adaptadores USB, equipos de electrónica de comunicación y servidores.

Por último, el titular de la Xunta resaltó también la aprobación por el trámite de emergencia del suministro de materiales y otros consumibles para la realización de análisis de muestras biológicas con potencial infección con coronavirus. Un material necesario para la colaboración del Laboratorio de Sanidad Animal y Producción Animal (Lasapaga) de la Consellería do Medio Rural en las actividades de diagnósticos del Covid-19.

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La Xunta solicita rectificar el plan de desescalada avanzado esta semana por el Gobierno central con una mayor capacidad de decisión de las comunidades. Así lo destacó el pasado 30 de abril el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su comparecencia en la Comisión General de las Comunidades en el Senado, donde apeló a una mayor información y cooperación entre administraciones para luchar contra el coronavirus y trabajar en la recuperación económica y social.

En su intervención puso como ejemplo la actuación del Cecop, integrado por representantes de la Xunta, de la Delegación del Gobierno y de los ayuntamientos y diputaciones a través de la Fegamp, en el marco del que se han aprobado medidas en todos los frentes y de forma coordinada entre las instituciones representadas.

Alfonso Rueda indicó que la acción de la Administración autonómica estuvo también coordinada en todo momento con el Gobierno del Estado y recordó la lealtad y la mano tendida de la Xunta en la lucha contra el Covid-19. Por eso, reclamó que esa lealtad sea “mutua” también por parte del Ejecutivo central, al que instó a retomar el diálogo con las comunidades para rectificar el plan de la desescalada y trabajar en consenso en un documento definitivo.

En cuanto al plan de desescalada, la Xunta defiende que se determine el área sanitaria en lugar de la provincia como unidad de referencia para avanzar en sus fases. El Gobierno gallego pide también que se tengan en cuenta las peculiaridades de las zonas rurales y aboga por permitir la movilidad entre las cuatro provincias gallegas si la situación epidemiológica es la misma sin tener que esperar a que se hayan superado todas las fases previstas.

Reparto de material de protección

Alfonso Rueda destacó que la Xunta se anticipó al Gobierno central en la toma de medidas desde un primer momento con la movilización de todos los recursos disponibles. Hizo referencia así a la compra de material de protección, que el Ejecutivo central había decidido centralizar y se había comprometido a distribuir a las comunidades y aclaró que el 90% del material repartido en la Comunidad gallega fue adquirido por la Administración autonómica para abastecer a centros sanitarios, centros sociales, ayuntamientos y empresas.

En cuanto al uso de las mascarillas, el vicepresidente de la Xunta solicitó además un protocolo único sobre la recomendación de su uso con una postura coordinada sobre la distribución y el acceso a este material con el objetivo de evitar “incertidumbres” cuando su uso se generalice durante el proceso de desescalada. En esta línea, insistió en que el Gobierno central ofrezca “mayor concreción y comunicación” en este ámbito y sobre los distintos aspectos relacionados con el plan de desescalada.

[post_title] => El Ejecutivo autonómico destaca la necesidad de rectificar el plan de desescalada del Gobierno con una mayor participación de las comunidades [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => la-xunta-destaca-la-necesidad-de-rectificar-el-plan-de-desescalada-del-gobierno-con-una-mayor-participacion-de-las-comunidades [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-06 15:03:37 [post_modified_gmt] => 2020-05-06 13:03:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952942 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [1] => Array ( [estilo] => titular-destacado [invertir] => 1 [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 952811 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-04-30 10:57:02 [post_date_gmt] => 2020-04-30 08:57:02 [post_content] => La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, firmó el pasado martes 28 de abril el compromiso de gasto a través del cual se materializa el compromiso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de mejorar la cobertura sanitaria a los españoles con menos recursos residentes en Venezuela. En concreto, se trata de una actualización del convenio firmado con la Fundación España Salud para el periodo 2019-2023 para garantizar la atención sanitaria de los beneficiarios de la prestación por razón de necesidad o la dirigida a niños de la guerra. Inicialmente este convenio estaba dotado con 5,3 millones de euros para dar cobertura a 1.908 personas. Ahora se  ha actualizado la cuota para 2020 y se ha regularizado el número de beneficiarios, que pasa a ser 2.743 lo que supone un incremento sobre el importe total del convenio de algo más de 3,5 millones de euros. En la actualidad, el número total de perceptores de la prestación por razón de necesidad y la dirigida a niños de la guerra en el mundo es de 11.289 personas, mientras que el número de beneficiarios de la asistencia sanitaria previstos para el año 2020 es de 5.742 personas. Con la finalidad de materializar esta asistencia sanitaria, la Secretaría de Estado de Migraciones mantiene en la actualidad 19 convenios de colaboración con 15 países; Brasil y Bolivia, por su extensión geográfica y la dispersión de la población beneficiaria, cuentan con cuatro y dos respectivamente. En total, y solo en 2020, la cuantía invertida en la asistencia sanitaria para pensionistas españoles residentes en el extranjero supera los 6,8 millones de euros. Entre los derechos que el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior reconoce figura el relativo a la protección de la salud con la finalidad última de equiparar la que se concede a los residentes en el exterior con la que se presta por el sistema nacional de salud en España, en los términos establecidos en el artículo 17 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre. De este modo, el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, en el que se enmarca la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, regula la prestación de asistencia sanitaria en diversos escenarios. 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Este centro sanitario, que llevaba cerrado desde 2014 por problemas económicos, aporta 220 camas, siendo 140 de la Unidad de Cuidados Intensivos. Un total de 160 médicos y personal sanitaria ha sido adscrito a este centro por las autoridades del Estado de Bahía. La ocupación temporal del Hospital Español fue solicitada por la Procuraduría General del Estado (PGE) y autorizada por la justicia federal el pasado 17 de marzo, para uso de esta infraestructura sanitaria como hospital de campaña durante el periodo de crisis en la salud pública causada por la pandemia del Covid-19. Al día siguiente comenzaron las labores de adecuación del centro para su reapertura. Así, se desinfectó y se puso a punto ya que llevaba seis años cerrado. Para la colectividad española en Bahía la reapertura de este centro sanitario ha supuesto una gran alegría. Así lo manifestó el propio cónsul general de España, Gonzalo Fournier, en un artículo publicado en un diario local. “Celebramos la noticia de que el emblemático Hospital Español de Salvador se haya reabierto y equipado para poder ayudar a nuestros hermanos bahianos en la lucha contra esta terrible pandemia que nos afecta a todos”. Asimismo, destaca en el artículo que “la comunidad española de Bahía siempre ha querido ser solidaria con la sociedad bahiana que tan bien nos acogió desde finales del siglo XIX”. El cónsul recuerda que el Hospital Español fue creado hace 135 años por emigrantes españoles y que siempre estuvo abierto a toda la sociedad bahiana. “Saber que el fruto de nuestros bisabuelos en Bahía permitirá apoyar la lucha contra el coronavirus es un motivo de alegría para nosotros, los españoles que tanto estamos sufriendo”, afirma el diplomático. Fournier recalca que los españoles en Bahía, “lo que más queremos es estar con ustedes en los momentos de dificultad”. Y destaca que “la comunidad española de Bahía, tan bien representada en el Club Español, en Caballeros de Santiago, en la asociación Río Tea y en el Consejo de Residentes Españoles (CRE), ya está dando un ejemplo de civismo y solidaridad. Siempre lo hace”. El pasado 26 de abril, solo cuatro días después de que se abriesen las puertas del Hospital Español, se dio el alta a la primera paciente que sufrió el coronavirus, una mujer de 46 años identificada como Dolores por las autoridades sanitarias. 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La Xunta envió cerca de 8 millones de unidades de protección a los 313 ayuntamientos gallegos, a las residencias y centros sociales de la Comunidad y a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Las entregas se realizaron desde la plataforma logística Clonegal que el Gobierno gallego puso en funcionamiento hace poco más de un mes.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó el 2 de mayo este centro logístico, desde donde se distribuye el material de protección para dar cobertura a las necesidades de todo el personal involucrado en la lucha contra la expansión del coronavirus, excepto el sanitario. En su visita, destacó que el reparto se realiza de manera centralizada y programada para agilizar el proceso con el objetivo de “abastecer a todas las entidades y particulares que pidieron apoyo a la Xunta del material que precisaban y que no podían conseguir con sus medios”.

Los envíos desde la plataforma se llevan a cabo gracias “a la cesión de las instalaciones y de la experiencia logística” de la empresa Jevaso, a la que el vicepresidente de la Xunta agradeció su “implicación” y puso como ejemplo de todas las entidades que están colaborando con la Xunta en la lucha contra la pandemia.

El gerente de Jevaso, Jesús Vázquez, señaló que la entidad decidió asumir la petición de la Xunta para encargarse de la distribución, al considerar que “todas las empresas y ciudadanos deben contribuir en la medida de sus posibilidades para salir juntos de la actual situación de crisis sanitaria”.

El Gobierno gallego está proporcionando a las entidades locales elementos con los que el personal de servicios municipales como Protección Civil, Policía Local o el Servizo de Atención no Fogar (SAF) puedan seguir desarrollando sus funciones con seguridad. Así, esta semana los municipios de menor tamaño recibieron su décimo envío y las siete grandes urbes el cuarto.

Los ayuntamientos gallegos, incluidas las ciudades, han recibido más de 1,5 millones de unidades de protección. En el caso de las siete ciudades gallegas, se trata de 416.400 equipos de protección individual.

La Xunta realizó además esta semana un nuevo envío a las residencias y entidades sociales gallegas públicas y privadas. Se trata de la quinta entrega que, junto con las anteriores, suman 2,2 millones de unidades.

Entre los elementos enviados se incluyen mascarillas, guantes, trajes antisalpicaduras, batas, calzas, gorros y pantallas faciales y oculares, además de gel hidroalcohólico, lejía y desinfectante.

También están recibiendo material los empresarios y autónomos gallegos, ya que la Xunta envió desde la plataforma Clonegal cerca de 4 millones de mascarillas a los clusters y asociaciones de empresarios y autónomos gallegos. Alfonso Rueda aclaró que Galicia fue la única comunidad en ofrecer una solución a estos colectivos para que pudieran retomar su actividad de forma segura. Además, se las proporcionaron al mismo precio al que lo adquirió la Xunta.

El 90% de los equipos que salen del centro fueron suministrados por la Administración autonómica. Por eso, el vicepresidente de la Xunta solicitó “una mayor coordinación entre administraciones y más implicación del Estado” con la finalidad de garantizar la dotación de material a la población.

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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el pasado 30 de abril en la rueda de prensa del Consello la puesta en marcha del Plan de reactivación de la cultura y el turismo, con una inversión de 27 millones de euros y cerca de 50 medidas específicas para fomentar el empleo, generar liquidez y reactivar el consumo.

Con el fin de cumplir este triple objetivo, Feijóo precisó que la Consellería de Cultura e Turismo elaboró este plan reestructurando su presupuesto y recompuso las partidas para ir mejorando las expectativas de los sectores turístico y cultural. “Todo esto para dar una respuesta rápida a dos sectores que suponen el 13% del PIB y el 14% del total del empleo en la Comunidad Autónoma”, ahondó.

A lo largo de su intervención, el titular de la Xunta subrayó que para actuar con un plan de choque rápido y directo, se establecerán 9 bloques de ejecución que supondrán, a su vez, una inversión de 11 millones en la actividad turística; y de 10,6 millones en el sector cultural, reforzados, asimismo, con 5,1 millones de euros a través de medidas transversales enmarcadas en el Xacobeo 2021.

Un nuevo Xacobeo

Sobre este último punto, cabe destacar que el plan prevé que la convocatoria del Año Santo funcione como herramienta de estímulo de la actividad y del consumo para impulsar así a las industrias cultural y turística. Con este fin, se reconfigurarán los objetivos del próximo Año Santo, para darle prioridad a las iniciativas de impulso económico y de activación del consumo y del empleo.

“Será un Xacobeo distinto del que habíamos previsto; será un Xacobeo mucho más imaginativo, mucho más complejo, probablemente, pero nuestro objetivo es acertar”, avanzó Feijóo, para añadir que ese nuevo Xacobeo servirá para la recuperación del turismo con formatos y fórmulas de presentación distintas.

Un destino seguro

Los 4 ejes clave del plan en el ámbito turístico serán la reactivación de la demanda y acciones de promoción, la creación de nuevos productos turísticos, el apoyo al tejido empresarial y mantenimiento del empleo, así como la formación, competitividad e innovación.

El presidente de la Xunta señaló que el objetivo es presentar Galicia como un destino seguro. De este modo, se apoyarán medidas higiénico-sanitarias para los establecimientos turísticos; se replanteará la estrategia de promoción de destino adaptada a este nuevo contexto sanitario; se promoverá un programa de consultoría y asesoramiento para las empresas turísticas, así como un programa de ‘Queda en Galicia’ para el turismo interno.

En el ámbito cultural, las actuaciones se centrarán en otros 4 ejes, como son la activación del sector, el mantenimiento del empleo, el fomento del consumo y la apuesta por la formación, la profesionalización y la mejora de la competitividad.

Para concluir, Feijóo recordó que este plan está consensuado con los sectores cultural y turístico. El Gobierno gallego mantuvo más de 65 reuniones y contactos del sector y recibió cerca de 170 propuestas, el 71% de las cuales figuran en el plan aprobado el día 30.

Reinventar un sector clave para la marca Galicia y la economía

El presidente del Gobierno gallego presentó el 2 de mayo, a través de una videoconferencia en la que participaron más de 1.000 profesionales del sector, el Plan de reactivación del turismo centrado en hacer de la Comunidad un destino seguro y reinventar un sector clave para la marca Galicia y la economía.

“Afrontaremos la situación desde la fortaleza y la determinación que tuvimos siempre. Vamos a retomar la senda de crecimiento turístico del país, comprometidos con que el turismo, que fue clave para recuperarnos de la crisis de 2008, se vuelva a convertir en un sector clave para recuperarnos de la caída abrupta del PIB, del incremento exponencial del paro, de la deuda pública y del déficit público que se espera”, dijo Alberto Núñez Feijóo, incidiendo en la necesidad del trabajo conjunto para a través de medidas concretas y coordinadas reinventar el sector.

Con el objetivo de convertir Galicia en un destino seguro, Feijóo precisó que uno de los pilares de este plan es la puesta en marcha de una estrategia de seguridad sanitaria para el sector, que permita diseñar tanto medidas de seguridad e higiene, con la vista puesta en la reactivación; así como certificaciones que acrediten el cumplimiento de estas medidas por parte de los distintos establecimientos para incrementar así la confianza en la Comunidad.

En esta línea, recordó que el sector turístico gallego cuenta con unas bases sólidas para afrontar esta nueva situación. No en vano, Galicia dispone de naturaleza, paisaje y gastronomía, además de la calidad de sus playas y establecimientos y de un hecho diferencial como es el Camino de Santiago y el Xacobeo 2021, que tiene que seguir siendo una llave para activar todo el sector.

Además de esta estrategia, el plan de reactivación del turismo contará con otras medidas, 26 en total, enfocadas a fomentar el empleo, reactivar el consumo y generar liquidez.

Así, y dentro del ámbito de Galicia como destino seguro, el titular de la Xunta destacó una inversión de 6 millones de euros para replantear la estrategia de promoción de destino; generar nuevos productos turísticos adecuados al nuevo contexto del mercado; y adaptar el sector al nuevo paradigma, adaptando los establecimientos a los requisitos exigidos por los protocolos y favoreciendo la adquisición de equipamiento y la preparación de espacios.

Por otra parte, el titular de la Xunta destacó la puesta en marcha de un programa de consultoría online para asesorar y ayudar a identificar medidas personalizadas para cada área de negocio. Además de apostar por la formación y la competitividad.

Turismo local y de proximidad y un Bono solidario

Durante el encuentro, Feijóo incidió también en que el turismo local y de proximidad será clave. Al respecto, destacó la puesta en marcha del programa Queda en Galicia, para disfrutar de todos los rincones que ofrece la Comunidad.

“Crearemos también un observatorio para la innovación y la sostenibilidad turística y estamos trabajando ya en la creación de un Bono solidario para las personas de sectores como el sanitario y el social”, avanzó, para que, con unas tarifas especiales bonificadas por el sector e incentivadas por la Administración pública, puedan disfrutar de hoteles y restaurantes, entre otros servicios.

Asimismo, destacó la necesidad de potenciar el trabajo con geodestinos y entidades locales y la búsqueda de acuerdos con entidades financieras para que complementen esta apuesta por la economía y por el sector turístico.

“En definitiva, estamos hablando de la creación de protocolos y certificados en materia higiénico-sanitaria; del refuerzo de la marca Galicia y la potenciación de nuestros atributos referenciales; de la apuesta por la formación y la innovación; del impulso de nuevos productos enfocados al nuevo escenario; y de realizar campañas de promoción distintas”, explicó, a modo de resumen.

Después de resaltar que las medidas, consensuadas con el sector, se pondrán en marcha desde este mismo mes de mayo, Feijóo recordó que estas iniciativas se incluyen dentro del plan aprobado por el Consello para la recuperación de los sectores cultural y turístico, dotado con 27 millones de euros.

Demanda de un paquete laboral específico para el sector

El titular de la Xunta concluyó incidiendo en que España no se va a reactivar económicamente si el turismo no tiene una pieza separada tanto desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista laboral. “Somos un país turístico por excelencia y perderíamos una gran oportunidad si después de décadas construyendo este destino, España, y este destino, Galicia, pensáramos que el turismo es simplemente un sector más de nuestra economía”, dijo, asegurando que, además de un paquete económico, de un paquete social y de un paquete estratégico para el sector turístico, se necesita un paquete laboral específico para este sector.

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Haydée Beatriz Piñeiro Freire, la hija de emigrantes gallegos de 74 años nacida en Argentina y poseedora de la ciudadanía española que viajó en el crucero Costa Pacífica y quedó varada en Roma por el cierre de fronteras causado por la pandemia del coronavirus, finalmente pudo retornar a Argentina luego de estar confinada en un hotel de la capital italiana durante un mes.

“Finalmente está llegando a su fin este periplo tan intenso que hemos tenido que vivir, por momentos dramático y por momentos increíble. Ha sido una gran experiencia pero que también nos ha hecho sufrir bastante”, contó Haydée a España Exterior a pocas horas de subir al avión que la trajo de retorno a Argentina.

Haydée, quien se desempeña como secretaria de cultura del Centro Gallego de La Plata y también es vocal de la junta directiva del Club Español de la misma ciudad, y su cuñada y amiga Ana María Larronde, de 73 años, son dos de los miles de pasajeros que estaban a bordo de un crucero cuando se desató la crisis del Covid-19 y que quedaron varados en distintas partes del mundo.

Cuando subieron al buque en Buenos Aires el pasado 3 de marzo, Haydée y Ana María nunca hubieron podido imaginar la odisea que tuvieron que vivir y que comenzó cuando diversas ciudades de España y Francia les negaron a los pasajeros del crucero descender en sus puertos: “Nos empezamos a preocupar cuando no nos dejaron bajar en Canarias, Málaga y Barcelona, a pesar de que había muchos españoles y argentinos con ciudadanía española a bordo. Luego, en Marsella, que era nuestro destino final, solo dejaron bajar a los franceses”, recordó.

Finalmente, el 25 de marzo los pasajeros que aún estaban a bordo del Costa Pacífica pudieron descender en el puerto de Civitavecchia. Desde allí, ambas fueron trasladadas al Hotel Cicerone de Roma, donde estuvieron dos días, luego a otro hospedaje en Civitavecchia que a las dos horas de haber llegado fue cerrado por la policía, y desde el 28 de ese mes permanecieron confinadas en una habitación del hotel B&B Tuscalona.

“Parece mentira, pero justo un mes desde nuestra llegada al hotel nos aseguraron definitivamente que podríamos retornar a nuestros hogares”, contó con alivio. Luego de varias negociaciones que la cónsul general de Argentina en Roma, María Lucia Daugherty, y el cónsul adjunto, Mariano Trisano, mantuvieron con las autoridades italianas, se confirmó el vuelo AZ0680 de Alitalia, que partió del aeropuerto romano de Fiumicino el 29 de abril a las 8.38 horas y llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires el mismo día poco después de las 17 hora local sin haber hecho ninguna escala.

Todas las medidas preventivas fueron llevadas al pie de la letra: Haydée y Ana María fueron visitadas en su habitación de hotel por autoridades consulares argentinas acompañadas por una médico, quien les hizo todos los controles sanitarios, los cuales estuvieron dentro de los parámetros normales, “salvo la presión, que la teníamos altísima fruto de los nervios que estábamos pasando”.

En Fuimicino también se extremaron todos los controles, tanto sanitarios como administrativos antes de que pudieran abordar el avión: “Nos parece muy bien que se tomen estas medidas para controlar que tengamos un vuelo seguro”, afirmó Haydée, quien confirmó que el total de pasajeros en el avión ascendía a unas 130 personas, entre los 14 que estaban en el hotel B&B Tuscalona y otros argentinos hospedados en diversos alojamientos de la capital italiana.

“No tengo más que palabras de agradecimiento, tanto para las autoridades consulares argentinas como también para el personal de Costa Cruceros y del hotel en el que estuvimos porque siempre nos han tratado con mucha delicadeza y preocupación para que todas nuestras necesidades se vean cubiertas”, concluyó.

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La variación interanual del PIB se sitúa en el 4,1%, frente al 1,8% del trimestre precedente. La caída es la más elevada en la serie histórica del INE y es necesario acudir hasta el periodo de la posguerra civil para encontrar datos similares. Buena parte de la caída del primer trimestre se explica por el hundimiento de la demanda interna y, en especial, el gasto por parte de las familias que se desplomó un 7,5%. Pero los retrocesos también son notables en inversión, construcción o exportaciones y el empleo, en términos de horas trabajadas, cayó un 5% respecto al trimestre anterior. El Banco de España ya adelantó que la caída del PIB en 2020 será incluso del 13% en el peor de los escenarios y que la tasa de desempleo se irá, con gran probabilidad, por encima del 20%. 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El Congreso fue ayer escenario de otra sesión bronca entre el Ejecutivo y la oposición, a la que esta vez se sumaron las críticas explícitas de sus antiguos aliados por acción u omisión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó de “intransigente” al líder del PP, Pablo Casado, por la posición critica con el Ejecutivo sobre las medidas de desescalada y, en su respuesta, Casado acusó al jefe del Ejecutivo de mentir a los ciudadanos, a los profesionales sanitarios y a la Unión Europea, y adelantó que no puede esperar la colaboración del PP para “hacer el ridículo”. Por su parte, tanto ERC como el PNV advirtieron a Sánchez de que, de seguir así, no apoyarán una nueva prórroga en el Congreso e incluso se plantean la posibilidad de votar en contra. El Gobierno no se dirigió todavía al Congreso para pedir la autorización de una nueva prórroga del estado de alarma. La actual está en vigor hasta el 9 de mayo y Sánchez anunció ya el martes su ampliación, que tendrá que someterse a debate en el Congreso a lo largo de la semana que viene. Los votos del PSOE, Unidas Podemos y el PP serían suficientes para mantener el estado de alarma, pero el Gobierno se arriesga a perder también el respaldo del PNV, lo que complicaría el restablecimiento de relaciones una vez superado este período de excepcionalidad. Los nacionalistas vascos se muestran impacientes por recuperar la plenitud competencial y disponer de margen de maniobra en el nuevo período de la crisis sanitaria. El País Vasco defiende una agenda propia, que incluiría la celebración de elecciones autonómicas en julio si así lo deciden hoy los partidos políticos. 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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió el pasado 29 de abril al Gobierno de España que no haga “oídos sordos” a las comunidades autónomas para, de manera coordinada y consensuada, definir la mejor reactivación social y económica. Durante la rueda de prensa para evaluar el plan de desescalada anunciado por el Ejecutivo central, Feijóo incidió en que las comunidades son colaboradores necesarios e imprescindibles para, entre todos, poder acertar ante la situación más compleja que se recuerda.

“Estamos juntos en esto y compartimos el mismo objetivo, conseguir una desescalada segura, prudente, progresiva y eficaz”, dijo, recordando que las comunidades autónomas demostraron siempre lealtad y responsabilidad y los ciudadanos se comportaron con una responsabilidad histórica; “por lo que el Gobierno no puede actuar de espaldas a los que gestionamos la realidad y somos responsables de los servicios de salud y, en definitiva, de los pacientes”.

“Estamos hablando de un plan que no fue negociado, ni mucho menos consensuado con las comunidades. Un plan que no fue presentado en ninguna de las conferencias de presidentes celebradas y que, desde luego, Galicia no puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia y utilidad”, insistió, abogando por que el documento presentado por el Ejecutivo sea un punto de partida en el que poder avanzar y aprobar un plan definitivo en la próxima conferencia de presidentes, el próximo domingo.

“Entramos en una fase crucial de la respuesta a la pandemia y la mejor manera de afrontarla con acierto es trabajando de forma coordinada y leal, y no a golpe de imposiciones del boletín oficial, con órdenes ministeriales que salen de manera continuada y constante, en una situación de una enorme improvisación”, añadió.

Tratamiento al rural y movilidad provincial

A lo largo de su intervención, Feijóo hizo un primer análisis, asegurando que el plan del Gobierno para afrontar la desescalada cuenta “con algunas luces y con muchas sombras”, echando en falta, primeramente, un tratamiento específico para el rural.

“Estamos hablando de un plan pensado en realidades urbanas y no en realidades rurales”, dijo, exponiendo también la necesidad de replantear la movilidad provincial. Sobre este punto, recordó que 270.000 gallegos residen en municipios que son limítrofes de las provincias gallegas. “Por lo que la clave no es una delimitación administrativa de 1833, sino si los municipios limítrofes tienen la misma situación epidemiológica”, aseveró, sosteniendo que si en las cuatro provincias gallegas la situación epidemiológica es igual, lo lógico es que pueda haber movimientos entre ellas, sin necesidad de esperar hasta el 22 de junio como mínimo.

De este modo, el titular de la Xunta incidió en que se tenga en cuenta el área de salud y no la provincia como unidad de capacidad del sistema sanitario. “Y nos parece que también debería de hablarse de los servicios de urgencias y emergencias, al igual que se habla de la atención primaria, hospitalaria y UCI, porque son a ellos a los que llegan los casos en primer lugar”, añadió.

Asimismo, destacó la indefinición que existe de los criterios de reapertura en distintos sectores económicos como, por ejemplo, en el comercio, en la actividad pesquera o en la restauración; y resaltó la necesidad de despejar las incógnitas sobre la duración del estado de alarma, ya que difícilmente se puede hablar de pasar a la nueva normalidad si tenemos una situación excepcional. “No podemos mantener sine die un mecanismo tan excepcional en la democracia”, recalcó.

El presidente de la Xunta hizo hincapié también en la necesidad de conocer los parámetros y las variables sanitarias a partir de las cuales el Gobierno va a autorizar en cada territorio el paso a la siguiente fase. “Desconocemos cuáles son los criterios sanitarios exactos a los que los territorios nos tenemos que someter para obtener un resultado objetivo e incuestionable y que no dependa de la voluntad de interpretación del Gobierno central; y echamos de menos también un objetivo serológico que ayude al cambio de fase”, dijo, lamentando que el documento no concrete para qué valen los test epidemiológicos.

[post_title] => Feijóo dice que Galicia no puede avalar el plan de desescalada porque “tiene serias lagunas de eficacia y utilidad” y no “fue negociado” [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => feijoo-dice-que-galicia-no-puede-avalar-el-plan-de-desescalada-porque-tiene-serias-lagunas-de-eficacia-y-utilidad-y-no-fue-negociado [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-05 18:09:46 [post_modified_gmt] => 2020-05-05 16:09:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 952875 [post_author] => 5 [post_date] => 2020-04-30 14:18:09 [post_date_gmt] => 2020-04-30 12:18:09 [post_content] =>

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está trabajando con el fin de poder asumir el importe del alquiler de los meses que restan del año de todas aquellas personas que en la actualidad reciben ayuda del programa Bono de alquiler social. Esta nueva decisión se sumaría al compromiso ya asumido por el Gobierno gallego durante los meses de abril y mayo, con el fin de evitar que ninguna familia gallega en situación de vulnerabilidad se pudiera ver en riesgo de perder su hogar.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, adelantó que con esta decisión la Xunta asumiría la cobertura del 100% de las ayudas de más de medio año, lo que supone abonar la renta íntegra de nueve meses por la vivienda a todos los beneficiarios con los que cuenta este programa, que son 700 a día de hoy.

Ángeles Vázquez compareció ante la Diputación Permanente del Parlamento el pasado 29 de abril para informar de las medidas adoptadas por el departamento que dirige para hacer frente a la situación motivada por la pandemia del Covid-19, así como del trabajo realizado “día a día desde hace mes y medio para dar una respuesta desde el punto de vista medioambiental, de la vivienda y de la gestión del territorio”. Señaló que con rapidez y agilidad se pusieron encima de la mesa medidas con la vista puesta en lo más inmediato, al fin de atender a las necesidades más urgentes; pero también mirando ya al punto posterior a la crisis, con el objetivo de apoyar y poner un grano de arena para la reactivación paulatina de la economía gallega y del bienestar social.

Adelantó que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) está ultimando el texto de Decreto por el que se convocarán las ayudas extraordinarias al alquiler creadas en el Real Decreto Ley 11/2020, a pesar de que el Gobierno central aún no transfirió los fondos con los que financiará estas ayudas. Indicó que -frente a la demora del Estado, que tampoco puso aún a disposición de los ciudadanos los préstamos avalados para el pago del alquiler- la Xunta pondrá en marcha actuaciones y medidas para activar la economía, como las ayudas para la compra de vivienda protegida, que llegarán hasta los 20.000 euros para unidades familiares con ingresos inferiores a 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que estarán dotadas de 5 millones de euros.

También se impulsará la construcción de viviendas en alquiler a través de la puesta a disposición, en condiciones favorables, de parcelas para nueva construcción o edificaciones para rehabilitar en conjuntos históricos. Otra de las novedades será la ampliación de líneas de ayudas ya convocadas, como la de infravivienda, que aumenta en 100.000 euros la convocatoria, la de viviendas de maestros, en 1,1 millones, y las de eficiencia energética y accesibilidad, en 1,1 millones.

La reactivación económica también vendrá de la mano del apoyo a los empresarios, a los que se les concederá una carencia de 12 meses del canon de las parcelas del IGVS y de Xestur ya adjudicadas en derecho de superficie a las empresas que atraviesen dificultades. Tal y como explicó Vázquez Mejuto, es una medida novedosa, con la que se da mayor flexibilidad en los pagos para que las empresas puedan empezar su recuperación económica. El importe será abonado por el adjudicatario en un plazo de hasta 8 años contados a partir de la finalización de la carencia.

Para las nuevas adjudicaciones de parcelas en derecho de superficie también se habilitarán condiciones ventajosas, como ofrecer tres años de carencia para iniciar el pago del canon, frente al año que se aplica actualmente; podrán adquirir la parcela manteniendo el descuento del 40% del canon en los primeros 12 años, frente a los 10 actuales; también se ampliará en dos años la posibilidad de adquirir una parcela con una bonificación del 15% ó del 25 del precio de la parcela y se prolonga el plazo para pagar el importe de compra de las parcelas hasta los seis meses, frente el mes que se concede ahora.

La conselleira recordó que el Gobierno gallego activó todas las obras, contratos de servicios, suministros y subvenciones, que en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda se concretan en la reanudación de trámites en 58 expedientes de subvención, lo que implica movilizar un presupuesto de más de 100 millones, de los que 41,4 son para este año 2020; la continuación de la ejecución de 45 contratos de obras, por un importe de 37,6 millones; la reanudación de 90 contratos de servicios valorados en 746 millones; así como la declaración como esenciales todos los procedimientos urbanísticos, todos los de tramitación de los planeamientos urbanísticos, la inscripción en el registro del planeamiento urbanístico, las autorizaciones y declaraciones responsables u otros procedimientos, como tramitación de proyectos sectoriales, a los que se unirán todos los procedimientos ambientales.

Medidas adoptadas

La conselleira de Medio Ambiente señaló que el Estado de alarma provocó cambios a todos los niveles, una nueva situación que tuvo una respuesta social con un valor intangible que se demostró en gestos como la puesta en marcha de un programa de voluntariado de los agentes medioambientales para la vigilancia de caminos rurales y espacios naturales, garantizando el cumplimiento del confinamiento; al tiempo que proporcionan apoyo a las personas mayores o con discapacidad en zonas rurales o con poca población.

Al mismo tiempo, dentro de su ámbito competencial, y con el fin ayudar a las mascotas abandonas se habilitó una partida económica para garantizar el suministro de emergencia para cubrir las necesidades alimenticias de casi 2.300 animales (perros y gatos), a través del reparto de casi 20.000 kilos de pienso, así como mantener el normal funcionamiento de los centros de recuperación de fauna, a pesar de las circunstancias de confinamiento.

Otra de las consecuencias medio ambientales de esta crisis sanitaria fue la irrupción abrupta de nuevos residuos, que antes eran anecdóticos, como los EPIs (guantes, mascarillas y equipos de protección individual, principalmente), por lo que Sogama se preparó en un breve tiempo para asumir la gestión de 5 toneladas diarias de residuos sanitarios de bajo riesgo. Es decir, se evitó que estos residuos se convirtiesen en un problema más de esta crisis, dando una respuesta como la recogida de los mismos puerta a puerta en residencias integradas de mayores dependientes de la Xunta, en Cangas, Vigo, Santiago de Compostela y Baños de Molgas.

La conselleira resumió las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus en materia de vivienda, además de cubrir el 100% del alquiler de abril y mayo a las familias más desfavorecidas, también se decidió aplazar los recibos de alquiler de las viviendas de promoción pública y locales comerciales del IGVS y de Xestur, con la que se beneficia a más de 3.500 familias e inquilinos de locales comerciales; al tiempo que se suspendieron los plazos de presentación de solicitudes de las ayudas convocadas por el IGVS, evitando los efectos negativos que tendría el fin de los plazos en pleno estado de alarma.

Al mismo tiempo, también se aplazaron las rentas de abril y mayo del alquiler o derecho de superficie de las parcelas ubicadas en polígonos empresariales propiedad del IGVS y de Xestur; mientras que en las siguientes semanas se realizaron pagos por 8 millones de euros en concepto de ayudas, certificaciones y facturas.

Apoyar el retorno de la actividad también fue un objetivo de este departamento, por lo que -con las medidas sanitarias necesarias, se retomaron 13 obras de edificación, rehabilitación de viviendas y ejecución en parques empresariales, que suman un importe de cerca de 24,5 millones de euros y que dan trabajo a 200 personas en localidades como Betanzos, Lugo, Vigo, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Arteixo, A Pontenova y Santiago de Compostela.

Período de ambigüedad

Ángeles Vázquez destacó el esfuerzo y buen comportamiento del conjunto de la población, sobre todo ante determinadas cuestiones anunciadas por el Estado que -lejos de ser una respuesta- provocaron controversia y ambigüedad, según informa la Consellería en una nota de prensa.

A modo de ejemplo, citó la decisión adoptada en el seno de la Cecop, que acaba de autorizar acciones de caza de manera excepcional en zonas con mayor riesgo, para evitar posibles incidentes que la fauna salvaje pueda provocar. Primando la seguridad de las personas y del tráfico, además de reducir los daños en cultivos, en el inicio de la época de siembra como apoyo a este sector esencial que debe seguir funcionando. Añadió que la Xunta decidió comunicar esta decisión, después de que dos Ministerios hayan trasladado instrucciones contradictorias.

En la misma línea, otro de los sectores clave en Galicia en el que las decisiones del Gobierno central están generando dudas y incertidumbre es el de la pesca fluvial. Al respecto, Vázquez Mejuto recordó que coincidiendo con la declaración del estado de alarma, se acordó la suspensión temporal de esta práctica y la devolución de las tasas abonadas en concepto de permisos de pesca, y que el presidente de la Xunta avanzó que solicitaría al Ejecutivo central que se permitiera este tipo de práctica, por considerarse un deporte individual.

Con todo, la conselleira consideró “sorprendente” el anuncio hecho un día antes por el Estado de que en la fase 0 del plan de desescalada (es decir, en la que nos encontramos actualmente) solo se permitirá la pesca en entrenamientos individuales de profesionales federados, un colectivo con una presencia testimonial en Galicia; mientras que el ejercicio de la caza y de la pesca, dos prácticas muy enraizadas en la Comunidad y con miles de aficionados, quedará postergado hasta el 26 de mayo, en el mejor de los supuestos.

Otro de los hitos más importantes en el proceso de reactivación impulsado por la Xunta, fue acordar la continuidad de las obras de rehabilitación en edificios ocupados, estableciendo medidas de prevención y protección de la salud, pues la falta de concreción del Gobierno dejaba en un limbo a unos 20.000 autónomos en Galicia. Así, ante las dudas que trasladaron desde los distintos sectores, se fijaron una serie de criterios y supuestos que sí se pueden acometer, como son las actuaciones que tienen como fin reparaciones urgentes o averías y finalizar obras ya iniciadas y que revisten importancia para el inmueble y sus habitantes.

Por último, lamentó las falsas expectativas lanzadas por el Gobierno sobre las ayudas al alquiler, un anuncio que no lleva parejo un presupuesto acorde, ajustado y suficiente para poder llegar a los colectivos que el Estado fija como potenciales beneficiarios; y que ahora reconoce que es insuficiente, con 100 millones de euros para las ayudas al alquiler. La Xunta denunció esta falta de presupuesto desde el minuto uno y así se lo trasladó de manera reiterada; obligando a las comunidades autónomas a reestructurar los fondos asignados y consignados del Plan de Vivienda, sin consultarlas ni informarlas previamente.

[post_title] => La Xunta asumirá el alquiler de las personas que reciben ayuda del bono de alquiler social hasta finales de año [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => la-xunta-asumira-el-alquiler-de-las-personas-que-reciben-ayuda-del-bono-de-alquiler-social-hasta-finales-de-ano [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-05 18:09:30 [post_modified_gmt] => 2020-05-05 16:09:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952875 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [1] => Array ( [estilo] => 3-noticias-sin-foto [invertir] => 1 [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 952867 [post_author] => 10 [post_date] => 2020-04-30 14:04:34 [post_date_gmt] => 2020-04-30 12:04:34 [post_content] => La Comunidad de Madrid celebra el 2 de Mayo, bajo el lema Imagina Madrid, a través de un vídeo documental que recorre algunos de los espacios históricos y turísticos más reconocidos de la región. Esta iniciativa contará con la participación de músicos y artistas como Ara Malikian, Aitana Sánchez-Gijón, Rozalén, Coque Malla, Antonio Najarro y Ainhoa Arteta El vídeo, en colaboración con TeleMadrid, se emitirá pasado mañana sábado, 2 de mayo, a partir de las 21:30 horas, en el programa ‘Imagina Madrid’ de la cadena pública madrileña. ‘Imagina Madrid’ es un especial en el que se recuerda a los madrileños que pronto volveremos a llenar las calles, los cines, los teatros, las salas de exposiciones, los lugares reservados para encontrarse, conocerse, amarse y vivir. Por medio de un recorrido por distintos lugares icónicos de la Comunidad, diversos artistas convertirán en homenaje a los madrileños sus canciones, sus palabras, su música, en definitiva, su arte. Todo ello, con la firme convicción de que el confinamiento presente pronto será pasado. Y es que, el 2 de mayo se celebra la fiesta de la Comunidad de Madrid, en recuerdo del levantamiento de los madrileños contra la ocupación francesa ese mismo día de 1808. Una fecha que, en la actualidad, no es posible celebrar en toda su extensión debido a la crisis del Covid-19 y que, a través de este vídeo, el Ejecutivo autonómico quiere conmemorar convirtiendo imágenes en palabras de aliento y esperanza para todos los madrileños. [post_title] => La Comunidad celebra el 2 de Mayo con un vídeo documental que recorre los principales espacios de la región [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => la-comunidad-celebra-el-2-de-mayo-con-un-video-documental-que-recorre-los-principales-espacios-de-la-region [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-02 17:25:51 [post_modified_gmt] => 2020-05-02 15:25:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952867 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 952871 [post_author] => 10 [post_date] => 2020-04-30 14:24:03 [post_date_gmt] => 2020-04-30 12:24:03 [post_content] =>

La Comunidad de Madrid cerrará mañana el hospital de campaña del recinto ferial del Ifema, abierto el 21 de marzo, tras ser instalado en tiempo récord, para hacer frente a la gran presión asistencial provocada por el coronavirus. Después de 41 días, este viernes el hospital echa el cierre después de dar más de 3.750 altas, lo que supone que el 98% de pacientes que han pernoctado allí durante este tiempo han vencido al coronavirus.

El hospital ha llegado a contar con 1.300 camas de hospitalización y 96 puestos de UCI atendidos por 1.000 profesionales sanitarios en los pabellones 7 y 9. La bajada en la presión asistencial generada por el coronavirus en los hospitales de la Comunidad de Madrid permitió cerrar el pabellón 7 el 17 de abril.

Todavía quedará abierto durante un período de tiempo indeterminado el pabellón 10, que ejerce como almacén de recepción del material sanitario comprado y donado estas semanas. Hasta que haya una nueva ubicación se seguirá usando para enviar lo recibido a más de 100 centros sanitarios de la región.

La Comunidad de Madrid ha realizado una inversión de 18.755.402 euros en equipamiento y mantenimiento de este hospital temporal.

[post_title] => Cierra sus puertas el hospital del Ifema tras dar 3.750 altas [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => cierra-sus-puertas-el-hospital-del-ifema-tras-dar-3-750-altas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-02 17:25:44 [post_modified_gmt] => 2020-05-02 15:25:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952871 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 952854 [post_author] => 10 [post_date] => 2020-04-30 13:43:51 [post_date_gmt] => 2020-04-30 11:43:51 [post_content] => El Gobierno andaluz aprobó ayer la puesta en marcha de una Renta Mínima de Inserción Social de carácter extraordinario destinada a familias con menores a cargo o unipersonales, ya que son éstas las que presentan una menor red de apoyo. Esta ayuda se percibirá durante cinco meses y contará con un presupuesto de 10,5 millones de euros, que podrá beneficiar a 4.200 familias. Esta medida se incluye dentro del decreto ley por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19). Se trata de una modificación urgente del Decreto ley de Modificación del Decreto ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, al concurrir circunstancias de extraordinaria y perentoria necesidad que requieren una respuesta inmediata. En total, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha movilizado para la Renta Mínima de Inserción Social del Andalucía un presupuesto de 20 millones de euros con el objetivo de beneficiar a unas 10.000 familias andaluzas. Como consecuencia de ello, la nómina de abril ha alcanzado la cuantía de 11.344.637,38 euros, lo que supone la cifra más alta desde su implantación. Esta prestación ha pasado de alcanzar a 6.222 familias en el mes de marzo, a beneficiar a 10.989 en abril, lo que supone un incremento del 76%. Además de esta ayuda, gestionada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se incluyen en el citado decreto ley otras medidas de las Consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. 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La sesión de canto y pandereta impartida por Leni Pérez, compuesta por una parte formativa y divulgativa y una tutoría inmediatamente posterior, recibió, sólo en las primeras horas desde su emisión en directo y sólo a través de Facebook, más de 2.000 interacciones, cerca de un millar de comentarios y fue compartida por más de 125 personas. La clase ya está disponible en el resto de redes sociales y en la propia web de la Secretaría, Galicia Aberta, junto al resto de información acerca de esta nueva iniciativa, que pretende acercar la cultura y tradiciones de Galicia a todos los gallegos del mundo y minimizar las limitaciones formativas que la pandemia del coronavirus está ocasionando en las cerca de 200 entidades de origen gallego que hay repartidas por el planeta, especialmente en Europa y América. “Los centros gallegos de todo el mundo hacen diariamente una labor de difusión y preservación de nuestra cultura y nuestra historia fundamental para la presencia que Galicia tiene hoy en el mundo entero”, destacó Miranda. “Por eso, es en momentos como este, en los que los centros se ven forzados a ralentizar su actividad, en los que Galicia tiene que tomar la delantera y colaborar con las herramientas que tiene a su disposición a que ese trabajo incesante y voluntario no se detenga”, añadió. Más de 42.000 minutos en directo Los asistentes a esta primera clase virtual, que llegó a más de 17.000 personas, reprodujeron un total de 45.000 minutos de la sesión formativa, dirigida no sólo a la gente con conocimientos previos en la disciplina, sino también a aquellos que quieren acercarse a ella desde cero. Canto y pandereta continuará centrando, gracias a Leni Pérez, los seminarios de los lunes durante las próximas nueve semanas, mientras percusión lo hará los martes con Alexandre Fernández Castro, gaita los miércoles con Jhonathan Ferreira, y baile los jueves con José Antonio Viñas, todos en horario de 20 a 21 horas para el contenido lectivo, y de 21 a 22 para resolver las dudas. La propia comunidad autónoma de Galicia tuvo un peso fundamental en el éxito de esta primera convocatoria formativa de la Secretaría Xeral da Emigración, en el que también destacó Argentina (no sólo la ciudad y el resto de la provincia de Buenos Aires, sino también otras, como Santa Fe o Mar del Plata) por el número de asistentes a esta sesión virtual de canto y pandereta, así como Uruguay y Brasil, e incluso otras comunidades autónomas españolas como Madrid o Cataluña. Material docente gratuito Aquellos interesados que no puedan asistir a las clases en directo podrán visualizarlas en el momento que deseen y las veces que precisen en la web de Galicia Aberta, donde se colgarán una vez terminada la clase, así como el material que los profesores faciliten. Este estará disponible una semana antes para que los alumnos puedan prepararlos, si el docente lo considera aconsejable. Los seminarios, que se prolongarán durante diez semanas, estarán integrados por una decena de clases que, a pesar de seguir un hilo conductor, podrán ser atendidas de manera independiente para dar más libertad al usuario. Este nuevo programa complementa el de los talleres tradicionales, que permitían a centros gallegos de todo el mundo contar con la presencia de un profesor, desplazado desde Galicia, de alguna de las disciplinas incluidas en la convocatoria que durante varias semanas reforzaba las actividades lectivas que llevan a cabo en sus sedes. La actual situación, tanto en España, que continúa en estado de alarma, como en otros países, hace, sin embargo, inviable las actividades lectivas presenciales en los centros gallegos de todo el mundo, por lo que la Secretaría Xeral da Emigración continúa buscando medidas como esta que aminoren parte de las consecuencias que esta pandemia está dejando en los principales países con mayor población gallega. 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En el vídeo, el secretario da Emigración recorre las instalaciones vacías de su departamento y explica que, aunque no haya ningún funcionario, todos ellos siguen trabajando por medios telemáticos “para que el retorno, para que las personas que quieran solicitar una ayuda extraordinaria puedan tenerla; para que esos jóvenes que están en todas partes del mundo y quieran solicitar una beca porque ese programa está abierto lo puedan hacer y el año que viene los podamos tener estudiando aquí un máster”. Asimismo, Rodríguez Miranda expresa su agradecimiento a todos los trabajadores de la Secretaría Xeral que, a pesar de esta pandemia, desde sus casas, “hacen posible que todos los gallegos se sientan plenamente atendidos”. 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Yerga Cobos era el director general de Inclusión y Atención Humanitaria también desde primeros de febrero y en ese cargo le sustituye Francisco Miguel Dorado Nogueras. Estos cambios se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 29 de abril de 2020. El nuevo responsable de Migraciones nació en 1963, es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, y ejerció como abogado hasta 2004. Trabajó en diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas a cuestiones relacionadas con la inmigración y la extranjería, combinándolo con la docencia en estas materias, y fue coordinador de Políticas Migratorias en la Junta de Andalucía entre 2004 y 2010, y, posteriormente, director adjunto del Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración entre 2010 y 2011. Tras su paso por la Secretaría de Estado, el nuevo director general se reincorporó a su trabajo con entidades sociales del ámbito migratorio, hasta que en 2017 se incorporó como asesor en el Defensor del Pueblo de España. Es autor de diferentes publicaciones relacionadas con políticas públicas sobre migraciones, trata de seres humanos y menores extranjeros. [post_title] => Santiago Yerga Cobos, nuevo director general de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => santiago-yerga-cobos-ha-sido-nombrado-nuevo-director-general-de-migraciones-del-ministerio-de-inclusion-seguridad-social-y-migraciones [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-14 15:55:28 [post_modified_gmt] => 2020-05-14 13:55:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952699 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 952719 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-04-29 11:04:48 [post_date_gmt] => 2020-04-29 09:04:48 [post_content] => El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del martes 28 de abril el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del viernes 1 de mayo. Una de las principales novedades de este decreto es que la Subdirección General de Emigración –dependiente de la Dirección General de Migraciones y que ocupa José Julio Rodríguez Hernández– pasará a denominarse Subdirección General de Ciudadanía Española en el Exterior y Retorno, según se indica en Real Decreto. La Secretaría de Estado de Migraciones mantiene la estructura orgánica a nivel de subdirecciones generales, aunque también hay otro cambio en la nomenclatura. Así, en la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, la Subdirección General de Programas de Atención Humanitaria y Centros de Migraciones pasa a denominarse Subdirección General de Programas de Acogida y Atención Humanitaria; y la Subdirección General de Integración y Relaciones Institucionales, que pasa a llamarse Subdirección General de Planificación Estratégica y Fondos Europeos. El Real Decreto recoge también otros cambios. Los responsables del Ministerio señalan que con esta nueva estructura organizativa se ha tratado de asegurar el funcionamiento operativo del Ministerio, en el marco de la eficiencia y contención que marcan la pauta para el desarrollo organizativo de los restantes departamentos ministeriales. En términos netos se produce un incremento de dos subdirecciones generales, comparando la estructura propuesta con la que anteriormente tenían la Secretaría de Estado de Migraciones y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, del extinto Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones. 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Esta norma modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establecía la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regulaba su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo. Así, en la nueva regulación se establece que estas consejerías pasarán a denominarse Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y estarán adscritas orgánicamente al Ministerio de Trabajo y Economía Social –que dirige Yolanda Díaz–. En concreto será la Secretaría General Técnica la que asuma lo relativo a la organización de estas oficinas y su personal: pago de sueldos, dependencias, material… Sin embargo, desde el punto de vista funcional –lo relativo a las actuaciones a desarrollar– se establece que las Consejerías de Trabajo en el exterior dependerán conjuntamente del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Para lograr la coordinación en este ámbito entre los dos departamentos se crea una Comisión Paritaria que será la encargada de “informar las decisiones en materia de provisión de puestos de trabajo, creación, modificación o supresión de Consejerías y definición de programas de actuación de las Consejerías, en los términos de este artículo”. Esta Comisión Paritaria estará formada por los titulares de las subsecretarías de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que serán copresidentes. Además, contará con seis vocales, con el rango mínimo de subdirector general: tres designados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y tres por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Será esta Comisión Paritaria la que proponga los nombramientos de los consejeros de Trabajo y de todos los puestos cuya cobertura esté prevista por el sistema de libre designación. También se encargará de proponer la creación, modificación o supresión de las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de la definición de las acciones, programas de actuación y planes de operativos anuales a desarrollar por las Consejerías. Los informes que emita sobre estas materias serán preceptivos y vinculantes. 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Este encuentro virtual, que se llevó a cabo a través de una videoconferencia, da continuidad a la ronda de contactos con los gallegos de todo el mundo que está a llevando a cabo el titular del departamento autonómico, y que complementa el que se lleva a cabo de manera regular y permanente desde esta área del Gobierno gallego. En este encuentro participación representantes de la Casa de Galicia en Huelva, la Casa de Galicia del Puerto de Santa María, en Cádiz, la Casa de Galicia en Córdoba, el Lar Gallego de Sevilla, el Centro Gallego de Málaga y la Casa de Galicia en Badajoz. En la comunidad andaluza residen en estos momentos un total de 21.500 gallegos, según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2020, que cifra, asimismo, el número de personas nacidas en Galicia que viven en Extremadura en 2.019, y en 378 las que lo hacen en Ceuta. En total, esta área geográfica suma cerca de 24.000 gallegos, de los que 6.527 residen en la provincia de Cádiz y 5.172 en la de Málaga, las dos que a día de hoy conservan una mayor presencia de emigrantes gallegos. 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El drama de Lauro Olmo (O Barco de Valdeorras, Ourense, 1922-Madrid, 1994) causó sensación en el panorama teatral de la España de la época porque fue una de las primera obras del nuevo realismo social, planteando con crudeza temas como la marginalidad (el chabolismo), el desempleo, el alcoholismo y, sobre todo –lo que más nos interesa aquí–, la nueva emigración a Centroeuropa, en concreto a Alemania, un tema que retomará el cine de comienzos de los años 70 de otra manera, entre la comedia y el patetismo, con títulos como ‘Españolas en París’ (1970), de Roberto Bodegas, o ‘Vente a Alemania, Pepe’ (1971), de Pedro Lazaga. Pero ‘La camisa’ es muy diferente: primero, porque toda la acción transcurre en España, antes de que emigren sus protagonistas; y segundo, porque no hay en ella comedia ninguna, sino un realista y convincente retrato de las causas que llevaron a tantas personas y familias a afrontar la nueva emigración a países como Alemania, Suiza o Francia. La mayoría de ellos habían sido ya emigrantes interiores, pues –como ocurre con los personajes de ‘La camisa’– se habían trasladado años antes desde sus pueblos hasta Madrid, en cuyos extrarradios vivían pobremente, incluso en chabolas como la familia protagonista del drama de Olmo. Paso, Buero, Casona y Sastre Premiada en 1961 con el Premio Valle Inclán (en 1963 recibiría también el Nacional de Teatro), ‘La camisa’ apareció en un momento en que la escena comercial española estaba dominada por Alfonso Paso y su humor acrítico (‘Vamos a contar mentiras’, 1961; ‘Las que tienen que servir’, 1962; ‘Enseñar a un sinvergüenza’, 1966) y en la que se consolidaba ya el realismo –no tan crudo como el de Olmo– de Antonio Buero Vallejo (‘Un soñador para un pueblo’, 1958; ‘El concierto de San Ovido’, 1962; ‘El tragaluz’, 1967). Alejandro Casona andaba todavía en el exilio de Argentina, aunque estaba a punto de volver a España –lo haría en 1962–, donde su teatro sería utilizado por la política aperturista del régimen (‘El caballero de las espuelas de oro’, 1964). Por su parte, Alfonso Sastre (‘Escuadra hacia la muerte, 1953; La taberna fantástica’, escrita en 1966, pero estrenada en 1985), empezaba a desaparecer. ‘La camisa’ se presentó por primera vez a censura en 1961 y fue prohibida; en enero de1962 se autorizó para una única función de cámara y dos meses más tarde se permitió su explotación comercial. Fue estrenada en el Teatro Goya de Madrid el 8 de marzo de 1962, hace ahora 58 años. Su dirección corrió a cargo de Alberto González Vergel y los intérpretes fueron Manuel Torremocha, Margarita Lozano, Carola Fernán Gómez, Tina Sáinz, Mary Paz Ballesteros, Emilio Laguna y Pedro Oliver. Treinta y tres años más tarde, el 10 de noviembre de 1995, año y medio después de la muerte de su autor, fue reestrenada en el Teatro Bellas Artes de Madrid con dirección del mismo Alberto González Vergel. En esta nueva ocasión integraron el reparto Julia Martínez, Queta Claver, Elvira Travesí, Manuel Gallardo, Teófilo Calle, y Ramón Pons. Este año se cumplirán 25 de aquel reestreno. El conflicto sobre la emigración ‘La camisa’ se titula así por la importancia simbólica de esta prenda de ropa en el desarrollo de la obra. Juan, uno de los personajes centrales –realmente, el protagonismo es colectivo–, no tiene una camisa blanca para ir a pedir trabajo al patrón y no se puede permitir comprar una. Juan es un albañil en paro que vive con su familia en una chabola del extrarradio de Madrid. La acción transcurre en el otoño de 1960, en los inicios del Plan de Estabilización que sacaría a España de la autarquía y pondría los cimientos del crecimiento económico alcanzado por el país en los años 60. La trama principal versa sobre el conflicto entre la negativa de Juan a emigrar a Alemania —cosa que han empezado a hacer ya sus amigos— y la determinación de su mujer, Lola, a que lo hagan e incluso —como sucederá al final— a irse ella sola para trabajar allí como criada seis meses o un año. “Por esos países las criás españolas están muy solicitadas. Tenemos cartel. ¡Como los toreros!”, le dice la señora Balbina, su vecina. Eran los primeros tiempos de la emigración a Centroeuropa, cuando aún muchos (la mayoría mujeres) iban todavía por su cuenta, al margen del mecanismo oficial que regularía y controlaría luego todo el proceso. ‘La camisa’ refleja tres maneras diferentes de ver esa emigración. La primera, la de quienes —como los amigos de Juan— la idealizan y ven en ella una oportunidad para triunfar. Creen que van a ganar mucho dinero y a vivir bien desde el primer momento. “Dentro de un año regreso con un ‘Volvaguen’ de esos”, le dice a Juan su amigo Luis. La segunda, la de aquellos que —como Lola— la aceptan con realismo y resignación, viendo en ella una salida a la pobreza extrema. Y por último, la de quienes —como Juan— la rechazan de pleno por considerarla un fracaso en sí misma, porque supone aceptar que uno no ha podido ganarse la vida donde y como le correspondía. “Han nacío aquí. Su hambre es de aquí y es aquí donde tienen que luchar pa saciarla”, le responde a su mujer sobre sus hijos cuando ella le insiste en que emigren. Y a su amigo Sebas, que está a punto de irse a Alemania, le reprocha: “La mayoría no os vais: huis y lo que no os aguanto es que os largáis maldiciendo la tierra que os parió”. Las tijeras de la censura Por su manera agresiva de abordar el tema y por su calidad literaria, la obra resultó una revelación angustiosa para el espectador medio y un claro aviso para la censura, que en lo sucesivo analizó con microscopio las nuevas obras de Olmo. De hecho, prácticamente todas (‘La condecoración’, ‘El cuerpo’, ‘La noticia’, ‘El cuarto poder’…) fueron prohibidas o autorizadas con cortes. En ‘La camisa’ están ya los fundamentos de todo el teatro posterior de su autor: una crítica decidida de los fundamentos sociales y políticos de la España que le tocó vivir; el arrebato temperamental, el gracejo y el lirismo, a veces temurista; y sus escenarios habituales: arrabales chaboleros, tabernas, plazas, mercadillos, prostíbulos playeros, pensiones y pisos modestos. En septiembre de 2011, el Instituto de Estudios Valdeorreses rindió un homenaje a Lauro Olmo, con el descubrimiento de una placa en la fachada de su casa natal en O Barco de Valdeorras,  la colocación de una corona de flores en el monolito que le dedicó el Ayuntamiento y la presentación de un documental acerca de su vida realizado por su hijo Olmo Enciso, quien lamentó que no prosperase una fundación con su nombre. Los que sí lo llevan son el teatro y un instituto de enseñanza secundaria (IES) de O Barco. 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El Consejo de Ministros ayer el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, que establece los principales parámetros e instrumentos para la desescalada tras la crisis provocada por el Covid-19. El plan constará de cuatro fases, sin fechas concretas, más allá de que la primera, llamada fase 0, comenzará el lunes 4 de mayo, y pasar de una a otra dependerá de la capacidad del sistema sanitario, situación epidemiológica, medidas de protección en espacios públicos, datos de movilidad y socioeconómicos. Cada fase durará mínimo dos semanas porque es el tiempo de incubación del virus. La duración mínima de toda la desescalada será de mes y medio. Cada dos semanas se revisarán las fases ya que este es el periodo de incubación del coronavirus. El Gobierno planea que no dure más de ocho semanas, por lo que a finales de junio se llegaría a la “nueva normalidad”, esto es, justo cuando arranca la temporada más fuerte de verano.

La unidad territorial de referencia será la provincia. Cada una avanzará a un ritmo diferente, según sus características epidemiológicas, pero coordinado. La dirección de todo el proceso corresponderá al Ministerio de Sanidad, en diálogo con las comunidades autónomas. La idea es recuperar poco a poco el movimiento pero sin desplazarse entre provincias hasta que no termine la desescalada a finales de junio. Sí se permitirá ese movimiento para ir a trabajar de una provincia a otra, como sucede ahora, y para algunas situaciones extraordinarias como un velatorio, según explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa en la que presentó el plan.

Negocios con cita previa y comidas para llevar

La fase 0 o preparatoria comenzará el lunes 4, aunque el pistoletazo de salida real llegará el sábado 2 con la posibilidad para los adultos de salir a pasear y a hacer ejercicio físico, cuyos detalles serán concretados en una orden ministerial. A lo largo de esta fase, los negocios, incluidos gimnasios o peluquerías, podrán empezar a funcionar con cita previa y siempre cumpliendo medidas de seguridad y distancia social. Los restaurantes aún no podrán abrir, pero sí dar comidas para llevar. También se permitirá hacer deporte individualmente.

Algunas islas como La Graciosa, el Hierro y La Gomera en Canarias o Formentera en Baleares pasarán directamente a la fase 1 o inicial ya desde el 4 de mayo. Para el resto, esta llegará el 11 de mayo a todas las provincias que cumplan los criterios epidemiológicos, cuyas cifras concretas todavía no se han concretado. Durante esta fase las terrazas podrán abrir con reducciones de aforo del 30%. Los hoteles y los apartamentos turísticos podrán volver a funcionar excluyendo las zonas comunes. En ese estadio también comenzará la apertura de museos, con un tercio de su aforo. También podrá abrir el pequeño comercio. Con horario preferente para mayores de 65 años. Apertura centros de alto rendimiento. Arrancarán los espectáculos culturales de menos de 30 personas y un tercio del aforo en recintos cerrados y con menos de 200 al aire libre siempre que sean sentados y manteniendo la distancia de seguridad. También volverían algunos rodajes con medidas de protección.

El curso escolar no empezará hasta septiembre

En la fase 2 o intermedia se abrirán el interior de los locales de hostelería con aforo limitado y garantías de separación. El curso escolar no se reanudará hasta septiembre pero se podrán abrir actividades de refuerzo o para menores de 6 años si ambos padres trabajan. Además se celebrará la EBAU (la antigua Selectividad). Abrirán cines, teatros o salas de exposiciones y espectáculos al aire libre con hasta 400 personas o 50 en lugares cerrados. También reabrirán los lugares de culto con un aforo del 50%.

En la fase 3 o avanzada habrá una flexibilidad en la movilidad general y una relajación de las restricciones en la restauración. En cines y teatros se podrá pasar a un 50% de aforo.

[post_title] => El Gobierno diseña una desescalada en cuatro fases sin fechas precisas para volver a una “nueva normalidad” a finales de junio [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-gobierno-disena-una-desescalada-en-cuatro-fases-sin-fechas-precisas-para-volver-a-una-nueva-normalidad-a-finales-de-junio [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-06 12:20:04 [post_modified_gmt] => 2020-05-06 10:20:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952737 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 952752 [post_author] => 10 [post_date] => 2020-04-29 12:13:29 [post_date_gmt] => 2020-04-29 10:13:29 [post_content] => El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio luz verde ayer a la Orden Ministerial que desarrolla la moratoria de las aportaciones empresariales a las cotizaciones sociales incluida en el Real Decreto 11/2020. Esta moratoria permitirá a las empresas y autónomos de doce sectores económicos suspender durante seis meses sin ningún tipo de interés las cotizaciones sociales (para empresas, aportaciones empresariales y por conceptos de recaudación conjunta y los trabajadores autónomos, para sus cuotas) pagaderas en los meses de mayo, junio y julio. En el caso de los autónomos estas mensualidades son las correspondientes a dichos meses, mientras que en el caso de las empresas son las devengadas en el mes inmediatamente anterior. La moratoria permitirá a los autónomos y empresas cuya actividad se corresponda con estos códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) solicitar la suspensión de las cuotas empresariales de sus trabajadores durante un plazo de seis meses sin ningún tipo de interés. Si se les concede la moratoria, los pagos que debían realizar en mayo se ingresarán en noviembre y así sucesivamente con el resto de mensualidades. 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Don Felipe –presidente de honor del Patronato del Cervantes– destacó la necesidad de “adaptación y reinvención” y la conveniencia de “aprovechar las oportunidades que surjan” de esta crisis, que podemos convertir, dijo, en “un puente hacia el futuro”. La reunión a distancia que Don Felipe y Doña Letizia mantuvieron con los dos máximos responsables del Instituto transcurrió durante 40 minutos en un ambiente distendido en el que se abordaron múltiples asuntos presentes y futuros relacionados con la promoción internacional de la lengua española, que es “uno de nuestros grandes tesoros”, afirmó el monarca. Los Reyes se interesaron por la incidencia del coronavirus en los casi 90 centros y aulas repartidos por 45 países. Los primeros que suspendieron la actividad cultural y docente presencial, resumió García Montero, fueron los de China (a partir del 17 de febrero) e Italia (el 4 de marzo). En las siguientes semanas del pasado mes se fueron sumando las demás sedes; la última fue la de Tokio, el 25 de marzo. La ansiada vuelta a la normalidad empieza a asomar en los centros de Pekín y Shanghái, que el 1 de abril reanudaron la actividad presencial de manera parcial. Todo el personal del Cervantes en el exterior ha permanecido en sus destinos, salvo excepciones. En este momento, de una plantilla de 724 personas en los centros, solo medio centenar realizan sus tareas de forma presencial. El resto trabaja desde casa. En cuanto a la sede central en Madrid, tan solo asiste un puñado de empleados, mientras que el resto realiza teletrabajo. Los Reyes pidieron al director y a la secretaria general que transmitan a los trabajadores del organismo su apoyo, confianza y preocupación por la actual situación. También preguntaron por la reorganización de las tareas debido al cierre temporal de los centros. García Montero resumió el trasvase general de las clases presenciales a la enseñanza en línea con el apoyo de materiales digitales, principalmente el Aula Virtual de Español (AVE Global). La gran plataforma de cursos ‘online’ ha registrado un aumento de alumnos del 2.600%, y del 3.700% en el número de profesores/tutores que les atienden. La crisis ha abierto nuevas oportunidades de desarrollo de la enseñanza virtual, que permite llegar más allá de las actuales sedes físicas del Instituto Cervantes. Se han anulado varias convocatorias de exámenes DELE (Diploma de Español) y de pruebas CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España), si bien se han duplicado las fechas de examen a partir de junio. Cultura en línea y patrocinio El director informó de que se han cancelado unas 900 actividades culturales presenciales desde el 11 de marzo. En contrapartida, se ha puesto en marcha una programación en línea, abierta a todos los interesados. Este incremento de la oferta cultural a través de Internet y redes sociales tendrá continuidad cuando acabe la situación actual. La secretaria general, Carmen Noguero, esbozó cómo puede afectar la actual crisis sanitaria a las cuentas de la institución y al objetivo de la autofinanciación, según el cual los ingresos propios deben cubrir el 46% del presupuesto. El Instituto contempla diversas medidas, como descuentos y precios especiales para nuevos productos. La Reina, por su parte, se interesó por los proyectos de apertura de nuevos centros en el exterior, como Dakar (Senegal) o Los Ángeles (Estados Unidos), que previsiblemente se verán afectados por la pandemia. Crónica desde Nueva Delhi En la última parte de reunión de trabajo se abordó el papel que desempeñó el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, que acogió a casi un centenar de turistas españoles pendientes de repatriación entre el 28 de marzo y el 14 de abril. Óscar Pujol, director del centro en la capital de la India, relató desde allí las intensas gestiones que se realizaron para dar cobijo y atender a aquellos españoles con dificultades para abandonar el país asiático y que finalmente fueron repatriados gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores. La reunión por videoconferencia concluyó con el visionado de un vídeo en el que 24 escritores hispanohablantes leen el célebre poema de Rubén Darío (1867-1916) ‘Letanía de nuestro señor Don Quijote’, que el autor nicaragüense escribió en 1905 con motivo del tercer centenario de la publicación de la primera parte de la universal novela. El Cervantes ha colaborado en esta iniciativa en la que participan creadores de ambos lados de La Mancha, entre ellos Sergio Ramírez, Laura Restrepo o Juan Villoro, patronos todos ellos del Instituto. [post_title] => El Rey anima al Instituto Cervantes a “aprovechar las oportunidades que surjan” de esta crisis y convertirla en “un puente hacia el futuro” [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-rey-anima-al-instituto-cervantes-a-aprovechar-las-oportunidades-que-surjan-de-esta-crisis-y-convertirla-en-un-puente-hacia-el-futuro [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-11 10:50:17 [post_modified_gmt] => 2020-05-11 08:50:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952610 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 952457 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-04-27 10:04:17 [post_date_gmt] => 2020-04-27 08:04:17 [post_content] => El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro telemático con los gallegos de los Estados Unidos, México y Canadá para seguir de cerca y de manera continua la situación en la que se encuentra la colectividad en estos tres países de América del Norte en plena crisis del coronavirus. A pesar de compartir continente y hemisferio, la realidad social y sanitaria de estos tres países en esta pandemia es muy diferente, por lo que el departamento autonómico está haciendo un seguimiento periódico de cada uno de ellos. El titular de Emigración mostró el apoyo de la Secretaría a todas las personas de origen gallego, y a las entidades gallegas como centros de referencia, y expuso las medidas que está estudiando el Gobierno gallego para paliar las consecuencias negativas que la amenaza del Covid-19 está dejando tras de sí. La videoconferencia contó con la participación de representantes del Centro Gallego de México, Unidad Gallega de los EE.UU. de América (Casa de Galicia), Centro Ourensano Social Club, Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami, La Nacional Spanish Benevolent Society, Club España de Newark, Círculo Español de Queens. Los Estados Unidos y México ocupan, respectivamente, el séptimo y el undécimo lugar en la lista de países del mundo con mayor presencia gallega, con 22.527 y 14.759 gallegos. [post_title] => El secretario da Emigración analiza con los gallegos de Estados Unidos, México y Canadá la situación de la colectividad ante el Covid-19 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-secretario-da-emigracion-analiza-con-los-gallegos-de-estados-unidos-mexico-y-canada-la-situacion-de-la-colectividad-ante-el-covid-19 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-04-30 14:45:12 [post_modified_gmt] => 2020-04-30 12:45:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952457 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [7] => Array ( [estilo] => 3-noticias-sin-foto [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 952707 [post_author] => 5 [post_date] => 2020-04-29 09:54:04 [post_date_gmt] => 2020-04-29 07:54:04 [post_content] =>

Más de 1.500 personas aprenden gallego durante estas semanas a través del cursos en línea que ofrece la Xunta de Galicia en el marco del Plan de Teleformación en Lingua Galega para el año 2020 para residentes tanto en la Comunidad como en otras zonas.

Un total de 1.080 alumnos siguen, hasta el 8 de mayo y bajo la tutorización de profesorado específico, un total de 34 cursos preparatorios de las pruebas de acreditación del Certificado en Lingua Galega (Celga) en cuatro de sus niveles. Así, se desarrollan desde el 16 de marzo tres cursos del Celga 1, ocho cursos del Celga 2, ocho cursos del Celga 3 y 15 cursos del Celga 4, todos ellos, incluso los previstos inicialmente como formación presencial, en la modalidad de teleformación debido a las circunstancias motivadas por la crisis del Covid-19.

Un total de 300 trabajadores al servicio de la Administración siguieron hasta el día 26 doce cursos de formación en lenguajes específicos del gallego, lenguaje administrativo y jurídico en sus niveles medio y superior, de los 34 que la Secretaría Xeral de Política Lingüística ha previsto desarrollar a lo largo de este año en colaboración con otros organismos, como la Escola Galega de Administración Pública, o con otras administraciones públicas. Los 22 restantes ofrecerán otras 550 plazas destinadas al personal de las diferentes administraciones territoriales, institucionales y entes públicos instrumentales del sector público de la Comunidad Autónoma gallega, así como de la administración de justicia y personal de administración y servicios (PAS) de las tres universidades gallegas, con el objetivo de mejorar la capacitación en lengua gallega de dichos trabajadores.

Esta oferta formativa se complementa con la de las escuelas oficiales de idiomas de las siete ciudades gallegas, dependientes de la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que desarrollan hasta mayo cinco cursos de lenguaje administrativo gallego medio y superior, con 125 personas matriculadas, después de los seis que desarrollaron durante el primer cuatrimestre de este curso 2019-2020. En los mencionados centros de formación también se desarrollan ahora 17 cursos preparatorios de las pruebas de acreditación del Celga, de los 34 que ofrecen dentro de su programación formativa del año escolar en curso, en el que 225 alumnos preparan el Celga 2, 225 el Celga 3 y 400 el Celga 4.

Interrumpidos los plazos de inscripción en las pruebas Celga 2020

En el caso del Celga, cabe recordar que los plazos de inscripción en la convocatoria oficial de pruebas de acreditación para el año 2020 -previstas para los meses de mayo y junio- publicada en el Diario Oficial de Galicia y en el Portal da Lingua Galega, se encuentran interrumpidos y que dichos plazos se reiniciarán una vez superado el estado de alarma.

La Consellería de Cultura e Turismo comunicará por sus canales habituales los nuevos plazos de inscripción y las fechas de realización de los exámenes en el momento en el que puedan retormarse con plena seguridad.

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El comité de expertos económicos de Galicia propone una veintena de medidas para contener los efectos de la crisis del coronavirus, medidas que consisten en facilitar liquidez, a través de un aplazamiento de impuestos, anticipos bancarios y créditos a empresas. Así se acordó el pasado 27 de abril en una reunión por videoconferencia de este comité, en la que también estuvo presente el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

A criterio de este órgano, la orientación de las medidas debe tener en consideración el impacto que están teniendo los instrumentos de distinta naturaleza que están utilizando las principales economías europeas. Por eso, las medidas en España deben ir en línea con las que se están tomando en el ámbito de la UE, para no afectar a la competitividad de la estructura empresarial autonómica.

El comité de expertos considera que en la actuación de las administraciones públicas se debe dar prioridad a aquellos sectores y operadores económicos que resulten directa y significativamente afectados por la crisis del coronavirus. En concreto, centrar los esfuerzos en las empresas directamente afectadas por las medidas de contención y aquellas en las que su volumen de operaciones disminuyera como mínimo un 35% respecto al año anterior.

Además, este comité de asesoramiento reclama también un liderazgo estatal en la primera fase, que reserve a un momento ulterior las medidas autonómicas y locales para evitar solapamientos entre administraciones. También es fundamental que el mayor esfuerzo presupuestario de las medidas orientadas a garantizar la liquidez de las empresas se haga en el corto plazo, evitando así que un problema de liquidez en empresas viables pueda derivar en un impacto estructural en su solvencia que lleve a la destrucción de parte del tejido productivo.

Propuestas para el Gobierno central

En primer lugar, el Comité de Expertos propone diversas actuaciones en el ámbito de los principales impuestos estatales -IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades- dirigidas a facilitar liquidez a las empresas. Entre ellas, figura la eliminación de forma transitoria del sistema de pagos a cuenta del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para las empresas afectadas por la crisis, así como la modificación del plazo de declaración e ingreso de las autoliquidaciones del IVA correspondiente a los dos primeros trimestres de 2020.

Además, los expertos también abren la posibilidad de rescatar planes de pensiones sin penalización -para inyectar liquidez a la empresa y evitar la venta de patrimonio empresarial o el endeudamiento-, y apuestan por modificar la normativa sobre ingreso del IVA de las facturas impagadas y por mejorar la línea de los avales del Estado canalizados por el ICO, ya que la documentación exigida es compleja y su tramitación excesivamente prolongada. En este sentido, se demanda agilizar este procedimiento para que los créditos cubran los costes de mantenimiento de las empresas y estas puedan reorientar su actividad.

El comité de asesoramiento económico también reclama al Gobierno central que habilite ayudas específicas para que las empresas puedan adaptar sus centros de actividad a los nuevos protocolos de seguridad, especialmente en el caso de las pymes, y el anticipo de las percepciones derivadas de los ERTE, facilitando liquidez a los trabajadores sometidos a los expedientes durante el período de alarma.

Propuestas a la Xunta y a los ayuntamientos

En el ámbito autonómico, el comité de expertos económicos propone a la Xunta de Galicia un sistema de ventanilla única que asesore al tejido empresarial para todas las ayudas y tramitaciones dependientes de la Xunta. También se solicita un refuerzo de los avales del Igape, para cubrir necesidades financieras por encima de los 200.000 euros, y la posibilidad de ampliar el montante global de las líneas ya existentes -hoy es de 250 millones de euros- si fuera necesario.

Los expertos también ven oportuno aprobar líneas específicas adaptadas a las particularidades de algunos sectores, y lograr una mayor rapidez y agilidad en la tramitación y pago de las líneas activas de liquidez. Y también en el ámbito gallego, se pide orientar las Sociedades de Garantía a pymes y autónomos excluidas por los avales estatales. Además, se apuesta por agilizar el pago a los proveedores de las diferentes administraciones públicas, garantizando que, como mínimo, ese abono se realice dentro del plazo establecido por la normativa y, en la medida de lo posible, en 15 días. También se propone agilizar el pago de las subvenciones ya aprobadas, lo que incrementará la liquidez de las empresas beneficiarias de dichas subvenciones.

En el ámbito municipal, se apuesta por la reordenación en 2020 de los calendarios fiscales municipales del IBI, del IVTM y del IAE, a fin de que convergan con el de aquellos municipios que optan por el cobro en el último trimestre del año. Esta recomendación operaría, particularmente, para aquellos municipios con tesorería suficiente y que no procedieron aún al cobro de los tributos correspondientes. El comité propone conseguir un acuerdo-marco con la Fegamp, y posteriormente elevar esta propuesta a la FEMP para generalizarla a toda España.

Trabajo intenso

Esta es la primera de las aportaciones que realiza el Comité de Expertos Económicos de Galicia, que inició sus trabajos de manera telemática el 15 de abril y continuará en esta labor con nuevas propuestas. De este comité forman parte diversos expertos del ámbito académico, económico y empresarial de Galicia, así como los conselleiros de Facenda; Economía, Emprego e Industria; Medio Rural, y Mar.

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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, abogó hoy, durante la videoconferencia con el Gobierno central y con los otros presidentes autonómicos, por un modelo de desescalada basado en el mando único y con una aplicación de acuerdo a las especificidades de los distintos territorios.

“Planteé que en el Consejo de Ministros del martes se incluya una cláusula de salvaguarda territorial para que las comunidades puedan decidir con cierta flexibilidad -previa comunicación al Gobierno- la apertura de los sectores económicos de acuerdo con nuestra propia situación sanitaria y geográfica”, explicó, incidiendo en que para eso es necesario, además de un trabajo conjunto, conocer lo antes posible todos los datos de los que dispone el Ejecutivo central, el horizonte que propone y la metodología que se pretende tanto para la apertura inicial como para los posibles cierres en el caso de rebrotes.

En esta línea, e insistiendo en un modelo de apertura flexible y dinámico, el titular de la Xunta aseveró que Galicia trabaja ya “de lleno” en este proceso de planificación, basándose en tres ejes: geográfico, demográfico y de sectores económicos.

En cuanto al criterio geográfico, hizo hincapié en que este no debe coincidir con divisiones administrativas. “Lo que parece razonable es que el criterio geográfico sea el de las áreas sanitarias”, afirmó, explicando que, a partir de ahí, la metodología gallega propone distinguir microzonas según los riesgos sean menores, lo que puede permitir avanzar más rápido en la desescalada en ámbitos como buena parte del rural; permanentes, en zonas más vulnerables -residencias, colegios, centros de trabajo más concurridos-; y puntuales, como la detección de un brote determinado en un ayuntamiento o fábrica concreta.

Sobre el segundo eje, basado en criterios demográficos, Feijóo trasladó la necesidad de establecer tres segmentos de edad: mayores de 70 años, las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 69, y los menores de 14 años. “Y sobre el tercer eje, lo lógico es que los sectores económicos puedan abrir en función del área sanitaria donde se encuentren”, dijo. Así, en un área sanitaria donde hay poco impacto epidemiológico y con una gran infraestructura sanitaria, los sectores podrán abrir antes que en aquellos lugares con un impacto epidemiológico mayor.

El presidente de la Xunta subrayó que el objetivo es llegar a una especie de escala de colores que distinguirá distintos niveles de apertura, que se establecerán con datos objetivos, actualizados de forma permanente, y en base a los cuales se decidirán las restricciones por territorios, por grupos de edad y por sectores.

“Según nuestras primera aproximaciones, creemos que el cuadro de mando del Gobierno para toda España sería mirar la situación epidemiológica, la capacidad sanitaria instalada, los factores de riesgo y el control de la inmunidad y, en base a estos riesgos, llegar a cinco niveles”, aseguró, refiriéndose a modo de ejemplo a las zonas con riesgo bajo o con una situación de relativa normalidad, en las que se podrían abrir las actividades económicas; a las zonas con un riesgo medio o con una situación de transición, donde habría actividades económicas que podrían abrir y otras que no; o a las zonas con un riesgo alto o con una situación de alerta, donde solo deberían de abrir aquellas actividades económicas esenciales, posponiendo aquellas otras no esenciales.

“Esta es la metodología que tenemos y que planteamos”, dijo, incidiendo en que la desescalada tiene que ser segura y flexible, recalcando la importancia de testar a la población, además de advertir sobre la necesidad de que el Gobierno central tenga en cuenta no solo los nuevos contagios, sino el número de test que se realizan.

Rebaja del IVA en las mascarillas y ayudas europeas

El responsable del Ejecutivo gallego reiteró la necesidad de un protocolo único de uso de mascarillas y de que se acometa una rebaja de su IVA, que sigue fijado en el 21% y se refirió también a otras propuestas ya expuestas, como la apertura de la actividad en talleres y concesionarios; la apertura paulatina de otros establecimientos comerciales, con las limitaciones de aforo o de cita previa; proseguir con la rehabilitación en edificios; así como la venta de productos agrícolas y ganaderos en los mercados municipales al aire libre.

En lo que respecta al ámbito económico, Feijóo hizo hincapié en la necesidad de conocer con qué intensidad corresponden a las autonomías las ayudas europeas para poder preparar la reactivación de la economía. Del mismo modo, solicitó nuevamente la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el Ministerio de Hacienda pueda trabajar de manera coordinada con las comunidades y pidió que no se sigan detrayendo fondos de las autonomías para financiar medidas adoptadas por el Gobierno central.

Tras finalizar la videoconferencia con el Gobierno central y con los otros presidentes autonómicos, Núñez Feijóo mantuvo una videoconferencia con los representantes de los principales partidos políticos de Galicia para informarles de los asuntos debatidos. 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El primero de los vuelos tendrá lugar el 27 de abril con salida de Argentina y escala en Paraguay donde también subirán a bordo españoles que habían mostrado su interés a las respectivas Embajadas de España en participar en ese vuelo. Este sería el sexto vuelo con origen en Argentina, desde donde ya han llegado 1.346 españoles. Sólo dos días después parte un nuevo vuelo desde Ecuador, en este caso, es el quinto y con el que se superará ampliamente la cifra de los 1.000 españoles a los que la Embajada de España en Ecuador ha prestado asistencia. Desde Australia saldrá un vuelo el día 30 de abril, de Colombia el 2 de mayo (segundo vuelo que fleta a España y que permitirá aumentar la cifra de 233 españoles que pudieron retornar en el primero) y de Bolivia otro a primeros de mayo. No obstante, existen otros vuelos en consideración que podrían aumentar la cifra final de vuelos fletados por España por encima de los 42 actuales. A través de esta fórmula que se inscribe en el Mecanismo Europeo de Protección Civil, ya se han podido repatriar a más de 7.000 españoles desde comenzaran las restricciones por la pandemia del Covid-19. Pero esta cifra se ve completada por la asistencia que la red de Embajadas y Consulados han prestado a los españoles que les habían expresado su voluntad de regresar a España y que al cierre de esta semana ya superará holgadamente las 24.000 personas. Una de las operaciones más relevantes, especialmente por su complejidad, es la que permitió el pasado 24 de abril el aterrizaje de un avión de Filipinas con 157 españoles a bordo. Pero también se suceden otras que, aunque menos voluminosas también son complejas, como la que ha permitido el regreso de diez españoles desde Níger y Chad en vuelos de Francia; tres españoles en Tanzania que lograron salir en un vuelo de Países Bajos; diez españoles que estaban Tiflis (Georgia) y llegarán a Barcelona; un autobús con 29 españoles a bordo (26 estudiantes Erasmus) desde Praga y otro desde Milán con 24 pasajeros que también llegará a Barcelona; dos españoles desde Uganda; otros dos desde Camerún; cuatro desde Costa de Marfil y cinco más desde Ghana, entre otros. 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Para este estudio, diseñado por el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística (INE), se han seleccionado 36.000 hogares con una media de 2,5 miembros cada uno, lo que supone unas 90.000 personas en total. Se recogerán los datos a nivel provincial y local y también por edad y sexo. Para llevar a cabo el estudio de seroprevalencia, se realizará un primer test rápido de anticuerpos (una muestra de sangre) y después se hará una segunda prueba de anticuerpos del suero, para la que se requerirá de personal sanitario especializado. Se harán en los centros de salud, salvo en los casos en los que sea indispensable la visita domiciliaria. La participación es voluntaria. El estudio se realizará en tres oleadas, con un intervalo de 21 días entre cada una, para ver “la evolución dinámica de la enfermedad”, lo que para los expertos es un dato muy relevante. El Ministerio de Sanidad ha explicado que la investigación ofrecerá además información del comportamiento de la transmisión del virus dentro de los hogares después de seis semanas de confinamiento. 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El nuevo plazo concluirá a las cero horas del 10 de mayo. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que, a pesar de la mejora de los datos de la pandemia en España, "no hay que bajar la guardia", de modo que la ciudadanía debe seguir respetando la distancia social y las medidas de higiene. Montero anunció que el Gobierno ha autorizado a las comunidades autónomas a contraer los compromisos de gasto que sean necesarios para atender las necesidades sanitarias derivadas de la pandemia. También podrá ser utilizado en la lucha contra el coronavirus el superávit de las entidades locales, en la forma que defina el Ejecutivo conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La ministra también manifestó el deseo del Gobierno de presentar, en el mes de mayo, el Ingreso Mínimo Vital, “una garantía de renta innovadora, por primera vez en nuestro país, que podrá llegar en torno a un millón de personas”. [post_title] => El Consejo de Ministros aprueba la prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-consejo-de-ministros-aprueba-la-prorroga-del-estado-de-alarma-hasta-el-10-de-mayo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-06 12:21:16 [post_modified_gmt] => 2020-05-06 10:21:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952473 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [10] => Array ( [estilo] => 2-noticias [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 952452 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-04-27 09:40:06 [post_date_gmt] => 2020-04-27 07:40:06 [post_content] => El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, celebró una videoconferencia con los gallegos de la Comunidad Valenciana, Murcia, las Islas Baleares y Canarias para conocer su situación en estos momentos tan complejos que está causando la pandemia del coronavirus. Esta reunión telemática da continuidad a la nueva ronda de contactos que está manteniendo con los gallegos de los principales países del mundo con presencia gallega, en los que el titular del departamento autonómico está transmitiendo a los representantes de las entidades gallegas un mensaje de tranquilidad y les está adelantando algunas de las medidas que el Gobierno gallego ha previsto tomar en los próximos meses para aminorar las consecuencias que esta pandemia está dejando en los centros gallegos de todo el mundo. En este nuevo encuentro participaron representantes del Centro Galego de Valencia, el Centro Gallego de Alicante, el Centro Gallego de Castelló ‘O Aturuxo’, el Centro Gallego de Murcia, el Centro Gallego de Mallorca, la Casa de Galicia en Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife y el Centro Gallego de Fuerteventura. [post_title] => Miranda se reúne con directivos de entidades gallegas en la Comunidad Valenciana, Murcia y las islas Baleares y Canarias [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => miranda-se-reune-con-directivos-de-entidades-gallegas-en-la-comunidad-valenciana-murcia-y-las-islas-baleares-y-canarias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-04-30 14:45:07 [post_modified_gmt] => 2020-04-30 12:45:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952452 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 952466 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-04-27 10:48:30 [post_date_gmt] => 2020-04-27 08:48:30 [post_content] => El pasado sábado 25 de abril tendría que haberse realizado el primer Galicia en Montevideo a pie de calle, pero la pandemia del coronavirus lo postergó para septiembre. Igualmente, el jueves 23 de abril los más pequeños del Centro Gallego tuvieron su primera clase de baile por internet. Y al mismo tiempo, continúan las acciones solidarias de la colectividad española, en esta ocasión a cargo de la más joven institución de la colonia en Uruguay. La asociación Espacio Cultural Islas Canarias-Uruguay Identidad Guanche, que realizó su última actividad el pasado 7 de marzo –cuando desfilaron en la Patria Gaucha– ya que luego se suspendieron las actividades en todo el país, han iniciado una campaña para poder ayudar a “muchas familias uruguayas y de emigrantes” que “están pasando situaciones de necesidades básicas”. La directiva que preside José Arráiz está organizando la recolección de azúcar, cocoa, leche en polvo, arroz, galletas, dulce de membrillo, lentejas, fideos, salsa de tomates, aceite, así como insumos de limpieza, ropa en buen estado de uso y juguetes, para ayudar al oratorio del barrio de Manga en Montevideo, donde más de dos centenares de niños desayunan y casi tres centenares reciben la cena en la olla popular allí instalada. Otra de las ayudas que están procurando brindar los comandados por Arráiz es mitigar las necesidades de la iniciativa católica Casa Paz y Bien, una residencia ubicada en un balneario de la costa uruguaya donde se acoge a emigrantes que llegan al país sudamericano de distintas regiones y tienen necesidades básicas, como es el alojamiento y la alimentación. Para colaborar con la acción de Identidad Guanche se pueden comunicar con el Whatsapp +59894033553 donde podrán informar las donaciones antes del 10 de mayo y coordinar la búsqueda de la misma. Galicia en Montevideo El grupo de trabajo del primer Galicia en Montevideo a pie de calle que tendría que haberse celebrado el pasado sábado 25 de abril y fue suspendido por la pandemia del coronavirus, hizo pública una carta en la que explicaban que trabajaban para que “por unas horas la ciudad de Montevideo fuera la cuna que acogiera la música, los bailes, la gastronomía, las expresiones de fe y el sentir de un pueblo como el gallego”. Sin embargo, la epidemia que afecta al mundo les arrebató esa ilusión, expresando en la carta “el más profundo pesar por todas las víctimas mortales, acompaña en el dolor, a sus familiares y amigos, y les hace llegar un apretado abrazo que los fortalezca en estos momentos de desolación”. Culminan precisando que “algún día, en algún momento, una vez pasada esta situación, con esa fortaleza propia que heredamos de nuestros familiares emigrantes gallegos y con esa garra charrúa que aprendimos de este país, retomaremos este lindo sueño para concretarlo. Ese día la plaza Constitución será una romería y Montevideo vibrará al son de una gaita”. El Centro Gallego comienza clases por internet Mientras que la Xunta de Galicia comenzará esta semana los cursos del Aula Galicia Aberta por medios telemáticos, el pasado jueves el Centro Gallego de Montevideo realizó la primera prueba de dictar una clase de baile gallego a través de internet. Se trató de los más pequeños de la escuela de danza de esta institución, que dirige la profesora Patricia Vieito, los que a través de una sesión de zoom miraron las instrucciones sobre los bailes a desarrollar, y luego cada una de las bailarinas comenzó a desplegar su plástica. Una experiencia que luego se conjugó con todas las niñas bailando y mirando la pantalla como si se tratase de las clases presenciales a las que estaban acostumbradas. Patricia explicó al terminar la clase que “fue una experiencia muy linda” agradeciendo a todos los participantes, especialmente a sus padres por poder ayudar con la tecnología a mitigar la ausencia de actividades grupales desde la segunda semana de marzo. [post_title] => La asociación Espacio Cultural Islas Canarias-Uruguay Identidad Guanche de Montevideo inicia una recogida de alimentos [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => la-asociacion-espacio-cultural-islas-canarias-uruguay-identidad-guanche-de-montevideo-inicia-una-recogida-de-alimentos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-05-05 18:35:34 [post_modified_gmt] => 2020-05-05 16:35:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952466 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [11] => Array ( [estilo] => 3-noticias-sin-foto [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 952484 [post_author] => 10 [post_date] => 2020-04-27 11:47:23 [post_date_gmt] => 2020-04-27 09:47:23 [post_content] => Los más de seis millones de niños españoles menores de 14 años que llevaban encerrados 42 días en casa para evitar contagios del coronavirus pudieron salir ayer a la calle por primera vez después. El domingo entró en vigor la orden del Gobierno que les autoriza para realizar paseos de hasta una hora de duración (entre las 9.00 y las 21.00) y un kilómetro de distancia. El paseo diario deberá realizarse como máximo en grupos formados por un adulto responsable y hasta tres niños. Durante el mismo deberá mantenerse una distancia interpersonal con terceros de al menos dos metros y cumplir con las medidas de prevención e higiene recomendadas. Además, no se puede acceder a espacios recreativos infantiles al aire libre o instalaciones deportivas. Según los expertos, una salida controlada de la población infantil puede reportar beneficios asociados a un estilo de vida más saludable, prevenir algunos problemas asociados al mantenimiento prolongado del estado de alarma, como la mejora de la calidad del sueño o la síntesis de vitamina D, así como una mejora en el bienestar social o familiar. Aunque la mayoría cumplió con la normativa, la picaresca se apoderó de algunos padres que aprovecharon el primer permiso gubernamental para lanzarse a la calle con sus hijos aunque sin seguir las consignas oficiales. Algunos pasearon con los niños demasiado cerca de los vecinos; se arremolinaron en los paseos marítimos y playas, en muchos casos sin mascarillas (son voluntarias, aunque recomendables) y también en pareja cuando, en principio, solo un adulto debía acompañar a los menores. El Ministerio del Interior ha afirmado hoy que en un análisis preliminar no ha detectado un incumplimiento generalizado con la salida de niños a la calle, aunque se llevará a cabo un "estudio detallado" y si es necesario se reforzará la vigilancia en zonas puntuales. 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El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, volvió a plantear este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la necesidad de saber los términos concretos en los que se va a desarrollar el plan de desconfinamiento. En este sentido, aseguró que Andalucía está preparada para afrontar el proceso de reapertura que establezca el mando único, ya sea por provincias, distritos sanitarios o municipios. “Tenemos todo el mapa de incidencias desde el punto de vista epidemiológico y del comportamiento que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas; por lo tanto, estamos preparados para cualquiera de las acciones”, recalcó. Respecto a esto último, instó al Gobierno de la Nación a ser “flexibles”, puesto que la casuística es enorme entre distritos y territorios. Asimismo, subrayó que ese desconfinamiento que se haga en Andalucía tendrá muchas dosis de “responsabilidad” y con las máximas garantías sanitarias posibles.

Tras la séptima conferencia de presidentes celebrada este domingo, Moreno anuncio que el Gobierno andaluz está ultimando un plan de reapertura de la mano de la comisión técnica. Un documento que enviará hoy al Gobierno de España, tal y como se ha solicitado desde la Administración central. Al hilo de esto, adelantó que Andalucía tendrá un “plus” de seguridad en los requisitos que se establezcan para autorizar el desconfinamiento, para que el riesgo frente al virus sea el menor posible.

Andalucía tiene una incidencia acumulada de 21 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, cuatro veces menos que la tasa nacional (88). El día 26 de abril sumaba 11.774 casos de contagio y 1.145 muertos.

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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el pasado 24 de abril tras la reunión del Consello que este domingo trasladaría al Gobierno de España nuevas medidas que se pueden empezar a llevar a cabo en la Comunidad, como la venta de productos agrícolas y ganaderos en mercados municipales al aire libre; abrir la rehabilitación en edificios; o la práctica de deportes individuales, durante una hora al día, como pueden ser ir a correr o caminar.

En esta misma línea, expuso también la posibilidad de contemplar la apertura de otros establecimientos comerciales, tal y como ya hicieron en otros países, con las limitaciones que sean precisas, empezando por las pequeñas superficies y limitando aforos o con cita previa. Además de la apertura de la actividad en talleres y concesionarios, garantizando la seguridad.

A lo largo de su intervención, el presidente de la Xunta hizo hincapié en que es imprescindible, “a estas alturas”, un horizonte previsible de vuelta a la nueva normalidad en todos los sectores económicos: gradual, dinámico y reversible, para tomar decisiones personales, laborales y empresariales. “Estamos hablando de la necesidad de aclarar las condiciones de vuelta al trabajo previsible, en el ámbito social y en el ámbito educativo, así como de un sistema de apertura y cierre flexible”, dijo, subrayando que el Ejecutivo gallego está evaluando las primeras bases de la desescalada que considera razonable plantear ya en Galicia, de acuerdo con la situación de la pandemia y la situación epidemiológica de la Comunidad.

Una desescalada por zonas y subzonas, con una pieza separada para el rural

Sobre este punto, se refirió a algunas cuestiones que la Administración autonómica tendrá en cuenta en el trabajo de desescalada que ya está haciendo para proponer al Gobierno central, entre las que destacó: establecer la desescalada por zonas y subzonas; hacer una pieza separada para el rural; y tener en cuenta la edad de los ciudadanos, las características demográficas de cada zona y subzona, la movilidad que se produce y el estudio epidemiológico, que ya está en marcha. “En definitiva, empezamos a trabajar en la desescalada que tiene que ser progresiva, rigurosa y dinámica”, dijo.

Feijóo concluyó incidiendo en que la desescalada solo se puede hacer si hay seguridad sanitaria. “Todas las decisiones de ir abriendo distintos sectores económicos tienen que tener el respaldo sanitario”, recalcó, insistiendo en que mantener la distancia social, el lavado de manos de forma constante, extremar las precauciones y el uso de mascarillas en determinados contextos y para determinadas personas es lo que va a permitir contener la pandemia y volver a la nueva normalidad.

“No podemos bajar la guardia”, aseveró, trasladando la confianza en todos los gallegos, que durante estas seis semanas, recordó, “están teniendo un comportamiento ejemplar”.

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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitó el pasado 23 de abril en Silleda la empresa Arlit, dedicada a la impresión en gran formato sobre distintos tipos de superficie y que, ante la actual situación, reorientó su actividad y comenzó a producir pantallas protectoras faciales, de las cuales entregó más de 30.000 unidades al Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Precisamente la Xunta activó ese mismo día, mediante su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), una consulta al tejido productivo gallego destinada a conocer la disponibilidad de las pymes gallegas para acometer la fabricación de productos que sirvan para combatir el Covid-19.

Los resultados del sondeo permitirán finalizar el diseño de una nueva línea de ayudas que el Gobierno gallego activará en los próximos días para impulsar la producción en Galicia de medicamentos, tratamientos y equipaciones hospitalarias y médicas, entre otros bienes destinados al uso de personal sanitario, de trabajadores y de la población en general.

A partir del día 24 y hasta el miércoles 29 de abril, las pymes gallegas podrán comunicar, de manera telemática, los proyectos que podrían acometer para la fabricación de este tipo de productos y sus características, así como las sugerencias que consideran oportunas para incorporar en la línea de apoyos que se va a activar próximamente.

En concreto, el nuevo programa impulsará la producción por las empresas gallegas de medicamentos -incluidas las vacunas- y tratamientos contra el Covid-19, productos intermedios, ingredientes farmacéuticos activos y materias primas necesarias para su elaboración; productos sanitarios, equipos hospitalarios y médicos -incluidos respiradores, ropa y equipos de protección y herramientas de diagnóstico-, y las materias primas necesarias; desinfectantes; y herramientas de recogida y/o tratamiento de datos. Los apoyos previstos podrán alcanzar hasta 800.000 euros.

Apoyos para reorganizar la producción

Esta iniciativa se suma a la convocatoria ya abierta para impulsar la reorganización productiva de las empresas gallegas para hacer frente a la emergencia sanitaria, dotada con 2,5 millones de euros. Las ayudas, de hasta 100.000 euros y destinadas a pymes y autónomos, cubrirán el 75% de las inversiones y gastos que realicen las empresas para adaptar su producción a la fabricación de los siguientes materiales: textiles sanitarios, equipos de protección individual (máscaras, cortinas, trajes, gorros, guantes y pantallas de protección personal), kits y consumibles de diagnóstico, alcoholes y desinfectantes sanitarios, dispositivos de intervención o tratamiento, ventiladores y sus componentes, elementos para la desinfección y otras equipaciones necesarias para la prevención y lucha contra el Covid-19 o el tratamiento de la enfermedad.

Los proyectos que opten a los apoyos tendrán que proponer el suministro de una primera remesa de productos antes del 30 de junio y ser validados por el Comité de fabricación de equipación sanitaria, impulsado por la Xunta para gestionar la oferta y la demanda de suministro de equipamiento, que a través de la plataforma online Marketplace reúne ya las ofertas de un centenar de empresas. Entre ellas, está la empresa que, con más de 20 años de experiencia, visitó ese día el presidente de la Xunta.

[post_title] => La Xunta realiza una consulta al tejido empresarial gallego para fabricar nuevos productos que ayuden a prevenir y combatir el Covid-19 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => la-xunta-realiza-una-consulta-al-tejido-empresarial-gallego-para-fabricar-nuevos-productos-que-ayuden-a-prevenir-y-combatir-el-covid-19 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-04-28 14:24:52 [post_modified_gmt] => 2020-04-28 12:24:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952421 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 952417 [post_author] => 5 [post_date] => 2020-04-26 18:57:14 [post_date_gmt] => 2020-04-26 16:57:14 [post_content] =>

La Xunta de Galicia acordó flexibilizar las obras en el interior de los edificios y los desplazamientos a huertas de autoconsumo, por lo cual se podrán realizar el mantenimiento y atención de las fincas siempre dentro del término municipal de su residencia habitual. En caso de que la huerta esté en un ayuntamiento diferente al de su vivienda habitual, se permite el desplazamiento sin superar nunca los cinco kilómetros de distancia desde la casa.

Otra de las medidas acordadas en el seno de la Cecop fue clarificar el permiso para la recogida de la comida preparada en restaurantes. Esta práctica está autorizada siempre que se cumplan los requisitos y protocolos establecido por las autoridades sanitarias, se recoja la comida en la puerta del establecimiento para evitar aglomeraciones y se respete la distancia de seguridad para evitar posibles contagios.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidió el pasado 25 de abril la séptima reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), donde se acordaron los criterios de interpretación que clarifican las posibilidades de actuación en obras en interior de los edificios ocupados. Esta decisión se adoptó para atender la demanda de los sectores profesionales afectados -unos 20.000 autónomos en Galicia- por la orden ministerial de 12 de abril, que recoge la prohibición de realizar obras en edificios ocupados, excepto obras puntuales de reparaciones urgentes o en las que se pueda garantizar que no se producen interferencias entre los usuarios y los residentes.

Así, siguiendo los criterios de interpretación de la Cecop, podrán realizarse, siempre adoptando las medidas de prevención y protección de la salud establecidas, trabajos y obras puntuales que tengan como objetivo realizar reparaciones urgentes de instalaciones o averías, tanto en espacios o elementos comunes del edificio, como en los elementos privativos del mismo. También se consideran reparaciones urgentes las obras ya iniciadas que se vieron afectadas por la paralización derivada de las medidas del estado de alarma reforzado. Es el caso de la instalación, relevo o reparación de ascensores, de obras para garantizar la accesibilidad o de la reparación o remodelación del interior de viviendas ocupadas en la que el estado actual de la intervención afecte de modo significativo a las condiciones de habitabilidad.

En el caso de las viviendas unifamiliares, podrán realizarse intervenciones siempre que se garantice que la ejecución de las obras, movimiento de obreros y transporte de materiales se realizan por espacios exteriores o por espacios interiores que serán utilizados en exclusiva por los operarios, sin interferencia con los ocupantes de las viviendas.

Medidas en el rural

En relación con la movilidad de los trabajadores a las huertas de autoconsumo, el Cecop determinó que las personas que tengan cultivos o viñedos considerados como tales, es decir, con fines no comerciales, y por lo tanto no desarrollen una actividad profesional agraria, podrán realizar los desplazamientos mínimos e imprescindibles para el mantenimiento y atención de sus fincas siempre dentro del término municipal de su residencia habitual. En caso de que la huerta esté en un ayuntamiento diferente al de su vivienda habitual, se permite el desplazamiento sin superar nunca los cinco kilómetros de distancia desde la casa. En ambos casos, deberán aportar una declaración responsable. De esta forma, se elimina la anterior limitación, que era de 500 metros. Así, la Consellería do Medio Rural aprobará una modificación de la orden para regular este aspecto.

El Comité aprobó permitir la realización de quemas de restos agrícolas acopiados en terrenos agrícolas de explotaciones profesionales cuando dicha actuación se haga para evitar problemas fitosanitarios en las explotaciones agrícolas. Para la tramitación de las solicitudes y la obtención de la correspondiente autorización, los ciudadanos deberán dirigirse a los Servicios provinciales de Prevención de Incendios a través de correo electrónico, y deberán incluir una declaración responsable de la persona titular de la explotación que justifique la necesidad de realización de la quema.

También en relación con la prevención de los incendios forestales, en esta reunión el Comité acordó levantar la suspensión del plazo legal para cumplir con el deber de ejecución de la gestión de la biomasa en las franjas secundarias (las de los 50 metros próximos a las viviendas). Así, se añaden al plazo habitual de 31 de mayo los días transcurridos durante el estado de alarma, sin que en ningún caso puedan realizarse las limpiezas más allá de 31 de julio de 2020 inclusive.

Por último, el Comité decidió también aclarar como “funciones de carácter esencial” las desempeñadas por las entidades locales en el marco de los convenios interadministrativos para la participación en la prevención y defensa contra los incendios forestales, para garantizar así su actividad durante la emergencia sanitaria.

El Cecop también informó de los avances de cara al desarrollo de un plan de seguridad higiénico sanitaria en el ámbito turístico que contemple medidas para reforzar la confianza en esta industria una vez finalicen las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

Atención presencial en el registro y atención a la ciudadanía

En esta misma línea, se pone en marcha también el protocolo de medidas preventivas frente al coronavirus en los servicios de registro y atención a la ciudadanía una vez sean abiertos al público. Este protocolo establece las medidas referidas a las oficinas de atención a la ciudadanía para compatibilizar la adecuada prestación del servicio público con la máxima protección de la salud de los trabajadores que realizan esa tarea.

De cara a organizar adecuadamente la atención al público y minimizar los riesgos de exposición, tanto para los empleados públicos como para los usuarios de las oficinas, esta atención presencial se realizará solicitando cita previa a través de la web www.xunta.gal/cita-previa, en horario de 9 a 14 horas, salvo que por el volumen de peticiones de citas sea necesario ampliarlo. Igualmente, las citas deberán solicitarse con un mínimo de 24 horas de antelación. Estas citas serán atendidas en los registros generales ubicados en los edificios administrativos de la Xunta de Galicia en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol y se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las citas se asignan con la frecuencia precisa para que no haya aglomeraciones de personal en la oficina.

Bono alquiler social

La Cecop también informó de que la Xunta extiende al mes de mayo el pago de la mensualidad completa del alquiler a los beneficiarios del Bono alquiler social. Tal y como hizo con la mensualidad de abril, la Xunta cubrirá al 100 por ciento el coste del alquiler de la vivienda de de 700 familias pertenecientes a colectivos desfavorecidos como desahuciados por impago del alquiler o de la hipoteca, afectados por incendios e inundaciones, familias en situación de emergencia social, etc... Igualmente, el IGVS y Xestur no presentarán, ni exigirán el pago inmediato de los recibos del alquiler de las viviendas y de los locales comerciales de su titularidad correspondiente al mes de mayo; ni la renta o canon de los alquileres o derechos de superficie de las parcelas de su titularidad.

Otra de las decisiones adoptadas es que el IGVS y Xestur podrán conceder prórrogas o ampliaciones de plazos a los adquirientes de suelo empresarial, en régimen de compraventa o derecho de superficie, que lo soliciten para ejecutar la edificación e implantación de la actividad en dicha/s parcela/s, siempre que quede debidamente acreditada la incidencia a causa de la crisis sanitaria del Covid-19.

Caza

Por último, el Cecop decidió trasladar al Gobierno del Estado dos decisiones. La primera, autorizar acciones de caza de manera excepcional en aquellas zonas con mayor riesgo, como medida para evitar posibles incidencias que la fauna salvaje pueda provocar y primar así la seguridad de las personas y del tráfico viario, además de reducir los daños en las extensiones agrarias, en el inicio de la época de semilla. La Xunta decide comunicar esta decisión, después de que el Ministerio de Política Territorial y el de Agricultura trasladasen instrucciones contradictorias al respecto.

El segundo asunto que se trasladará es el criterio propio establecido por el Instituto Galego de Seguridade e Salud Laboral (Issga) sobre los tratamiento de los EPI (mascarillas, guantes de látex, etc), en aquellas empresas en las que la presencia Covid-19 constituye una situación excepcional, por lo que este desecho deberá depositarse con la fracción resto.

[post_title] => El Ejecutivo gallego flexibiliza las obras en el interior de edificios y los desplazamientos a huertas de autoconsumo [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-ejecutivo-gallego-flexibiliza-las-obras-en-el-interior-de-edificios-y-los-desplazamientos-a-huertas-de-autoconsumo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-04-29 14:23:31 [post_modified_gmt] => 2020-04-29 12:23:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=952417 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 952413 [post_author] => 5 [post_date] => 2020-04-26 17:15:35 [post_date_gmt] => 2020-04-26 15:15:35 [post_content] =>

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó el pasado 24 de abril que la Xunta distribuirá de manera gratuita 2,2 millones de mascarillas en las farmacias para los gallegos con menos recursos. Así, subrayó que se pondrá a disposición de aquellos que más lo necesitan un pack de tres mascarillas quirúrgicas de manera gratuita. Además, precisó que podrán ser retiradas presentando la tarjeta sanitaria.

Cabe destacar que este pack -que podrá recogerse a partir de 11 de mayo- será completamente gratuito para aquellos perceptores de rentas mínimas de inserción o parados sin prestaciones de desempleo, así como para los pensionistas que tienen una renta anual por debajo de los 18.000 euros. Feijóo destacó que serán algo más de 700.000 personas las que se beneficien de esta medida.

El presidente de la Xunta aprovechó la rueda de prensa para agradecer al Colegio de Farmacéuticos y a todos los profesionales su colaboración que permitirá la distribución de este material sin ningún coste para el Servizo Galego de Saúde ni para el usuario.

A lo largo de su intervención, Feijóo reiteró que la Xunta lleva tiempo pidiendo un criterio único asistencial en el uso de mascarillas. Y, en esta misma línea, incidió también en la propuesta de reducir el IVA de estos productos, que para la compra de los particulares sigue en el 21%, así como en la necesidad de concretar el contenido y alcance de las normas para fabricar mascarillas lavables reutilizables.

Nueva compra de equipos y material sanitario

El presidente de la Xunta destacó también la aprobación de la contratación, por el trámite de emergencia, de diversos materiales de protección destinados a profesionales y enfermos, test de detección del virus y equipación para hacer frente al Covid-19.

Entre el material adquirido están 50.000 unidades de mascarillas FFP2; 150.000 unidades de batas protectoras de un solo uso; 3.000.000 de mascarillas quirúrgicas; unos 2.600.000 pares de guantes; 69.000 unidades de medio de transporte para virus; 640 garrafas de 5 litros de desinfectante de superficies; 14.000 unidades de test de doble banda, además de otro material de laboratorio y de protección.

Por su parte, también informó de la compra de otro tipo de material entre el que se encuentran ventiladores volumétricos, equipos de ventilación no invasiva o ecógrafos. Además, entre otros, se adquirieron 545 mesas de noche con atril; 69 somieres articulados eléctricos; 69 colchones hospitalarios y 69 almohadas.

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Aguirrezabal destaca que, si bien en las actuales circunstancias de alarma sanitaria están centrando los esfuerzos en prestar información útil y rigurosa relacionada con la situación de crisis sanitaria y las medidas tomadas por el Gobierno, la voluntad del Ministerio es “garantizar la continuidad de las prestaciones, ayudas asistenciales y la asistencia sanitaria que se presta a quienes más lo necesitan, así como de los programas de subvenciones y otras actuaciones a favor de los emigrantes y retornados y sus asociaciones”. En la carta -a cuyo contenido ha tenido acceso España Exterior- la directora general recalca que “las líneas de actuación que estamos desarrollando” tienen como finalidad “garantizar los derechos de la ciudadanía española en el exterior, esos más de dos millones y medio de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, tal y como mandata la propia Constitución española”. Respecto a la actual situación de alarma sanitaria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha garantizado a los españoles residentes en el exterior “la continuidad de las ayudas asistenciales y la asistencia sanitaria a través de los programas de la Dirección General de Migraciones”, según indica en su página web. Al mismo tiempo pone a disposición de los ciudadanos españoles residentes en el exterior su red de consejerías, cuya relación completa se encuentra en el sitio web del Ministerio. Asimismo, la directora general de Migraciones en su misiva indica que para los españoles que se encuentran en el extranjero se ha publicado información relevante en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Recuerda también que en la web del Ministerio de Sanidad se puede acceder a la información oficial sobre las medidas y datos relativas a los efectos de la pandemia en España. Irune Aguirrezabal también señala que “hemos actualizado nuestros portales dependientes de la Secretaría de Estado de Migraciones para garantizar a los ciudadanos residentes en el exterior que puedan estar informados sobre la situación y dirigir sus demandas a través de las vías (y enlaces) previstos para gestionar cualquier asunto”. Los enlaces son los siguientes. Portal de la ciudadanía española en el exterior Movilidad internacional Carta de España También pide a los representantes de la ciudadanía española en el exterior que trasladen a este colectivo las medidas que se están dictando por el Gobierno que ordenan la restricción de la movilidad de todos los españoles, lo que sin duda afecta a los españoles en el exterior. Aguirrezabal recuerda que los no residentes no deben regresar a España en los próximos meses, ya que les afectan las restricciones en las fronteras exteriores, y deberán seguir atentamente las medidas y el levantamiento de las restricciones a la movilidad. La responsable de las  políticas de emigración lanza un mensaje de ánimo a la ciudadanía en el exterior. “Entre todos vamos a salir adelante, y lograremos retomar la normalidad”, afirma la directora general quien también expresa su deseo de que, en cuanto sea posible, “retomaremos también con ímpetu renovado la actividad de reuniones del Consejo, durante las cuales podremos al fin conocernos en persona y celebrar que estamos juntos”. 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Estas preguntas abarcan todos los programas que desarrolla la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también se refieren a otros aspectos de la política de atención a la diáspora como las solicitudes de homologación y convalidación de títulos, el Plan de Retorno a España y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Las iniciativas parlamentarias, que fueron presentadas el pasado 6 de marzo y vienen firmadas por la diputada por Ourense y responsable de Emigración y del PP en el Exterior, Ana Belén Vázquez Blanco, y las diputadas María Teresa Angulo Romero y Pilar Marcos Domínguez, se suman a otra pregunta y una proposición no de ley presentada en Comisión que registró el Partido Popular el día 5 de marzo. El PP pregunta al Ejecutivo qué medidas tiene previsto adoptar respecto a las prestaciones por razón de necesidad destinadas a cubrir las necesidades básicas a los españoles que se encuentran en una situación de precariedad y residan en el exterior en sus distintas modalidades de ancianidad, incapacidad absoluta para el trabajo y de asistencia sanitaria, que es el programa dirigido a los españoles en el exterior al que se destinan más recursos. También sobre las prestaciones para los ‘niños de la guerra’. También pide al Gobierno que explique que va a hacer con las Ayudas asistenciales extraordinarias para ciudadanos residentes en el exterior y el programa de Asistencia sanitaria al colectivo; así como sobre las Ayudas extraordinarias para retornados y la Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados. Otro grupo de preguntas se refieren a las ayudas dirigidas a los centros, asociaciones, federaciones y entidades de la emigración. Se trata de los programas de ayudas para sufragar gastos de funcionamiento; el de ayudas para la realización de actividades de carácter informativo, asistencial y de atención a mayores y dependientes en el exterior realizadas por centros sociales, centros de día y residencias de mayores; y el de ayudas para gastos de obra nueva, rehabilitación y adaptación, y adquisición de equipamientos de las entidades españolas radicadas en el extranjero cuya finalidad es la asistencia social, sanitaria y sociocultural a favor de los españoles en el exterior. El Grupo Popular en el Congreso también reclama información sobre la ejecución del Plan de Retorno a España que fue aprobado en Consejo de Ministros en marco de 2019, y quiere saber cuántas personas han retornado gracias a esta iniciativa y a qué comunidades autónomas lo han hecho. Otras preguntas presentadas por el PP se refieren a cuántas solicitudes de convalidación de estudios y de homologación de títulos se han registrado en los años 2018 y 2019 y cuántas han sido resueltas favorable y desfavorablemente. Además, también se interesa por los plenos desarrollados por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el programa de subvenciones para la integración social y laboral de los jóvenes españoles residentes en el exterior, la continuidad de la revista ‘Carta de España’ editada por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como por el desarrollo de los programas de proyecto y de comunicación. 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A juicio de los representantes de las entidades de españoles “la única decisión sensata, y acorde con las necesidades de los colectivos emigrantes, es mantener y ampliar presupuestariamente” los programas de ayudas que viene concediendo el Gobierno “en los últimos lustros” en aplicación de las disposiciones de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que establece el marco jurídico y los instrumentos básicos para garantizar que los españoles en el extranjero puedan ejercer sus derechos y deberes constitucionales como ciudadanos del Estado español, en igualdad de condiciones que los residentes en el país. Afirman que estos programas de ayudas, “aunque insuficientes y mal dotados”, fueron diseñados y puestos en funcionamiento por la administración del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y en concreto con Consuelo Rumí y Agustín Torres como responsables de las políticas migratorias, quienes también se hicieron cargo de esta materia ya bajo el gobierno de Pedro Sánchez. 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Los firmantes también se ofrecer su total disponibilidad al ministro Escrivá “para emprender una reflexión en torno a cómo mejorar y ampliar las ayudas del Estado a la emigración” y, en este sentido, “quedamos atentos a que nos indique el procedimiento de consulta y de propuestas que desea acometer”. La carta está firmada por Berta González, presidenta de Nueva Ola Facef (Federación de Asociaciones y Centros Españoles de Francia); Antonio Espinosa, presidente de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania (CFMA); Manuel Pedraza, presidente de la Federación de Asociaciones Españolas de Luxemburgo (FAEL); Petra Fernández, presidenta de la Faceef-Ródano-Alpes Auvernia (Francia); Melanie Martínez, presidenta de la FAJA (Alemania) y Enrique Romero, presidente de la Faceef-Unión Regional Este. 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Los diputados Jaime de Olano, Ana Belén Vázquez y Pilar Marcos firman la proposición no de ley presentada por el PP ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la que se reclama al Gobierno “mantener y aumentar las ayudas y subvenciones que reciben los centros españoles, asociaciones y federaciones en el exterior”. También se pide que, dentro de las políticas sociales, se priorice “la mejora del sistema de protección de los españoles en el exterior en situación de necesidad”. Desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que esta iniciativa está justificada porque “el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció en el Congreso de los Diputados y en otros foros recientes, la intención del Gobierno de recortar los programas hacia el exterior, replanteándose las políticas de apoyo a los ciudadanos españoles en el exterior, a los centros, asociaciones y federaciones”. Y este anuncio ha provocado “inquietud y preocupación importante entre los colectivos y españoles en el exterior que dependen de las ayudas del Ministerio, pronunciándose en contra numerosos representantes de los Consejos de Residentes Españoles (CRE)”. Los mismos diputados del PP han presentado una pregunta al Gobierno para que explique por escrito cuáles son los motivos por lo que el Ejecutivo pretende cambiar la distribución de ayudas a los centros y asociaciones de españoles en el exterior. También piden al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que aclare en qué se basa para afirmar, como hizo en su reciente comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que las ayudas no llegan a los necesitados. Además, quieren saber cuáles son las ayudas dirigidas a asociaciones, federaciones y centros de españoles en el exterior que el Gobierno tiene previsto eliminar, qué entidades de la emigración se verían afectados por tales recortes y a partir de qué fecha y si el Gobierno tiene previsto que las ayudas que iban a los centros de españoles en el exterior vayan directamente a través de las consejerías laborales. Los diputados del PP preguntan también cuándo tiene previsto el Gobierno reunir al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) “y dar voz en este y otros asuntos a los españoles en el exterior”. [post_title] => El PP reclama al Gobierno que mantenga y aumente los programas de ayudas a los emigrantes [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-pp-reclama-al-gobierno-que-mantenga-y-aumente-los-programas-de-ayudas-a-los-emigrantes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-03-12 15:08:07 [post_modified_gmt] => 2020-03-12 14:08:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=947974 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw ) ) ) [1] => Array ( [estilo] => 2-noticias [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 947581 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-03-05 12:30:41 [post_date_gmt] => 2020-03-05 11:30:41 [post_content] => Cuarenta y siete miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) firman una carta que han enviado al Defensor del Pueblo en la que expresan su “honda preocupación” por “el irregular funcionamiento durante estos últimos años del CGCEE, ya que se ha vulnerado en numerosas ocasiones y de manera continuada los derechos reconocidos en las Leyes del Estado”. Indican en la misiva que el CGCEE, órgano consultivo y asesor que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se rige por un Real Decreto, por varias leyes y por un reglamento interno y enumeran lo que consideran como una serie de vulneraciones de dicha normativa que se han venido dando por parte del Gobierno en los últimos años. Por un lado, recuerda que el reglamento del CGCEE exige que se celebre, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año. El hecho de que en 2019 no se haya celebrado esta reunión y que por ahora tampoco haya información sobre cuándo se celebrará demuestra para los consejeros “la poca voluntad política de respetar la ley”. El aplazamiento de la reunión plenaria de 2019, indican en la carta, “nunca fue consensuado ni informado debidamente”. También señalan que, en la última reunión de la Comisión Permanente, celebrada en noviembre de 2019, se aprobó solicitar la fecha de febrero de 2020 para la realización de la reunión plenaria correspondiente al año anterior. A pesar de ello, “la Administración no ha respetado, nuevamente, sus obligaciones”. Los consejeros citan también que según el artículo 10.2 de la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior “el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior solicitará anualmente audiencia a las Cortes Generales para informar sobre la situación de la ciudadanía española en el exterior”. Sobre esto, indican que “en numerosas ocasiones se pidió a la Dirección General de Migraciones que nos solicitara dicha audiencia, pero esta (con gobiernos de diferentes partidos políticos) se ha negado a colaborar y a actuar con diligencia denegando nuestro derecho a informar en tiempo y forma. Durante mucho tiempo se le ha impedido al CGCEE su capacidad de transmitir información a las Cortes Generales”. Otro ejemplo del incumplimiento de los preceptos legales que afectan al CGCEE, según los consejeros, es el relativo al artículo 11.1.d del citado Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que establece que una de las atribuciones del Consejo es “conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos y de Órdenes relativos a las siguientes materias, en el ámbito de su competencia: derechos civiles, derechos laborales y protección social, educativa y cultural, siempre que los mismos afecten directamente a los españoles en el exterior”. Afirman en la carta que “han sido rarísimas las ocasiones en que se nos ha consultado con antelación sobre estas iniciativas normativas y, cuando lo han hecho, ya no disponíamos de tiempo para pronunciarnos o para que nuestra opinión pudiera surtir algún efecto”. También indican que la falta de recursos de la Administración -en concreto la falta de personal en la Subdirección General de Emigración o la falta de colaboración de algunos cónsules- impide al Consejo garantizar la participación de la ciudadanía en el exterior, una de sus finalidades recogidas en el artículo 1.2 del Real Decreto 230/2008 por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior Los consejeros critican, además, que el presidente del CGCEE no sea elegido por los propios miembros del Consejo, sino que sea nombrado por el Gobierno y a ellos solo se les consulte. Asimismo, indican que perciben una “falta de respeto, de falta de interés en cumplir con su labor, irresponsabilidad o presunción de los políticos” en su obligación de velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de este órgano. Para los 47 miembros del CGCEE que firman la carta, entre los que hay representantes de la colectividad española en 25 países, así como de federaciones de emigrantes y de retornados y de sindicatos, todos estos ejemplos reflejan “el cúmulo de irregularidades en el modo de gestionar el funcionamiento de la única institución que representa a los emigrantes” y consideran que muchos de estos comportamientos “rozan la ilegalidad, si no la incurren plenamente”. Asimismo, afirman que “tratar a la diáspora con condescendencia y desprecio demuestra una gran falta de consideración hacia el colectivo de la emigración que representa a más de dos millones y medio de compatriotas” y por este motivo solicitan la intervención del Defensor del Pueblo “para reclamar el respeto y la aplicación de las leyes de nuestro país que regulan los deberes y derechos del Consejo de la Ciudadanía Española del Exterior, de sus consejeros y de los españoles residentes en el exterior”. [post_title] => Cuarenta y siete consejeros del CGCEE envían una carta al Defensor del Pueblo expresando su preocupación por el “irregular” funcionamiento de este órgano [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => cuarenta-y-siete-consejeros-del-cgcee-envian-una-carta-el-defensor-del-pueblo-expresando-su-preocupacion-por-el-irregular-funcionamiento-de-este-organo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-03-10 14:58:12 [post_modified_gmt] => 2020-03-10 13:58:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=947581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 947206 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-02-28 13:25:10 [post_date_gmt] => 2020-02-28 12:25:10 [post_content] => Mucha preocupación se manifiesta en los centros españoles afincados en Venezuela, tras publicarse la confirmación de que el Gobierno se replanteará la política de apoyo a los españoles y sus organizaciones en el exterior. Según ha salido a la luz pública, es posible que sean eliminadas buena parte de la subvenciones y programas de asistencia para los españoles y centros de españoles en el exterior, lo que ha levantado una alarma especialmente en Venezuela, donde una grave crisis económica incide directamente en la calidad de vida de las personas y en el buen funcionamiento de estas entidades. Venezuela es un país prolífico en organizaciones de españoles. Según la página del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, están en funcionamiento un total de 112 centros e instituciones de españoles en este país, los cuales hacen un gran esfuerzo por mantenerse en pie dentro de las circunstancias establecidas por un entorno muy hostil y tratando en lo menos posible de afectar a la economía de las familias que pertenecen a estas entidades. Hay preocupación en los centros españoles El presidente de la Federación de Centros Españoles en Venezuela y miembro del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Roberto González Pérez, expresó su preocupación por las noticias que han estado llegando a través de los medios de comunicación en cuanto a “recortes o evaluación de los programas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”. Señala que esta situación les crea “mucha incertidumbre” porque, específicamente en Venezuela, hay muchos centros y asociaciones pequeñas que “para su existencia dependen directamente de las subvenciones que vienen de este Ministerio”. Esta misma Federación, explica, se sostiene a través del programa de apoyo a las Federaciones de Centros y Asociaciones. Además, esta incertidumbre aumenta, según explica González Pérez, porque no hay quien facilite una información oficial sobre el tema. “Yo he hablado con el consejero de Trabajo en nuestro país, preguntándole si tenía noticias, y él me ha manifestado que no tiene ninguna comunicación oficial de Madrid, simplemente lo que ha llegado por la prensa”. Roberto González, señaló que según lo expresado por el ministro en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, “damos casi por hecho que los programas para el exterior van a ser revisados y reestructuradas”. Pero, explica, el ministro durante casi toda su intervención hizo énfasis en la emigración de las personas que salieron de España recientemente, en los últimos años, mas habló muy por encima de la emigración de 40, 50 y más años atrás, como puede ser “la que está en nuestro país y hacia los que van dirigidas muchas de esas ayudas”. El presidente de Feceve aseguró que se verían afectados los centros, las asociaciones las federaciones, así como todos los afiliados a esas organizaciones, pero también el colectivo de españoles en general “porque en el caso de Venezuela, en los últimos años han sido muchas las personas beneficiadas por las ayudas de la Consejería de Trabajo que aunadas a las ayudas que vienen de las diferentes comunidades autónomas, es lo que ha permitido solventar un poco todas las necesidades que ha tenido el colectivo español en el país”. “Esperemos que no sea un recorte, un cambio de política con criterios que desconocemos y creo que deberíamos participar en la discusión de estos temas. Porque esta misma incertidumbre la tenemos desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”, una instancia que está para asesorar a las autoridades en estos temas y que tiene más de un año de retraso en la realización de su reunión. González finalizó señalando que “en el Ministerio están en deuda con el Consejo, están en deuda con el debate de todos estos temas, entonces obviamente sentimos gran preocupación a todos los niveles, desde cómo serán las ayudas individuales, cómo serán las ayudas a los centros y cómo serán incluso las ayudas a las entidades que prestan asistencia a sanitaria a los españoles, sobre todo a los mayores de 65 años que son los más vulnerables, porque no sabemos si esto abarcaría las ayudas que se ofrecen a través de la Fundación España Salud -FES-, que en la actualidad hace una importantísima labor en nuestro país”. “Suena absurdo que se le quite un presupuesto a la gente de la emigración cuando al mismo tiempo aumenta el presupuesto general del Estado” Sobre la posibilidad de que se reduzcan las ayudas a los emigrantes y a los centros y asociaciones, el presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela (HGV) y consejero también del CGCEE, José Antonio Alejandro González, afirmó con sorpresa que “cuesta creer que una persona que esté relacionada con la emigración realice este tipo de afirmaciones. Al mismo tiempo, al dar esta opinión creo que tiene pleno desconocimiento de lo que fue emigrar”. El titular de una de las entidades más importantes de toda la emigración española en todo el mundo consideró que el ministro Escrivá “creo que no tiene pleno conocimiento de lo que son los centros españoles hoy en día, y sobre todo en Venezuela”. En este sentido explicó que las entidades españolas en el país son en estos momentos “una burbuja donde todos los españoles pueden desarrollar sus actividades, no solo culturales o deportivas sino también su vida social”. Además, recalcó que “la parte social en los centros españoles siempre ha sido determinante y es un lugar donde todos los españoles se sienten a gusto y pueden sentirse cobijados”. Estas entidades, recalcó José Antonio Alejandro, ejecutan muchas acciones de tipo social. “El club hoy en día pueda dar desde una ayuda económica, medicinas o tener un centro de día para que una persona que se encuentra sola en su casa pueda tener la facilidad de pasar el día entero en una institución rodeada de paisanos y poder acudir a muchas actividades”. “Esta es una de las funciones que podrían quedar sin ejercicio y sin efecto en un centro español si se suspenden estas ayudas y estos programas”. El recorte de los programas de ayudas a la emigración supondría, según el presidente de la HGV, “un duro golpe porque habría que dejar muchas actividades o que muchos españoles dejen de asistir a los clubes”. Explica que gracias a esas ayudas las cutas mensuales son accesibles y si desaparecen muchos españoles no podrán acudir a las entidades ya que tendrían que elevarse las cuotas. Por otra parte, José Antonio Alejandro explica que hoy en día los más necesitados en Venezuela son “esa clase media que ya no existe, que se ha convertido en clase baja”, personas de mediana edad que incluso tenían un negocio o trabajaban por cuenta propia y que ahora “están quemando sus ahorros y no van a poder salir adelante”. “Es esa clase media la que solicita una ayuda asistencial y que requiere de una institución que pueda ayudarle a cubrir sus necesidades, y esa institución no podría facilitársela porque no va a recibir la ayuda”. “Consideramos que las subvenciones o los programas de ayudas a las entidades de la emigración nunca serán mal invertidos porque se van a ver reflejados en cantidad de personas y en cantidad de españoles que, de alguna manera, ya sea con actividades culturales, deportivas o sociales, se verán beneficiados”, afirmó. Por último, el presidente de la HGV reflexionó que la intención de recortar las ayudas a los emigrantes y a los centros y asociaciones “se podría catalogar de locura y creo que hay que pensarlo más en frío y no tomar decisiones tan aceleradas”. E indicó que “suena absurdo que se le quite un presupuesto a la gente de la emigración cuando al mismo tiempo aumenta el presupuesto general del Estado”. Aragoneses en Venezuela apuestan por sumar y no restar programas Juan Corona, presidente de la Asociación Aragonesa de Venezuela, señaló que para tomar medidas como las que se están anunciando en los medios de comunicación y ante la imprecisión de la información, “la óptica de las autoridades debe partir de una clara visión de lo que son los centros y agrupaciones españolas en el exterior”. “Un español puede ir al consulado o a la embajada un par de veces al año, pero este español va a su centro todas las semanas, tiene vida social con sus paisanos, recibe apoyo sanitario, se educa y afianza sus tradiciones, hace deporte y se recrea, resumiendo, se siente en España”, indicó. Corona asegura que en esos centros donde hay miles de voluntarios que con sus acciones mejoran la calidad de vida de los españoles en el exterior, en ocasiones viven entornos complicados. “Esos voluntarios con sus acciones son embajadores gratuitos en centros que son embajadas que le cuestan poco o nada al Gobierno español. Desde mi óptica hay que sumar, no restar”. Explica que su entidad cuenta mayoritariamente con españoles llegados en los años cincuenta, “hijos de la guerra, muchos de ellos venían sin familia y con mucha incertidumbre, y fueron los centros hispanos los que les facilitaron integrarse, preservar y hacer crecer la hispanidad”. “Hoy en día, ya mayores, con dificultades para enfrentarse a trámites burocráticos, sin la destreza de gestionarlos en una computadora o trasladarse a un consulado, con complejidades sanitarias e incluso problemas económicos, es nuestra misión apoyarlos en sus dificultades y preservar nuestras tradiciones. Por eso insisto, hay que sumar, necesitamos mas apoyo, no podemos restarle calidad de vida a nuestros paisanos”, finalizó Corona. Venezuela y su crisis Todos los países se verán afectados por unos anuncios que parecen dirigidos a continuar restando derechos y beneficios a los españoles en el exterior, pero para el colectivo que reside en Venezuela supondría el agravamiento de una situación que para muchos es ya de una altísima precariedad. Los centros españoles en este país no son clubes meramente recreacionales, todos se abocan a la protección de sus integrantes y apoyan la labor incluso en personas del colectivo que no forman parte de sus socios. Por ahora, no se sabe si incluso la Fundación España Salud podría verse afectada, pero en estos momentos lo que sí es un hecho es que no se ha renovado el Plan Especial de Apoyo Sanitario a la Ciudadanía Española, que para 2019 contaba con 3 millones de euros y para el cual se había prometido aumentar su presupuesto a 6 millones de euros en 2020. Los líderes de los diversos centros y asociaciones de españoles en Venezuela han estado tratando de obtener información oficial y fidedigna sobre estos anuncios, especialmente después de la intervención del ministro en el Congreso, sin embargo, es no ha sido posible. [post_title] => Gran inquietud entre los españoles en Venezuela por los posibles recortes en los programas para la emigración y los centros y asociaciones [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => gran-inquietud-entre-los-espanoles-en-venezuela-por-los-posibles-recortes-en-los-programas-para-la-emigracion-y-los-centros-y-asociaciones [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-03-11 12:51:00 [post_modified_gmt] => 2020-03-11 11:51:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=947206 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 1 [filter] => raw ) ) ) [2] => Array ( [estilo] => texto-foto [invertir] => 1 [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 947267 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-03-02 12:18:03 [post_date_gmt] => 2020-03-02 11:18:03 [post_content] => El Rey Felipe VI fue informado por directivos de las instituciones españolas en el Uruguay sobre su preocupación por los posibles recortes del Gobierno central en los programas para la emigración y los centros, prometiendo volver en otra ocasión con más tiempo para poder visitar la colectividad y el Hogar Español del que sabe las necesidades que está teniendo. Así se lo hicieron saber durante el encuentro que mantuvo con la colectividad el sábado 29 de febrero al que acudió un grupo de poco menos de un centenar de representantes de los 70.000 españoles que residen en Uruguay El presidente de la Federación de Instituciones Españolas del Uruguay (FIEU), Jorge Torres, una vez culminada la recepción, y ya en el exterior de la Embajada, explicó que “los planteos que le hicimos a Su Majestad y posteriormente a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, fueron referidos a los trascendidos por la prensa de los recortes de las ayudas de las instituciones en el exterior y a los medios de prensa especializados, lo que como presidente de la Federación de Instituciones Españolas, nos importa bastante”. Aseguró que “aprovechamos la oportunidad para hacerle el planteo, porque para nosotros ese tipo de ayuda es vital para las instituciones, así como también es fundamental que lleguen las informaciones en papel para que nuestros mayores que no manejan las nuevas tecnologías se nutran en los clubes leyendo esos diarios en papel”. Torres confirmó que “hemos encontrado de parte de Su Majestad una recepción muy amable de nuestras explicaciones, escuchando y se vio que está informado de la situación del colectivo en Uruguay”. “Le presentamos la situación de las distintas regiones, de las mutuas médicas y del Hogar Español, que creemos que es parte preocupante de ese recorte que, si eventualmente se realiza, perjudicará a toda la colectividad”, puntualizó Torres. Asimismo, le planteó a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que acompañaba al Rey “para plantearle el tema del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), como una de las vicepresidentas de este órgano de representación de los españoles residentes en el extranjero, que nos preocupaba mucho que no se hubiera convocado el pleno del año 2019 y que al entrar marzo de 2020 todavía no tenemos novedad de esa convocatoria. Es más, en conversaciones con el presidente del consejo, Eduardo Dizy, nos ha comentado que no ha tenido respuesta de las nuevas autoridades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y vuelve a ser una preocupación para todos los consejeros en el mundo” aseguró Torres, consejero del CGCEE por Uruguay. Agregó que están estudiando enviar una carta al Defensor del Pueblo o una protesta generalizada por nota, confesando que “estamos totalmente de acuerdo porque es una realidad que no se ha concretado, pero también somos conscientes que este tipo de protestas lo que hacen es condicionar a nuestro presidente Dizy, por lo que nosotros siempre manejamos prudencia para preservar esa unión sin divisiones”. Le interrogamos al presidente de la FIEU y consejero del CGCEE si no le parecía que se estaban intercambiando beneficios o derechos en esta presunta reducción presupuestaria, ya que por un lado se procuraba solucionar definitivamente el voto de la diáspora y por otro se le quitan las ayudas. Torres afirmó que “estamos totalmente en contra, sobre todo los países latinoamericanos, donde nuestra emigración es de gente mayor que vino en los años cincuenta. Y si bien las instituciones son centenarias, han llevado las tradiciones adelante y son prioritarias esas ayudas porque no hemos logrado visualizar cómo hacer el recambio generacional. Entonces, ante ello tenemos dos opciones: o cerramos las instituciones y dejamos de ser la imagen viva de España, o recibimos el apoyo de España para que esas instituciones sigan vivas y sigan mostrando lo que es España, sus costumbres, sus raíces, cultura, y a su vez tratar de procurar revitalizarlas con la incorporación de nuevos dirigentes de las nuevas generaciones y la participación de la mujer”. Torres sentenció que, si bien “por ahora son informaciones periodísticas, no queremos ni que se plantee la posibilidad”. Justamente para aclarar de que solo eran trascendidos, la otra consejera por Uruguay, la actual secretaria general del PSOE de Uruguay, Vicenta González, “sin ánimo de polemizar, aclaré que en ningún momento el ministro dijo que se fueran a reducir los programas de ayudas a las asociaciones y centros que operan en el exterior; sino que lo que se está es analizando las ayudas que se están concediendo para que sean más eficaces, pero no hacer recorte, siendo la diputada Pilar Cancela quien informó al respecto”, aseguró. Finalmente, González y Torres informaron acerca de los recuerdos sobre Uruguay y su colectividad que tiene su Majestad ya que por el año 87 vino como guardiamarina en el Sebastián Elcano y en aquella oportunidad visitó el Hogar Español, del que dijo saber la crítica situación por la que atraviesa, expresando su interés en volver con más tiempo para poder departir con todo el colectivo español y visitar el buque insignia, la última aldea de los emigrantes españoles en Uruguay.
Visita institucional Felipe VI llegó a media mañana del sábado 29 de febrero a la residencia del embajador de España en Montevideo, José Javier Gómez-Llera, acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. Tras saludar al personal de la residencia que le dio la bienvenida en la puerta, se realizó el protocolar saludo de cada uno de los invitados para luego, de forma más distendida, charlar en el hermoso jardín de la residencia. Primero lo hizo con empresarios y referentes de la cultura y el mundo académico, como el rector de la Universidad Católica del Uruguay, Julio Fernández Techera, el director del ballet nacional Sodre, Igor Yebra, y el asturiano Enrique Iglesias, exsecretario iberoamericano, entre otros. Don Felipe prosiguió con su agenda de actividades en el Club House Altos de la Tahona, en el que tuvo lugar un encuentro con el electo presidente Luis Lacalle Pou, quien le esperó con toda su familia para deleitarse de un asado con las más especiales carnes uruguayas. Luis Lacalle Pou ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de Uruguay celebradas el pasado 24 de noviembre, en una coalición de cinco partidos que derrotaron por poco más de 30.000 votos al candidato del Frente Amplio, el hijo de asturianos Daniel Martínez, exintendente de Montevideo. De esta forma el domingo 1 de marzo le impuso en el cargo en el Palacio Legislativo, el senador más votado, descendientes de vascos y expresidente uruguayo, José Mujica. Luego, en la plaza Independencia Lacalle recibió la banda presidencial de parte de otro nieto de cuatro abuelos gallegos, Tabaré Vázquez, que culmina así su segundo mandato, el primero entre el 2005 y 2010, repitiendo en el 2015. El presidente electo de la República Oriental del Uruguay para el período 2020-2025 y líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, nacido el 11 de agosto de 1973, es el heredero de una de las más famosas dinastías políticas del país, adherida a posiciones conservadoras. Su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, ya sirvió como presidente de la República en el período constitucional 1990-1995, y obtuvo la nacionalidad española algo a lo que su hijo no pudo optar aún.
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El comunicado fue aprobado con el apoyo de todos los miembros del CRE salvo Gustavo Fernández y Xoán Negreira. En el texto, el CRE se pregunta: “¿Puede un gobierno que se dice progresista, con un presupuesto de 470.000 millones de euros, abandonar a los españoles en el exterior recortando gastos por 1,5 millones de euros, mientras incrementa en 5 millones el gasto en altos cargos y asesores? Claramente, no. Es inasumible y claramente agraviante”. Los representantes de la colectividad española en la demarcación consular de Buenos Aires recuerdan que “España tiene radicados en terceros países mas de 2 millones de ciudadanos que dieron vida a más de 500 centros asociativos de todo tipo y tamaño que son las referencias locales de la riqueza del mundo hispano”. 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Los ‘populares’ rechazan y repudian enérgicamente las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá “en las que comunica la decisión de recortar los programas del Estado hacia sus colectivos residentes en el exterior”, según dicen en el comunicado. Desde el PP de Argentina afirman que sería una “irresponsabilidad absoluta” recortar las ayudas asistenciales y extraordinarias ya que “estas ayudas están destinadas a los españoles con menos recursos y sirven, en muchos casos, para gastos indispensables y necesarios, como por ejemplo para la compra de medicamentos. Sin estas ayudas, miles de emigrantes no podrían afrontarlos”. Además, califican de “insensatez” reducir las ayudas a las asociaciones y centros ya que “estas entidades son una referencia ineludible de la España exterior. Mantienen viva nuestra cultura y el vínculo permanente con nuestra tierra. Y también, en muchos casos y en numerosos países de Latinoamérica, cumplen una función de ayuda vital para con sus asociados”. Añaden que sería “absolutamente lamentable” la supresión del Consejo General de la Ciudadanía Española en Exterior (CGCEE) y los Consejo de Residentes Españoles (CRE). “Los CRE, regulados por la Ley de la Ciudadanía Española en el Exterior y por el Real Decreto 1960/2009, cumplen la vital función de trasladar y transmitir las inquietudes de los españoles a los Consulados. Sin estos entes, los españoles nos quedaríamos sin voces para manifestar nuestras problemáticas”, añaden. Por último, el PP de Argentina considera que es un desprecio hacia la emigración que el Gobierno se plantee recortar las ayudas a la emigración en 1,5 millones de euros al mismo tiempo que aumenta el Presupuesto General del Estado en un 3% y el gasto en altos cargos en 5 millones de euros. “Entendemos que sería una injusticia histórica. 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Por ejemplo, este año todavía no se convocó al pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) que había quedado pendiente del año pasado. A pesar de nuestros permanentes reclamos a través de notas internas, era un tema que dilataban y dilataban, así que el destrato ya era mayúsculo porque pedíamos explicaciones y no nos las daban, y eso ya demuestra que hay una intención de que el CGCEE desaparezca”, afirmó Susana Carbia quien, además de integrar el CRE de Buenos Aires, forma parte de la Comisión de Mujer y Juventud en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Otra señal que Carbia indicó que ya iba en esa dirección por parte del Gobierno de Pedro Sánchez fue el cese de la subdirectora general de Emigración, Yolanda Gómez Echevarría, uno de los nexos principales entre los representantes de la ciudadanía española en el exterior y la Administración española, “lo que ya significaba que nos olvidemos del pleno”. En concreto, la consejera explicó que la quita de ayudas a los centros y asociaciones significaría el cierre de la gran mayoría de las entidades: “Es indignante, una demostración de ignorancia sobre todo lo que hizo y construyó la emigración para España. Es realmente preocupante lo que sucederá con los centros, sobre todo en países como Argentina o Venezuela, que ya de por sí atraviesan situaciones económicas muy difíciles y en los que los emigrantes y sus descendientes hacen un esfuerzo muy grande todos los días por mantenerlos abiertos”. En la misma dirección, consideró que los recortes en las ayudas individuales “es una falta de sensibilidad mayúscula, porque hay mucha gente que no va a poder cubrir sus necesidades básicas de subsistencia”, y agregó que también se pone en riesgo el futuro de muchos hogares y residencias de ancianos que desempeñan una labor fundamental de atención a los emigrantes mayores más necesitados. Carbia adelantó que tanto los miembros del CGCEE como los del CRE de Buenos Aires ya están consensuando un escrito para presentar al Gobierno, a los medios y a la colectividad en general para expresarse públicamente y para exigir que se cumpla con lo que establece el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Por su parte, Martín Miméndez, quien además de formar parte del CRE es el responsable de la delegación del Partido Popular en Argentina, expresó que la situación es “gravísima, un golpe importantísimo para la emigración porque no sólo afectaría a los centros y asociaciones, sino también a los españoles más necesitados que subsisten en muchos casos gracias a las ayudas del Gobierno nacional”. Miméndez explicó que las ayudas a los centros no sólo están destinadas para la realización de obras o determinados proyectos, sino también para financiar el desarrollo de sus actividades cotidianas, por lo que su quita pondría en grave riesgo el futuro de instituciones que brindan una importantísima labor social y cultural en favor de la colectividad. Asimismo, consideró que todas las señales apuntan a que se pretende disolver tanto el CGCEE como los Consejos de Residentes, algo que, recalcó, constituiría un golpe mortal al único canal que tiene la ciudadanía en el exterior para hacer llegar de manera directa a la Administración española sus inquietudes, preocupaciones y necesidades: “Una decisión de esa magnitud sería una irresponsabilidad enorme por parte del Gobierno”, resumió. [post_title] => Miembros del CRE de Buenos Aires expresaron su inquietud e indignación por los posibles recortes en los programas de ayudas a la emigración y sus entidades [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => miembros-del-cre-de-buenos-aires-expresaron-su-preocupacion-e-indignacion-por-los-posibles-recortes-en-los-programas-de-ayudas-a-la-emigracion-y-sus-entidades [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-03-11 12:50:53 [post_modified_gmt] => 2020-03-11 11:50:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=947297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 2 [filter] => raw ) ) ) [4] => Array ( [estilo] => texto-foto [invertir] => 1 [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 947143 [post_author] => 6 [post_date] => 2020-02-27 18:20:50 [post_date_gmt] => 2020-02-27 17:20:50 [post_content] => El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó en el Congreso que está replanteándose las políticas de apoyo a los ciudadanos españoles en el exterior y a los centros y asociaciones. En su comparecencia de más de cuatro horas ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados celebrada el jueves 27 de febrero, Escrivá afirmó que “estamos evaluando las distintas prestaciones que hay porque yo creo que tienen que ser focalizadas y ver si realmente las prioridades están bien fijadas o no”. Añadió, además, que “a veces las políticas tienen mucha inercia y conviene en un momento determinado mirar la fotografía, sentarse y decir realmente, este dinero que es el que es, ¿está yendo realmente a las personas que más lo necesitan?”, con lo que puso en duda las acciones de apoyo a la emigración desarrolladas por sus antecesores hasta el momento. “Vamos a ver si exactamente estamos ayudando a los que lo necesitan y de la forma adecuada”, concluyó. Las palabras del ministro sonaron a que solamente se destinará dinero a los casos más extremos de necesidad lo que implicaría reducir los programas de ayudas a la ciudadanía española en el exterior al mínimo e incluso darle la puntilla a un colectivo que ha venido sufriendo considerables recortes en las ayudas públicas y en sus derechos -limitando el acceso a la nacionalidad y el ejercicio del derecho al voto- desde hace más de una década. Atrás quedan programas como las becas Reina Sofía, la participación en los viajes del Imserso, el programa de jóvenes o el programa de proyectos de investigación, el cual no se sabía si se convocaría o no. Y esta reducción estará enmarcada en una subida presupuestaria superior al 3%. Es decir, el presupuesto de gasto del Estado en su conjunto aumentará mientras que el destinado a los españoles en el extranjero se recortará. A pesar de que dijo que la emigración española es muy heterogénea, para el ministro solo hay dos tipos de emigrantes, aquellos que dejaron España hace muchísimos años, “que hay que respetar sus derechos y ayudarles en algunas necesidades”, y quienes lo hicieron en la última década, “que tienen una problemática distinta”. Sobre el retorno, el ministro afirmó que su compromiso es “desarrollar programas de retorno”, pero entendidos como la creación de una serie de condiciones que faciliten ese retorno. En su opinión, quienes emigraron recientemente “son personas cualificadas, son personas que tienen en este momento trabajos interesantes y que probablemente su prioridad más es saber que si se han ido a estudiar se van a homologar sus estudios con rapidez, con mucha mayor rapidez que ahora si en algún momento se plantean volver. O que sus hijos puedan estudiar el castellano por si en algún momento quieren volver y surge una oportunidad de trabajo”. Por otro lado, el ministro afirmó que “tenemos que suprimir el voto rogado ampliando los plazos de emisión y del envío del voto por correo”. Reconoció que el actual sistema “genera desafección”. 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Según han confirmado a España Exterior fuentes del propio ministerio, estas medidas están dentro del programa de actuación del nuevo equipo que dirige José Luis Escrivá cuya intención es reducir lo que es el apartado de emigración al mínimo. La eliminación de las ayudas asistenciales y extraordinarias supondría un auténtico golpe a la subsistencia de muchos emigrantes de escasos recursos que viven en países donde la protección social es prácticamente inexistente o que solo está al alcance de quienes gozan de amplios recursos. Se trataría, según ha podido saber este medio, de “optimizar” los programas de ayudas asistenciales y extraordinarias para convertirlos en algo residual. Dentro de las ayudas asistenciales se encuentran las prestaciones por razón de necesidad dirigidas a aquellos españoles del exterior que no cuentan con una prestación digna cuando dejan de trabajar y que viven en muchos casos en situación de auténtica necesidad, las prestaciones para quienes sufren una incapacidad absoluta para el trabajo y la prestación de asistencia sanitaria. La eliminación de esta prestación dejaría a decenas de miles de compatriotas sin ningún tipo de asistencia socio sanitaria y abandonados en países sin recursos para atenderlos. Sin embargo, el artículo 19.1 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior) establece taxativamente que la Administración General del Estado “garantizará el derecho a percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a la realidad socioeconómica del país de residencia”. Y en el artículo 20.3 se indica que “los poderes públicos, en el marco de la regulación de la atención a la dependencia, desarrollarán medidas específicas, especialmente de carácter asistencial, sanitario y farmacéutico, encaminadas a la consecución del bienestar integral de la ciudadanía española en el exterior en situación de necesidad, en aras de alcanzar la gradual asimilación a las prestaciones vigentes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, conforme a lo que disponga la legislación vigente”. Por otra parte, la eliminación de las ayudas a centros y asociaciones, muchas de las cuales realizan una auténtica labor asistencial hacia los emigrantes más desfavorecidos, llevaría a muchas de ellas al cierre obligado. La convocatoria de este programa para este año 2020 ya se publicó el pasado mes de diciembre, pero ahora no se sabe si su tramitación se llevará a término o no. La cuantía destinada a estas entidades ascendía a unos 1,3 millones de euros a repartir entre más de 500 entidades españolas de interés social radicadas en el extranjero. Cabe recordar que el artículo 20.2 de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior establece que “los poderes públicos prestarán especial apoyo en particular económico a aquellos centros y asociaciones de españoles en el exterior y retornados en el Estado español que cuenten con infraestructuras adecuadas para la atención de personas mayores o en situación de dependencia. Se incentivarán las redes que generen un mejor aprovechamiento de los recursos públicos”. Además, la idea del ministro es eliminar toda la política de comunicación de la Administración con la emigración española, lo que supone el cierre de la revista ‘Carta de España’, tanto en su versión impresa como en su versión digital. Esta publicación lleva 34 años informando a los españoles residentes en el extranjero sobre cuestiones que les afectan directamente. También está prevista la eliminación de otros programas tradicionales que venía ejecutando desde hace más de 30 años el Gobierno central, como el de comunicación, a pesar de que en el artículo 21.1 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior se indica que “la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas promoverán el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento en el exterior, a través de la red de consulados, embajadas, centros estatales y autonómicos en el mundo, asociaciones y medios de comunicación encaminadas a facilitar la inserción socio-laboral de los españoles residentes en el exterior, a través de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con entidades públicas o privadas”. En definitiva, las medidas que piensa poner en marcha el ministro José Luis Escrivá chocan directamente contra la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. La emigración, una rémora Pero los primeros síntomas de que la emigración española iba a ser una rémora para el nuevo ministro no deben sorprender ya que desde su toma de posesión el pasado enero no ha dirigido ni una sola palabra a los ciudadanos españoles que viven fuera del país. Y tampoco desde la Secretaría de Estado de Migraciones ha habido movimiento alguno en este sentido. Prueba de que los cambios en el departamento auguran el ostracismo de las políticas a favor de la ciudadanía española en el exterior ha sido el cese de la subdirectora general de Emigración, Yolanda Gómez Echevarría, una funcionaria ejemplar que ha desarrollado su labor tanto en gobiernos del PSOE como del PP, que gozaba del aprecio de los representantes de la emigración y que se había convertido en una ayuda especial para el colectivo de la emigración y el retorno. Y además de su cese, todavía no se sabe cuándo se celebrará el III Pleno del VII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Debería haberse celebrado en 2019, pero las sucesivas convocatorias electorales de abril y noviembre lo impidieron. Luego se anunció desde la Dirección General de Migraciones que se celebraría en febrero, pero no va a ser así. Y nadie sabe cuándo se reunirá este órgano, lo que supone un flagrante incumplimiento de la ley. El CGCEE está previsto en el artículo 10 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y en el artículo 16.1 del Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior se indica que “el Consejo General celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año”, cosa que no sucedió en 2019 puesto que la última reunión plenaria fue en junio de 2018. Cabe recordar que a aquella reunión acudió el anterior equipo de la Secretaría de Estado de Migraciones, encabezado por Consuelo Rumí, y que anunció que el Gobierno recuperaría los niveles de atención a los españoles en el exterior anteriores a la crisis, algo que ahora parece desvanecerse por completo.
Programa de mayores y Plan Especial de Apoyo Sanitario a la Ciudadanía Española en Venezuela, en el aire Además de las ayudas citadas anteriormente, hay otros programas de también están en el aire. Por ejemplo, el Programa de Mayores y Dependientes cuyo objeto es mejorar las condiciones de vida de los españoles mayores y/o dependientes en el exterior mediante el apoyo a centros sociales, centros de día y residencias de mayores, para la realización de actividades de carácter informativo, social o asistencial de las instituciones que tengan como finalidad la atención de dicho colectivo y que en 2019 contó con 2,5 millones de euros. Por otro lado, también está en el aire la renovación del Plan Especial de Apoyo Socio-Sanitario a la Ciudadanía Española en Venezuela que contaba con casi 3 millones de euros para la atención médico-farmacéutica a mujeres embarazadas (embarazo, obstetricia y parto); a neonatos y lactantes hasta los 12 meses; a niños hasta los 12 años; a pacientes oncológicos el suministro de medicación a enfermos crónicos, asistencia primaria y suministro de medicación, asistencia oncológica y alimentación. Además, incluía la concesión de ayudas individuales por 50.000 euros a españoles mayores de 65 años, o menores de esa edad en situación de dependencia, con necesidades de atención en instituciones residenciales privadas que no puedan sufragar con sus propios recursos, siempre que no existan otras de carácter público que presten ese servicio o no sea posible su atención en otros centros beneficiarios de subvenciones de la Dirección General de Migraciones previstas a tal fin.
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