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                                            [post_content] => El Rey Felipe VI y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, mantuvieron el pasado 15 de abril sendas videoconferencias con los embajadores españoles en China, Rafael Dezcallar, Perú, Ernesto de Zulueta, y México, Juan López-Dóriga, para hablar sobre los procesos de repatriación de los españoles en el exterior y de dichos países en particular, así como sobre la situación de la colonia española que vive fuera del país ante la crisis sanitaria del coronavirus.

Es la segunda ocasión en la que la titular de Exteriores acude a la Zarzuela para tratar fundamentalmente de dos cuestiones: los contactos con sus homólogos en los países en los que también se lucha contra la pandemia y el operativo para repatriar a los españoles no residentes en el extranjero a quienes la pandemia pilló en el extranjero.
                                            [post_title] => El Rey se interesa por los procesos de repatriación de los españoles en el exterior
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                                            [post_content] => El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo un encuentro virtual con los gallegos de Brasil a través de una videoconferencia que celebró el viernes 17 de abril y en la que se acercó a la realidad que están viviendo a causa de la crisis del coronavirus, que está afectando con diferente intensidad a los países con mayor presencia gallega. El titular del departamento autonómico transmitió a los representantes de las entidades gallegas en el país suramericano un mensaje de tranquilidad y les adelantó algunas de las medidas que el Gobierno gallego ha previsto tomar nos próximos meses para aminorar las consecuencias que esta pandemia está dejando en los centros gallegos de todo el mundo.

En la reunión telemática participaron responsables de la Sociedad Espanhola de Beneficiencia, a Associação Recreio dos Anciãos para Asirlo da Velhice Desamparada y la Peña Gallega de Casa de España, de Río de Janeiro; la Associação Cultural Hispano-Gallega Caballeros de Santiago, el Centro Cultural y Recreativo Hispano-Gallego (Centro Español), la EDACE-Escuela de Dança, Arte y Cultura Gallega y Espanhola y el Galicia Esporte Clube, de Salvador de Bahía; la Sociedade Beneficiente Rosalía de Castro y la Sociedad Hispano Brasileña de Socorros Mutuos e Instruçao, de Sao Paulo; el Club Español de Niteroi; la Sociedade de Socorros Mutuos y Beneficiente Rosalía de Castro y el Centro Español de Repatriación, de Santos; el Grêmio Espanhol de Socorros Mutuos e Instruçao de Belo Horizonte; y la Casa de Galicia del Centro Espanhol do Paraná de Beneficiencia e Cultura de Curitiba.
                                            [post_title] => Miranda se reúne por videoconferencia con representantes de las colectividades gallegas en Brasil
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La Embajada de España en Venezuela ha organizado un segundo vuelo para repatriar a ciudadanos españoles que estaban en el país por lo que ya son casi 300 los compatriotas que han regresado desde Venezuela gracias a las gestiones de la representación diplomática, según informa la propia Embajada en su cuenta de Twitter.

Este segundo vuelo partió el pasado 16 de abril desde Caracas a Madrid con 275 pasajeros a bordo de los cuales más de cien eran españoles y el resto de diferentes nacionalidades de la Unión Europea, según informó el embajador español, Jesús Silva.
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                                            [post_content] => La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (Feaer) ha comunicado que todas las entidades federadas se mantienen activas durante el estado de alarma decretado por el Gobierno.

La Federación ha adoptado en todas las sedes las medidas de obligado cumplimiento o recomendadas por las autoridades encaminadas a la protección del colectivo que atienden, de los trabajadores y del personal voluntario, teniendo en cuenta que los usuarios pertenecen a un colectivo de riesgo debido a la de edad.

Si bien se ha suspendido temporalmente la atención presencial, desde Feaer señalan en un comunicado firmado por su presidenta, Eva Mª Foncubierta que “cumplimos estrictamente con nuestra actividad laboral. El cien por cien de nuestros técnicos cubren sus puestos de trabajo en los distintos departamentos, dándoles la opción de realizar sus actividades por el método del teletrabajo”. Además, destaca que “hemos fomentado las reuniones por videoconferencia y tomado medidas de conciliación entre la vida personal y laboral”.

Recuerda que todos los usuarios de las entidades que forman parte de la Feaer “pueden contactar con nosotros por los canales habituales, teléfono, fax, email”.

“En definitiva –indica Foncubierta– adoptamos en nuestras entidades todas las medidas que hagan posible sacar adelante los documentos con carácter de urgencia y que tengan plazo de ejecución, pero sin poner en riesgo la salud de los usuarios, de los trabajadores o voluntarios, buscando alternativas a la atención personalizada al igual que se ha adoptado en la administración pública”.
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                                            [post_content] => El Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado subvenciones de concesión directa a los jóvenes afectados por la paralización del programa Eurodisea con motivo de la crisis sanitaria originada por la Covid-19.

El objeto de las subvenciones, de carácter excepcional, es paliar la situación de vulnerabilidad económica en que se encuentran los jóvenes que estaban desarrollando las prácticas laborales del Programa Eurodisea en el mes de marzo del presente año y que, ante la situación generada por la pandemia, o bien no han podido regresar a la Comunitat Valenciana desde la región europea en la que estaban realizando la práctica, o bien aquellos que la realizaban en la Comunitat Valenciana no han podido regresar a la región europea de origen.

La situación generada por la pandemia provocó la suspensión del programa y la recomendación de que los y las jóvenes desplazados volvieran a su lugar de procedencia, sin embargo, y tras el regreso de la mayoría, todavía quedan 7 extranjeros en la Comunitat Valenciana y 5 valencianos en otras regiones europeas.

Por ello se hace necesaria la adopción de medidas que atenúen tanto la paralización de las prácticas, como la dificultad de la vuelta de los jóvenes a sus regiones de origen, concediendo ayudas directas cuyo importe global máximo será de 41.272 euros.

En concreto, los jóvenes valencianos que estaban en el extranjero cuando empezó el estado de alarma y no han podido regresar recibirán una ayuda de 500 euros para gastos de primera necesidad, alojamiento, transporte, retorno a la Comunitat Valenciana o cualquier otro gasto que se considere adecuado en esta situación de emergencia.

Además, si por la situación internacional y cierre de fronteras no pueden hacer efectiva su vuelta al territorio de la Comunitat Valenciana a fecha fin de la estancia, se les concederá una ayuda por importe igual a la cantidad neta mensual que han recibido en su región de acogida durante el desarrollo del Programa Eurodisea.
                                            [post_title] => El Consell ayudará a los jóvenes en prácticas del Programa Eurodisea que no han podido regresar a su región de origen
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                                            [post_content] => El reconocido historietista e ilustrador Juan Giménez López, que residía en Sitges, España, falleció víctima del coronavirus a los 76 años en la ciudad argentina de Mendoza el pasado 2 de abril.

El dibujante había arribado a Mendoza pocos días antes para asistir a la inauguración de una exposición de sus trabajos y al parecer llegó enfermo por eso desde el 22 de marzo permanecía internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central de Mendoza con síntomas de coronavirus.

[caption id="attachment_951668" align="alignright" width="201"] El artista firmando una de sus obras.[/caption]

Juan Giménez, descendiente de españoles, había nacido en 1943 en la ciudad de Mendoza. Su padre era trabajador de la industria petrolífera y su oficio lo obligaba a mudarse frecuentemente de lugar, por lo que el pequeño Juan se acostumbró a cambiar de residencia: vivió en Rosario, Córdoba, San Juan, Mar del Plata, Tucumán, Buenos Aires.

Desde niño manifestó un gran interés por el dibujo y empezó copiando portadas de comics españoles y americanos y recreando secuencias de sus películas preferidas.

Cuando tenía 16 años, en Río Cuarto, provincia de Córdoba, comenzó a trabajar como ilustrador para la revista Hora Cero, publicó una historieta basada en otra del destacado dibujante de cómics argentino Héctor G. Oesterheld, titulada El último disparo.

Cuando terminó la escuela secundaria empezó a estudiar Diseño Industrial y también tornería. A través de esos estudios logró crear ciudades impersonales y diseñar máquinas y artefactos tecnológicos, y se acercó al mundo de la ciencia ficción. Después comenzó a trabajar en agencias publicitarias donde aprendió a contar una historia en poco tiempo y planificar una escena con todos los detalles. A partir de 1975 Giménez dejó el mundo publicitario y empezó a dibujar para la revista Skorpio; realizó algunas historietas y en 1977 Editorial Record le propuso el álbum As de pique, en blanco y negro, con guión de Ricardo Barreiro. La serie se refería a las misiones de un bombardero norteamericano durante la segunda guerra mundial. El álbum tuvo mucho éxito no solo en Argentina, sino en España, Italia y Francia, lo que lo llevó a probar suerte en Europa.

[caption id="attachment_951669" align="alignleft" width="224"] Uno de sus dibujos.[/caption]

Primero se trasladó a Italia y luego a Francia, allí –acompañado por Barriero– presentó una nueva historieta en 1979, L´ Etoile Noire, que fue muy bien recibida por sus seguidores.

En 1981 Giménez viajó a España. Al principio le costó encontrar un lugar, pero se sentía muy a gusto, según sus propias palabras porque España es “un país más cercano para un argentino, casi como si estuvieras en una provincia de tu país”.

Con el resurgimiento del cómic en España, Juan Giménez empezó a trabajar en editoriales españolas, uno de los editores que le abrió las puertas de este país fue Josep Toutain.

Con él realizó Factor límite donde se recopilaron dos historietas publicadas antes en la revista argentina Fierro. A comienzos de los años 80 fue autor de sus propios guiones y produjo reconocidas obras como 1984, Bricolage, Tridisex, Cronología, entre otras, que fueron recopiladas en 1982 en el álbum Cuestión de Tiempo. A ellas les siguieron Juego eterno, Transcooter, La princesa dormida, que dieron origen en 1987 al álbum Juego eterno.

En 1999 Norma Editorial recuperó una historieta que Giménez había realizado años atrás en Francia, y que en España se editó con el título El cuarto poder. Más tarde, la editorial francesa Les Humanoïdes Associés publicó en 1992 la exitosa y extensa obra La casta de los Metabarones, ilustrada por Juan Giménez y cuyo guión fue realizado por el artista chileno Alejandro Jodorowsky.

Entre los reconocimientos que tuvo en su vida profesional cabe destacar que fue votado por los lectores de las famosas revistas 1984 y Comix internacional como el mejor dibujante.

Además, ganó el Premio Gaudí del Salón del Cómic de Barcelona. También obtuvo el prestigioso ‘Yellow Kid’ (el ‘Oscar’ de la historieta) y el ‘Bulle D’Or’ en Francia. Asimismo, llegó a exponer sus dibujos en el Centro Georges Pompidou de París.

El artista fue despedido por varios de sus colegas, tanto argentinos como del exterior, y los miles de fans alrededor del mundo que admiraban su obra.
                                            [post_title] => Falleció en la ciudad de Mendoza a causa del Covid-19 el destacado historietista Juan Giménez
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                                            [post_content] => El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé cumplir dos años y medio en el Palacio de la Moncloa con los presupuestos prorrogados elaborados por el anterior ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

Así se desprende del anuncio de ayer de la ministra portavoz, María Jesús Montero, de que, debido al impacto de la pandemia del coronavirus no va a intentar aprobar unos Presupuestos para 2020 y aspira a pactar unas cuentas públicas para 2021 con el resto de formaciones políticas. Dijo que el techo de gasto y la senda de déficit que presentó al Parlamento el pasado febrero "ha quedado desactualizado" y no ve aún elementos como para presentar otro.

De este modo las últimas cuentas públicas del Gobierno de Mariano Rajoy, que el PSOE atacó desde la oposición por ser “antisociales” se prolongan como nunca antes en la historia democrática de España, aunque han sido complementadas con medidas con los de los llamados viernes sociales.
                                            [post_title] => Pedro Sánchez renuncia a los Presupuestos de 2020 y prevé gobernar dos años y medio con los prorrogados del PP
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El doctor José Manuel Pérez Vázquez, una referencia de la oncología y la medicina nuclear en España y socio fundador de la Asociación de Médicos Gallegos-Asomega, falleció el pasado 31 de marzo a los 78 años de edad en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a causa del coronavirus.

José Manuel Pérez Vázquez se licenció en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo también en este centro su doctorado en Medicina y Cirugía con la calificación de sobresaliente Cum Laude por unanimidad y Premio Extraordinario.

Especialista en Medicina Nuclear, Radioterapia Oncológica y Oncología Clínica, ha sido profesor Jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y de la Universidad Complutense.

Entre otros cargos, en su dilatada trayectoria ha ocupado la dirección científica del Centro de Investigaciones Nucleares Clínicas Asociadas. Ha sido académico de Número de la Real Academia Médico-Quirúrgica Española, de la que llegó a ser vicepresidente primero, así como miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad.

Socio fundador de Asomega, ocupó la vicepresidencia primera de la asociación desde sus inicios hasta 2004, aunque su galleguismo se mostró en otros ámbitos: fue cofrade da Enxebre Orde da Vieira, que le otorgó la distinción de Madrigallego de Oro al Mérito de la Medicina del año 2000. Por otra parte, fue Premio Nacional de Medicina en 1998.
                                            [post_title] => Fallece el doctor José Manuel Pérez Vázquez, socio fundador de Asomega, por coronavirus
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                                            [post_content] => El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, continuó la ronda de contactos con los gallegos del exterior con una videoconferencia con representantes de las colectividades gallegas asentadas en la Comunidad de Madrid, la zona de España más castigada por el coronavirus. El titular del departamento gallego quiso acercarse a los gallegos de Madrid para actualizar su situación y la de los centros alrededor de los que se agrupa un gran número de ellos.

En la reunión participaron los representantes de una decena de entidades gallegas, como el Centro Gallego de Madrid, la Asociación Cultural Xirandela, la Xuntanza de Gallegos en Alcobendas, la Casa de Galicia en Alcorcón, la Banda de Música e Investigación Albedro, el Centro Cultural Gallego Lembranzas, el Centro Gallego de Tres Cantos, la Asociación Galega Corredor do Henares, el Centro Gallego Noroeste de Madrid, o el Centro Gallego de Móstoles.

[caption id="attachment_951564" align="alignnone" width="640"] Un momento de la videoconferencia.[/caption]

Todos ellos tuvieron la oportunidad de exponer como están afrontando las consecuencias de la propagación del Covid-19, así como del estado de alarma decretado por causa de esta pandemia que está castigando con especial virulencia a la Comunidad de Madrid. A pesar de permanecer cerrados, muchas de estas entidades continúan impartiendo sus actividades formativas a través de diferentes plataformas digitales que permiten a sus socios seguir disfrutando de estas iniciativas. Miranda aprovechó la ocasión para recordarles que los programas de solicitud de ayudas siguen abiertos, y les adelantó las diferentes opciones que está estudiando la Secretaría Xeral da Emigración para ayudar a los centros gallegos del exterior a superar esta compleja situación de la mejor manera posible.

La comunidad con más gallegos

La Comunidad de Madrid alberga hoy en día un total de 78.200 gallegos, de los que 26.841 son nacidos en la provincia de A Coruña, 15.527 en la de Lugo, 15.501 en la de Ourense y 20.331 en la de Pontevedra, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 de enero de 2019. Se trata de la región española que registra históricamente una mayor presencia gallega.
                                            [post_title] => Miranda aborda la situación de los gallegos de Madrid en la tercera videoconferencia de la ronda telemática de contactos
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, mantendrán un encuentro el próximo lunes a las 11.00 horas por videoconferencia, según han informado fuentes de la dirección nacional del PP y ha confirmado el Gobierno. Este encuentro se enmarca en la ronda de consultas que ha abierto Sánchez con líderes políticos para impulsar unos pactos de "reconstrucción nacional", similares a los Pactos de la Moncloa de 1977, para afrontar la crisis del coronavirus.
El PP se enteró el martes por la rueda de prensa en Moncloa de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que Sánchez quería convocarle este jueves a esa reunión para hablar de pactos, pero los 'populares' rechazaron que les impusieran la fecha sin acuerdo previo. Tras los contactos de los gabinetes de Sánchez y Casado, ese encuentro tendrá lugar este lunes, según ha confirmado 'Génova'.
El presidente se ha reunido hoy por vía telemática con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y con los portavoces de los partidos pequeños inscritos en el Grupo Mixto.
ERC está dispuesta a sentarse a negociar un gran acuerdo sobre las medidas económicas y sociales para salir de la crisis, pero al mismo tiempo presiona al Gobierno pidiendo que se reactive la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, que quedó en hibernación con el estallido de la pandemia. 




                                            [post_title] => Sánchez y Casado se reunirán el lunes dentro de las rondas de consultas del pacto de reconstrucción
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inició ayer su ronda de videoconferencias con los portavoces de los grupos políticos para intentar alcanzar un gran acuerdo nacional para afrontar la crisis económica y social que deja el coronavirus, al que el presidente se ha referido como unos “nuevos Pactos de La Moncloa”. Los trabajos comenzarían la semana que viene.
Vox y la CUP se han autoexcluido del proceso, mientras que el PP, que iba a inaugurar las entrevistas, está negociando con el Gobierno una nueva fecha, tras rechazare ser convocado por la prensa y exigir serlo por los cauces oficiales. El encuentro entre Sánchez y el presidente popular, Pablo Casado, podría tener lugar mañana o a inicios de la próxima semana.
El presidente del Gobierno se entrevistó ayer con los portavoces de los grupos parlamentarios de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Plural, Ciudadanos y Vasco (PNV). Según afirmó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Podemos, JxCat, Compromís, Más País y PNV transmitieron su disposición a participar en la mesa de partidos, aunque la formación vasca manifestó su temor a que se avance a una recentralización. El BNG pidió un tiempo para reflexionar sobre su posición. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, lamentó que no le concretara en qué quiere que consista su pacto, a pesar de que la reunión por videoconferencia duró más de 40 minutos. Sánchez la emplazó a una nueva entrevista la próxima semana, en la que se supone que ya articulará una propuesta concreta. El PNV  El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya ha avanzado que ellos plantearán en este foro la autodeterminación.
Sánchez continúa este viernes la ronda de contactos con las formaciones políticas. Hoy es el turno de ERC, EH Bildu y los portavoces del Grupo Mixto,
Diálogo también con comunidades autónomas y ayuntamientos
En paralelo a la Mesa de partidos, el Gobierno abrirá un “diálogo institucional” con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se revitalizará el diálogo social, con patronal y sindicatos, para que realicen también sus aportaciones.




                                            [post_title] => Sánchez avanza en los pactos para la mesa de diálogo para la reconstrución
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                                            [post_content] => La Consellería de Cultura e Turismo lanza una visita virtual a la exposición ‘Galicia, un relato no mundo’ para acercar sus contenidos a todas las personas que, debido al cierre del Museo Centro Gaiás, quedaron sin posibilidad de descubrir la exposición de mayor éxito de la Cidade da Cultura.

La muestra, que estaba previsto mantener abierta hasta el 12 de abril, no recibe visitas desde el 13 de marzo, día en el que la Xunta de Galicia declaró la emergencia sanitaria que supuso el cierre de los museos y otras instalaciones como medida de precaución frente el avance de la pandemia.

En esa fecha, un total de 43.035 personas se habían acercado ya a ‘Galicia, un relato no mundo’, lo que supone un promedio de 426 visitantes al día, cifra récord en el registro del Museo Centro Gaiás. Pese a cerrarse al público un mes antes de lo programado, la muestra se sitúa cómo la exposición con las mejores cifras de todas las programadas en la Cidade da Cultura desde su inauguración y acredita el excepcional interés del público por profundizar en el conocimiento de la historia de Galicia.

La exposición obtuvo también una respuesta excepcional entre los centros educativos, más de seis mil alumnos de diferentes niveles -desde primaria hasta los estudios universitarios- participaron en las visitas didácticas organizadas por el Museo Centro Gaiás.

En estas semanas en las que el Museo permanece cerrado, la Cidade da Cultura viene desarrollando actividades ‘on line’ aprovechando también los contenidos de la exposición, como el programa ‘Aventura no monte das artes’, retos didácticos dirigidos a los más pequeños para invitarlos a desarrollar su capacidad creativa.

Visita virtual

Precisamente estos contenidos ‘on line’ se amplían ahora con el lanzamiento de una visita virtual a través de la web cidadedacultura.gal. Una herramienta que ofrecerá la posibilidad de navegar desde el ordenador o dispositivos móviles entre las más de trescientas piezas de la exposición y seguir descubriendo maravillosas conexiones de Galicia con el resto mundo, así como los secretos que rodean joyas como la Biblia Kennicott, la escultura la Santa de Asorey o el Guerrero de Lesenho.

Además, la visita virtual incorporará una amplia variedad de contenidos extra para enriquecer la experiencia, como vídeos con explicaciones por parte del comisario, Manuel Gago, o de los técnicos del Servicio de Mediación.

Devolución de las obras

La Fundación Cidade da Cultura, tras el cierre del Museo Centro Gaiás, contactó con todas las instituciones y los coleccionistas privados que prestan obras para informarles de que las medidas sanitarias derivadas del estado de alarma obligaban a aplazar las devoluciones.

Del mismo modo, informó de que las piezas permanecerán en sala, vigilándose las condiciones técnicas (temperatura, humedad…) y de seguridad para garantizar su conservación en las mejores condiciones. La Cidade da Cultura amplió también el plazo del seguro hasta el 30 de junio, sin coste adicional para la Xunta de Galicia.

En cuanto la situación lo permita se procederá a la devolución de todas las obras siguiendo un programa diseñado por el Departamento de Exposiciones de la Fundación Cidade da Cultura y en colaboración con empresas especializadas en el transporte de obras de arte.

Cabe recordar la complejidad organizativa de este operativo en una exposición en la que cedieron obras 60 instituciones y 21 coleccionistas, tanto de Galicia y del resto de España como de Irlanda, el Reino Unido, Italia, el Vaticano, Portugal, Argentina, Cuba y Uruguay.

La Cidade da Cultura quiere expresar su agradecimiento a las instituciones y coleccionistas por su comprensión y confianza ante las excepcionales circunstancias que se están viviendo, así como trasladar su solidaridad con la difícil situación con la que también muchas de ellas están trabajando en sus propios países.
                                            [post_title] => La Cidade da Cultura lanza una visita virtual a la exposición ‘Galicia, un relato no mundo’ enriquecida con contenidos extra
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[caption id="attachment_951466" align="alignright" width="179"] Ana María Pastor Ruipérez.[/caption]
La española Ana María Pastor Ruipérez, originaria de Elche y que llevaba unos diez años residiendo en París, falleció la madrugada del 15 de abril a causa del coronavirus. Llevaba unos cinco años trabajando como cuidadora, junto a otras tres personas, de un discapacitado —de madre española y padre francés— que contrajo la enfermedad y también falleció.
Ana María, que vivía sola en la capital francesa y tenía dos hijos mayores residiendo en España, se contagió y permaneció en su domicilio atendida a distancia. Cuando su estado de salud se complicó fue ingresada el pasado 1 de abril en el hospital Saint Antoine donde le indujeron un coma y fue intubada. Su estado fue empeorando todavía más y falleció la madrugada del 15 de abril.
Su cuerpo fue trasladado al almacén de Rungis, reconvertido estos días en depósito funerario donde hay más de 2.000 fallecidos a la espera de ser incinerados. La cremación del cadáver de Ana María está prevista para finales de este mes sin que ni familiares ni amigos sepan qué hacer con sus restos.
Ana María era muy querida entre la comunidad española en París y participaba en muchas de sus actividades.




                                            [post_title] => Fallece en París una cuidadora española por coronavirus
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                                            [post_content] => El escritor Luis Sepúlveda (Ovalle, Chile, 1949) ha fallecido este jueves en el Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo) donde permanecía ingresado desde finales de febrero tras haber contraído el coronavirus, han informado a Efe fuentes cercanas al autor.

Luis Sepúlveda, escritor, guionista y director de cine chileno, afincado en Gijón (Asturias) desde 1997 –donde era muy conocido por haber impulsado y dirigido, entre otros proyectos, el Salón del Libro Iberoamericano–, fue diagnosticado de coronavirus e ingresado tras regresar del festival literario Correntes dÉscritas, celebrado en Póvoa de Varzim, en Portugal. El suyo fue el primer caso identificado en Asturias.

Llevaba 48 días ingresado en el complejo hospitalario ovetense, la mayor parte de ellos conectado a un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha fallecido a las 10:18 horas.

Autor de más de una veintena de novelas, libros de viaje, guiones y ensayos, obtuvo en 1989 el Premio Tigre Juan por ‘Un viejo que leía novelas de amor’ –que lo dio a conocer internacionalmente– y el Primavera de Novela en 2009 por ‘La sombra de lo que fuimos’.

Militante comunista, Sepúlveda se había visto obligado a abandonar su Chile natal en 1977, tras ser represaliado por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet y de ver conmutada una pena de 28 años de prisión por otra de ocho años de exilio.

Hijo de madre vasca y padre jienense, Sepúlveda viajó por países como Nicaragua y Suecia antes de asentarse en Hamburgo, ciudad en la que trabajó como corresponsal de prensa y escribió relatos, teatro y novelas.
                                            [post_title] => Muere de coronavirus el escritor chileno Luis Sepúlveda, afincado en Gijón desde 1997
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                                            [post_content] => El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado hoy en la Comisión de Sanidad del Congreso que se han hecho ya casi un millón de test del coronavirus desde que empezó la crisis y que el ritmo de realización de estas pruebas en la última semana se ha duplicado.

Según Illa, se han realizado ya 930.230 test de los llamados PCR, los más fiables. A estos hay que añadir los test rápidos que se están haciendo desde hace unas semanas, lo que podría elevar la cifra definitiva a más de un millón de pruebas realizadas desde el comienzo de la crisis sanitaria. La semana pasada, ha dicho el ministro, se realizaban entre 15.000 y 20.000 test diarios. En siete días, se ha pasado a una media diaria de 40.000 a 47.000, doblando la capacidad de diagnóstico.

El titular de Sanidad ha asegurado que en las últimas dos semanas se están cumpliendo los objetivos del Gobierno, ya que hemos superado el pico y se está empezando a “doblegar la curva”. Aunque aún quedan “semanas difíciles”, ha detallado que el incremento de casos hoy es del 2,9%, mientras hace dos semanas era del 7%. “La tendencia comenzó a bajar el 5 de marzo y de forma más acusada el 2 de abril. Esas son las dos fechas que marcan un punto de inflexión en la evolución de la pandemia” en España, ha argumentado.

El ministro ha destacado especialmente la bajada de los ingresos en UCI, ya que en las últimas cuatro semanas se ha pasado subidas diarias del 16% al 1,5% actual. La estancia media en cuidados intensivos es hoy de entre 10 y 15 días.

Illa ha advertido que España todavía no ha llegado a la fase de desescalada, pero que el Gobierno intentará, “en cuanto sea posible”, que los niños empiecen a hacer pequeñas salidas a la calle “de forma controlada”, ya que los expertos señalan que el confinamiento no es bueno para su salud.

El PP pide un plan de choque de equipos de protección

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a exigir “transparencia” al Gobierno al informar del número de contagiados y de víctimas mortales, y ha pedido al Ministerio que también contabilice a los casos sospechosos o probables de Covid-19, que hoy se quedan fuera de toda estadística oficial. La diputada popular ha demandado también al ministro que ponga ya en marcha “un plan de choque de equipos de protección” que garantice el abastecimiento de mascarillas u otros elementos de forma controlada en la vuelta a la actividad.

El portavoz de Vox, Juan Luis Steegman, ha calificado de “bulo” las cifras del ministro y ha denunciado “el descontrol” al que el Gobierno “tiene sometido a España”, mientras mantiene a los españoles “en arresto domiciliario”.
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Galicia priorizará el uso de los 30.000 test de doble banda que acaba de recibir para los sanitarios que estén en zonas Covid-19 de hospitales, enfermos en urgencias y personal y usuarios de residencias. Así lo acaba de decidir en las últimas horas el comité clínico que asesora a la Xunta durante esta crisis sanitaria.
Estos test de doble banda adquiridos por la Xunta permiten detectar positivos y conocer cuáles son positivos activos y cuáles inmunizados. Así, y toda vez que serán vitales a la hora de evitar nuevos contagios, se comenzarán a realizar en los servicios de urgencias para enfermos que presenten infección respiratoria aguda; para el control de personal de zonas Covid-19 en hospitales, tanto en las diferentes plantas destinadas en exclusiva para el coronavirus, como en las UCI y otros espacios; al personal y usuarios de las residencias; y también para confirmar las PCR negativas en los enfermos con sintomatología.
El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, visitó esta mañana en Vigo las instalaciones de microbiología donde se llevan a cabo los análisis de las pruebas diagnósticas (PCR), de las que Galicia llevaba realizadas desde el comienzo de la pandemia hasta ayer un total de 53.829 test.
En el caso concreto de Vigo, donde Feijóo estuvo hoy con los profesionales, se realizan cada día entre 900 y 1.500 PCR, gracias a la instalación de un aparato en el laboratorio central del Hospital Meixoeiro que ha incrementado sustancialmente la capacidad diaria para realizar nuevas determinaciones.
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                                            [post_content] => La Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido suspender al Programa Visar 2020 por los efectos del estado de alarma decretado por el coronavirus sobre la movilidad de las personas y sobre los trámites y procedimientos administrativos, según indica en una nota informativa.

Cabe recordar que una vez que finalizó el programa piloto de concesión de visados para búsqueda de empleo en España, destinado a hijos y nietos de españoles de origen residentes en la República Argentina, conocido como Programa Visar -que fue convocado en la Orden 1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regulaba la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2019- el pasado 23 de diciembre se dictó la nueva Orden 1277/2019, de Gestión Colectiva de contrataciones en Origen (GECCO) para 2020.

El capítulo VII de la citada Orden se recoge la oferta de 5.000 nuevos visados para 2020, como continuación del Programa Visar. Sin embargo, la emergencia sanitaria causada por el Coronavirus Covid-19 y la declaración por parte del Gobierno de España del estado de alarma, ha afectado tanto a la movilidad de las personas como a los trámites y procedimientos administrativos.

En este contexto, la Dirección General de Migraciones ha dictado la Instrucción 2/2020 sobre la suspensión de los procedimientos enmarcados en la Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020, como consecuencia del alcance la declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

En dicha Instrucción se indica que atendiendo quedan suspendidos los procedimientos de contratación en origen en marcados en la Orden TMS/1277/2019 y que cuando la situación del estado de alarma termine, siempre que a su vez se produzca el levantamiento de las restricciones en las fronteras exteriores, esta Dirección General se reserva el derecho de dictar nuevas instrucciones con la finalidad de adaptar los procedimientos iniciados durante esta campaña a las necesidades que existan en ese momento en relación con los procesos regulados por la Orden que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2020.

Cualquier cambio que se produzca en relación el Programa Visar se publicará tanto en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dedicada a este proyecto, como en el Portal de la Inmigración y en el de la Consejería de Trabajo de la Embajada de España en Argentina.
                                            [post_title] => La Dirección General de Migraciones suspende el Programa Visar 2020 por el coronavirus
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                                            [post_content] => Dada la situación actual provocada por el coronavirus, la directiva de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania ha decidido prolongar la suspensión de la atención al público de manera presencial en el marco de su servicio de información y asesoramiento para inmigrantes hasta el próximo 3 de mayo, inicialmente.

Sin embargo, los interesados podrán seguir contactando con este servicio a través del teléfono, fax, correo postal y electrónico. También están disponibles la página de Facebook y desde ahora también mediante la aplicación de asesoramiento ‘on line’ para el móvil denominada ‘mbeon’ que se puede instalar a través de Google Play Store y AppStore.

Los datos de contacto con el servicio de atención a emigrantes de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania con los siguientes.

Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania

Dirección: Hindenburgstr. 1 D-42853 Remscheid

Teléfono: +49 (0) 21 91 / 42 15 31

Teléfono móvil: +49 (0) 1762 353 51 29

Fax: +49 (0) 21 91 / 42 14 32

Correo electrónico: jose.alvarez@iree.org

Correo electrónico: cfma@iree.org

Web: http://www.iree.org

http://www.cext.es/index/accion/detalleAsociacion/id/41/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Spanischer-Bundesverband-Coordinadora-Federal/307889802575173?sk=wall

Google Play Store y AppStore: mbeon
                                            [post_title] => La Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania prolonga la suspensión de su servicio de atención presencial hasta el 3 de mayo
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El Consello da Cultura Galega (CCG) publicó el tercer volumen de la colección Clásicos da Emigración elaborada en colaboración con la Secretaría Xeral da Emigración. Se trata de la obra Cousas gallegas que recoge poemas, discursos y otros materiales que el abogado y periodista Fortunato Cruces publicó en 1923.

La colección Clásicos da Emigración recupera, en edición facsimilar y con estudios introductorios, obras fundamentales para entender el fenómeno migratorio gallego. En esta ocasión, el historiador y vicepresidente del CCG, Xosé Manoel Núñez Seixas, ha sido el encargado del análisis de la obra. Además de la publicación, el CCG presentó también la entrada de Fortunato Cruces en el Álbum de Galicia, así como la difusión de diferentes ejemplares de Nova Galicia, el periódico que dirigió y que tuvo bastante repercusión en Argentina.

El tercer volumen de la colección Clásicos da Emigración pone el foco en la figura de Fortunato Cruces, periodista y abogado nacido en Galicia y fallecido en Buenos Aires. Xosé Manoel Núñez Seixas explica en la introducción que se trata de un autor que “representó un modelo de trayectoria profesional de éxito como líder étnico, en el marco de una comunidad inmigrante que creció ininterrumpidamente entre 1890 y 1930”. Participó en numerosas publicaciones como La Colonia o La Justicia, articulista de muchas otras cómo Eco de Galicia y Páginas de España, pero fue desde Nova Galicia desde donde fue artífice e intérprete de la imagen de la colectividad gallega y de Galicia ante la sociedad argentina.

Cruces era un hombre popular, cercano a la mentalidad de los emigrantes corrientes, sin descuidar el trato con las élites. Pretendió convertirse en un intermediario entre los movimientos sociopolíticos que surgían en Galicia, sobre todo el agrarismo, y el tejido asociativo de la colectividad emigrante de Buenos Aires. Este libro da cuenta de ese carácter chocarrero y populista que escondía su defensa de la autonomía de Galicia dentro de una España que seguía a considerar como nación. El libro que ahora reedita el Consello da Cultura Galega en colaboración con la Secretaría Xeral da Emigración se publicó justo en el año en que comenzó su declive que se debe, en parte, a su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera.

El Consello da Cultura Galega aprovechó la presentación virtual de esta publicación para subir al Álbum de Galicia la entrada de Fortunato Cruces. Además, se ofrecen fondos documentales pertenecientes al Arquivo da Emigración Galega, entre ellos un ejemplar del año 1923 de la cabecera que él dirigió Nova Galicia. Se trata de un número especial en el que le hacen un homenaje y contiene muchas de las fotografías más difundidas de esta figura de la emigración.

Colección Clásicos da Emigración

La emigración en Galicia publicada por Ramón Castro López en 1923 fue el punto de apertura de una colección de libros que, bajo el título Clásicos da Emigración, pretende ofrecer un reflejo fiel de lo que supuso la emigración gallega tanto para aquellos que la vivieron desde sus países de destino como para los que los vieron marchar.

La colección está integrada por una docena de títulos de diferentes géneros que hoy en día son difíciles de encontrar en bibliotecas o librerías, y que así pueden ser más accesibles para el público investigador, y también para cualquier persona interesada en el tema. Reúne las distintas perspectivas que marcaron uno de los fenómenos demográficos más importantes de los últimos siglos en Galicia a través de obras que abarcan tanto ensayos como literatura de ficción o biografías, entre otros géneros, escritos entre principios del siglo XX y los años 60, aproximadamente. Cada uno de los volúmenes está prologado por un especialista contemporáneo en la materia, como Ramón Villares, Pilar Cagiao o Raúl Soutelo, entre otros.

Arquivo da Emigración Galega

El Arquivo da Emigración Galega es un centro que desarrolla proyectos de investigación que intentan aproximarse al fenómeno migratorio desde los más diversos enfoques, con un carácter netamente interdisciplinar. Entre sus áreas de trabajo está la difusión de estudios sobre el fenómeno migratorio, a través de publicaciones de obras de interés cultural y científico. Está dirigido por Xosé Manoel Núñez Seixas y cuenta entre sus miembros con Pilar Cagiao, Anxo Lugilde, Antía Pérez o Luís Domínguez.
                                            [post_title] => El Consello da Cultura Galega presenta ‘Cousas Gallegas’ de Fortunato Cruces, tercer volumen de la colección Clásicos da Emigración
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                                            [post_content] => Todos los alumnos pasarán al curso siguiente de forma generalizada, salvo casos muy excepcionales. No habrá aprobado general, pero sí una promoción general, aunque cada uno con su nota. La evaluación del tercer trimestre sólo servirá para hacer diagnóstico y no podrá suspenderse. Si acaso, servirá para recuperar las otras dos anteriores. Cada comunidad autónoma decidirá por su cuenta los criterios con los que los estudiantes se podrán sacar el título. El curso terminará en junio y el primer trimestre del próximo curso será de refuerzo.

Éstas son algunas de las medidas acordadas ayer entre la ministra de Educación, Isabel Celaá, y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación (celebrada virtualmente) para cerrar este curso sin precedentes por el cierre de las aulas debido a la pandemia del coronavirus. El acuerdo se convertirá mañana en una orden ministerial.

Sin embargo, Madrid, Murcia y País Vasco han anunciado este jueves que se desmarcan del documento que salió de la reunión. En el caso de las dos comunidades gobernadas por el PP (Madrid y Murcia), están en disconformidad con, al menos, dos de los puntos del documento: la promoción general de los alumnos (que quiere decir que pasen de curso el máximo número de estudiantes) y la obtención de la titulación en 4º de ESO y 1º de Bachillerato pese a tener asignaturas suspensas. Estas autonomías consideran que el ministerio debería fijar un máximo de asignaturas suspensas para poder pasar de curso y titular.

Por su parte, el País Vasco quiere lo contrario: que el Ministerio no establezca normas comunes para todas las comunidades porque considera que el desenlace del curso forma parte de sus competencias educativas y está ultimando su propio plan.

Castilla y León, Andalucía y Galicia también ponen pegas

Hay otras tres comunidades que han puesto pegas, pero no que no se han bajado del acuerdo: Castilla y León (PP), Andalucía (PP y Ciudadanos) y Galicia (PP). En el caso de las dos primeras, han manifestado que se acogerán a todos los puntos del documento excepto a la promoción general y la titulación, y que ellos decidirán qué medidas aplicar. Galicia, por su parte, ha mostrado su conformidad por “lealtad institucional” y aplicará las instrucciones, aunque quiere que quede constancia en el documento su discrepancia con esos dos puntos.

La orden del Ministerio solo se aplicará en aquellas comunidades que suscriban el documento. Las que no lo hagan se ceñirán a lo que establece la actual ley educativa (Lomce) y a las normativas autonómicas. Además, esas comunidades podrán modificar esas normativas con motivo de la pandemia del coronavirus.
                                            [post_title] => Todos los alumnos pasarán de curso como norma general
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La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica recibió hasta el martes 14 cerca de 5.000 solicitudes (4.826) de empresarios autónomos y trabajadores por cuenta propia para percibir la ayuda individual de 400 euros destinada al pago de costes fijos. 
El comercio minorista y la hostelería son las actividades profesionales con más solicitudes, según los datos recogidos por la Dirección General de Comercio, Emprendedores y Economía Social, aunque hay peticiones de la práctica totalidad de los sectores afectados por el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma.
El procedimiento se sigue desarrollando con normalidad y a buen ritmo. De hecho, en dos días se ha alcanzado casi la mitad de los potenciales beneficiarios de las ayudas, que se estiman en unas 10.000 personas.
El plazo para la solicitud de las ayudas es de un mes y el proceso debe realizarse a través de un procedimiento telemático en la sede electrónica del Principado, en la web. Para la resolución de cualquier duda, la Dirección General de Comercio cuenta con el correo emprendedores@asturias.org y los teléfonos 985 10 82 34 / 985 10 82 31 / 985 10 82 32, con horario de atención de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, los días laborables.
Estas ayudas forman parte del bloque de diez medidas socioeconómicas aprobadas el 26 de marzo por el Consejo de Gobierno y complementarias a las puestas en marcha por el Ejecutivo central. Para la cobertura de esta línea, el Principado ha habilitado una partida de cuatro millones.
Estas subvenciones apoyan a las personas beneficiarias en el pago de los gastos fijos que deben abonar a pesar de tener sus negocios cerrados. Concretamente, van dirigidas a cubrir el coste de alquileres de locales o cuotas hipotecarias, cuotas mínimas de suministros de electricidad, combustibles, agua, telefonía y conexión a internet o seguridad. También permiten afrontar gastos financieros, de asesoría fiscal y contable, seguros y publicidad y redes sociales, así como la adquisición y mantenimiento de software, entre otros fines.




                                            [post_title] => Asturias recibe en dos días 5.000 solicitudes para la ayuda de 400 euros a autónomos
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                                            [post_content] => La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, a través de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado, pone en marcha el proyecto Asturies, Cultura en Rede, que pretende acercar a la ciudadanía el proceso de creación de los artistas de la comunidad. El Gobierno promueve este programa en el contexto de la crisis sanitaria, consciente de la dura situación que atraviesa el mundo cultural, y con la finalidad de dinamizar el sector, destacar su labor y su valiosa aportación en esta fase de la pandemia del coronavirus.

Asturias, Cultura en Rede se abre con una convocatoria inédita para que los autores compartan su proceso creativo desde obras audiovisuales realizadas en sus talleres de trabajo. La iniciativa tiene por objeto disponer de un máximo de 50 trabajos de artistas asturianos o afincados en Asturias, hechos desde casa para ser disfrutados por la ciudadanía desde sus hogares, a través de una web que se creará con ese fin.

Las bases de la convocatoria (documentación adjunta a esta nota) indican que las grabaciones de los artistas deben recoger información acerca del proceso de creación y reflexiones del autor sobre sus características y naturaleza de su obra. La recepción de propuestas está abierta hasta el 20 de abril a las 14.00 horas, la selección definitiva se realizará el día 22 y la entrega de los trabajos tendrá, como fecha tope, el lunes 27.

Una comisión de valoración seleccionará un máximo de 50 propuestas, con un reparto de 10 por disciplina: artes escénicas, artes plásticas, literatura, música y cine. Una vez fallada la convocatoria, los proyectos seleccionados deberán de convertirse en una pieza audiovisual en la que se muestre el proceso creativo de una obra, acompañado de alguna muestra práctica. Las grabaciones deben hacerse en casa y en un plazo de cinco días a partir del anuncio de la selección de propuestas.

De este modo, Asturies, Cultura en Rede podrá ofertar un recorrido audiovisual que integre el mundo de las artes plásticas, el cine, la literatura, la música o el teatro, y que permitirá descubrir la cultura asturiana desde dentro y de la mano de sus creadores.

Los trabajos seleccionados tendrán una contraprestación económica y la Consejería de Cultura adquirirá los derechos de explotación de las piezas, que podrán ser divulgadas o expuestas “en páginas web, publicaciones, lugares públicos, edificios y cualquier otro tipo medio o soporte físico o digital”.
Consulta entre representantes del mundo de la cultura
Una de las solicitudes generalizada entre profesionales de la cultura es la de incrementar la visibilidad del sector en las redes, tal y como se constata en los datos de una encuesta anonimizada realizada por la Consejería de Cultura para obtener información sobre el impacto potencial de la crisis del coronavirus en la actividad artística.

Además de evaluar la incidencia de esta emergencia, el sondeo se ha realizado con el fin de obtener una panorámica del sector y, al mismo tiempo, reunir opiniones y propuestas de las personas afectadas, cuyos casos son diversos entre sí y diferentes a las de otros sectores.
                                            [post_title] => Un proyecto del Principado permitirá a los artistas compartir obras con la ciudadanía a través de la red
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                                            [post_content] => El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, presentará en el próximo consejo de Gobierno, las bases que regularán la tramitación y concesión en las islas, de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España para apoyar a las familias afectadas económicamente por el coronavirus a la hora de pagar el alquiler de su vivienda habitual, unas ayudas para las que el Ejecutivo canario dispondrá de 5,3 millones de euros.

El Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) se encargará de gestionar esas ayudas de manera telemática y a través del servicio de información y atención al ciudadano el 012, que ofrecerá atención personalizada una vez se abra el plazo de presentación de solicitudes en los próximos días.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha repartido para estas ayudas al alquiler de vivienda habitual 100 millones de euros del fondo de contigencia entre las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, con un criterio de reparto idéntico al de la actual distribución territorial del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. De esta forma, a Canarias le han correspondido los 5,3 millones ya reseñados.

La Consejería está preparando una resolución que se publicará en los próximos días donde se especificarán las bases de la solicitud, plazos de presentación de las mismas y procedimientos.

La cuantía de esta ayuda será de hasta un máximo de 900 euros mensuales por familia. El máximo de las ayudas podrá ser hasta del cien por cien del total de la renta de alquiler durante seis meses. En el caso de que se haya suscrito un préstamo o microcrédito para el pago de la renta de la vivienda habitual, se abonará también el cien por cien del principal e intereses del préstamo siempre que éste no exceda de los 900 euros mensuales.

Suspensión de los desahucios

Esta ayuda se suma a las medidas ya aprobadas por el Gobierno de suspensión de los desahucios, prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la aprobación de líneas de avales para financiación de arrendatarios (inquilinos) en situación de vulnerabilidad, todas ellas tendentes a aminorar las cargas económicas de los arrendatarios en situación de vulnerabilidad.
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La conselleira de Política Social, Fabiola García, reclamó al Gobierno central que haga públicos los datos de la incidencia del coronavirus en residencias a nivel nacional. En este sentido, señaló que lo justo es que todos los ciudadanos puedan conocer ese datos para dimensionar adecuadamente la magnitud de esta situación.
Asimismo, aseguró que la publicación de estos datos, que fueron facilitados por las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad desde el pasado martes 7 de abril, se hace necesario por respeto a las personas que fallecieron y sus familias y por la dignidad de los miles de trabajadores de estas instalaciones.
La conselleira lamentó que el Gobierno gallego tuviese que saber únicamente a través de los medios de comunicación que Galicia es la séptima comunidad con menos personas fallecidas por coronavirus en las residencias o de que el impacto de esta pandemia en las residencias gallegas es tres veces menos que en el conjunto de España.
Fabiola García puntualizó que las residencias de mayores seguirán siendo prioritarias para la Xunta y exaltó el trabajo que están realizando los profesionales que en ellas trabajan. Por este motivo, aseguró que el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando para que las personas mayores que viven en residencias cuenten con la mejor asistencia sanitaria.
Tercera residencia intervenida por el alto número de contagios
En este sentido, cabe señalar que, el pasado día 11, la Xunta tomó la decisión de intervenir la residencia Nuestra Señora de Fátima del Barco de Valdeorras, tras el elevado número de positivos por coronavirus entre las personas usuarias y trabajadoras del centro. Este centro se convertirá en residencia integrada, en la que residirán personas mayores que estén ya contagiadas.
Esta es la tercera residencia privada que interviene el Gobierno autonómico, después de la Domusvi Barreiro en Vigo y la de Domusvi Cangas, en calidad de autoridad competente, una decisión que se ampara en el apartado tercero de la orden del Ministerio de Sanidad SND/275/2020, de 23 de marzo .
En virtud de lo dispuesto en esa orden ministerial, la Xunta de Galicia designa a un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de esta residencia privada y garantizar así la correcta aplicación de los protocolos y la supervisión médica de todas las personas mayores que residen allí. La persona designada por el Gobierno autonómico dispone de todos los recursos materiales y humanos en este centro.
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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, constató el 15 de abril que Galicia está conteniendo la pandemia y destacó que la Xunta recibió ya 30.000 test de doble banda que adquirió y que permiten detectar los positivos activos y los inmunizados. “La evolución de la curva está siendo buena. Podemos decir que estamos conteniendo la pandemia y debemos seguir trabajando con el mismo rigor”, aseveró, después de analizar un día antes con el comité clínico la evolución de la pandemia y las perspectivas para las próximas semanas.
A lo largo de la rueda de prensa, Feijóo resaltó que el Plan de contingencia en marcha bajó del nivel 3 al nivel 2. “Actualmente nos encontramos con una estabilización de las urgencias, con una merma de los casos de hospitalización y con una reducción intensa de más del 20% de los pacientes que ocupan las UCI, por lo que el comité clínico propone desactivar la fase 3 y dar por concluida, de momento, la fase aguda de la crisis del coronavirus en Galicia”, explicó, reiterando que la Comunidad no puede bajar la guardia y debe seguir planificando y actuando con responsabilidad.
En esta línea, incidió en que es imprescindible contar con test fiables, no solo para detectar positivos, sino para saber cuáles son positivos activos y cuáles inmunizados. “Es vital para evitar nuevos contagios”, ahondó, explicando que en las próximas horas los expertos tomarán la decisión sobre el protocolo que precise cómo y dónde emplear los test de doble banda que la Administración autonómica acaba de adquirir.
Asimismo, el titular de la Xunta avanzó la realización de un estudio epidemiológico en un porcentaje considerable de la población gallega para tener estimaciones fiables y afrontar las próximas semanas. Al respecto, precisó que los expertos ya están trabajando, con el objetivo de que en los próximos días se pueda anunciar el contenido y alcance de esta “encuesta epidemiológica”, de la que se podrán obtener los datos sobre porcentaje de positivos, así como estimaciones fiables de cuánta gente pasó el coronavirus y qué porcentaje está inmunizada.
Ante la necesidad de redoblar las prevenciones para que no haya un rebrote, Feijóo se refirió también al problema de desabastecimiento en los centros de trabajo, reiterando que, con el objetivo de dar seguridad, la Xunta acordó facilitar aproximadamente 900.000 mascarillas semanales -durante dos semanas- para las empresas y los autónomos que lo soliciten, a precio de coste de la Administración autonómica.
“Y esta misma semana repartimos otras 20.000 mascarillas en el sector pesquero”, añadió, que se suman a las 500.000 que cada semana utiliza el Sergas y a casi un millón que se distribuyeron para dar seguridad a las residencias, así como a los ayuntamientos.
Feijóo hizo hincapié en la importancia de tener datos para conocer la situación real, especialmente en las residencias de mayores y de discapacitados internos, que siguen siendo una de las prioridades de atención de la Xunta. “Y por eso llevamos hechos test masivos como la mejor fórmula para atacar este virus en las residencias”, afirmó, reiterando la necesidad de que el Gobierno central facilite los datos de todas las autonomías para hacer comparaciones homogéneas y contar con una información transparente y fiable.
Nueva comparecencia en el Parlamento y reunión del comité de expertos económicos
A lo largo de la rueda de prensa, el presidente del Gobierno gallego aseguró que volverá a solicitar su comparecencia en el Parlamento, ante la Diputación Permanente, para informar a los grupos parlamentarios de la evolución del Covid-19. Y avanzó que, esa misma tarde, tenía lugar la primera reunión del comité de expertos económicos que asesora a la Xunta ante el impacto que la pandemia tendrá en la economía.
Debido al alcance de este duro escenario, Feijóo explicó que el comité determinará de manera inmediata el impacto económico que los estados de alarma y de emergencia sanitaria y sus medidas de restricción van a tener en la economía gallega, especialmente en aquellos sectores que mayor riqueza y empleo aportan a la Comunidad.
Asimismo, el comité analizará los posibles escenarios de salida de la crisis, teniendo en cuenta la previsión de caída del PIB y de los ingresos tributarios de todas las administraciones; así como el impacto que supondrá en el déficit público y, por lo tanto, en el incremento de la deuda pública. De igual manera, evaluará el impacto de las medidas económicas ya adoptadas por las distintas administraciones para decidir cuáles son las mejores prácticas y así proponer nuevas medidas laborales y fiscales para la reactivación económica. “Tenemos que prepararnos para la situación económica y queremos hacerlo con serenidad, determinación y con unidad de los expertos, y sé que también de los gallegos”, concluyó.
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La Xunta de Galicia suministrará mascarillas y guantes a las empresas y los autónomos que lo soliciten, ante la imposibilidad de que muchas de ellas puedan conseguir el material de protección necesario en el mercado y a un precio adecuado. De hecho, el material será facilitado al mismo precio que lo adquiera la Xunta.
Así se acordó el pasado 14 de abril en la quinta reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que estuvo presidida por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Según se evaluó en el encuentro, el reparto de material de protección llegará a sectores como el alimentario y las distribuidoras, la metalurgia, la construcción, la ingeniería, la madera, la pizarra y el granito, las energías renovables, las cooperativas agrarias, los call center, autónomos y comerciantes.
De este forma, la Xunta va a hacer “de paraguas protector” para que se pueda seguir trabajando “cumpliendo con todas las garantías sanitarias” al facilitar material del que “sigue habiendo necesidad”. Esa misma tarde se mantuvo un encuentro por videoconferencia con los clústeres y asociaciones que representan a los sectores beneficiados por la medida para detallar con ellos el sistema de distribución más idóneo.
Además de este acuerdo relativo al suministro, otro de los temas que centró la reunión del día 14 fue la necesidad de ofrecer una alternativa de restauración a los trabajadores de los servicios esenciales. Tal y como señaló el vicepresidente, “la gente que se desplaza al trabajo precisa un lugar para poder comer. Por supuesto, con todas las garantías sanitarias”.
Por eso, el Cecop propondrá al Gobierno central abrir determinados establecimientos de hostelería para cubrir estas necesidades, “igual que se hizo con las plazas hoteleras”. La apertura de estos restaurantes de guardia se haría previa solicitud y para atención exclusiva de estos colectivos, siempre manteniendo las medidas de protección, como garantizar la distancia interpersonal y establecer un sistema de reserva previa para evitar aglomeraciones, así como los turnos necesarios.
En esta misma línea, en la reunión, se dio traslado a la Federación Galega de Municipios e Provincias de la petición de las principales federaciones de transporte de mercancías de Galicia para que ayuntamientos y diputaciones acondicionen provisionalmente equipamientos públicos para el descanso, aseo y avituallamiento de los profesionales del transporte público, que están prestando un servicio esencial. En la propuesta, se solicita la colaboración activa con los profesionales del transporte, habilitando, por lo menos en los accesos de las áreas metropolitanas de las 7 grandes ciudades -excepto en Ourense, donde la Diputación provincial ya presta este servicio-, recintos de titularidad pública acondicionados de modo excepcional y provisional para estos trabajadores.
En cuanto a la Administración de Justicia, el Cecop abordó la decisión del Ministerio de Justicia que acaba de determinar que, a partir del próximo miércoles, tendrán que acudir un mínimo de trabajadores a todos los órganos y servicios judiciales de cara a una eventual reactivación de este servicio cuando así sea determinado por las autoridades sanitarias. Esto supondrá en Galicia que acudan de manera presencial unos 720 funcionarios, lo que supone alrededor de un 26% del total (actualmente, el porcentaje era del 10%). Ante esta nueva resolución, el Ministerio de Justicia se comprometió a realizar tres envíos de material con 13.000 mascarillas, 26.000 pares de guantes y 2.000 botes de hidrogel: material que será pagado en su totalidad por la Xunta, con un importe de 40.000 euros.
Apoyo a los autónomos
El apoyo a los autónomos durante esta crisis sanitaria es también una de las prioridades de la Xunta. En esta línea, el Cecop aprobó solicitar a la Administración central que se hagan las gestiones necesarias para que en todas las ayudas que puedan participar como beneficiarias las personas trabajadoras autónomas que estén dadas de alta en el régimen especial de autónomos se hagan extensivas a los colegios profesionales que cotizan a través de mutualidades, que no están siendo considerados como beneficiarios por las líneas de ayudas de la Administración estatal.
También se acordó que no será necesario renovar la demanda de empleo hasta el 30 de junio. De este modo se amplía la orden que estaba marcada hasta finales de este mes. Además, al mantenerse cerrada la red de oficinas de empleo del Servicio Público de Empleo, se amplían los servicios que están a disposición de la ciudadanía para su atención de manera tanto telefónica como telemática y para la realización de los trámites urgentes. En concreto, se habilita un nuevo formulario web para la tramitación de altas iniciales y se amplían los servicios para la reactivación de la demanda a través de la Oficina Virtual de Empleo Galicia.
Otro de los impactos de la pandemia del Covid-19 es el incremento exponencial de los residuos sanitarios, que deben ser tratados en unas instalaciones específicas. Ante el aumento, el Complejo Medio Ambiental de Sogama en Cerceda está preparado técnicamente para recibir los residuos sanitarios, de ser necesario, y valorizarlos; con el fin de evitar que ese material se convierta en un problema a mayores para el sistema de salud pública.
A mayores, en la reunión se aprobó el modelo de autorización de desplazamientos que deberán utilizar los propietarios forestales para vender su madera a la industria. Así, en el documento quedará acreditado que la actividad forma parte de la cadena de abastecimiento imprescindible para el correcto desarrollo de las actividades industriales manufactureras y/o energéticas, consideradas esenciales durante el estado de alarma. El modelo de autorización estará disponible en la página web de la Consellería do Medio Rural.
Por último, el Cecop aprobó una Guía de actuación preventiva ante el coronavirus en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Su objetivo es establecer un protocolo interno -de acuerdo a los procedimientos aprobados por las autoridades estatales- a la hora de abordar la prevención de la infección del coronavirus desde la óptica de su prevención en el ámbito laboral, así como establecer los mecanismos de protección de los trabajadores, con especial referencia a los potencialmente sensibles.
                                            [post_title] => La Xunta suministrará a precio de coste mascarillas y guantes a empresas y autónomos de los sectores esenciales que así lo soliciten
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                                            [post_content] => El PP ha rechazado hoy la oferta del pacto de reconstrucción nacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la primera sesión de control al Ejecutivo celebrada por el Congreso de los Diputados desde el 26 de febrero, antes de la declaración del estado de alarma. La sesión ha constituido un decepcionante prolegómeno de las entrevistas bilaterales que Sánchez tiene previsto realizar mañana y el viernes con todos los grupos políticos para intentar alcanzar dicho pacto, aunque la reunión con el presidente del PP, Pablo Casado, se ha pospuesto a última hora para la próxima senana.

Hoy, en el Congreso, Casado ha acusado con dureza al presidente del Gobierno de llevar a cabo una “nefasta política” sobre la crisis del coronavirus, le ha reprochado su “ineficacia”, le ha reclamado “humildad” y le ha arrojado a la cara la enorme cifra de muertos. “Si quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos en el Congreso”, ha remachado.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha hecho responsable al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, del alto nivel de fallecidos, asunto a que se ha referido también la portavoz parlamentaria popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha instado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que explique por qué España es el país con mayor número muertos.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha pedido un modelo de salida de la crisis económica que se avecina distinto al que se puso en marcha en 2008 y ha reclamado al Ejecutivo que no se deje "presionar" por la patronal.

Mireia Vehí, de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), ha advertido que su partido “no perdonará la gestión que el Gobierno está haciendo de esta crisis" y ha demandado una subida de impuestos para las empresas con beneficios y las rentas más altas.

Sánchez ha destacado las cifras de reducción del 35% al 3% en los contagios diarios y ha considerado que esa bajada ya demuestra que las medidas adoptadas por el Gobierno y el Consejo de Ministros “están funcionando”. El presidente del Gobierno ha recordado que todas las respuestas se están avalando por el comité de expertos y los científicos y ha recalcado que para encarar bien la salida a este reto será necesaria la unidad social y del conjunto de las fuerzas políticas de la Cámara baja.

Felipe González: “Si Podemos quiere romper el marco constitucional, se autoexcluye de cualquier acuerdo”

Por su parte, el expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido hoy en una entrevista en 'Las mañanas de RNE' que si Unidas Podemos cree que es el momento de “romper el marco constitucional en medio de la pandemia”, se estará “autoexcluyendo” de cualquier acuerdo nacional.
                                            [post_title] => El PP rechaza la oferta de pacto de Sánchez y le culpa de la cifra de muertos por el coronavirus
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                                            [post_content] => El Gobierno ha confirmado esta mañana que las entrevistas por videollamada del presidente Pedro Sánchez con los portavoces de los grupos parlamentarios para intentar alcanzar un gran pacto que permita la reconstrucción social y económica de España empezarán mañana y se prolongarán hasta el viernes.

Sin embargo, la reunión con el presdidente del PP, Pablo Casado, que iba a ser la primera, "está pendiente" y "los equipos siguen en contacto por los canales habituales", en referencia a los jefes de gabinete de ambos que son los responsables de cerrar esta cita.

El PP, por su parte, ha emitido un comunicado en el que revela que "ante la reunión solicitada, hoy sí por los cauces habituales, para hablar de propuestas a medio plazo y no de planes de choque urgentes", ambas partes están "coordinando una fecha para mantenerla a inicios de la próxima semana".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pidió ayer a los líderes políticos que acudan a la cita con “espíritu constructivo y de arrimar el hombro” con el fin de trasladar a los ciudadanos que los servidores públicos están dispuestos a trabajar unidos.

La portavoz también tiene previsto dialogar con los representantes de las comunidades autónomas y ayuntamientos, así como con los empresarios, sindicatos y sociedad civil.
                                            [post_title] => La entrevista de Sánchez con Casado sobre el pacto de reconstrucción se atrasa a la próxima semana
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El Consejo de Ministros aprobó ayer un real Decreto-ley que amplía hasta mayo los plazos de presentación y pago de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que habitualmente se hacen en el mes de abril.
 La norma establece que quienes tengan una facturación de hasta 600.000 euros podrán aplazar hasta el 20 de mayo la presentación de la declaración trimestral del Impuesto del Valor Añadido (IVA) y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes.



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que esta medida “facilitará el cumplimiento de las obligaciones tributarias a la vez que permitirá inyectar liquidez en el conjunto de nuestras empresas”, concretamente hasta 3.558 millones de euros. Montero calcula que pueden beneficiarse en torno a 3,4 de contribuyentes, lo que supone un 95% del total de pymes y autónomos que, a su vez, componen la mayor parte del tejido productivo de nuestro país.



Montero recordó que pymes y autónomos también pueden acogerse al aplazamiento del pago de impuestos, hasta 30.000 euros durante 6 meses, sin pagar intereses durante los tres primeros, y ha anunciado que próximamente el Gobierno aprobará que los autónomos que tributan por módulos puedan acogerse al sistema de estimación directa.



Balance de medidas



Sobre la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la portavoz del Gobierno recordó que ya se han aprobado 48.542 operaciones, que han supuesto un respaldo del Estado por valor de 4.739 millones de euros, y que está previsto que alcancen a 1,3 millones de empresas.



Por otro lado, la Seguridad Social ha registrado 941.000 solicitudes para cobrar la prestación por cese de actividad o por el descenso de un 75% de la facturación: “Son casi 780.000 autónomos los que han recibido la conformidad y que el viernes recibirán esta prestación”, explicó Montero.



Respecto al aplazamiento de las cuotas sociales de sus empleados, 63.766 empresas se han acogido a esta posibilidad, lo que ha afectado a más de 807.000 trabajadores y 28.619 autónomos.



A su vez, 396.000 autónomos y empresas han quedado exonerados de abonar las cotizaciones sociales de sus empleados que están afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), y otros 36.048 trabajadores, contagiados por el virus o en cuarentena, están recibiendo la prestación por baja por contingencias profesionales.



Avales para facilitar el pago del alquiler



El Gobierno acordó también la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que le permitirá desarrollar una línea de avales dirigidos a facilitar el pago de alquileres a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el Covid-19.



Montero señaló que el importe podría llegar a 1.200 millones de euros y los préstamos beneficiarían a 450.000 familias, complementando así otras medidas aprobadas para evitar desahucios y proteger a inquilinos.



La ministra explicó que el Gobierno trabaja “para no dejar a nadie atrás”, y en lo que respecta a la garantía de suministros de energía, ha destacado el incremento en el número de beneficiarios del bono social eléctrico, que supera el 1,3 millones de hogares, y del bono social térmico, al que se han incorporado 17.000 personas desde la declaración del estado de alarma. Además, 70.000 hogares se acogen al bono social, que se prorroga automáticamente, en el caso de que caduque durante esta crisis, hasta el 15 de septiembre.

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, mantuvo ayer una videoconferencia con representantes del sector industrial andaluz a los que agradeció su labor altruista y desinteresada en esta crisis sanitaria y con los que se comprometió a seguir trabajando para mejorar la situación delicada que atraviesan las empresas, amortiguar los golpes y llevar a cabo la recuperación económica de éstas lo antes posible.
Moreno, que definió al sector industrial como un sector clave en Andalucía que genera riqueza y empleo de calidad, reconoció todas las dificultades a las que se están teniendo que enfrentar las empresas, al mismo tiempo que les mostró el apoyo del Gobierno andaluz que, según ha aseverado, "está haciendo absolutamente todo cuanto está en sus manos por anticiparse a la crisis y poder responder mejor a sus gravísimos efectos tanto en el ámbito sanitario como en el económico".
En este sentido, señaló que el sector industrial se comporta muy bien en cualquier tipo de crisis siendo éste el que mejor mantiene el empleo y el que mejor se adapta a las circunstancias más adversas. "Este sector ha hecho un esfuerzo ingente para que los trabajadores, que son la parte más importante de las empresas, hagan sus actividades laborales en las mejores condiciones y con las mayores garantías", agregó.
Así, agradeció el esfuerzo de todos los sectores industriales en estos días de confinamiento y se refirió al dedicado a la producción y distribución de energía para que "todos podamos tener energía y también un mínimo de complemento para que los andaluces podamos llevar nuestras vidas a cabo".  Un dato a destacar es que la demanda de electricidad del sector industrial a nivel nacional está al 53% de la que había antes del confinamiento, mientras que a nivel andaluz se sitúa al 71%, lo que se traduce en que esta industria en Andalucía está manteniendo mejor su nivel de actividad.




                                            [post_title] => Moreno destaca la necesidad de preservar las empresas para propiciar una salida más rápida de la crisis
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                                            [post_content] => Las comunidades de Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia y Andalucía y la ciudad autónoma de Ceuta, presididas todas ellan por el PP, han solicitado al Gobierno de España que dote a las comunidades autónomas de mecanismos de financiación adicionales y sin condiciones para poder hacer frente a la lucha contra el coronavirus (Covid-19), como los que ha aprobado la Unión Europea para los países miembro afectados por la pandemia.

Entre las medidas que se proponen desde el Gobierno regional se encuentra la creación de un fondo extraordinario no reembolsable, así como la suspensión de la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica, ya que las necesidades financieras derivadas de la crisis sanitaria superan ampliamente las partidas presupuestarias vigentes.

Así se lo han trasladado los consejeros de Hacienda de dichas comunidades autónomas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a través de una carta conjunta que han enviado hoy al Ministerio. Las seis comunidades consideran prioritario que el Gobierno de la Nación adopte medidas rápidas y eficaces para ayudar a las autonomías en la batalla frente a la pandemia que está requiriendo de “un esfuerzo presupuestario sin precedentes”.

Para poder abordar las necesidades de financiación de las comunidades autónomas frente a la crisis sanitaria, los consejeros de Hacienda han pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder abordar la puesta en marcha de nuevos mecanismos lo antes posible.

Así, solicitan que se agilicen los trámites para que las autonomías empiecen a recibir las líneas de financiación extraordinarias aprobados por la Unión Europea para los países miembros afectados por el COVID-19. El objetivo es que en 2020 se puedan certificar ya los gastos de personal y de material sanitario derivados de la pandemia ligados a dichos fondos europeos.

Al mismo tiempo, se pide que las comunidades autónomas puedan beneficiarse también de unas condiciones más ventajosas a la hora de financiar su deuda en los mercados, como están planteando las instituciones europeas.

Modificar las reglas de estabilidad presupuestaria 

Por otra parte, consideran urgente la modificación de las reglas de estabilidad presupuestaria para que se pueda contabilizar el gasto extraordinario relacionado con el COVID-19 al margen del cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2020, que seguirían quedando sujetos al presupuesto ordinario y con el que están comprometidas las seis regiones.

En el terreno fiscal, se ha trasladado al Gobierno de la nación la necesaria puesta en marcha de medidas que faciliten la liquidez de empresas y autónomos como agilizar en el mes de abril las devoluciones del Impuesto de Valor Añadido de 2019 (o años anteriores) así como las devoluciones mensuales de enero y febrero. En este sentido, se han recordado las distintas iniciativas tributarias implantadas por las seis comunidades autónomas como el aplazamiento del pago de los impuestos de gestión autonómica.

La deuda del Estado con las comunidades

Por último, han recordado a la ministra de Hacienda en la misiva las cantidades pendientes de abonar derivadas de la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017 o los fondos para las políticas activas de empleo que el Gobierno de España ha acordado retener a las comunidades autónomas de manera unilateral para luchar contra el coronavirus.
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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, destacó el pasado 8 de abril la creación de un fondo de contingencia específico para reorientar gasto corriente y poder así reforzar el gasto sanitario y social a consecuencia del Covid-19. “Llevamos a cabo una reprogramación de gastos corrientes de la Xunta de Galicia”, dijo, subrayando que este fondo estará dotado con 100 millones de euros, que se sumarán a lo ya presupuestado para las partidas de sanidad y servicios sociales.
El titular del Gobierno gallego recordó que el consignado para el Sergas este año es más de 4.100 millones de euros -el mayor presupuesto de su historia y un 9% más que en 2009- y el destinado a servicios sociales asciende a 821 millones de euros -el mayor presupuesto en este ámbito y un 44% más que en 2009-. También destacó que para poder hacer esta reprogramación se ahorraron costes en el funcionamiento de centros educativos o centros administrativos de la Xunta (ahorros en agua, calefacción, suministros, etc...), entre otros. Además, destacó que “todo el presupuesto de la Xunta prioritariamente está dedicado a la emergencia sanitaria y también a la emergencia económica que estamos viviendo”.
Reactivación de las obras del sector público
El titular del Gobierno gallego avanzó también el acuerdo de reactivar más de 500 obras del sector público autonómico. De esas 500, un total de 100 estaban en licitación -y se van a adjudicar- o aun no estaban licitadas -y se iniciará el proceso de licitación-. Feijóo destacó que, en total, se superarán las 500 obras, lo que supone una inversión de 300 millones de euros y 5.370 empleos y valoró esta medida como “fundamental para reactivar la economía de Galicia”.
Así, subrayó que es una decisión que se adopta dentro del respeto a las medidas de Sanidad y aprovechó para pedir a todas las empresas que cumplan escrupulosamente con las medidas de seguridad para los trabajadores.
El presidente de la Xunta destacó ejemplos de las obras que se reactivan: obras en centros educativos que hay que finalizar antes del próximo curso; obras de las intermodales; de conservación, de mantenimiento y construcción de centros de salud; para mantener la construcción de los nuevos hospitales de Galicia; de abastecimiento y saneamiento de aguas; o la obra de la Ciudad de la Justicia de Vigo.
Feijóo señaló que la reactivación tendría efecto el lunes posterior a la Semana Santa, cuando la construcción y otro tipo de actividades industriales volverán a estar permitidas.
Adelanto del pago del primer trimestre del turno de oficio
Por último, Feijóo resaltó la autorización del adelanto del pago correspondiente al primer trimestre del turno de oficio destinado a los Colegios de Abogados y de Procuradores de Galicia.
En concreto, explicó que se procedería a abonar ese día el mismo pago que en el anterior trimestre y, después, se ajustará en función de las liquidaciones. Esta medida se toma porque, ante la situación excepcional causada por el coronavirus, resultan más complicadas las tareas de comprobación y revisión de las certificaciones que los Colegios trasladan al finalizar cada trimestre.
Así, para evitar retrasos, la Xunta abonará la misma cuantía que en el trimestre anterior, y después se ajustará en función de las certificaciones remitidas por los Colegios. En concreto, la cantidad que se pagará asciende a 2,9 millones para los Colegios de Abogados; y a algo más de 275.000 euros para los de Procuradores.
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El Gobierno gallego acaba de definir los integrantes de la comisión de expertos que va a asesorar a la Xunta sobre cómo minimizar el impacto de la crisis derivada del coronavirus y estar preparados para la recuperación económica. El objetivo es que el órgano se reúna esta semana de manera telemática para empezar a trabajar.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya se dirigió a los miembros de la comisión para solicitarles su participación y avanzarles que el primer encuentro tendrá lugar esta semana. “Somos conscientes de la necesidad de tomar la iniciativa para reactivar la economía y de adelantarse para estar preparados para afrontar una difícil recuperación cuando la situación sanitaria deje de ser extraordinaria”, ahondó en la misiva.
Entre los participantes en la comisión estarán los siguientes expertos económicos:


 	
Ignacio Fernández Fernández. Miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda y profesor de Hacienda Pública. En la actualidad es director general de Finanzas de Inditex.
 	
Rosa Sánchez Yebra. Farmacéutica y funcionaria, es vicegobernadora del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y fue secretaria general del Tesoro y Política Financiera.
 	
Fernando González Laxe. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue presidente de la Xunta y es miembro del comité ejecutivo del Foro Económico de Galicia.
 	
Emilio Bruquetas Serantes. Director general de Reganosa y miembro de la Asociación Española de Directivos.
 	
Santiago Lago. Catedrático del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, también director del Foro Económico de Galicia.

A mayores, también estarán representados el Círculo de Empresarios de Galicia, el Consello Galego de Economistas y la Asociación Gallega de Empresa Familiar. Por parte de la Xunta habrá representantes de las Consellerías de Facenda, Economía, Medio Rural y Mar.
La comisión, aprobada en la reunión del Consello del pasado 3 de abril, es un órgano asesor que se pone en marcha con la finalidad de estar preparados para, una vez superado el coronavirus, iniciar una recuperación paulatina de la economía gallega y del mercado laboral.
Entre otras cuestiones, se solicitará apoyo al respecto de la determinación del impacto económico que la emergencia sanitaria y las medidas de restricción van a tener en la economía gallega; posibles escenarios de la salida de la crisis; evaluación del impacto de las medidas económicas tomadas por las distintas administraciones; y propuesta de nuevas medidas económicas, laborales y fiscales para la reactivación.
“Queremos contar con los mejores para formar parte de la comisión”, comunicó Feijóo a cada uno de los miembros, a los que convocó a incorporarse para que Galicia “sea capaz de hacer frente a esta crisis de la mejor manera posible”.
                                            [post_title] => La Xunta pone en marcha la comisión de expertos para asesorar sobre la recuperación económica y minimizar el impacto de la crisis del Covid-19
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                                            [post_content] => El titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo la tarde del lunes 13 de abril un encuentro con los gallegos del exterior a través de una videoconferencia que presidió desde su despacho de la sede del Gobierno gallego en el barrio santiagués de San Caetano, acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y en la que participaron los miembros de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas. La reunión, que busca dar continuidad al contacto permanente que el Ejecutivo gallego mantiene con los gallegos que residen fuera de la comunidad autónoma, sirvió además para actualizar las necesidades de los representantes de los gallegos de los países con mayor presencia gallega durante la actual crisis del coronavirus.

El presidente de la Xunta recordó a los representantes de la Comisión Delegada, el órgano permanente de la emigración que representa a todos los gallegos del exterior, que la Administración autonómica está agilizando las ayudas de carácter social con el objetivo de que estén disponibles el antes posible para los gallegos con menos recursos que residen fuera de nuestras fronteras.

Asimismo, el Gobierno gallego mantiene abiertas las diferentes líneas de ayuda que la Secretaría Xeral da Emigración convoca cada año para los centros gallegos del exterior, y que se está “trabajando para adaptarlos, si fuera necesario, a las nuevas necesidades que presenten”. “Vuestros centros son nuestra cultura en el exterior, nuestras costumbres y nuestros valores y, como tal, tenemos que preservarlos y cuidarlos”, destacó.

Agrupados por territorio

Feijóo aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje especial para dos de los países de América que están sufriendo esta crisis con más virulencia: “Venezuela, que suma esta situación tan compleja a su ya frágil estabilidad, y Argentina, que viene de sumarse hace ya dos semanas a nuestro confinamiento y a nuestras urgencias, junto con el resto de comunidades autónomas de España y también los países de Europa”.

Tras la renovación de la Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas en diciembre de 2019, el órgano de la emigración está integrado por el Centro Cultural y Deportivo Valle Miñor de Montevideo (Uruguay), la Asociaçao Cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago de Salvador de Bahía (Brasil), la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Zas de Buenos Aires (A Argentina) y la Sociedad Cultural Rosalía de Castro de La Habana (Cuba) por América; el Centro Cultural de Cuxhaven (Alemania), el Centro Gallego de Londres (Reino Unido), el Centro Gallego de Lisboa (Portugal) y la Asociación As Xeitosiñas de Zúrich (Suiza), por Europa; y el Centro Gallego de Salamanca, el Lar Gallego de Sevilla, el Centro Gallego de Castellón O Aturuxo, y la Unión de Asociaciones Gallegas de Cataluña (Augalcat) por España. Como miembros natos del organismo permanecen la Casa de Galicia de Montevideo (Uruguay) y la Hermandad Gallega de Venezuela (Caracas) por contar con más de 20.000 socios.
                                            [post_title] => Feijóo mantiene un encuentro con los gallegos del exterior a través de videoconferencia para seguir su situación durante la pandemia del coronavirus
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El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, dedicó a países de Europa la segunda videoconferencia institucional que está realizando con los gallegos del exterior para seguir la evolución de su situación en la crisis mundial que está generando la pandemia del coronavirus. En esta ocasión el titular del departamento autonómico quiso celebrar la reunión con representantes de las entidades gallegas ubicadas en Alemania, Reino Unido y Portugal, después de una primera, celebrada el miércoles, con el delegado de la Xunta en Argentina y Uruguay, Alejando López Dobarro, por ser el argentino el país con mayor presencia gallega. 
El objetivo de esta nueva reunión telemática fue actualizar la información sobre las necesidades y realidad de la Asociación Cultural Galega de Hamburgo, la Asociación Cultural Galega ‘De Berlin Son’, Centro Cultural Gallego de Cuxhaven, Centro Cultural Gallego de Francfort del Meno, Centro Cultural y Deportivo Galicia Emigrante 1972, Centro Galego de Hannover, Centro Galego de Nürnberg, Club Galicia de Bonn, Coordinadora Federal das Asociacións Galegas en Alemania, Grupo Cultural Gallego de Troisdorf y la Peña Galega de Munich, todas ellas con sede en Alemania. A las entidades teutonas se añadieron el Centro Galego de Londres y Xuventude de Galicia-Centro Galego de Lisboa.
Los responsables de los centros gallegos compartieron su situación y la de las ciudades y países en los que se encuentran, que varían en función del Estado del que se trate, en el caso de las alemanas, y pusieron en común sus necesidades y perspectiva de futuro. Antonio Rodríguez Miranda expuso las diferentes alternativas que está estudiando la Secretaría Xeral da Emigración para paliar las consecuencias que esta pandemia mundial puede dejar en las entidades gallegas del exterior.
Más de 37.000 gallegos en total
En Alemania, uno de los países históricamente más receptores de la emigración gallega, viven hoy 17.519 gallegos, convirtiéndose en el tercero de toda Europa con más población originaria de Galicia, mientras en el Reino Unido, el quinto del Viejo Continente, residen 15.324 y en Portugal lo hacen 4.562, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2020. Entre estos tres Estados de Europa suman, así, un total de 37.405 ciudadanos gallegos emigrantes o descendientes.
                                            [post_title] => Miranda continúa con una conferencia con Alemania, Reino Unido y Portugal la ronda de seguimiento de la situación de los gallegos del exterior por la crisis del coronavirus
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El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, resaltó el pasado 8 de abril tras la reunión del Consello da Xunta la activación de 3 millones de euros para apoyar el desarrollo de proyectos innovadores vinculados al coronavirus, así como el impulso de la fabricación inmediata de medios de protección, a través de ayudas que faciliten a las pymes gallegas a reorganizar su producción y ajustarse a las necesidades del mercado.
En el ámbito de la innovación, Feijóo resaltó que en total se presentaron 160 iniciativas innovadoras para producir material sanitario, de las cuales se preseleccionaron 11 propuestas que incluyen proyectos para desarrollar láminas que puedan proteger diferentes superficies frente al virus; nuevos sistemas para respiradores; sistemas de detección rápida del virus; máscaras capaces de filtrar el virus; o iniciativas centradas en la generación de cartografía sobre el riesgo de contagio por zonas, entre otras.
Estas iniciativas podrán solicitar el anticipo del 100% de la ayuda concedida. Y, según los proyectos, habrá dos tipos de ayudas: financiación del 100% de estos proyectos de innovación, cuando la empresa beneficiaria cumpla el requisito de que las ayudas que reciban por el concepto de minimis no superen los 200.000 euros, durante un período de tres ejercicios fiscales (los dos anteriores y el actual). Y una segunda ayuda para el resto de compañías, que obtendrán hasta el 50% del coste del proyecto.
Cabe destacar que, en total, la Administración autonómica destinará 500.000 euros.
Ayudas para la reorganización productiva urgente de las pymes
En este mismo sentido, el Consello también aprobó un nuevo programa dotado con 2,5 millones de euros para impulsar la reorganización productiva urgente de las empresas gallegas para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Sobre este punto, Feijóo subrayó que, en este momento, ya hay empresas que entregaron 30.000 pantallas de protección facial de Arlit Diseño e Impresión; 250.000 mandiles protectores de Maniber; 12.000 batas del proyecto que coordina el Clúster Textil (Cointega); 20.000 batas impermeables de Gocotex y Ithaka/Xallas; EPIs recogidos por Ceaga; mascarillas FPP2 de Gabadi; o respiradores de Bendix-Cinfo.
“En definitiva, las empresas gallegas están trabajando en textiles sanitarios, en kits, en consumibles de diagnosis y en elementos para desinfección, y se está creando una economía productiva desde el punto de vista social y también con un interés económico y de creación de empleo”, concluyó el presidente de la Xunta.
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Los test que fueron enviados por el Ministerio de Sanidad a Galicia tienen una utilidad tan solo complementaria de otras técnicas de diagnósticos en la detección de infecciones por el virus Covid-19, según concluyen profesionales que forman parte de la Comisión de gestión de la crisis sanitaria.
En este sentido, uno de sus miembros, el jefe de servicio de Microbiología del Hospital de Vigo (CHUVI) y catedrático de la Universidad de Santiago, Benito Regueiro, explica que los test distribuidos valen exclusivamente para valorar si una persona tuvo contacto con el virus, pero no permiten realizar un diagnóstico clínico: “No son en sentido estricto un test de diagnóstico, ya que lo único que valoran es la respuesta de defensa de la persona”.
Regueiro explica que dichos test sirven para complementar las pruebas diagnósticas como las PCR que ya está realizando el Sergas: “Sirven solo para valorar si la persona tuvo contacto con el virus, y siempre que sea alguien que no tenga una inmunosupresión de base”.
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El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, participó, el pasado 9 de abril, por videoconferencia, en una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la pandemia provocada por el coronavirus. Según el conselleiro, se abordó la situación actual de la pandemia, señalando que se está en un período de aplanamiento con cifras que mejoran las de las últimas semanas. En concreto en Galicia, Almuiña habló de que el crecimiento se sitúa alrededor del 3% diario, que es de los más bajos que hubo en las últimas semanas.
Un aplanamiento que la idea es que en breve se pueda tener una merma de casos. Además, los casos que están apareciendo, dijo el conselleiro, son leves, que están siendo tratados en domicilio y seguidos desde atención primaria, pendientes de ver si hay síntomas de empeoramiento, pero en las UCI y en las plantas de hospitalización el número de casos está bajando día a día, lo que es un dato muy esperanzador.
En el Consejo se habló también, recalcó Almuiña, de los protocolos de actuación. “Creemos que no es el más acertado el del diagnóstico en residencias de la tercera edad -dijo Almuiña-. Consideramos que tiene que haber, como estamos haciendo en Galicia, una inversión en diagnóstico más efectiva y, de este modo, tener actuaciones de refuerzo, como estamos teniendo en nuestra comunidad, de refuerzos de los equipos (personal médico y de enfermería), para, de este modo, dar la mejor atención posible y separando los circuitos de aquellos que tienen la infección de los que no la tienen. Para nosotros es algo muy importante”.
Protocolo para los profesionales
También se abordó el protocolo para que los profesionales vuelvan a incorporarse. Así en los próximos días habrá una revisión de este protocolo, ya que entiende el conselleiro gallego que no es el más adecuado, puesto que fijaba la incorporación rápida sin la realización de una PCR.
Otro tema tratado en la reunión fue que, una vez que se consolide el descenso de la pandemia en las siguientes semanas, que el fin del confinamiento tenga lugar de una manera progresiva, para eliminar posibles brotes en otra época del año. Ya hay equipos por cada comunidad autónoma preparando este tema.
Asimismo, se habló de la protección a la población. Al respecto, la OMS dijo que no era necesario salvo aquellas personas que tuviesen la posibilidad de contagiar a otras, por tanto, no de protección individual, sino de protección a los demás. Así, se está evaluando de nuevo este tema y la protección no sería una mascarlla sanitaria, sino una mascarilla higiénica, que se utilizaría en espacios cerrados, donde la distancia de seguridad (2 ó 2,5 metros) no se podría mantener. En este aspecto, desde el Ministerio de Sanidad se anunció, dijo el conselleiro, que va a haber un criterio unificado para toda España, y que no interferirá en la protección al personal sanitario y al uso sanitario de mascarillas.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha clausurado hoy el Palacio de Hielo de Majadahonda como recinto temporal y extraordinario habilitado para recibir a fallecidos por el coronavirus (COVID-19). Esta infraestructura, que durante diez días ha contribuido a afrontar las consecuencias de la pandemia, ha acogido a 162 personas fallecidas. Ahora, debido a las menores necesidades de los servicios funerarios de la región, el Gobierno madrileño ha decidido su cierre.

La presidenta se ha desplazado al Palacio de Hielo del municipio majariego para agradecer su apoyo y esfuerzo a su alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, a los funcionarios de la Dirección General de Seguridad y al personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, que han participado en la logística, organización y recogida de los fallecidos. También a los miembros de la Unidad Militar de Emergencia, que han prestado sus servicios en el edificio. Díaz Ayuso ha estado acompañada por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.

Una vez clausurado el Palacio de Hielo para esta función temporal y extraordinaria, el edificio volverá a estar a disposición del Ayuntamiento de Majadahonda, que podrá reanudar su actividad habitual cuando así lo determine la autoridad sanitaria.

Las otras dos morgues improvisadas siguen funcionando

Tras el cierre del Palacio de Hielo de Majadahonda, siguen en servicio para acoger fallecidos de Covid-19 el Palacio de Hielo de Madrid y el edificio del futuro Instituto de Medicina Legal, en Valdebebas, que siguen trabajando en estrecha colaboración con los servicios funerarios madrileños.

Entre los tres han recibido en total y hasta hoy a 1.785 fallecidos: Palacio de Hielo de Madrid (1.145); Palacio de Hielo de Majadahonda (162); y edificio de Instituto de Medicina Legal (478).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decretó el pasado 30 de marzo luto oficial en la región, para establecer que ondee a media asta la bandera regional en los edificios de la administración autonómica, en señal de condolencias y en memoria del elevado número de fallecidos por el coronavirus.



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                                            [post_content] => La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el 10 de abril 26.267 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 195.183 trabajadores y trabajadoras afectadas. El 98,1% de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 25.458 expedientes. Solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98% del total.

Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra, según explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, “la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas”, pues de no haberse aplicado “ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente”. Sin embargo, considera que ahora “hay que dar un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico”. “Canarias seguirá trabajando para que el Estado mantenga esta medida más allá del estado de alarma”, afirma.

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15% y el 25,94% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81%); transporte y almacenamiento (6,76%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97%); construcción (3,58%); industria manufacturera (3,25%) y educación (3,13%). Por sectores económicos, los de hostelería (32,1%), comercio (25,9%) y resto de servicios (34,6%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.
                                            [post_title] => Canarias registra 26.267 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 195.183 afectados
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, celebró ayer una videconferencia con una representación de investigadores de la Comunidad, dentro de la ronda de reuniones que está manteniendo con distintas organizaciones sectoriales y colectivos para avanzar en la lucha contra el Covid-19. El presidente valoró el trabajo fundamental que realizan para la sociedad, una labor que es ahora más necesaria que nunca.
A la convocatoria de ayudas para propuestas y proyectos de investigación sobre el Covid-19, puesta en marcha por el Instituto de Salud Carlos III, se han presentado 17 proyectos de las universidades y centros investigadores de Castilla y León. Fernández Mañueco ha anticipado que la Junta va a financiar los proyectos presentados por equipos de la Comunidad que resulten de interés, coordinando esas actuaciones con las del Instituto Carlos III. 
Así, se destinarán unos 2,4 millones de euros a apoyar a estos investigadores, lo que supone el 10% de lo que ha puesto el Instituto para esta convocatoria. La Consejería de Educación estudia actualmente si estos fondos se destinarán a cofinanciar los proyectos presentados a esta convocatoria o bien si se financiarán aquellos que no resulten seleccionados, pero que el propio Instituto considere que tienen la suficiente relevancia.
El objetivo es que Castilla y León siga contribuyendo a la lucha contra el Covid-19, con una de sus fortalezas: sus universidades e investigadores. Y ese apoyo se realizará sumando fuerzas y trabajando de forma conjunta con otras entidades e instituciones, como son el Ministerio de Ciencia e Innovación o el Centro Superior de Investgaciones Científicas (CSIC).




                                            [post_title] => La Junta financiará proyectos de investigadores de Castilla y León contra el coronavirus por 2,4 millones de euros
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                                            [post_content] => La Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica ha tramitado ya 7.302 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de las 10.685 presentadas con motivo de la crisis del Covid-19. De este modo, se han gestionado casi 7 de cada 10 peticiones (68,33%). Según el Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de Empleo y Formación, estos expedientes afectan a 28.114 trabajadores.

El director general de Empleo y Formación, Pedro Fernández-Raigoso, ha trasladado hoy estos datos a los agentes sociales y económicos durante la segunda reunión celebrada por la comisión de seguimiento impulsada por el Gobierno de Asturias para analizar los ERTE provocados por la crisis sanitaria. En concreto, las 10.685 solicitudes se presentaron desde el 11 de marzo y hasta ayer, 13 de abril. Del total de ERTE tramitados, 7.154 (98%) corresponden a causas de fuerza mayor y afectan a 27.269 empleados. Otros 148 (2%) se atribuyen a otras causas (económicas, técnicas, productivas y organizativas) y afectan a 845 personas.
                                            [post_title] => Más de 28.000 asturianos están afectados por un ERTE por la crisis del coronavirus
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Con profundo pesar la comunidad asturiana residente en la capital cubana recibió la noticia del fallecimiento el pasado 5 de abril del presidente del Círculo Praviano de La Habana, Jacinto Fajo Otero como consecuencia de un infarto masivo del miocardio.

A sus honras fúnebres asistieron familiares, amigos y directivos de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba (FAAC) encabezados por Longinos Valdés y Ana María Suárez, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la entidad que agrupa a 34 sociedades asturianas. Los restos mortales del destacado directivo fueron inhumados en el Panteón Social que posee el Círculo Praviano en la habanera Necrópolis Cristóbal Colón.

Jacinto Lázaro Fajo Otero nació en La Habana en el año 1943. Era nieto de emigrantes asturianos y gallegos. Se graduó como técnico en Tráfico, Operaciones y Explotación de Transporte trabajando durante cuarenta años en el Ministerio de Transporte hasta su jubilación. Desarrolló una intensa vida asociativa por más de cuatro décadas en sociedades gallegas y en las asturianas, donde ocupó cargos de dirección. Al momento de su fallecimiento era miembro de las directivas de las sociedades asturianas: Club Carreño de La Habana; Asociación Benéfica Covadonga; Naturales del Concejo de la Reguera; Hijos del Concejo de Villayon, y del Círculo Praviano de La Habana, entidad que presidió por más de 25 años.

Era, asimismo, miembro de la Junta Directiva de la FAAC y delegado en propiedad en representación de su sociedad ante la Federación de Sociedades Españolas de Cuba (FSEC) y de la FAAC. Por su destacada trayectoria recibió en el año 2014 el Reconocimiento Gaspar Melchor de Jovellanos que otorga la Federación asturiana desde 1992.
                                            [post_title] => La comunidad asturiana en Cuba despidió con profundo pesar a Jacinto Fajo Otero
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                                            [post_content] => El exministro y expresidente del Congreso de los Diputados y del Consejo de Estado Landelino Lavilla murió ayer a los 85 años de edad por causas naturales.

Nacido en Lleida en agosto de 1934, se encontraba gravemente enfermo, aunque activo en su puesto de consejero permanente de la sección primera del Consejo de Estado.

Ministro de Justicia con el presidente Adolfo Suárez, se convirtió en una de las personalidades que materializaron la reforma política que desembocó en las primeras elecciones legislativas democráticas del 15 de junio de 1977. En ese tiempo al frente del Ministerio promovió una intensa labor de reforma legislativa, tanto en derecho público como privado.

Miembro de la UCD, también fue presidente del Congreso en la primera legislatura, momento en el que se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Candidato a la presidencia por UCD en 1982

Tras la marcha de Suárez, fue elegido presidente de UCD en 1982, encabezando la lista electoral de la coalición centrista en las elecciones generales de octubre de año que ganó el PSOE por una amplísima mayoría absoluta.

Tras el fracaso electoral y la disolución de UCD, renunció a su acta de diputado y pasó a formar parte del Consejo de Estado. Fue presidente de las secciones primera y segunda, y presidió interinamente la institución entre el 29 de junio del 4 de agosto de 2018.

Abdicación de Juan Carlos I

Tuvo un papel destacado en la preparación de la abdicación del rey Juan Carlos a petición de éste, según reveló él mismo en una entrevista radiofónica.

Por su trayectoria profesional fue galardonado con las Grandes Cruces del Mérito Civil, de la Real Orden de Carlos III y de San Raimundo de Peñafort. También fue distinguido, junto al resto de presidentes del Congreso, con el Premio de la Defensa de los Valores Constitucionales –otorgado por la Fundación Humanismo en 1998–, el IX Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio en 2003 y el premio a la independencia judicial otorgado por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) en 2009.
                                            [post_title] => Muere Landelino Lavilla, presidente del Congreso durante el 23-F
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                                            [post_content] => Los ministros de Finanzas de la UE lograron el jueves 9 aprobar por fin un paquete de emergencia de más de medio billón de euros para luchar contra la pandemia después de que España e Italia lograran que el acceso a esos fondos no esté condicionado a ningún programa de ajustes o reformas, como querían los Países Bajos. Los titulares de Finanzas de la UE pactaron también crear un fondo para la recuperación económica que deberán abordar los jefes de Estado y de gobierno en la próxima cumbre.

El paquete pretende ser una triple red de seguridad: para gobiernos, empresas y trabajadores. El fondo de rescate europeo (Mede) será el salvavidas para los gobiernos que requieran de fondos en caso de un deterioro rápido de sus finanzas públicas. El acuerdo activa hasta 240.000 millones de euros que podrán solicitar todos los países de la zona euro.

El acceso a esa línea de préstamos, de hasta el 2% del PIB del país que la solicite, no supondrá atarse a un programa de rescate, con ajustes y reformas, sino comprometerse solo a estar dentro de las reglas fiscales de la UE, lo que incluye sus márgenes de flexibilidad.

Además de los fondos del Mede, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) movilizará otros 200.000 millones de euros para empresas, sobre todo pymes, mientras que la Comisión Europea emitirá bonos para financiar programas —como los ERTE— que eviten los despidos masivos con un monto de hasta 100.000 millones de euros.
                                            [post_title] => La UE acuerda desbloquear las ayudas de medio billón de euros contra la crisis del coronavirus
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                                            [post_content] => Haydée Beatriz Piñeiro Freire, la hija de emigrantes gallegos nacida en Argentina y poseedora de la ciudadanía española que viajó en el crucero Costa Pacífica lleva ya 20 días varada en Roma y aún no sabe cuándo podrá retornar a su hogar.

Piñeiro, de 74 años, y su cuñada y amiga Ana María Larronde, de 73 años, forman parte del contingente de 44 pasajeros de diversas nacionalidades que están esperando en el hotel romano B & B Tuscalona la repatriación a sus naciones de origen.

Según explicó en comunicación telefónica con España Exterior, luego de varios días sin saber en qué destino iban a descender del buque tras haber sido negado el permiso a desembarcar en España y Francia, el pasado 25 de marzo finalmente pudieron bajar en Roma. “Primero nos llevaron a un hotel, a los tres días nos trasladaron a otro en el que sólo estuvimos dos horas porque la policía lo cerró, y desde el 28 estamos en el Tuscolana”, explicó.

Piñeiro, quien se desempeña como secretaria de Cultura del Centro Gallego de La Plata y vocal de la junta directiva del Club Español de dicha ciudad, informó que de los 44 pasajeros del Costa Pacífica, el sábado pasado pudieron retornar a su país ocho ucranianos tras aceptar hacer el viaje en ómnibus, y añadió: “Quedamos 36 en el hotel, pero ayer ingresaron 11 australianos, suponemos que de otro crucero de Costa”.

Ambas están en contacto permanente con el cónsul adjunto de Argentina en Roma, Mariano Trisano. “A pesar de que el Consulado está cerrado, están siempre atentos a ver si necesitamos algo. Eso nos da cierta tranquilidad porque sabemos que nos tienen en cuenta y que estamos en una lista de espera para una posible repatriación, pero según nos informaron la conversación entre ambos gobiernos está complicada porque es muy difícil que dejen entrar a Argentina vuelos desde Europa, y mucho menos desde Italia”, aseguró.

A pesar de estar de buen ánimo dadas las circunstancias, relató que las condiciones en las que están soportando esta situación son cada vez más difíciles. “Antes podíamos salir una vez por día para caminar en el patio del hotel, pero desde el miércoles pasado aumentaron las restricciones de la policía y ya no podemos hacerlo. También tenemos que hacer la limpieza de la habitación en la que estamos las 24 horas, porque el personal del hotel o no quiere hacerlo o ya no se lo permiten”.

En esa tónica, concluyó: “Aceptamos la decisión porque sabemos que lo están haciendo para que estemos más protegidas al restringir el contacto con otras personas, y también nos sentimos atendidas y cuidadas tanto por la gente de Costa Cruceros como por el Consulado, pero a veces es difícil afrontar el síndrome de abandono que nos está provocando esta situación”.
                                            [post_title] => La hija de emigrantes gallegos de 74 años que viajó en el crucero Costa Pacífica lleva ya 20 días varada en Roma
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                                            [post_content] => El Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación facilitó el día 9 de abril el regreso de cien españoles que se encontraban en diferentes países de África que habían pedido ayuda a las embajadas y consulados de España para regresar a sus residencias después de que las restricciones por la pandemia del Covid-19 les sorprendiera de viaje.

Después de la operación que permitió el pasado 8 de abril el regreso a casa de 32 españoles desde Sudáfrica, al día siguiente la Embajada de España en Pretoria volvió a coordinar una nueva repatriación para facilitar el regreso de otros 25 españoles.

A ellos se suman otros 58 españoles que se encontraban en Ghana y Angola que también regresaron a casa gracias a las Embajadas de España en la zona. Además, en ese mismo avión viajaron otras 90 personas, en su mayoría brasileños y también 2 comunitarios y 4 extranjeros residentes en España. Los brasileños continuaron su viaje a Sao Paulo. Y, finalmente, se añaden otros seis españoles que, junto a una ecuatoriana, tras la colaboración de la Embajada de España en Níger con la de Francia, pudieron embarcar en un avión militar francés para abandonar Chad.

También gracias a las gestiones de las embajadas y consulados españoles dos españoles que estaban en El Cairo (Egipto) pudieron volar a París para tomar sus vuelos de conexión a España. A la capital francesa también llegaron otros cinco españoles desde Jeddah (Arabia Saudí). Otros dos españoles viajarán de Dubai (Emiratos Árabes) a Sofía (Bulgaria) para seguir a Madrid; como también otros dos han llegado a Frankfurt desde Vietnam en un vuelo fletado por Alemania.

Desde Ecuador, Perú, Argentina y otros países

Desde Iberoamérica también se destaca la labor de la Embajada de España en Ecuador que facilitó el día 9 de abril el retorno de 41 españoles en un avión de Francia que hizo la ruta Quito-Guayaquil-París-Madrid y que, pese a una avería técnica que obligó a retrasar un día la operación, ya están de vuelta en España. Este es el octavo vuelo enmarcado en el Mecanismo Europeo de Protección, de los que cuatro fueron organizados por la Embajada de España y que han permitido que más de 1.000 españoles hayan regresado ya desde Ecuador.

El mayor contingente de españoles de las últimas horas ha vuelto a llegar desde Lima. La Embajada de España en Perú continúa con sus gestiones para facilitar que los vuelos que coordina puedan aterrizar en la base militar de Lima, único aeropuerto operativo en la capital, para facilitar el retorno de españoles que, en el vuelo que el día 11 de abril aterrizó en Madrid, permitió la vuelta a casa de otros 288 españoles.

Paralelamente, desde el Consulado han lanzado un aviso a todos los españoles que se encuentran en la zona de Cuzco y que han expresado su deseo de regresar a España, para se inscriban en una lista que, excepcionalmente y tras conseguir los permisos para operar en el aeropuerto, se facilitará un vuelo comercial de Cuzco a Lima, para el lunes 13 de abril, tras haberse decretado el cierre de la conexión terrestre entre las dos ciudades.

También llegó el día 9 de abril un nuevo vuelo desde Argentina con 250 españoles al que seguirán otros tres nuevos vuelos en los días siguientes gracias a las gestiones de la Embajada de España en Argentina.

[caption id="attachment_951080" align="alignnone" width="640"] Personal del Consulado en Zurich atiende a españoles llegados de India, Honduras y Costa Rica.[/caption]

La estrecha colaboración de las embajadas de España en Guatemala y Costa Rica con los diplomáticos suizos también ha permitido el retorno de 11 españoles, cinco de ellos a través de un vuelo de enlace desde Honduras. El resto viajaron desde Costa Rica, incluida una menor y sus dos padres costarricenses residentes en España.

Más de Filipinas

Desde Filipinas, y tras una gestión directa de la Embajada de España con el Ministerio de Defensa, también se ha puesto en marcha un amplio dispositivo que ha permitido a una familia española (padre, madre e hija de tres años que, anteriormente, habían rechazado abandonar el país) salir desde Boracay en un helicóptero de la Fuerza Aérea Filipina con destino a Lloilo, donde se han embarcado en un avión militar a Cebú para, posteriormente, ser aerotransportada a Manila desde donde volarán a París para después enlazar con Sevilla. Quienes ya está están más cerca de su casa gracias a las gestiones del Consulado de España son los tres españoles que el día 8 de abril se embarcaron en un vuelo organizado por Francia y otros dos que formaron parte del pasaje de otro vuelo fletado por el Reino Unido.
                                            [post_title] => Retornan un centenar de españoles desde diferentes países africanos en un solo día y se mantiene el alto ritmo de regresos desde Iberoamérica
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                                            [post_content] => Más de dos millones de trabajadores de servicios no esenciales, como la construcción o la industria, podrán acudir a sus puestos de trabajo a partir de este lunes y martes (hoy lunes es festivo en ocho comunidades autónomas) tras terminar el periodo especial de hibernación de la economía ordenado por el Gobierno del 30 de marzo al 9 de abril para reducir la movilidad a la propia de un domingo y forzar la bajada de contagios por el coronavirus.

Estos trabajadores gozaron durante estos días de hibernación de un permiso retribuido recuperable y deberán devolver las horas de los ocho días laborables no trabajados, lo que podrá hacerse desde hoy hasta el 31 de diciembre de 2020, previa negociación en un máximo de 7 días entre la empresa y la representación legal de trabajadores.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido hoy en una entrevista en la Cadena Ser en que el regreso al trabajo de ciertos sectores no supone un relajamiento del confinamiento ya que este se mantiene en los términos fijados en el real decreto del estado de alarma del 14 de marzo. Esto significa que la mayor parte de la población sigue en su casa —colegios, bares, restaurantes, equipamientos culturales y centros de ocio permanecen cerrados—, pero se reinicia la actividad económica que paró con el decreto de hibernación.

Confusión en la construcción

Sin embargo, la publicación a las diez de la noche de ayer de una orden en el BOE en la que limitaba los permisos suspendiendo aquellas obras en edificios habitados por el riesgo de contagio por coronavirus ha provocado confusión y malestar en el sector de la construcción. Muchos trabajadores y empresas, que tenían todo preparado, se vieron obligados a suspender inmediatamente su actividad. Esta orden mantendrá su vigencia hasta la finalización del período de estado de alarmas y sus prórrogas, o hasta que existan circunstancias que justifiquen la aprobación de una nueva orden que modifique los términos de la presente.

En la orden se especifica que la limitación para la actividad alcanza a toda clase de obra que suponga la intervención en un edificio ya existente, independientemente de su alcance, así como la circulación de sus trabajadores o materiales, que no sea posible independizar por completo de los espacios en los que se encuentren, temporal o permanentemente, aquellas otras personas.

Fuentes del sector explicaron que están estudiando con los servicios jurídicos la alternativa más viable ya que el pasado día 9 terminó el permiso retribuido recuperable, “por lo que toda esta gente se queda en un limbo, sin saber si podrá pagar las facturas el mes que viene”. No se sabe si es factible que las empresas se acojan a un ERTE.

Reparto de mascarillas

El Gobierno ha acompañado la decisión de reactivar estos sectores con el refuerzo de medidas de protección, como el reparto de 10 millones de mascarillas en el transporte público y la publicación de un protocolo de actuación para una vuelta al trabajo más segura, que contempla, además de primar el teletrabajo en los casos en que sea posible y mantener el distanciamiento social, desinfectar los objetos que se hayan usado fuera de casa, como pueden ser las gafas o el móvil. También se exige el uso de mascarilla entre los empleados que trabajen a menos de dos metros y que las empresas hagan salidas y entradas escalonadas para evitar aglomeraciones.

El Ejecutivo ha comunicado que desde primera hora de la mañana efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y Protección Civil reparten mascarillas en los principales nodos de transporte de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Asturias, Castilla y León, Región de Murcia y Extremadura.

La vuelta al trabajo de estos trabajadores de sectores no esenciales y de los que no pueden teletrabajar ha despertado las reticencias de algunos sanitarios y la oposición de algunos políticos.

Temor a rebrotes

Desde el sindicato de enfermería Satse alertan de que la vuelta al trabajo puede generar un repunte de casos que deberán asumir “unos centros congestionados y cuando los profesionales sanitarios no tienen, en muchos casos, la protección necesaria para trabajar”. Desde el sector de las residencias, de los más castigados por la Covid-19, la patronal Aeste teme “un repunte de contagios entre los trabajadores de los centros”. El debate en la comunidad científica busca equilibrar este riesgo con el impacto que tiene, en términos de salud a largo plazo, mantener la actividad económica al mínimo.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, considera una “imprudencia” y una “temeridad” relajar el confinamiento y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió que aclare “cuánto, cómo y dónde” se llevará a cabo el reparto de mascarillas anunciado.
                                            [post_title] => Dos millones de trabajadores vuelven a sus puestos tras acabar el periodo especial de hibernación de la economía
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                                            [post_content] => El Gobierno, a petición de la Junta de Extremadura, ha dictado desde este lunes el levantamiento del aislamiento en el que durante un mes ha permanecido Arroyo de la Luz (Cáceres), según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El aislamiento de esta localidad extremeña, que se adoptó tras registrarse 15 casos de coronavirus en ese municipio de 5.800 habitantes, estableció la prohibición de viajar a esta localidad y la de salir de ella a no ser estrictamente necesario y que las salidas de los propios domicilios en esta localidad, situada a 18 kilómetros de Cáceres, debían limitarse a las esenciales como compras o atención sanitaria.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que firma la orden de levantamiento del aislamiento, explica que se adopta esta decisión “a la vista de la evolución de las cifras epidemiológicas en el municipio”, informa Efe.
                                            [post_title] => Arroyo de la Luz (Cáceres) deja de estar aislado después de un mes
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                                            [post_content] => El Gobierno prorrogó por otros 14 días del restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal. La orden, firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, entró en vigor en la medianoche del sábado 11 y estará vigente hasta las 00.00 del domingo 26. El ministerio advierte en el comunicado de que la orden “está sujeta a nuevas extensiones en caso de necesidad”.

El restablecimiento de los controles en las fronteras interiores de España con Francia y Portugal entró en vigor el 17 de marzo en el marco de las medidas de contención de la Covid-19 y con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. En estos controles solo se permite el acceso a territorio nacional a ciudadanos españoles, personas residentes en España, trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

La restricción no se aplica al transporte de mercancías, para asegurar la continuidad de la actividad económica y preservar la cadena de abastecimiento, ni al personal extranjero acreditado como miembro de misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales situados en España, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones oficiales.

Restricciones en puertos y aeropuertos y cierres en Ceuta y Melilla

A estos controles se suma la restricción de viajeros a través de fronteras exteriores de España en puertos y aeropuertos que entró en vigor el 23 de marzo y sigue vigente. Por dichas fronteras exteriores solo se permite el acceso a españoles y residentes en España, residentes en la UE o estados asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia, titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Schengen que se dirija a su lugar de residencia, junto a otras pocas excepciones.

Desde el 23 de marzo sigue vigente también el cierre temporal de los controles terrestres habilitados para la entrada y salida de España a través de Ceuta y Melilla.
                                            [post_title] => El Gobierno prorroga hasta el 25 de abril los controles en las fronteras con Francia y Portugal
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                                            [post_content] => En apenas una semana, 347 españoles han ofrecido su alojamiento a través de la plataforma creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, denominada ‘Aloja’. El objetivo de esta iniciativa solidaria es poner en contacto a españoles residentes en el extranjero con aquellos viajeros españoles que, debido a las restricciones de viaje impuestas por la epidemia del Covid-19, carezcan temporalmente de alojamiento o tengan dificultades para acceder a un lugar donde hospedarse.

Según ha informado Exteriores, desde que se creó la plataforma Aloja el pasado 3 de abril, se han registrado así más de 40 ofertas diarias de alojamiento, cifras que testimonian la gran solidaridad de los españoles en el exterior respecto a sus compatriotas en situación de dificultad. En términos absolutos, además de las casi 350 personas que han ofrecido su domicilio, Aloja ha registrado un total de 260 personas que se han inscrito en busca de alojamiento a través de esta plataforma, logrando conectar a 57 personas con este fin hasta ahora. Los países en los que se ha registrado una mayor oferta han sido Estados Unidos, Marruecos y Alemania, mientras que los países en los que se han producido más solicitudes fueron Australia, Perú y Filipinas.

Las personas que deseen ofrecer o solicitar alojamiento deben rellenar un sencillo formulario con los datos básicos relativos a su domicilio y a su situación en este enlace.

En este sentido, Aloja se limita a facilitar el encuentro entre españoles residentes en el extranjero y turistas en situación de necesidad, y todo contacto posterior queda limitado al ámbito privado.

Paralelamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de su red de embajadas y consulados, sigue manteniendo contacto con todos los ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero y desean volver a España, para encontrar una solución a su situación.
                                            [post_title] => Más de 300 españoles ofrecen acogida a otros españoles varados en el extranjero a través de ‘Aloja’, la nueva plataforma lanzada por Exteriores
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                                            [post_content] => La Embajada de España en México y los consulados generales en el país (México D.F, Monterrey y Guadalajara) ha puesto en marcha un dispositivo especial para prestar la mayor atención a los españoles en el país, tanto transeúntes como residentes, en las especiales circunstancias de alarma sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Según informa el propio embajador, Juan López-Doriga, “desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19 en México, tanto la Embajada como los Consulados Generales de España han reforzado sus servicios para atender las solicitudes de los españoles, en particular de los turistas y no residentes referidas a medios de transporte para volver a España”.

En este sentido indica que, entre la embajada y los consulados generales existen hasta 8 líneas de teléfono disponibles, más 3 de emergencia, además de las cuentas de Twitter y los correos electrónicos. “A través de todos estos medios -afirma el embajador- se atienden puntualmente las solicitudes de los ciudadanos que nos contactan”.

Así, en las últimas tres semanas “se han contestado 4.100 llamadas y casi 2.000 correos electrónicos, además de numerosas consultas por Twitter. Todas las líneas de comunicación permanecen abiertas, funcionan correctamente y cualquier ciudadano que lo desee puede utilizarlas”. López-Doriga también asegura que “cada situación particular se valora para dar una respuesta adecuada en la medida de las necesidades objetivas del ciudadano que nos contacta y de las alternativas viables existentes, y que ninguna de las comunicaciones recibidas se deja de contestar”.

Respecto a las conexiones aéreas entre México y España, desde las representaciones españolas se ha mantenido un estrecho contacto con las principales aerolíneas, consiguiendo resolver con éxito más de 50 casos de ciudadanos cuyos vuelos habían sido cancelados o modificados, según señala el embajador.

López-Doriga recuerda que, a día de hoy, existen vuelos comerciales que conectan México con España, a diferencia de lo que ocurre con otros países, por lo que no se plantea por el momento la organización de vuelos de repatriación. Además, la información sobre los vuelos se actualiza diariamente en las redes sociales de la embajada y los consulados.

Por otra parte, la Embajada ha proporcionado solución a problemas puntuales de alojamiento de ciudadanos españoles que lo necesitaban, en coordinación con las autoridades locales, y trabaja para resolver el tema de los permisos de estancia con el Gobierno mexicano.

De manera general, la Embajada ha publicado en su web el documento titulado “Preguntas frecuentes coronavirus” que con las principales cuestiones de interés para los españoles en México durante la contingencia. Este mismo documento se encuentra en la cuenta de Twitter de la Embajada (@EmbEspMex). (Descargar aquí el documento).

A continuación, publicamos los teléfonos y direcciones de correo electrónico a los que se pueden dirigir los españoles que se encuentren en México.

Embajada de España en México:

Teléfonos           56 1700 1542 / 55 6113 5254

Correo electrónico          emb.mexico@maec.es

Consulado General de España en Ciudad de México:

Teléfonos           55 4536 0006 (de 15:00 a 22:00) / 55 5280 4508 (extensiones 5 y 6)

Correo electrónico          con.mexico.info@maec.es

Consulado General de España en Guadalajara:

Teléfonos           33 3630 0450 / 33 3630 0466 / 33 3630 0822

Correo electrónico          cog.guadalajara@maec.es

Consulado General de España en Monterrey:

Teléfonos           81 83 56 33 66

Correo electrónico          cg.monterrey@maec.es

Para las situaciones exclusivamente de emergencia, los consulados generales disponen de los siguientes teléfonos 24 horas. Para evitar el colapso, ruegan el uso responsable de estas líneas y que solamente se utilicen en caso de emergencia.

Consulado General de España en Ciudad de México        55 4246 8136

Consulado General de España en Guadalajara    33 3116 4272

Consulado General de España en Monterrey      81 1266 5364
                                            [post_title] => La Embajada de España en México habilita un dispositivo especial de atención a los españoles en el país ante el coronavirus
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer, tras su videoconferencia semanal con los presidentes de las comunidades autónomas, que convocará a todas las fuerzas políticas, los agentes sociales y al conjunto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos con el objetivo de celebrar antes de que concluya la próxima semana la primera reunión para los “nuevos Pactos de la Moncloa”.
Sánchez resaltó el acuerdo logrado en los últimos días en el ámbito de la Unión Europea para la reconstrucción económica y social del subcontinente tras los efectos del coronavirus, del que dijo que que no colma todas las demandas de España pero supone una primera inyección de energía para nuestra economía, y reclamó que ese mismo espíritu de unidad y consenso se extienda a escala nacional a través de un gran pacto que vuelva a poner en marcha el país.
Respecto a los efectos sanitarios de la pandemia, Sánchez señaló que las cuatro semanas de confinamiento desde el inicio del estado de alarma han permitido aplanar la curva de los contagios, cuyo ritmo de crecimiento ha pasado del 38% al 3%, así como quitar presión al sistema sanitario. La sociedad española –añadió– todavía está lejos de la victoria, pero ha dado los primeros pasos decisivos para alcanzarla.
En su comparecencia tras la videoconferencia semanal con los presidentes y las presidentas de las comunidades y las ciudades autónomas, el jefe del Ejecutivo recordó que en España ya se han diagnosticado 166.019 contagios por el nuevo coronavirus, 16.972 fallecidos y 62.391 personas curadas. Esos números -ha afirmado- hablan de la angustia y la esperanza de seres humanos concretos y también reflejan la magnitud del desafío al que se enfrenta la Humanidad.
Sánchez señaló que las cuatro semanas de confinamiento desde el inicio del estado de alarma han permitido aplanar la curva de los contagios, cuyo ritmo de crecimiento ha pasado del 38% al 3%, así como quitar presión al sistema sanitario. La sociedad española -añadió- todavía está lejos de la victoria, pero ha dado los primeros pasos decisivos para alcanzarla.
El presidente subrayó que las medidas contra el Covid-19 deben luchar contra los contagios y, al mismo tiempo, evitar el colapso de la economía y la destrucción del empleo. Por esa razón, defendió la reanudación entre hoy y mañana de las actividades económicas que fueron “hibernadas” el 30 de marzo, pero ninguna otra. El mandatario destacó que las demás actividades que fueron interrumpidas al decretarse el estado de alarma seguirán paralizadas durante al menos las dos próximas semanas.
Desascalada progesiva y cautelosa
La desescalada –dijo–, que comenzará como pronto a partir del 26 de abril, será progresiva y muy cautelosa y se guiará por los marcadores recomendados por los expertos para medir tanto la propagación de los contagios como la capacidad de respuesta del sistema de salud, ha detallado el jefe del Ejecutivo.




                                            [post_title] => Sánchez convocará a partidos, agentes sociales y administraciones para alcanzar un gran pacto de reconstrucción económica y social
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                                            [post_content] => El Consejo de Ministros aprobó el viernes 10 un nuevo tramo de 20.000 millones de euros, el segundo, de la línea de avales por valor de hasta 100.000 millones de euros que lanzó a mediados de marzo, tras el decreto del estado de alarma.

En esta ocasión, los beneficiarios son exclusivamente los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes). La portavoz del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, calculó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hasta 1,3 millones de autónomos y pymes serán beneficiarios de este nuevo tramo de liquidez.

El primer tramo de avales, lanzado el lunes 6 y también dotado de 20.000 millones de euros, estaba destinado al 50% a grandes empresas, por un lado, y a pymes y autónomos, por otro.

Según recordó Montero, el Estado avala en hasta un 80% de los créditos que firman autónomos y pymes, y hasta el 70% los del resto de los agentes económicos. Estos avales, destacó la ministra, se han de traducir “obligatoriamente” en que las entidades financieras han de prestar ninguna condicionalidad con tipos más bajos, con vencimientos más largos o con periodos de carencia.

El nuevo tramo de avales tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años, y podrá solicitarse hasta el 30 de septiembre.

Según Moncloa, el primer tramo de avales ha supuesto el registro de más de 44.000 operaciones en el Instituto de Crédito Oficial por parte de las entidades financieras. El importe avalado asciende a más de 3.500 millones de euros, lo que implica una movilización total de recursos para empresas y autónomos de 4.500 millones.

Segunda prórroga del estado de alarma

El Consejo de Ministros aprobó también el real decreto por el que se prorroga por segunda vez, hasta las 00.00 horas del 26 de abril, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. El decreto había sido aprobado el 9 de abril por el pleno del Congreso,  270 votos a favor (de PSOE, Unidas Podemos, PP, Cs, PNV y algunos partidos minoritarios), 54 en contra (de Vox y la CUP) y 25 abstenciones (de ERC, JxCat, EH Bildu y BNG).
                                            [post_title] => El Consejo de Ministros aprueba otros 20.000 millones de euros en avales para 1,3 millones de pymes y autónomos
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó ayer a los presidentes de las comunidades autónomas, en la quinta videoconferencia que mantiene con ellos desde que se decretó el estado de alarma, la “necesidad de un Pacto de Reconstrucción Económica y Social” una vez pase la amenaza de la pandemia del coronavirus y les invitó a formar parte de él porque, a su juicio, hay que transmitir un “mensaje de coordinación, colaboración y cooperación” y así enviar un mensaje a los ciudadanos de que actúan “juntos” instituciones y partidos.
Sánchez explicó que el Gobierno quiere que “todos los sectores representativos de la sociedad estén presentes en la elaboración de este acuerdo nacional”, esto es, los partidos políticos presentes en el Congreso, los gobiernos de comunidades autónomas, y los agentes sociales y económicos.
La propuesta de Sánchez fue recibida con críticas por algunos presidentes autonómicos del PP, como Juan Manuel Moreno (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Madrid) o Alfonso Fenández Mañueco (Castilla y León), y por el presidente vasco, Iñigo Urkullu, que le reprocharon que no cuente con las comunidades autónomas para tomar las decisiones.
En cuanto a los pactos que ha propuesto Sánchez para la Reconstrucción, unos segundos pactos de la Moncloa, algunos presidentes autonómicos del PP le han recriminado que les pida adhesión sin concretar nada. Por ello, han reclamado que el Gobierno concrete primero lo que propone o quiere hacer para después poder manifestarse al respecto.
Urkullu pide “certezas”
En esa misma línea fue el lehendakari Iñigo Urkullu, quien exigió “certezas” sobre los acuerdos de Estado que plantea Sánchez, además de decir que cada vez le resulta “más difícil soportar esta permanente escenificación” a la que recurre el Gobierno.
Estas quejas vinieron precedidas de una carta que envió el presidente catalán, Joaquim Torra, a Pedro Sánchez en la que le pide los “informes sanitarios y epidemiológicos” en los que se ha basado para ordenar el cese del confinamiento total. En la carta, Torra reiteraba su petición de no levantar el confinamiento por el riesgo de contagio.
Sánchez: “No se ha iniciado la desescalada”
Sánchez respondió a Torra que, al menos hasta el 26 de abril, “no se van a relajar las medidas” del estado de alarma, al margen del fin a partir de hoy lunes del parón de todas las actividades no esenciales decretado el 30 de marzo, de modo que continúa el “confinamiento” y “no se ha iniciado ninguna desescalada”.
El presidente del Gobierno también resumió a los dirigentes autonómicos el acuerdo del Eurogrupo que se celebró la semana pasada y por el que las medidas aprobadas suman un esfuerzo colectivo de medio billón de euros, según las citadas fuentes.
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                                            [post_content] => El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación fletó el pasado 8 de abril un avión para realizar un vuelo especial desde Dublín a Madrid en el que viajaron 101 menores no acompañados que estaban registrados en la Embajada de España en Irlanda, o que se habían registrado recientemente, y cuyos padres o tutores decidieron ahora la conveniencia del retorno a España.

La operación fue coordinada por la Embajada de España en Irlanda, con la colaboración de un operativo especial de la compañía Iberia y la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio irlandés y de la Garda Siochana.

Durante los últimos días, la Embajada de España en Irlanda se ha mantenido en contacto permanente con los padres de los menores para asegurar que el que lo deseara pudiese adquirir un pasaje para sus hijos y facilitar que los menores pudiesen acceder al aeropuerto de Dublín.

Asimismo, el departamento que dirige Arancha González Laya ha facilitado el retorno de una veintena de españoles de Erasmus que estaban en República Checa cursando sus estudios y a los que sorprendió las severas restricciones que se imponen en todos los países por la pandemia del Covid-19.

[caption id="attachment_951070" align="alignright" width="252"] Atendiendo a los españoles en el aeropuerto de Bucarest.[/caption]

La operación, puesta en marcha por la Embajada de España en la República Checa ha permitido que la veintena de estudiantes estén ya camino de España en un autobús conseguido por los diplomáticos españoles en un momento de severas restricciones a la movilidad y que llegará a su destino en las próximas horas tras haberse realizado todas las indicaciones sanitarias pertinentes. Además, cinco españoles viajaron el día 10 de abril de Chisnau (Moldavia) a Madrid gracias a los trabajos de la Embajada de España en Bucarest y el Consulado Honorario en Chisnau.

La Embajada de España en Rumanía también facilitó el 9 de abril el regreso de un total de 97 pasajeros en dos vuelos fletados por el país, que acaba de cerrar todas sus conexiones, y que aterrizaron en Madrid y Barcelona.

Por otro lado, desde la Embajada de España en Italia, se acaba de cerrar una nueva operación que ha permitido el retorno a España de más de 300 pasajeros. Estos viajeros han tenido que seguir las estrictas normas sanitarias y seguridad que se establecen en Italia, incluidas, mediciones de temperatura por escáner para los pasajeros que vayan a embarcar.
Actuaciones desde Italia

La Embajada ha comenzado a hacer balance del ingente volumen de operaciones propias realizadas desde que el pasado 11 de marzo se decretara la suspensión de vuelos entre Italia y España.

El Consulado en Roma recomendó el uso de ferries Grimaldi Lines desde Civitavecchia a Barcelona los dos días en que operaron normalmente (10 y 11 de marzo) y obtuvo autorización especial para que pudiesen transportar pasajeros en tres viajes más (12, 13 y 24 de marzo), haciendo dichos ferries escala en Cerdeña en dos de sus viajes. En los cinco ferries viajaron esos días un total de 842 viajeros españoles.

Naviera Costa Cruceros concentró pasajeros y tripulantes suyos de distintos cruceros en el puerto de Civitavecchia y en hoteles en Roma para su traslado a España en varias operaciones con la asistencia de la Embajada y el Consulado en Roma entre los que destacan un vuelo chárter 25 de marzo con 116 españoles (del Costa Luminosa); dos autobuses el 4 de abril con 32 pasajeros y tripulación españoles (del Costa Victoria, del Costa Diadema y del Costa Luminosa); y el 5 de abril se trasladó a dos tripulantes españolas a España y un tripulante española a Génova.

Por su parte, el Cónsul en Milán asistió ayer al aeropuerto de Malpensa a la salida del vuelo especial de la compañía Privilege Milán-Madrid en el que viajaron 72 españoles entre nacionales y residentes. En este vuelo, al tener capacidad para 212 pasajeros, pudo garantizarse la distancia de seguridad. A este avión, habría que sumar dos autobuses a Barcelona con 42 pasajeros y dos barcos con 93 españoles, que elevan por encima de 200 la cifra de españoles asistidos por el Consulado de Milán en los últimos días.
                                            [post_title] => El Ministerio de Asuntos Exteriores facilita el retorno a España de un centenar de menores no acompañados desde Irlanda
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                                            [post_content] => El cónsul español en Montevideo, José Rodríguez Moyano, envió una carta a todas las asociaciones y centros recreativos de la colectividad de todo el país, con la finalidad de ayudar a detectar a los ciudadanos que estén atravesando alguna necesidad ante la pandemia.

A fines de la pasada semana el cónsul español en Montevideo, José Rodríguez Moyano, envió una misiva a todos los presidentes de las instituciones del colectivo español, tanto de Montevideo como de todo el interior del país, a los efectos de conformar una “red consular de respuesta para la colectividad española residente en Uruguay”.

En la carta se les pide la ayuda para elaborar para el Consulado General de España una base de datos de personas vulnerables que por su edad, situación sanitaria o económica, o por encontrarse solas, pudieran precisar una ayuda ante la pandemia que afecta a todo el mundo, pero en particular por la situación que vive Uruguay donde ya han aplicado por parte del gobierno una cuarentena para mayores de 65 años, y la exhortación de continuar con la aislación voluntaria.

Las instituciones, clubes y asociaciones de todo el país han comenzado a solicitar a sus socios y amigos que aporten datos para descubrir casos y poder ofrecer una posible ayuda.

Se busca españoles de avanzada edad que pudieran pasar necesidades económicas o sanitarias e inclusive que por estar solos no puedan acceder a la compra de sus alimentos o medicamentos.

Para ello se ruega que comuniquen las identidades y domicilios de los españoles vulnerables a las distintas instituciones y sus directivos que ya han dispuesto teléfonos celulares para atenderles o al Consulado español.

Contacto con el Consulado

Por otra parte, el Consulado español ha suspendido la atención presencial en sus oficinas de la calle Libertad hasta la normalización de la situación sanitaria en Uruguay.

Además de la consulta por el correo electrónico del consulado, se podrá llamar por teléfono de 8 a 15 horas de lunes a viernes a los teléfonos: para visados 095-683972, para pasaportes y registro de matrícula 095-681879, para el registro civil al 095-672686, para notaría y protección de españoles al 095-6726060 y por casos de urgencia como son accidentes graves o fallecimiento, se mantiene el teléfono 094-526613.
                                            [post_title] => El Consulado de España en Montevideo elabora una base de datos para atender a los españoles necesitados ante el coronavirus
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El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió el pasado 12 de abril claridad al Gobierno de España y que el mando único garantice información contrastada y homologable en el conjunto de las comunidades que conforman el Estado.
De este modo, Feijóo se refirió a la necesidad de clarificar los datos de afectados por el coronavirus. “Y para eso es imprescindible saber cuántos test se están realizando en cada comunidad”, dijo, exponiendo además la necesidad de disminuir las incertidumbres en lo tocante al número de fallecidos.
En segundo lugar, solicitó conocer las previsiones del comité clínico nacional e insistió en la utilidad de informar del estudio epidemiológico que el Gobierno vaya elaborando. “Contar con los datos de previsión que maneja el Gobierno central es un instrumento para poder trabajar en cada comunidad y prepararnos sobre la evolución del virus y valorar si puede haber rebrotes”, explicó.
Durante la videoconferencia con Pedro Sánchez y con los otros presidentes autonómicos, Feijóo reconoció que también supondría un gran avance que el Ejecutivo de España adquiriera test rápidos concluyentes para los positivos, ya que los test adquiridos hasta el momento, precisó, son buenos para hacer estudios epidemiológicos, pero no son definitivos en los diagnósticos.
Asimismo, reiteró la necesidad de establecer un protocolo de utilización de las mascarillas, si bien hizo hincapié en que este material debe entenderse como una medida complementaria pero nunca como reemplazo de las medidas de distanciamiento social. “Con mascarilla o sin ella sigue siendo imprescindible la distancia de seguridad”, recalcó.
A lo largo de la reunión, Feijóo informó también de las medidas que la Administración autonómica está desarrollando en las residencias de mayores y de discapacitados internos, que siguen siendo prioritarias para la Xunta. Y trasladó la preocupación por los efectos del confinamiento en los niños, planteando la necesidad de buscar una fórmula pactada con los expertos para que puedan salir “de forma controlada, limitada, ocasional y segura, de la mano de su padre o de su madre”.
Aplazar impuestos y agilizar los créditos del ICO
En el ámbito económico, el titular del Gobierno gallego solicitó aplazar los impuestos estatales hasta -como mínimo- un mes después de que finalice el estado de alarma, como la Xunta hizo con los impuestos autonómicos y los cedidos. Del mismo modo, consideró necesario tanto clarificar la venta directa de productos agrícolas y ganaderos en mercados municipales como el impacto de la crisis en el sector marisquero.
En esta misma línea, trasladó la preocupación por el ritmo en el que se están ejecutando los créditos del ICO. De hecho, señaló que algunas entidades financieras no tienen ninguna operación autorizada cuando estos créditos son fundamentales porque, recordó, “hay que pagar impuestos y nóminas”. En consecuencia, pidió que la disponibilidad del ICO se amplíe de una forma más generosa en lugar de distribuirse de 20.000 en 20.000 millones, para darle seguridad a las empresas.
Decisión unilateral del Gobierno de confiscar también los fondos en materia de vivienda
Por último, el presidente de la Xunta reprochó la decisión unilateral del Gobierno central de confiscar los 100 millones de las políticas activas de empleo, y ahora también los presupuestos que las comunidades ya tenían comprometidos en materia de vivienda.
“Si tenemos que dedicar el dinero del plan de vivienda a financiar los programas del Gobierno central, es evidente que estamos yendo en sentido contrario, ya que en vez de acrecentar la confianza entre las comunidades y el Gobierno, estamos acrecentando la desconfianza”, lamentó, remarcando que “no tiene sentido que las decisiones del Gobierno central se financien con fondos de las comunidades autónomas; y esto es decepcionante”.
En esta línea, precisó que estos recursos se le están quitando a muchas familias que contaban con una ayuda para vivienda, y también a los cerca de 3.000 puestos de trabajo que se estima que generan cada año esas subvenciones que ahora están comprometidas.
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                                            [post_content] => El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, destacó ayer, tras su videoconferencia con el presidente del Gobierno y el resto de presidentes autonómicos, el avance de las personas recuperadas que habían sido afectadas por el coronavirus en Andalucía cuya cifra alcanza ya las 1.838, lo que supone un 180% más que hace una semana cuando esta cifra era de 665. “Hoy hay casi el triple de andaluces curados del coronavirus que hace siete días”, apuntó, al tiempo que resaltó que hay que seguir manteniendo la guardia ante el coronavirus y apeló a la prudencia.

El presidente andaluz especificó que en Andalucía hay (al mediodía de ayer) un total de 10.006 personas contagiadas, 4.950 personas han necesitado ingreso hospitalario, de las que 1.656 siguen ingresadas, 619 personas han necesitado ingreso en UCI, de las que 366 siguen en las unidades de cuidados intensivos, y 799 son las personas que han fallecido.

Así, aseveró que dentro del drama que ha supuesto esta crisis sanitaria, Andalucía sigue con un nivel de incidencia mucho menor con el 6% del total de casos confirmados y por debajo del 5% en el número de fallecidos con respecto al resto del país.

Moreno destacó también que la Agencia Española del Medicamento ha dado su visto bueno a la fabricación del respirador 'Andalucía Respira' y dijo que cada semana se fabricarán en Málaga unas cincuenta unidades y que estarán a disposición de todo el territorio español.

Que se tengan en cuenta las propuestas de las comunidades

Asimismo, resaltó que le trasladó a Sánchez la necesidad de que exista mayor claridad y mayor previsión en sus decisiones y que “sería más razonable adelantar la Conferencia de Presidentes para que nuestras propuestas puedan incluirse en esa toma de decisiones”.

También le pidió garantizar el suministro del material necesario y le informó de que los 130.000 test que el Gobierno envió a Andalucía la semana pasada tienen un ámbito de aplicación muy limitado, al no distinguir si el paciente que da positivo está pasando la enfermedad en estos momentos y es contagioso o lo ha pasado ya y no lo es.

Qué pasará cuando se levanten las restricciones

En el ámbito social, le demandó información sobre la reactivación de determinados sectores que está prevista desde hoy o sobre cuál es la intención para el día en que se levanten las restricciones de movilidad.

También le pidió aprovechar las nuevas directrices de la UE para reestructurar la deuda autonómica y no solo la del Estado, y exigir los 430 millones de las políticas activas de empleo y que han sido retirados por parte del Gobierno central.

Igualmente, le solicitó agilizar los trámites en el Servicio Estatal Público de Empleo para que los trabajadores afectados por los ERTE no se queden sin cobrar hasta el mes de mayo.
                                            [post_title] => Los curados de coronavirus en Andalucía crecen un 180% en una semana
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió el domingo 12 un tercer avión, procedente de China, con hasta 113 toneladas de material sanitario para proteger a profesionales y pacientes del coronavirus en los hospitales de región. Se trata de la mayor carga registrada hasta el momento que ha llegado a España tras las gestiones que personalmente ha llevado la jefa del Gobierno regional. El flete se ha realizado en un Boeing 747 Jumbo, uno de los aviones de transporte más grandes que operan en el mundo.

Este nuevo vuelo ha aterrizado sobre las 09.15 horas en el aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez, después de que ayer por la tarde despegara desde el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong, y se suma a los dos anteriores recepcionados la semana pasada con 140 toneladas. En total, han llegado en 10 días a la Comunidad de Madrid más de 253 toneladas de material sanitario para luchar contra el coronavirus a bordo de tres vuelos.

Díaz Ayuso, que se ha encargado directamente de gestionar la llegada de suministros desde el extranjero durante este último mes, ha querido ir personalmente al aeropuerto después de que el pasado viernes recibiera el alta médica. Para facilitar esta llegada, se autorizó en una reunión recientemente del Consejo de Gobierno, invertir 3 millones de euros con el objetivo de destinarlo a la contratación urgente de transporte aéreo.

En esta ocasión, el material sanitario en las bodegas del Jumbo se distribuye en 2.051.000 guantes, 20.000 batas de aislamiento, 20.000 máscaras FFP2, 168.000 trajes de protección y 50.000 gafas también de protección. En total, más de 2,3 millones de unidades tras una inversión de cerca de 4,8 millones de euros.

La Comunidad de Madrid, como en ocasiones anteriores, ha diseñado un operativo para agilizar los trabajos de descarga y transporte desde el aeropuerto madrileño. Un equipo humano con varios camiones tráiler que se encargan de clasificar varios centenares de palets del flete del avión.

Para el Ifema y otros hospitales de la región

El material será transportado de forma inmediata, tras su descarga, al pabellón 10 del hospital temporal de la Comunidad de Madrid para pacientes Covid-19, instalado en Ifema. Desde allí, se distribuirá en las próximas horas, a los hospitales de la región, en otro nuevo dispositivo diseñado por los técnicos de la Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño. Se trata del mismo operativo que se activó la semana pasada, cuando llegaron los dos primeros aviones gestionados por el Ejecutivo madrileño.












                                            [post_title] => Díaz Ayuso recibe un tercer avión procedente de China con 113 toneladas de material sanitario
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                                            [post_content] => En el marco de la crisis desatada a nivel global a causa del Covid-19, el vicepresidente del Consejo de Centros Valencianos en el Exterior (Cevex) y representante del Centro Valenciano de Córdoba, Argentina, Lucas Sancho, envió un mensaje a los integrantes de este órgano. A través del mismo, Lucas quiso transmitir tranquilidad y apoyo a la comunidad valenciana en el exterior en estos aciagos momentos.

En el comienzo de su carta, Sancho comenta que recibió “por intermedio de Eva Ruiz, un correo desde la Generalitat Valenciana a fin de comunicarse con cada uno de nosotros por el problema que nos acoge a todos, el Covid-19”. Y continúa: “Es por ello que aprovecho la oportunidad para escribir estas líneas y darle fuerzas a todos los que están en España, ya que la situación no anda muy bien por allí, también a los de América para que redoblemos los esfuerzos de mantenernos aislados”, enfatiza.

Y destaca: “Es realmente un momento atípico en nuestras vidas, más aún en la labor que nosotros realizamos como parte de instituciones, que por ser precisamente sociales constituyen nuestro lugar de reuniones, paellas, encuentros, cultura y lo que más amamos: las tradiciones valencianas a la distancia, por las que tanto trabajamos”, sostiene.

En otro momento de su mensaje exhorta a los valencianos en el exterior a “no bajar los brazos” y concluye: “Voy a citar, si me permiten, una frase muy importante del Papa Francisco: ‘Estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos’”, y se despide enviando a todos un fuerte abrazo a la distancia.

Función de los Cevex

El Consejo de Centros Valencianos en el Exterior es el órgano colegiado de representación y participación de los Centros Valencianos en el Exterior. Tiene carácter deliberante y ejerce funciones consultivas y de asesoramiento a la administración de la Generalitat sobre los derechos e intereses relacionadas con las comunidades valencianas en el exterior.

En el Consejo tienen representación los centros valencianos en el exterior -en la actualidad son 41- y los departamentos de la Administración de la Generalitat que ejercen competencias relacionadas, así como otros organismos como las universidades, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Juventud, la Academia Valenciana de la Lengua y el Consejo Valenciano de Cultura. El Consejo está adscrito a la Conselleria competente en materia de comunidades de valencianos en el exterior, en este caso, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Actualmente el consejo está presidido por la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo.

Además de ser vicepresidente del Consejo de Cevex de la Generalitat Valenciana a nivel mundial, Lucas es consejero del Consejo de Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana y trabaja desde hace más de 17 años en organizaciones sin fines de lucro radicas en Argentina y España. Asimismo, es consejero del CRE de la demarcación consular Córdoba, secretario del Centro Valenciano de Córdoba y protesorero de Casa de España.

Trabajo del CRE

Respecto al trabajo que están realizando en el CRE actualmente, Sancho explica que “estamos siempre luchando para que se elimine el voto rogado y que se apruebe una ampliación de la Ley en materia de concesión de nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles. Otro tema en el que estamos enfocados es tratar de que continúen las ayudas a las asociaciones españolas en el exterior; además de colaborar en todo lo que está a nuestro alcance con las instituciones españolas ubicadas en esta demarcación consular, que abarca a siete provincias argentinas: Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy”, señaló.
                                            [post_title] => El vicepresidente del Consejo de Centros Valencianos en el Exterior envió un mensaje de aliento a los Cevex de todo el mundo
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                                            [post_content] => La última actividad que organizó el Centro Andaluz de Mendoza, en Argentina, antes de la crisis sanitaria del Covid-19 fue la celebración del Día de Andalucía. Hace aproximadamente un mes la entidad festejó el día de la comunidad andaluza con una cena llena de alegría y cariño entre todos los socios y amigos.

El cónsul de España en esta demarcación acompañó a los asistentes a la conmemoración, festejada con una gran paella, un hermoso cuadro de danza, postre y música flamenca acompañado todo de un rico jamón para sus invitados.

Lamentablemente, hoy la entidad está cerrada por la crisis sanitaria del Covid-19 lo cual “nos tiene preocupados por nuestros integrantes y queridos socios”, señalaron desde la entidad.
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                                            [post_content] => La directora general de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Irune Aguirrezabal ha enviado una carta al presidente y a los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) para compartir con ellos “las líneas de intervención que estamos desarrollando en la Dirección General de Migraciones a fin de garantizar los derechos de la ciudadanía española en el exterior”.

Aguirrezabal destaca que, si bien en las actuales circunstancias de alarma sanitaria están centrando los esfuerzos en prestar información útil y rigurosa relacionada con la situación de crisis sanitaria y las medidas tomadas por el Gobierno, la voluntad del Ministerio es “garantizar la continuidad de las prestaciones, ayudas asistenciales y la asistencia sanitaria que se presta a quienes más lo necesitan, así como de los programas de subvenciones y otras actuaciones a favor de los emigrantes y retornados y sus asociaciones”.

En la carta -a cuyo contenido ha tenido acceso España Exterior- la directora general recalca que “las líneas de actuación que estamos desarrollando” tienen como finalidad “garantizar los derechos de la ciudadanía española en el exterior, esos más de dos millones y medio de compatriotas que viven fuera de nuestras fronteras, tal y como mandata la propia Constitución española”.

Respecto a la actual situación de alarma sanitaria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha garantizado a los españoles residentes en el exterior “la continuidad de las ayudas asistenciales y la asistencia sanitaria a través de los programas de la Dirección General de Migraciones”, según indica en su página web. Al mismo tiempo pone a disposición de los ciudadanos españoles residentes en el exterior su red de consejerías, cuya relación completa se encuentra en el sitio web del Ministerio.

Asimismo, la directora general de Migraciones en su misiva indica que para los españoles que se encuentran en el extranjero se ha publicado información relevante en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Recuerda también que en la web del Ministerio de Sanidad se puede acceder a la información oficial sobre las medidas y datos relativas a los efectos de la pandemia en España.

Irune Aguirrezabal también señala que “hemos actualizado nuestros portales dependientes de la Secretaría de Estado de Migraciones para garantizar a los ciudadanos residentes en el exterior que puedan estar informados sobre la situación y dirigir sus demandas a través de las vías (y enlaces) previstos para gestionar cualquier asunto”. Los enlaces son los siguientes.

Portal de la ciudadanía española en el exterior

Movilidad internacional

Carta de España

También pide a los representantes de la ciudadanía española en el exterior que trasladen a este colectivo las medidas que se están dictando por el Gobierno que ordenan la restricción de la movilidad de todos los españoles, lo que sin duda afecta a los españoles en el exterior. Aguirrezabal recuerda que los no residentes no deben regresar a España en los próximos meses, ya que les afectan las restricciones en las fronteras exteriores, y deberán seguir atentamente las medidas y el levantamiento de las restricciones a la movilidad.

La responsable de las  políticas de emigración lanza un mensaje de ánimo a la ciudadanía en el exterior. “Entre todos vamos a salir adelante, y lograremos retomar la normalidad”, afirma la directora general quien también expresa su deseo de que, en cuanto sea posible, “retomaremos también con ímpetu renovado la actividad de reuniones del Consejo, durante las cuales podremos al fin conocernos en persona y celebrar que estamos juntos”.
                                            [post_title] => La directora general de Migraciones asegura que es voluntad del Gobierno mantener todas las ayudas y programas a favor de la ciudadanía en el exterior
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                                            [post_content] => El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados nada menos que 17 preguntas para su respuesta por escrito por las que pide al Gobierno que explique detalladamente qué hará con los programas de ayudas dirigidos a la ciudadanía española en el exterior.

Estas preguntas abarcan todos los programas que desarrolla la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y también se refieren a otros aspectos de la política de atención a la diáspora como las solicitudes de homologación y convalidación de títulos, el Plan de Retorno a España y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Las iniciativas parlamentarias, que fueron presentadas el pasado 6 de marzo y vienen firmadas por la diputada por Ourense y responsable de Emigración y del PP en el Exterior, Ana Belén Vázquez Blanco, y las diputadas María Teresa Angulo Romero y Pilar Marcos Domínguez, se suman a otra pregunta y una proposición no de ley presentada en Comisión que registró el Partido Popular el día 5 de marzo.

El PP pregunta al Ejecutivo qué medidas tiene previsto adoptar respecto a las prestaciones por razón de necesidad destinadas a cubrir las necesidades básicas a los españoles que se encuentran en una situación de precariedad y residan en el exterior en sus distintas modalidades de ancianidad, incapacidad absoluta para el trabajo y de asistencia sanitaria, que es el programa dirigido a los españoles en el exterior al que se destinan más recursos. También sobre las prestaciones para los ‘niños de la guerra’.

También pide al Gobierno que explique que va a hacer con las Ayudas asistenciales extraordinarias para ciudadanos residentes en el exterior y el programa de Asistencia sanitaria al colectivo; así como sobre las Ayudas extraordinarias para retornados y la Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados.

Otro grupo de preguntas se refieren a las ayudas dirigidas a los centros, asociaciones, federaciones y entidades de la emigración. Se trata de los programas de ayudas para sufragar gastos de funcionamiento; el de ayudas para la realización de actividades de carácter informativo, asistencial y de atención a mayores y dependientes en el exterior realizadas por centros sociales, centros de día y residencias de mayores; y el de ayudas para gastos de obra nueva, rehabilitación y adaptación, y adquisición de equipamientos de las entidades españolas radicadas en el extranjero cuya finalidad es la asistencia social, sanitaria y sociocultural a favor de los españoles en el exterior.

El Grupo Popular en el Congreso también reclama información sobre la ejecución del Plan de Retorno a España que fue aprobado en Consejo de Ministros en marco de 2019, y quiere saber cuántas personas han retornado gracias a esta iniciativa y a qué comunidades autónomas lo han hecho.

Otras preguntas presentadas por el PP se refieren a cuántas solicitudes de convalidación de estudios y de homologación de títulos se han registrado en los años 2018 y 2019 y cuántas han sido resueltas favorable y desfavorablemente.

Además, también se interesa por los plenos desarrollados por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el programa de subvenciones para la integración social y laboral de los jóvenes españoles residentes en el exterior, la continuidad de la revista ‘Carta de España’ editada por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como por el desarrollo de los programas de proyecto y de comunicación.
                                            [post_title] => El PP presenta 17 preguntas al Gobierno para que explique qué hará con los programas de ayudas para la emigración
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                                            [post_content] => Seis federaciones de asociaciones de españoles en Alemania, Francia y Luxemburgo han escrito una carta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden la convocatoria inmediata de todos los programas vigentes para la emigración (Asociaciones, Centros, Comunicación, Proyectos e Investigaciones y Jóvenes), y el cese de la injustificada e intolerable discriminación que el Imserso está cometiendo con los emigrantes mayores residentes en el exterior que no son pensionistas del sistema público de seguridad social español, al privarles del derecho a participar en los programas de turismo para la tercera edad y termalismo social.

A juicio de los representantes de las entidades de españoles “la única decisión sensata, y acorde con las necesidades de los colectivos emigrantes, es mantener y ampliar presupuestariamente” los programas de ayudas que viene concediendo el Gobierno “en los últimos lustros” en aplicación de las disposiciones de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, que establece el marco jurídico y los instrumentos básicos para garantizar que los españoles en el extranjero puedan ejercer sus derechos y deberes constitucionales como ciudadanos del Estado español, en igualdad de condiciones que los residentes en el país.

Afirman que estos programas de ayudas, “aunque insuficientes y mal dotados”, fueron diseñados y puestos en funcionamiento por la administración del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y en concreto con Consuelo Rumí y Agustín Torres como responsables de las políticas migratorias, quienes también se hicieron cargo de esta materia ya bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, se indica en la carta que “en materia de ayudas a Asociaciones y Centros, toda medida que no sea la de aumentar consecuentemente las dotaciones presupuestarias, y la de ampliar el número de entidades beneficiarias, supondría no solo un gravísimo error de incalculables consecuencias, sino que representaría un ataque frontal a la ciudadanía española en el exterior y, muy particularmente, a los miles de voluntarios que a lo largo de la geografía mundial hacen posible la existencia de un tejido asociativo que estructura, atiende, intercede y representa a los emigrantes españoles y mantiene vivo en ellos el acervo hacia nuestro país”.

Por estos motivos, solicitan al presidente del Gobierno que interceda ante el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá para que “sin demora alguna” se convoquen todos los programas vigentes y se permita a todos los españoles pensionistas residentes en Europa participar en los programas de viajes del Imserso.

Los firmantes también se ofrecer su total disponibilidad al ministro Escrivá “para emprender una reflexión en torno a cómo mejorar y ampliar las ayudas del Estado a la emigración” y, en este sentido, “quedamos atentos a que nos indique el procedimiento de consulta y de propuestas que desea acometer”.

La carta está firmada por Berta González, presidenta de Nueva Ola Facef (Federación de Asociaciones y Centros Españoles de Francia); Antonio Espinosa, presidente de la Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en Alemania (CFMA); Manuel Pedraza, presidente de la Federación de Asociaciones Españolas de Luxemburgo (FAEL); Petra Fernández, presidenta de la Faceef-Ródano-Alpes Auvernia (Francia); Melanie Martínez, presidenta de la FAJA (Alemania) y Enrique Romero, presidente de la Faceef-Unión Regional Este. Todos ellos llaman a todas aquellas asociaciones, centros, consejos de residentes españoles, CGCEE, partidos y otras instituciones a manifestarse en este mismo sentido y a sumarse a esta iniciativa.
                                            [post_title] => Seis federaciones de asociaciones de españoles en Europa envían una carta a Pedro Sánchez pidiendo la convocatoria inmediata de todos los programas de ayudas a la emigración
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                                            [post_content] => El Partido Popular ha presentado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados por las que exige al Gobierno que mantenga los programas de ayudas a los emigrantes y a las entidades, y pide al ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que explique qué cambios pretende hacer en las actuaciones dirigidas a la ciudadanía española en el exterior.

Los diputados Jaime de Olano, Ana Belén Vázquez y Pilar Marcos firman la proposición no de ley presentada por el PP ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la que se reclama al Gobierno “mantener y aumentar las ayudas y subvenciones que reciben los centros españoles, asociaciones y federaciones en el exterior”. También se pide que, dentro de las políticas sociales, se priorice “la mejora del sistema de protección de los españoles en el exterior en situación de necesidad”.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que esta iniciativa está justificada porque “el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció en el Congreso de los Diputados y en otros foros recientes, la intención del Gobierno de recortar los programas hacia el exterior, replanteándose las políticas de apoyo a los ciudadanos españoles en el exterior, a los centros, asociaciones y federaciones”. Y este anuncio ha provocado “inquietud y preocupación importante entre los colectivos y españoles en el exterior que dependen de las ayudas del Ministerio, pronunciándose en contra numerosos representantes de los Consejos de Residentes Españoles (CRE)”.

Los mismos diputados del PP han presentado una pregunta al Gobierno para que explique por escrito cuáles son los motivos por lo que el Ejecutivo pretende cambiar la distribución de ayudas a los centros y asociaciones de españoles en el exterior. También piden al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que aclare en qué se basa para afirmar, como hizo en su reciente comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que las ayudas no llegan a los necesitados.

Además, quieren saber cuáles son las ayudas dirigidas a asociaciones, federaciones y centros de españoles en el exterior que el Gobierno tiene previsto eliminar, qué entidades de la emigración se verían afectados por tales recortes y a partir de qué fecha y si el Gobierno tiene previsto que las ayudas que iban a los centros de españoles en el exterior vayan directamente a través de las consejerías laborales.

Los diputados del PP preguntan también cuándo tiene previsto el Gobierno reunir al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) “y dar voz en este y otros asuntos a los españoles en el exterior”.
                                            [post_title] => El PP reclama al Gobierno que mantenga y aumente los programas de ayudas a los emigrantes
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                                            [post_content] => Cuarenta y siete miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) firman una carta que han enviado al Defensor del Pueblo en la que expresan su “honda preocupación” por “el irregular funcionamiento durante estos últimos años del CGCEE, ya que se ha vulnerado en numerosas ocasiones y de manera continuada los derechos reconocidos en las Leyes del Estado”.

Indican en la misiva que el CGCEE, órgano consultivo y asesor que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se rige por un Real Decreto, por varias leyes y por un reglamento interno y enumeran lo que consideran como una serie de vulneraciones de dicha normativa que se han venido dando por parte del Gobierno en los últimos años.

Por un lado, recuerda que el reglamento del CGCEE exige que se celebre, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año. El hecho de que en 2019 no se haya celebrado esta reunión y que por ahora tampoco haya información sobre cuándo se celebrará demuestra para los consejeros “la poca voluntad política de respetar la ley”.

El aplazamiento de la reunión plenaria de 2019, indican en la carta, “nunca fue consensuado ni informado debidamente”. También señalan que, en la última reunión de la Comisión Permanente, celebrada en noviembre de 2019, se aprobó solicitar la fecha de febrero de 2020 para la realización de la reunión plenaria correspondiente al año anterior. A pesar de ello, “la Administración no ha respetado, nuevamente, sus obligaciones”.

Los consejeros citan también que según el artículo 10.2 de la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior “el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior solicitará anualmente audiencia a las Cortes Generales para informar sobre la situación de la ciudadanía española en el exterior”.

Sobre esto, indican que “en numerosas ocasiones se pidió a la Dirección General de Migraciones que nos solicitara dicha audiencia, pero esta (con gobiernos de diferentes partidos políticos) se ha negado a colaborar y a actuar con diligencia denegando nuestro derecho a informar en tiempo y forma. Durante mucho tiempo se le ha impedido al CGCEE su capacidad de transmitir información a las Cortes Generales”.

Otro ejemplo del incumplimiento de los preceptos legales que afectan al CGCEE, según los consejeros, es el relativo al artículo 11.1.d del citado Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que establece que una de las atribuciones del Consejo es “conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos y de Órdenes relativos a las siguientes materias, en el ámbito de su competencia: derechos civiles, derechos laborales y protección social, educativa y cultural, siempre que los mismos afecten directamente a los españoles en el exterior”. Afirman en la carta que “han sido rarísimas las ocasiones en que se nos ha consultado con antelación sobre estas iniciativas normativas y, cuando lo han hecho, ya no disponíamos de tiempo para pronunciarnos o para que nuestra opinión pudiera surtir algún efecto”.

También indican que la falta de recursos de la Administración -en concreto la falta de personal en la Subdirección General de Emigración o la falta de colaboración de algunos cónsules- impide al Consejo garantizar la participación de la ciudadanía en el exterior, una de sus finalidades recogidas en el artículo 1.2 del Real Decreto 230/2008 por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior

Los consejeros critican, además, que el presidente del CGCEE no sea elegido por los propios miembros del Consejo, sino que sea nombrado por el Gobierno y a ellos solo se les consulte. Asimismo, indican que perciben una “falta de respeto, de falta de interés en cumplir con su labor, irresponsabilidad o presunción de los políticos” en su obligación de velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de este órgano.

Para los 47 miembros del CGCEE que firman la carta, entre los que hay representantes de la colectividad española en 25 países, así como de federaciones de emigrantes y de retornados y de sindicatos, todos estos ejemplos reflejan “el cúmulo de irregularidades en el modo de gestionar el funcionamiento de la única institución que representa a los emigrantes” y consideran que muchos de estos comportamientos “rozan la ilegalidad, si no la incurren plenamente”.

Asimismo, afirman que “tratar a la diáspora con condescendencia y desprecio demuestra una gran falta de consideración hacia el colectivo de la emigración que representa a más de dos millones y medio de compatriotas” y por este motivo solicitan la intervención del Defensor del Pueblo “para reclamar el respeto y la aplicación de las leyes de nuestro país que regulan los deberes y derechos del Consejo de la Ciudadanía Española del Exterior, de sus consejeros y de los españoles residentes en el exterior”.
                                            [post_title] => Cuarenta y siete consejeros del CGCEE envían una carta al Defensor del Pueblo expresando su preocupación por el “irregular” funcionamiento de este órgano
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                                            [post_content] => Mucha preocupación se manifiesta en los centros españoles afincados en Venezuela, tras publicarse la confirmación de que el Gobierno se replanteará la política de apoyo a los españoles y sus organizaciones en el exterior.

Según ha salido a la luz pública, es posible que sean eliminadas buena parte de la subvenciones y programas de asistencia para los españoles y centros de españoles en el exterior, lo que ha levantado una alarma especialmente en Venezuela, donde una grave crisis económica incide directamente en la calidad de vida de las personas y en el buen funcionamiento de estas entidades.

Venezuela es un país prolífico en organizaciones de españoles. Según la página del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, están en funcionamiento un total de 112 centros e instituciones de españoles en este país, los cuales hacen un gran esfuerzo por mantenerse en pie dentro de las circunstancias establecidas por un entorno muy hostil y tratando en lo menos posible de afectar a la economía de las familias que pertenecen a estas entidades.

Hay preocupación en los centros españoles

El presidente de la Federación de Centros Españoles en Venezuela y miembro del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Roberto González Pérez, expresó su preocupación por las noticias que han estado llegando a través de los medios de comunicación en cuanto a “recortes o evaluación de los programas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”.

Señala que esta situación les crea “mucha incertidumbre” porque, específicamente en Venezuela, hay muchos centros y asociaciones pequeñas que “para su existencia dependen directamente de las subvenciones que vienen de este Ministerio”. Esta misma Federación, explica, se sostiene a través del programa de apoyo a las Federaciones de Centros y Asociaciones.

Además, esta incertidumbre aumenta, según explica González Pérez, porque no hay quien facilite una información oficial sobre el tema. “Yo he hablado con el consejero de Trabajo en nuestro país, preguntándole si tenía noticias, y él me ha manifestado que no tiene ninguna comunicación oficial de Madrid, simplemente lo que ha llegado por la prensa”.

Roberto González, señaló que según lo expresado por el ministro en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, “damos casi por hecho que los programas para el exterior van a ser revisados y reestructuradas”.

Pero, explica, el ministro durante casi toda su intervención hizo énfasis en la emigración de las personas que salieron de España recientemente, en los últimos años, mas habló muy por encima de la emigración de 40, 50 y más años atrás, como puede ser “la que está en nuestro país y hacia los que van dirigidas muchas de esas ayudas”.

El presidente de Feceve aseguró que se verían afectados los centros, las asociaciones las federaciones, así como todos los afiliados a esas organizaciones, pero también el colectivo de españoles en general “porque en el caso de Venezuela, en los últimos años han sido muchas las personas beneficiadas por las ayudas de la Consejería de Trabajo que aunadas a las ayudas que vienen de las diferentes comunidades autónomas, es lo que ha permitido solventar un poco todas las necesidades que ha tenido el colectivo español en el país”.

“Esperemos que no sea un recorte, un cambio de política con criterios que desconocemos y creo que deberíamos participar en la discusión de estos temas. Porque esta misma incertidumbre la tenemos desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”, una instancia que está para asesorar a las autoridades en estos temas y que tiene más de un año de retraso en la realización de su reunión.

González finalizó señalando que “en el Ministerio están en deuda con el Consejo, están en deuda con el debate de todos estos temas, entonces obviamente sentimos gran preocupación a todos los niveles, desde cómo serán las ayudas individuales, cómo serán las ayudas a los centros y cómo serán incluso las ayudas a las entidades que prestan asistencia a sanitaria a los españoles, sobre todo a los mayores de 65 años que son los más vulnerables, porque no sabemos si esto abarcaría las ayudas que se ofrecen a través de la Fundación España Salud -FES-, que en la actualidad hace una importantísima labor en nuestro país”.

“Suena absurdo que se le quite un presupuesto a la gente de la emigración cuando al mismo tiempo aumenta el presupuesto general del Estado”

Sobre la posibilidad de que se reduzcan las ayudas a los emigrantes y a los centros y asociaciones, el presidente de la Hermandad Gallega de Venezuela (HGV) y consejero también del CGCEE, José Antonio Alejandro González, afirmó con sorpresa que “cuesta creer que una persona que esté relacionada con la emigración realice este tipo de afirmaciones. Al mismo tiempo, al dar esta opinión creo que tiene pleno desconocimiento de lo que fue emigrar”.

El titular de una de las entidades más importantes de toda la emigración española en todo el mundo consideró que el ministro Escrivá “creo que no tiene pleno conocimiento de lo que son los centros españoles hoy en día, y sobre todo en Venezuela”.

En este sentido explicó que las entidades españolas en el país son en estos momentos “una burbuja donde todos los españoles pueden desarrollar sus actividades, no solo culturales o deportivas sino también su vida social”. Además, recalcó que “la parte social en los centros españoles siempre ha sido determinante y es un lugar donde todos los españoles se sienten a gusto y pueden sentirse cobijados”. Estas entidades, recalcó José Antonio Alejandro, ejecutan muchas acciones de tipo social. “El club hoy en día pueda dar desde una ayuda económica, medicinas o tener un centro de día para que una persona que se encuentra sola en su casa pueda tener la facilidad de pasar el día entero en una institución rodeada de paisanos y poder acudir a muchas actividades”. “Esta es una de las funciones que podrían quedar sin ejercicio y sin efecto en un centro español si se suspenden estas ayudas y estos programas”.

El recorte de los programas de ayudas a la emigración supondría, según el presidente de la HGV, “un duro golpe porque habría que dejar muchas actividades o que muchos españoles dejen de asistir a los clubes”. Explica que gracias a esas ayudas las cutas mensuales son accesibles y si desaparecen muchos españoles no podrán acudir a las entidades ya que tendrían que elevarse las cuotas.

Por otra parte, José Antonio Alejandro explica que hoy en día los más necesitados en Venezuela son “esa clase media que ya no existe, que se ha convertido en clase baja”, personas de mediana edad que incluso tenían un negocio o trabajaban por cuenta propia y que ahora “están quemando sus ahorros y no van a poder salir adelante”. “Es esa clase media la que solicita una ayuda asistencial y que requiere de una institución que pueda ayudarle a cubrir sus necesidades, y esa institución no podría facilitársela porque no va a recibir la ayuda”.

“Consideramos que las subvenciones o los programas de ayudas a las entidades de la emigración nunca serán mal invertidos porque se van a ver reflejados en cantidad de personas y en cantidad de españoles que, de alguna manera, ya sea con actividades culturales, deportivas o sociales, se verán beneficiados”, afirmó.

Por último, el presidente de la HGV reflexionó que la intención de recortar las ayudas a los emigrantes y a los centros y asociaciones “se podría catalogar de locura y creo que hay que pensarlo más en frío y no tomar decisiones tan aceleradas”. E indicó que “suena absurdo que se le quite un presupuesto a la gente de la emigración cuando al mismo tiempo aumenta el presupuesto general del Estado”.

Aragoneses en Venezuela apuestan por sumar y no restar programas

Juan Corona, presidente de la Asociación Aragonesa de Venezuela, señaló que para tomar medidas como las que se están anunciando en los medios de comunicación y ante la imprecisión de la información, “la óptica de las autoridades debe partir de una clara visión de lo que son los centros y agrupaciones españolas en el exterior”.

“Un español puede ir al consulado o a la embajada un par de veces al año, pero este español va a su centro todas las semanas, tiene vida social con sus paisanos, recibe apoyo sanitario, se educa y afianza sus tradiciones, hace deporte y se recrea, resumiendo, se siente en España”, indicó.

Corona asegura que en esos centros donde hay miles de voluntarios que con sus acciones mejoran la calidad de vida de los españoles en el exterior, en ocasiones viven entornos complicados. “Esos voluntarios con sus acciones son embajadores gratuitos en centros que son embajadas que le cuestan poco o nada al Gobierno español. Desde mi óptica hay que sumar, no restar”.

Explica que su entidad cuenta mayoritariamente con españoles llegados en los años cincuenta, “hijos de la guerra, muchos de ellos venían sin familia y con mucha incertidumbre, y fueron los centros hispanos los que les facilitaron integrarse, preservar y hacer crecer la hispanidad”.

“Hoy en día, ya mayores, con dificultades para enfrentarse a trámites burocráticos, sin la destreza de gestionarlos en una computadora o trasladarse a un consulado, con complejidades sanitarias e incluso problemas económicos, es nuestra misión apoyarlos en sus dificultades y preservar nuestras tradiciones. Por eso insisto, hay que sumar, necesitamos mas apoyo, no podemos restarle calidad de vida a nuestros paisanos”, finalizó Corona.

Venezuela y su crisis

Todos los países se verán afectados por unos anuncios que parecen dirigidos a continuar restando derechos y beneficios a los españoles en el exterior, pero para el colectivo que reside en Venezuela supondría el agravamiento de una situación que para muchos es ya de una altísima precariedad.

Los centros españoles en este país no son clubes meramente recreacionales, todos se abocan a la protección de sus integrantes y apoyan la labor incluso en personas del colectivo que no forman parte de sus socios.

Por ahora, no se sabe si incluso la Fundación España Salud podría verse afectada, pero en estos momentos lo que sí es un hecho es que no se ha renovado el Plan Especial de Apoyo Sanitario a la Ciudadanía Española, que para 2019 contaba con 3 millones de euros y para el cual se había prometido aumentar su presupuesto a 6 millones de euros en 2020.

Los líderes de los diversos centros y asociaciones de españoles en Venezuela han estado tratando de obtener información oficial y fidedigna sobre estos anuncios, especialmente después de la intervención del ministro en el Congreso, sin embargo, es no ha sido posible.
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                                            [post_content] => El Rey Felipe VI fue informado por directivos de las instituciones españolas en el Uruguay sobre su preocupación por los posibles recortes del Gobierno central en los programas para la emigración y los centros, prometiendo volver en otra ocasión con más tiempo para poder visitar la colectividad y el Hogar Español del que sabe las necesidades que está teniendo.

Así se lo hicieron saber durante el encuentro que mantuvo con la colectividad el sábado 29 de febrero al que acudió un grupo de poco menos de un centenar de representantes de los 70.000 españoles que residen en Uruguay

El presidente de la Federación de Instituciones Españolas del Uruguay (FIEU), Jorge Torres, una vez culminada la recepción, y ya en el exterior de la Embajada, explicó que “los planteos que le hicimos a Su Majestad y posteriormente a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, fueron referidos a los trascendidos por la prensa de los recortes de las ayudas de las instituciones en el exterior y a los medios de prensa especializados, lo que como presidente de la Federación de Instituciones Españolas, nos importa bastante”.

Aseguró que “aprovechamos la oportunidad para hacerle el planteo, porque para nosotros ese tipo de ayuda es vital para las instituciones, así como también es fundamental que lleguen las informaciones en papel para que nuestros mayores que no manejan las nuevas tecnologías se nutran en los clubes leyendo esos diarios en papel”.

Torres confirmó que “hemos encontrado de parte de Su Majestad una recepción muy amable de nuestras explicaciones, escuchando y se vio que está informado de la situación del colectivo en Uruguay”.

“Le presentamos la situación de las distintas regiones, de las mutuas médicas y del Hogar Español, que creemos que es parte preocupante de ese recorte que, si eventualmente se realiza, perjudicará a toda la colectividad”, puntualizó Torres.

Asimismo, le planteó a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, que acompañaba al Rey “para plantearle el tema del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), como una de las vicepresidentas de este órgano de representación de los españoles residentes en el extranjero, que nos preocupaba mucho que no se hubiera convocado el pleno del año 2019 y que al entrar marzo de 2020 todavía no tenemos novedad de esa convocatoria. Es más, en conversaciones con el presidente del consejo, Eduardo Dizy, nos ha comentado que no ha tenido respuesta de las nuevas autoridades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y vuelve a ser una preocupación para todos los consejeros en el mundo” aseguró Torres, consejero del CGCEE por Uruguay.

Agregó que están estudiando enviar una carta al Defensor del Pueblo o una protesta generalizada por nota, confesando que “estamos totalmente de acuerdo porque es una realidad que no se ha concretado, pero también somos conscientes que este tipo de protestas lo que hacen es condicionar a nuestro presidente Dizy, por lo que nosotros siempre manejamos prudencia para preservar esa unión sin divisiones”.

Le interrogamos al presidente de la FIEU y consejero del CGCEE si no le parecía que se estaban intercambiando beneficios o derechos en esta presunta reducción presupuestaria, ya que por un lado se procuraba solucionar definitivamente el voto de la diáspora y por otro se le quitan las ayudas.

Torres afirmó que “estamos totalmente en contra, sobre todo los países latinoamericanos, donde nuestra emigración es de gente mayor que vino en los años cincuenta. Y si bien las instituciones son centenarias, han llevado las tradiciones adelante y son prioritarias esas ayudas porque no hemos logrado visualizar cómo hacer el recambio generacional. Entonces, ante ello tenemos dos opciones: o cerramos las instituciones y dejamos de ser la imagen viva de España, o recibimos el apoyo de España para que esas instituciones sigan vivas y sigan mostrando lo que es España, sus costumbres, sus raíces, cultura, y a su vez tratar de procurar revitalizarlas con la incorporación de nuevos dirigentes de las nuevas generaciones y la participación de la mujer”.

Torres sentenció que, si bien “por ahora son informaciones periodísticas, no queremos ni que se plantee la posibilidad”. Justamente para aclarar de que solo eran trascendidos, la otra consejera por Uruguay, la actual secretaria general del PSOE de Uruguay, Vicenta González, “sin ánimo de polemizar, aclaré que en ningún momento el ministro dijo que se fueran a reducir los programas de ayudas a las asociaciones y centros que operan en el exterior; sino que lo que se está es analizando las ayudas que se están concediendo para que sean más eficaces, pero no hacer recorte, siendo la diputada Pilar Cancela quien informó al respecto”, aseguró.

Finalmente, González y Torres informaron acerca de los recuerdos sobre Uruguay y su colectividad que tiene su Majestad ya que por el año 87 vino como guardiamarina en el Sebastián Elcano y en aquella oportunidad visitó el Hogar Español, del que dijo saber la crítica situación por la que atraviesa, expresando su interés en volver con más tiempo para poder departir con todo el colectivo español y visitar el buque insignia, la última aldea de los emigrantes españoles en Uruguay.
Visita institucional

Felipe VI llegó a media mañana del sábado 29 de febrero a la residencia del embajador de España en Montevideo, José Javier Gómez-Llera, acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya.

Tras saludar al personal de la residencia que le dio la bienvenida en la puerta, se realizó el protocolar saludo de cada uno de los invitados para luego, de forma más distendida, charlar en el hermoso jardín de la residencia.

Primero lo hizo con empresarios y referentes de la cultura y el mundo académico, como el rector de la Universidad Católica del Uruguay, Julio Fernández Techera, el director del ballet nacional Sodre, Igor Yebra, y el asturiano Enrique Iglesias, exsecretario iberoamericano, entre otros.

Don Felipe prosiguió con su agenda de actividades en el Club House Altos de la Tahona, en el que tuvo lugar un encuentro con el electo presidente Luis Lacalle Pou, quien le esperó con toda su familia para deleitarse de un asado con las más especiales carnes uruguayas.

Luis Lacalle Pou ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de Uruguay celebradas el pasado 24 de noviembre, en una coalición de cinco partidos que derrotaron por poco más de 30.000 votos al candidato del Frente Amplio, el hijo de asturianos Daniel Martínez, exintendente de Montevideo.

De esta forma el domingo 1 de marzo le impuso en el cargo en el Palacio Legislativo, el senador más votado, descendientes de vascos y expresidente uruguayo, José Mujica. Luego, en la plaza Independencia Lacalle recibió la banda presidencial de parte de otro nieto de cuatro abuelos gallegos, Tabaré Vázquez, que culmina así su segundo mandato, el primero entre el 2005 y 2010, repitiendo en el 2015.

El presidente electo de la República Oriental del Uruguay para el período 2020-2025 y líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, nacido el 11 de agosto de 1973, es el heredero de una de las más famosas dinastías políticas del país, adherida a posiciones conservadoras. Su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, ya sirvió como presidente de la República en el período constitucional 1990-1995, y obtuvo la nacionalidad española algo a lo que su hijo no pudo optar aún.
                                            [post_title] => La colectividad española en Uruguay transmitió al Rey su preocupación por la continuidad de las ayudas a la emigración y a las entidades
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                                            [post_content] => El Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires ha emitido un comunicado en el que piden a las autoridades españolas, al presidente Pedro Sánchez, “reflexión y reconsideración” ante la previsión de eliminar las ayudas a los centros y asociaciones españolas en el exterior y convertir en algo residual las ayudas asistenciales a emigrantes necesitados, entre otras “infortunadas medidas” que califican como una “injusticia”.

El comunicado fue aprobado con el apoyo de todos los miembros del CRE salvo Gustavo Fernández y Xoán Negreira.

En el texto, el CRE se pregunta: “¿Puede un gobierno que se dice progresista, con un presupuesto de 470.000 millones de euros, abandonar a los españoles en el exterior recortando gastos por 1,5 millones de euros, mientras incrementa en 5 millones el gasto en altos cargos y asesores? Claramente, no. Es inasumible y claramente agraviante”.

Los representantes de la colectividad española en la demarcación consular de Buenos Aires recuerdan que “España tiene radicados en terceros países mas de 2 millones de ciudadanos que dieron vida a más de 500 centros asociativos de todo tipo y tamaño que son las referencias locales de la riqueza del mundo hispano”. Entre estas entidades hay hogares de mayores hasta centros sociales sociales, recreativos u hospitalarios que “muestran al mundo lo que podemos hacer los españoles” y recalcan que “uno de nuestros aciertos, y el acierto de los distintos gobiernos, de todos los signos políticos que ha tenido España, es haber sostenido un apoyo permanente a las casas españolas y a los ciudadanos en situación de necesidad”. Consideran que “entre los errores de nuestra historia está claramente suprimir ese apoyo”.

Asimismo, recalcan que la legislación española en materia socio-asistencial hacia sus ciudadanos en el exterior es muy superior a la de otros estados. “España y sus autonomías han sido generosas y sobre todo justos con su gente en el exterior”, señala el comunicado.

Por último, indican que “desde la Constitución, hasta la gran mayoría de los Estatutos Autonómicos y el propio Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior ordenan todo un sistema de protección a los españoles más necesitados y el apoyo a la conservación de la obra de España fuera de España. No se puede de la noche a la mañana acabar con esa misión”.

Cabe destacar que este comunicado lo firman miembros del CRE de diferentes orientaciones políticas.

Desacuerdo

Los miembros del CRE de Buenos Aires, Gustavo Fernández y Xoán Negreira, expresaron estar en desacuerdo -tanto en el fondo como en la forma- con el comunicado emitido por el Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Buenos Aires al considerar que su aprobación no se realizó "por los canales correspondientes a la legalidad del Consejo".

Asimismo, en un comunicado manifiestan que no existe justificación para que el Gobierno español continúe dedicando recursos a las entidades y órganos representativos de la ciudadanía española en el exterior -de los que forman parte- ya que en su opinión "no han sabido cumplir con su cometido en el mejor de los casos, y en el peor nos plantea la duda si no han oficiado como nicho de negocios para reducidos núcleos de poder, sus familiares y amigos". Una postura alineada con las intenciones del Gobierno de replantearse las ayudas a la emigración.

También afirman que los órganos de representación de la emigración a nivel estatal -como el CGCEE- o los órganos similares que existen en diversas comunidades autónomas  evidencian "una completa ineficacia" y para las cuales "se destina una gran cantidad de fondos públicos, sosteniendo organismos inexplicablemente 'representativos' (teniendo en cuenta los resultados), pagando sueldos de funcionarios y alquileres de grandes estructuras, con un cometido explícitamente definido pero realmente incierto".

Para los dos miembros del CRE de Buenos Aires, estas cuestiones son un reflejo "de la problemática que sufrimos como colectivo y la herencia de administraciones nefastas que han convertido una colectividad ejemplar y solidaria en un reducto subvencionable".
                                            [post_title] => El Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires pide al Gobierno que reflexione antes de recortar las ayudas a los emigrantes
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                                            [post_content] => El Partido Popular de España en Argentina critica en un comunicado la “falta de sensibilidad y responsabilidad” del Gobierno central hacia la ciudadanía española en el exterior.

Los ‘populares’ rechazan y repudian enérgicamente las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá “en las que comunica la decisión de recortar los programas del Estado hacia sus colectivos residentes en el exterior”, según dicen en el comunicado.

Desde el PP de Argentina afirman que sería una “irresponsabilidad absoluta” recortar las ayudas asistenciales y extraordinarias ya que “estas ayudas están destinadas a los españoles con menos recursos y sirven, en muchos casos, para gastos indispensables y necesarios, como por ejemplo para la compra de medicamentos. Sin estas ayudas, miles de emigrantes no podrían afrontarlos”.

Además, califican de “insensatez” reducir las ayudas a las asociaciones y centros ya que “estas entidades son una referencia ineludible de la España exterior. Mantienen viva nuestra cultura y el vínculo permanente con nuestra tierra. Y también, en muchos casos y en numerosos países de Latinoamérica, cumplen una función de ayuda vital para con sus asociados”.

Añaden que sería “absolutamente lamentable” la supresión del Consejo General de la Ciudadanía Española en Exterior (CGCEE) y los Consejo de Residentes Españoles (CRE). “Los CRE, regulados por la Ley de la Ciudadanía Española en el Exterior y por el Real Decreto 1960/2009, cumplen la vital función de trasladar y transmitir las inquietudes de los españoles a los Consulados. Sin estos entes, los españoles nos quedaríamos sin voces para manifestar nuestras problemáticas”, añaden.

Por último, el PP de Argentina considera que es un desprecio hacia la emigración que el Gobierno se plantee recortar las ayudas a la emigración en 1,5 millones de euros al mismo tiempo que aumenta el Presupuesto General del Estado en un 3% y el gasto en altos cargos en 5 millones de euros.

“Entendemos que sería una injusticia histórica. Los españoles dentro y fuera de España, demostramos ser un gran país, pero que, con estas decisiones, demostramos también tener un gobierno muy pequeño”, finaliza el comunicado.
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Consultados por España Exterior sobre los posibles recortes que el Gobierno pretende implementar a los programas de ayudas para la emigración y sus centros y asociaciones, Susana Carbia y Martín Miméndez, ambos integrantes del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, expresaron su preocupación e indignación ante lo que consideran un atropello a los derechos de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

“Estamos realmente indignados, aunque ya desde hace un tiempo había algunos indicios de que algo así podía pasar. Por ejemplo, este año todavía no se convocó al pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) que había quedado pendiente del año pasado. A pesar de nuestros permanentes reclamos a través de notas internas, era un tema que dilataban y dilataban, así que el destrato ya era mayúsculo porque pedíamos explicaciones y no nos las daban, y eso ya demuestra que hay una intención de que el CGCEE desaparezca”, afirmó Susana Carbia quien, además de integrar el CRE de Buenos Aires, forma parte de la Comisión de Mujer y Juventud en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Otra señal que Carbia indicó que ya iba en esa dirección por parte del Gobierno de Pedro Sánchez fue el cese de la subdirectora general de Emigración, Yolanda Gómez Echevarría, uno de los nexos principales entre los representantes de la ciudadanía española en el exterior y la Administración española, “lo que ya significaba que nos olvidemos del pleno”.

En concreto, la consejera explicó que la quita de ayudas a los centros y asociaciones significaría el cierre de la gran mayoría de las entidades: “Es indignante, una demostración de ignorancia sobre todo lo que hizo y construyó la emigración para España. Es realmente preocupante lo que sucederá con los centros, sobre todo en países como Argentina o Venezuela, que ya de por sí atraviesan situaciones económicas muy difíciles y en los que los emigrantes y sus descendientes hacen un esfuerzo muy grande todos los días por mantenerlos abiertos”.

En la misma dirección, consideró que los recortes en las ayudas individuales “es una falta de sensibilidad mayúscula, porque hay mucha gente que no va a poder cubrir sus necesidades básicas de subsistencia”, y agregó que también se pone en riesgo el futuro de muchos hogares y residencias de ancianos que desempeñan una labor fundamental de atención a los emigrantes mayores más necesitados.

Carbia adelantó que tanto los miembros del CGCEE como los del CRE de Buenos Aires ya están consensuando un escrito para presentar al Gobierno, a los medios y a la colectividad en general para expresarse públicamente y para exigir que se cumpla con lo que establece el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Por su parte, Martín Miméndez, quien además de formar parte del CRE es el responsable de la delegación del Partido Popular en Argentina, expresó que la situación es “gravísima, un golpe importantísimo para la emigración porque no sólo afectaría a los centros y asociaciones, sino también a los españoles más necesitados que subsisten en muchos casos gracias a las ayudas del Gobierno nacional”.

Miméndez explicó que las ayudas a los centros no sólo están destinadas para la realización de obras o determinados proyectos, sino también para financiar el desarrollo de sus actividades cotidianas, por lo que su quita pondría en grave riesgo el futuro de instituciones que brindan una importantísima labor social y cultural en favor de la colectividad.

Asimismo, consideró que todas las señales apuntan a que se pretende disolver tanto el CGCEE como los Consejos de Residentes, algo que, recalcó, constituiría un golpe mortal al único canal que tiene la ciudadanía en el exterior para hacer llegar de manera directa a la Administración española sus inquietudes, preocupaciones y necesidades: “Una decisión de esa magnitud sería una irresponsabilidad enorme por parte del Gobierno”, resumió.
                                            [post_title] => Miembros del CRE de Buenos Aires expresaron su inquietud e indignación por los posibles recortes en los programas de ayudas a la emigración y sus entidades
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                                            [post_content] => El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó en el Congreso que está replanteándose las políticas de apoyo a los ciudadanos españoles en el exterior y a los centros y asociaciones.

En su comparecencia de más de cuatro horas ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados celebrada el jueves 27 de febrero, Escrivá afirmó que “estamos evaluando las distintas prestaciones que hay porque yo creo que tienen que ser focalizadas y ver si realmente las prioridades están bien fijadas o no”.

Añadió, además, que “a veces las políticas tienen mucha inercia y conviene en un momento determinado mirar la fotografía, sentarse y decir realmente, este dinero que es el que es, ¿está yendo realmente a las personas que más lo necesitan?”, con lo que puso en duda las acciones de apoyo a la emigración desarrolladas por sus antecesores hasta el momento. “Vamos a ver si exactamente estamos ayudando a los que lo necesitan y de la forma adecuada”, concluyó.

Las palabras del ministro sonaron a que solamente se destinará dinero a los casos más extremos de necesidad lo que implicaría reducir los programas de ayudas a la ciudadanía española en el exterior al mínimo e incluso darle la puntilla a un colectivo que ha venido sufriendo considerables recortes en las ayudas públicas y en sus derechos -limitando el acceso a la nacionalidad y el ejercicio del derecho al voto- desde hace más de una década. Atrás quedan programas como las becas Reina Sofía, la participación en los viajes del Imserso, el programa de jóvenes o el programa de proyectos de investigación, el cual no se sabía si se convocaría o no.

Y esta reducción estará enmarcada en una subida presupuestaria superior al 3%. Es decir, el presupuesto de gasto del Estado en su conjunto aumentará mientras que el destinado a los españoles en el extranjero se recortará.

A pesar de que dijo que la emigración española es muy heterogénea, para el ministro solo hay dos tipos de emigrantes, aquellos que dejaron España hace muchísimos años, “que hay que respetar sus derechos y ayudarles en algunas necesidades”, y quienes lo hicieron en la última década, “que tienen una problemática distinta”.

Sobre el retorno, el ministro afirmó que su compromiso es “desarrollar programas de retorno”, pero entendidos como la creación de una serie de condiciones que faciliten ese retorno. En su opinión, quienes emigraron recientemente “son personas cualificadas, son personas que tienen en este momento trabajos interesantes y que probablemente su prioridad más es saber que si se han ido a estudiar se van a homologar sus estudios con rapidez, con mucha mayor rapidez que ahora si en algún momento se plantean volver. O que sus hijos puedan estudiar el castellano por si en algún momento quieren volver y surge una oportunidad de trabajo”.

Por otro lado, el ministro afirmó que “tenemos que suprimir el voto rogado ampliando los plazos de emisión y del envío del voto por correo”. Reconoció que el actual sistema “genera desafección”.
                                            [post_title] => El ministro Escrivá confirma que está replanteándose las políticas de apoyo a los españoles en el exterior y a los centros y asociaciones
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                                            [post_content] => El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, tiene la intención de suprimir algunos de los programas de ayudas a la emigración y reducir a algo residual las ayudas asistenciales y extraordinarias a los españoles necesitados que viven fuera del país.

Según han confirmado a España Exterior fuentes del propio ministerio, estas medidas están dentro del programa de actuación del nuevo equipo que dirige José Luis Escrivá cuya intención es reducir lo que es el apartado de emigración al mínimo.

La eliminación de las ayudas asistenciales y extraordinarias supondría un auténtico golpe a la subsistencia de muchos emigrantes de escasos recursos que viven en países donde la protección social es prácticamente inexistente o que solo está al alcance de quienes gozan de amplios recursos. Se trataría, según ha podido saber este medio, de “optimizar” los programas de ayudas asistenciales y extraordinarias para convertirlos en algo residual.

Dentro de las ayudas asistenciales se encuentran las prestaciones por razón de necesidad dirigidas a aquellos españoles del exterior que no cuentan con una prestación digna cuando dejan de trabajar y que viven en muchos casos en situación de auténtica necesidad, las prestaciones para quienes sufren una incapacidad absoluta para el trabajo y la prestación de asistencia sanitaria. La eliminación de esta prestación dejaría a decenas de miles de compatriotas sin ningún tipo de asistencia socio sanitaria y abandonados en países sin recursos para atenderlos.

Sin embargo, el artículo 19.1 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior (Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior) establece taxativamente que la Administración General del Estado “garantizará el derecho a percibir una prestación a los españoles residentes en el exterior que habiéndose trasladado al exterior por razones laborales, económicas o cualesquiera otras y habiendo cumplido 65 años de edad o estando incapacitados para el trabajo, se encuentren en una situación de necesidad por carecer de rentas o ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a la realidad socioeconómica del país de residencia”.

Y en el artículo 20.3 se indica que “los poderes públicos, en el marco de la regulación de la atención a la dependencia, desarrollarán medidas específicas, especialmente de carácter asistencial, sanitario y farmacéutico, encaminadas a la consecución del bienestar integral de la ciudadanía española en el exterior en situación de necesidad, en aras de alcanzar la gradual asimilación a las prestaciones vigentes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, conforme a lo que disponga la legislación vigente”.

Por otra parte, la eliminación de las ayudas a centros y asociaciones, muchas de las cuales realizan una auténtica labor asistencial hacia los emigrantes más desfavorecidos, llevaría a muchas de ellas al cierre obligado. La convocatoria de este programa para este año 2020 ya se publicó el pasado mes de diciembre, pero ahora no se sabe si su tramitación se llevará a término o no. La cuantía destinada a estas entidades ascendía a unos 1,3 millones de euros a repartir entre más de 500 entidades españolas de interés social radicadas en el extranjero.

Cabe recordar que el artículo 20.2 de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior establece que “los poderes públicos prestarán especial apoyo en particular económico a aquellos centros y asociaciones de españoles en el exterior y retornados en el Estado español que cuenten con infraestructuras adecuadas para la atención de personas mayores o en situación de dependencia. Se incentivarán las redes que generen un mejor aprovechamiento de los recursos públicos”.

Además, la idea del ministro es eliminar toda la política de comunicación de la Administración con la emigración española, lo que supone el cierre de la revista ‘Carta de España’, tanto en su versión impresa como en su versión digital. Esta publicación lleva 34 años informando a los españoles residentes en el extranjero sobre cuestiones que les afectan directamente.

También está prevista la eliminación de otros programas tradicionales que venía ejecutando desde hace más de 30 años el Gobierno central, como el de comunicación, a pesar de que en el artículo 21.1 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior se indica que “la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas promoverán el desarrollo de acciones de información, orientación y asesoramiento en el exterior, a través de la red de consulados, embajadas, centros estatales y autonómicos en el mundo, asociaciones y medios de comunicación encaminadas a facilitar la inserción socio-laboral de los españoles residentes en el exterior, a través de los correspondientes programas de ayudas o de convenios con entidades públicas o privadas”.

En definitiva, las medidas que piensa poner en marcha el ministro José Luis Escrivá chocan directamente contra la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.

La emigración, una rémora

Pero los primeros síntomas de que la emigración española iba a ser una rémora para el nuevo ministro no deben sorprender ya que desde su toma de posesión el pasado enero no ha dirigido ni una sola palabra a los ciudadanos españoles que viven fuera del país. Y tampoco desde la Secretaría de Estado de Migraciones ha habido movimiento alguno en este sentido.

Prueba de que los cambios en el departamento auguran el ostracismo de las políticas a favor de la ciudadanía española en el exterior ha sido el cese de la subdirectora general de Emigración, Yolanda Gómez Echevarría, una funcionaria ejemplar que ha desarrollado su labor tanto en gobiernos del PSOE como del PP, que gozaba del aprecio de los representantes de la emigración y que se había convertido en una ayuda especial para el colectivo de la emigración y el retorno.

Y además de su cese, todavía no se sabe cuándo se celebrará el III Pleno del VII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE). Debería haberse celebrado en 2019, pero las sucesivas convocatorias electorales de abril y noviembre lo impidieron. Luego se anunció desde la Dirección General de Migraciones que se celebraría en febrero, pero no va a ser así. Y nadie sabe cuándo se reunirá este órgano, lo que supone un flagrante incumplimiento de la ley.

El CGCEE está previsto en el artículo 10 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y en el artículo 16.1 del Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior se indica que “el Consejo General celebrará, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año”, cosa que no sucedió en 2019 puesto que la última reunión plenaria fue en junio de 2018.

Cabe recordar que a aquella reunión acudió el anterior equipo de la Secretaría de Estado de Migraciones, encabezado por Consuelo Rumí, y que anunció que el Gobierno recuperaría los niveles de atención a los españoles en el exterior anteriores a la crisis, algo que ahora parece desvanecerse por completo.
Programa de mayores y Plan Especial de Apoyo Sanitario a la Ciudadanía Española en Venezuela, en el aire

Además de las ayudas citadas anteriormente, hay otros programas de también están en el aire. Por ejemplo, el Programa de Mayores y Dependientes cuyo objeto es mejorar las condiciones de vida de los españoles mayores y/o dependientes en el exterior mediante el apoyo a centros sociales, centros de día y residencias de mayores, para la realización de actividades de carácter informativo, social o asistencial de las instituciones que tengan como finalidad la atención de dicho colectivo y que en 2019 contó con 2,5 millones de euros.

Por otro lado, también está en el aire la renovación del Plan Especial de Apoyo Socio-Sanitario a la Ciudadanía Española en Venezuela que contaba con casi 3 millones de euros para la atención médico-farmacéutica a mujeres embarazadas (embarazo, obstetricia y parto); a neonatos y lactantes hasta los 12 meses; a niños hasta los 12 años; a pacientes oncológicos el suministro de medicación a enfermos crónicos, asistencia primaria y suministro de medicación, asistencia oncológica y alimentación.

Además, incluía la concesión de ayudas individuales por 50.000 euros a españoles mayores de 65 años, o menores de esa edad en situación de dependencia, con necesidades de atención en instituciones residenciales privadas que no puedan sufragar con sus propios recursos, siempre que no existan otras de carácter público que presten ese servicio o no sea posible su atención en otros centros beneficiarios de subvenciones de la Dirección General de Migraciones previstas a tal fin.
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                                            [post_content] => El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, calificó como una absoluta “falta de responsabilidad y de sensibilidad” la supresión de las ayudas destinadas a la ciudadanía española en el exterior y a sus instituciones que prevé llevar a cabo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que encabeza José Luis Escrivá.

En declaraciones exclusivas a España Exterior, Miranda manifestó estar muy sorprendido al enterarse del programa de actuación -confirmado a este medio por fuentes del propio Ministerio- que pretende llevar adelante Escrivá y que, además de suprimir ayudas que son esenciales para la subsistencia de cientos de entidades españolas en el exterior, también prevé reducir al mínimo las ayudas asistenciales y extraordinarias a los españoles más necesitados que residen fuera de España.

“Lo que tenemos absolutamente claro es que este planteamiento del Gobierno nacional es un sinsentido y una falta de responsabilidad y de sensibilidad”, fustigó el secretario xeral, para luego resaltar el fundamental papel que las entidades españolas de la diáspora cumplen desde el punto de vista de lugar de encuentro para la colectividad, el rol preponderante que juegan para mantener la presencia cultural de España en el exterior y la labor “insustituible” de trabajo social y atención a los españoles más necesitados que desarrollan muchas de ellas.

“Desde Galicia no compartimos para nada esta decisión; al contrario, desde la Secretaría da Emigración lo que hemos hecho en estos tres últimos años ha sido incrementar en un 50 por ciento el presupuesto de trabajo destinado a ayudar a nuestros emigrantes y fomentar el retorno”, subrayó, y añadió: “Es una línea de actuación completamente contraria a la que plantea ahora el Estado español”.

En la misma tónica, Miranda informó que, para este año, el programa de ayudas económicas individuales consta de un presupuesto cercano a los tres millones de euros y que las ayudas para el mantenimiento y la realización de actividades dirigidas a las instituciones gallegas en el exterior cuenta con una partida de 1,7 millones de euros.

Según explicó, en la medida en que las circunstancias económicas de España fueron mejorando y recuperándose en los últimos años, Galicia ha dado muestras de su compromiso con sus ciudadanos e instituciones trasladando hacia ellos esa recuperación económica a través del incremento de las partidas presupuestarias dirigidas a los emigrantes, a sus descendientes y a los centros de la colectividad.

Luego de recordar que “es la propia Constitución española la que dice que el Estado español tiene que atender a los españoles del exterior”, afirmó que Galicia, “no teniendo esa obligación jurídica, lo ha estado haciendo y lo seguirá haciendo, y si es necesario, va a reforzar en el futuro sus programas para suplir los incumplimientos del Estado español”, y concluyó: “Pedimos a las autoridades nacionales que reflexionen, porque no se puede abandonar a los españoles del exterior”.
                                            [post_title] => Miranda: “Pedimos a las autoridades nacionales que reflexionen, porque no se puede abandonar a los españoles del exterior”
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