20200114

José Luis Escrivá afirma que la inmigración es una oportunidad para el crecimiento y la sostenibilidad del sistema de pensiones

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España necesitará una media de 270.000 migrantes anuales de aquí a 2050 para paliar el envejecimiento
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                                            [post_content] => El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado hoy, 17 de enero en París que “la inmigración no es sólo un problema humanitario, sino que es una oportunidad para nuestro crecimiento y para la sostenibilidad del sistema de pensiones”. José Luis Escrivá, que ha intervenido en la primera reunión ministerial sobre Migración e Integración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha hecho especial hincapié en que el fenómeno migratorio tiene un carácter global y que ningún país puede abordarlo de manera aislada. Esa primera reunión, celebrada en la capital francesa, está presidida por Suiza y copresidida por España y Chile.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha mantenidotambién en París encuentros bilaterales con sus homólogos de Italia, Alemania y Portugal y se reunirá a lo largo del día con los ministros de otros países europeos.

A juicio del titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nuestro país debe apostar por el multilateralismo y la cooperación internacional como la única vía posible para una gestión adecuada de las migraciones, para lo que ya contamos con dos instrumentos claves como son la Agenda 2030 y el Pacto Mundial de las Migraciones.

“La migración contribuye al desarrollo y al bienestar de las sociedades y ayuda a superar los desafíos que pesan sobre los países o regiones de destino, como es el reto demográfico derivado del envejecimiento de la población”, ha asegurado Escrivá, quien ha añadido que no podemos olvidar su contribución al desarrollo económico, social y cultural en los países de origen de los migrantes.

José Luis Escrivá, que ha insistido en que “todos los países europeos van a necesitar de la migración”, ha recalcado la necesidad de una inmigración de carácter legal, teniendo en cuenta los estudios de algunos expertos en la materia que apuestan por la idea de que España precisará de una media de 270.000 migrantes anuales de aquí a 2050, debido a su proceso de envejecimiento.

En su intervención, el ministro ha señalado que en España convergen todas las formas de migración (la de origen, la de tránsito, la de destino, la estacional y la de retorno), por lo que el Gobierno está impulsando una visión integral de los movimientos migratorios, que va desde “el compromiso en la lucha contra las causas profundas de la salida de emigrantes de los lugares de origen a la plena inclusión de los emigrados en la sociedad española”.

Políticas migratorias legales, reguladas, seguras e inclusivas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha unido, al control y la vigilancia de fronteras y la cooperación con países de origen y destino, la promoción de vías de migración seguras, regulares y ordenadas y la creación de un marco integral de acogida e integración. “Hay que analizar las migraciones, conocer sus mecanismos y ordenarlas para establecer políticas migratorias legales, reguladas, seguras e inclusivas”, ha matizado Escrivá.

José Luis Escrivá ha finalizado su discurso resumiendo las respuestas específicas que el Ejecutivo español debe llevar a cabo en materia de migraciones, como es continuar con los proyectos pilotos sobre migración legal, brindar soluciones a las barreras para la correspondencia laboral internacional entre oferta y demanda, explorar posibles líneas de asociación entre el sector empresarial y educativo dentro de los países de origen y destino y desarrollar una política que atraiga el talento que necesitamos.
El 80% de los españoles cree que el Gobierno debe desarrollar políticas de integración El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, adivirtió ayer, 17 de enero, que el 80% de los españoles cree que el Gobierno español debe desarrollar políticas de integración, según recoge el Estudio de Opinión Pública sobre la Inmigración elaborado en 2019 por Sigma Dos. José Luis Escrivá intervino en el Foro de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se celebró en París y dio paso hoy a la primera reunión ministerial sobre Migración e Integración. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirmó que los flujos migratorios son un asunto clave para nuestro futuro, teniendo en cuenta que se está reduciendo de manera relevante la población española en edad laboral. “Debemos adelantarnos para lograr que los flujos migratorios que lleguen a España sean los que realmente necesitamos”, dijo Escrivá, quién añadió que esto sería posible “con una política migratoria consistente que ponga el foco en el largo plazo y que esté menos guiada por el ciclo económico u otros aspectos coyunturales”. “La inmigración legal y ordenada es una oportunidad de crecimiento y enriquecimiento para nuestra sociedad; una oportunidad para construir sociedades más prósperas, más diversas y más cohesionadas”, apuntó el ministro. El estudio de Sigma Dos, realizada con una muestra de 1.200 entrevistas en todo el territorio nacional, recoge la percepción positiva que los españoles tienen de un fenómeno tan complejo como son las migraciones. Sin llegar a constituir una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles la inmigración si aparece entre los principales temas de interés público. Según este mismo estudio, el 69% de los españoles cree que debe aumentar la cooperación con los países de origen; el 90% cree que debe existir una política común en la Unión Europea; el 65% es partidario de que España se una al Pacto Global para la migración regular; el 72% cree que el Gobierno español debe aceptar la llegada de barcos con inmigrantes que hayan sido rechazados por otros países; el 89% apoya que los hijos de inmigrantes nacidos en España tengan los mismos derechos que los españoles; y el 65% apoya políticas que abran nuevas vías legales a la entrada de población inmigrante.
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Los miembros del nuevo Ejecutivo prometieron sus cargos el lunes 13 y celebraron su primer Consejo de Ministros al día siguiente, después de que el presidente notificara sus nombres al Rey Felipe VI el domingo. El Ejecutivo tiene 18 ministerios, de los que cuatro poseen además rango de vicepresidencia. Nunca antes había habido cuatro vicepresidentes. En total, incluyendo a Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros se sientan 23 personas. De los 22 ministros, la mitad son nuevos. El hecho de que al final sean cuatro las vicepresidencias, en vez de las tres anunciadas, resta protagonismo orgánico a Pablo Iglesias, titular de una de ellas, en virtud del acuerdo de coalición suscrito con Unidas Podemos. Iglesias ha sido nombrado vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. La vicepresidenta primera y el Ministerio de Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática recae en Carmen Calvo, número dos del primer Gobierno de Sánchez. Nadia Calviño, hasta ahora ministra de Economía, es vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Finalmente, la vicepresidencia cuarta recae en Teresa Ribera, ministra además de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ya era ministra de Transición Ecológica. La jurista Arancha González Laya es la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en sustitución obligada de Josep Borrell, quien desde el 1 de diciembre es alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, y vicepresidente de la Comisión Europea. El Ministerio de Asuntos Exteriores tendrá un enfoque más económico. González Laya era subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, un organismo dependiente de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Comercio. Justicia recae ahora en el magistrado Juan Carlos Campo, diputado del PSOE en el Congreso, exsecretario de Estado de Justicia y exvocal del Consejo General del Poder Judicial. La anterior titular, Dolores Delgado, ha salido del Gobierno. La nueva titular de Política Territorial y Función Pública es Carolina Darias, hasta ahora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. En Sanidad (sin Consumo ni Bienestar Social), Salvador Illa, secretario de Organización del Partido Socialista Catalán, sustituye a María Luisa Carcedo, que desaparece del gabinete. José Luis Escrivá Belmonte, hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), es el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desgajado de Trabajo, que ha asumido Yolanda Díaz, como parte de la cuota de Unidas Podemos. En Cultura y Deportes se estrena José Manuel Rodríguez Uribe, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, secretario de Laicidad en la Ejecutiva Federal del PSOE, exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y profesor titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad Carlos III. Rodríguez Uribe sustituye a José Guirao, que desaparece del gabinete. Nuevos ministros son también los representantes de Unidas Podemos en el Gobierno: Irene Montero (Igualdad), Yolanda Díaz (Trabajo y Economía Social, que pierde Seguridad Social), Alberto Garzón (Consumo, que se desgaja de Sanidad) y Manuel Castells (Universidades, que se separa de Ciencia). Garzón y Díaz militan en Izquierda Unida, mientras que Castells -un sociológo de prestigio internacional- ha sido propuesto por En Comú Podem. Montero, nueva portavoz Siguen en sus puestos María Jesús Montero (Hacienda y ahora también portavoz del Gobierno, en sustitución de Isabel Celaá), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), Reyes Maroto (Industria, Comercio y Turismo), José Luis Ábalos (Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, nueva denominación de Fomento), Isabel Celaá (Educación y Formación Profesional), Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación), y Pedro Duque (Ciencia e Innovación, sin Universidades).
Derogación parcial de la reforma laboral del PP Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentaron el 30 de diciembre en el Congreso su programa de Gobierno de coalición, que tiene como eje principal la derogación parcial de la reforma laboral de 2012 impulsada por el PP. –Empleo. Derogación del despido por absentismo por bajas por enfermedad. Recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Subida progresiva del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio del país. –Fiscalidad. Elevación de la tarifa del IRPF para las rentas que rebasen los 130.000 euros. Reducción del Impuesto de Sociedades al 23% para las pymes que facturen menos de un millón, y subida del tipo mínimo que pagan las grandes corporaciones al 15%. –Pensiones. Actualización por ley en función del IPC. –Alquiler. Impulso de medidas para poner techo a las subidas abusivas de precios. –Educación. Derogación de la Lomce. La materia de Religión será voluntaria, sin alternativa ni nota computable. –Sanidad. Eliminación progresiva de los copagos farmacéuticos. La salud bucodental estará cubierta por la Seguridad Social. –Reforma electoral. Supresión del voto rogado y establecimiento de listas “cremallera” con alternancia hombrre-mujer. –Cataluña. Impulso de la vía política y actualización del Estado autonómico.
[post_title] => Echa a andar el primer Gobierno de coalición de la democracia y el más extenso, con 22 carteras [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => sanchez-prepara-un-gobierno-con-cuatro-vicepresidencias-y-un-nuevo-ministerio-de-seguridad-social-inclusion-y-migraciones [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2020-01-16 12:33:20 [post_modified_gmt] => 2020-01-16 11:33:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=944057 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [1] => Array ( [estilo] => titular-destacado [invertir] => 1 [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 944099 [post_author] => 10 [post_date] => 2020-01-14 09:54:52 [post_date_gmt] => 2020-01-14 08:54:52 [post_content] => El Gobierno boliviano expulsó del país a dos diplomáticos españoles -la encargada de negocios Cristina Borreguero y el cónsul Álvaro Fernández- tras acusarlos de intentar entrar en la Embajada de México en Bolivia el 27 de diciembre acompañados por policías encapuchados para sacar a los nueve miembros del Gobierno del expresidentes Evo Morales refugiados allí y acusados por la justicia boliviana de terrorismo, sedición, revuelta armada y fraude electoral. España calificó de “calumnia” la acusación y aseguró que había sido una visita de “cortesía”, y respondió expulsando a su vez a tres diplomáticos bolivianos. La Fiscalía General de Bolivia solicitó después un informe a las autoridades españolas sobre la presencia en el país de los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía española implicados en el incidente. Además, inició los trámites para pedir la comparecencia como testigos, entre otros, del secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. 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Sánchez había sido investido presidente el día anterior tras ser elegido en la segunda y definitiva votación, en la que necesitaba solo más síes que noes. Obtuvo 167 votos a favor y 165 en contra, además 18 abstenciones: la diferencia más exigua de toda la democracia. Votaron sí PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País (2), Compromís (1), Nueva Canarias (1), BNG (1) y Teruel Existe (1). En contra lo hicieron PP (88), Vox (52), Cs (10), JxCat (8), Coalición Canaria (1: su portavoz, Ana Oramas, contravino la orden del partido de abstenerse), Partido Regionalista Cántabro (1), CUP (2), UPN (2) y Foro Asturias (1). Se abstuvieron ERC (13) y EH Bildu (5), cuyo voto resultó determinante para la elección. El PSOE pactó larga y trabajosamente el sí y la abstención de cada grupo. La negociación más relevante fue con ERC. Sánchez se compromete a poner en marcha en dos semanas una mesa de negociación “bilateral” Cataluña- Estado sin vetos, en la que los secesionistas reclamarán un referéndum para la autodeterminación, y a trasladar los acuerdos alcanzados a la ciudadanía catalana a través de una consulta. El Partido Regionalista Cántabro cambió su voto tras estas concesiones, lo que llevó al PSOE a amenazarlo con romper el Gobierno de coalición en Cantabria. Con el PNV, Sánchez se comprometió a impulsar las “reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales” y a arrebatar a la Guardia Civil la competencia de Tráfico en Navarra para entregarla por completo a la Policía Foral. El único cambio en la segunda votación de investidura respecto a la primera, cuando el candidato necesitaba sacar mayoría absoluta (176 votos), fue que el bloque del sí sumó un diputado más gracias a la presencia en el hemiciclo de la parlamentaria de En Comú Podem Aina Vidal, ausente por enfermedad en la primera sesión. La votación fue tan ajustada que desde la derecha buscaron hasta el último instante que el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, o algún integrante de la bancada socialista modificase el sentido de su voto. Con que uno de ellos se moviese del sí al no, el resultado sería de empate a 166, lo que haría decaer la investidura. Guitarte aseguró haber recibido más de 9.200 correos amenazantes y durmió fuera de su domicilio la víspera de la votación por recomendación de los servicios de contravigilancia del Congreso, mientras que el PSOE anunció que llevará a los tribunales las “amenazas y coacciones” sufridas. Ataques al Rey El debate de investidura evidenció la división del Congreso en dos bloques enfrentados y resultó muy bronco. Los momentos más tensos se vivieron cuando la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, acusó al Rey de aplicar “recetas autoritarias” en su discurso tras el referéndum ilegal del 1-O y protestó por los “seis injustos años” que el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, pasó en prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, sin que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la llamase al orden ni Sánchez saliera en defensa de Felipe VI o de las víctimas del terrorismo. El Gobierno de coalición nace bajo una extrema debilidad. Tiene 155 diputados de 350, lo que obligará al PSOE y a Podemos a negociar cada ley que lleven a la Cámara para poder sacarla adelante. Ni ERC ni EH Bildu les garantizan su apoyo. La diputada de ERC Montserrat Bassa, hermana de Dolors Bassa, la exconsejera de Carles Puigdemont condenada a 13 años de cárcel, afirmó en la sesión de investidura que “personalmente” le importaba “un comino” la gobernabilidad de España. 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Los dos nuevos europarlamentarios estuvieron acompañados por una delegación catalana liderada por el ‘president’ Joaquim Torra y el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent. Quien no pudo debutar finalmente como europarlamentario fue el líder de ERC, Oriol Junquera -en prisión tras ser condenado a trece años de cárcel por el ‘procés’-, tras dejar de reconocerle el Parlamento europeo su condición de diputado el viernes 10, después de que el Tribunal Supremo avalara el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que le retiraba este estatuto. El estreno de Puigdemont y Comín como eurodiputados ha sido posible por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que el 19 de diciembre falló que Junqueras gozaba de inmunidad parlamentaria desde el 13 de junio, tras proclamarse los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. La sentencia ha favorecido indirectamente a los huidos de la Justicia al no estar condenados. Junqueras, sin embargo, ha perdido la condición de eurodiputado por estarlo. La condición de eurodiputados no solo les proporcionará a Puigdemont y Comín inmunidad y un potente altavoz mediático, sino también 70.000 euros del Parlamento europeo a cada uno en concepto de nóminas y dietas atrasadas desde julio. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena remitió el viernes 10 el suplicatorio al Parlamento Europeo para poder proceder penalmente contra los dos. El magistrado pide a la Eurocámara que suspenda su inmunidad y mantiene las órdenes europeas de detención y entrega contra ambos. También mantiene en vigor la orden nacional de arresto. En España, si son detenidos, no les alcanzaría la inmunidad al estar ya procesados y no se requeriría suplicatorio. Inhabilitación de Torra Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, se niega a abandonar su cargo a pesar de que el Tribunal Supremo confirmó el viernes 10 la sentencia de la Junta Electoral Central (JEC) que le despojó de su condición de diputado autónomico, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo condenase a año y medio de inhabilitación por desobedecer el mandato de la JEC de retirar los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat durante la campaña electoral de abril. La JEC precisó en su resolución que la decisión sobre la inhabilitación de Torra es competencia del Parlamento catalán, y el viernes 10 el presidente de este, Roger Torrent, anunció que lo mantendrá como diputado porque el reglamento de la Cámara catalana no prevé “la inegibilidad sobrevenida” como causa de la pérdida de la condición de diputado. Por otro lado, Torra habló por teléfono el jueves 9 con Pedro Sánchez y acordaron mantener una reunión tras la formación de la nueva administración para, según Moncloa, “recomenzar y retomar el diálogo”, e “intentar arreglar el conflicto político en Cataluña”. 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Felipe VI no se apartó del contexto castrense del acto, a pesar de que se celebró en medio de la sesión de investidura de Pedro Sánchez y de que su discurso tuvo lugar solo 24 horas después de los incidentes registrados en el Congreso cuando la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, le tachó de “autoritario” desde la tribuna del Congreso y atacó la Constitución. La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, reivindicó una España “abierta y grande en su diversidad” e “incluyente”. Discurso de Nochebuena Por otro lado, el 24 de diciembre, en su discurso de Nochebuena, el Rey aludió a las “serias preocupaciones” que afronta España en estos momentos, desde la falta de empleo hasta la situación en que vive inmersa Cataluña. Don Felipe, que reconoció que “no vivimos tiempos fáciles”, llamó a todos a “confiar en España” y a “mantenernos unidos en los valores democráticos que compartimos para resolver nuestros problemas”. 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Por su parte, los 700 millones de euros del sorteo del Niño, celebrado el 6 de enero, se distribuyeron por toda España, excepto Asturias, Aragón, La Rioja y Baleares, aunque el mayor pellizco (del primer premio, al número 57.342) fue hasta Quintanar de la Orden (Toledo). 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Para ello precisa al menos la abstención de ERC en la votación de investidura, con quien el PSOE viene negociando desde hace semanas. Felipe VI le hizo este encargo a Sánchez tras la nueva ronda de consultas con los representantes de las fuerzas parlamentarias que llevó a cabo el 10 y el 11 de diciembre. El Rey recibió a 18 formaciones. De la ronda se autodescartaron las soberanistas ERC, CUP, Bildu y BNG, escenificando así su oposición a la Monarquía. Ahora corresponde a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, buscar una fecha para que se celebre la votación de investidura, para la que no existe ningún plazo determinado. Todo apunta a que se dejará para después de las vacaciones de Navidad. Ya son tres las reuniones celebradas entre PSOE y ERC para negociar la abstención de los republicanos. La última, el 10 de diciembre, terminó con la difusión de un comunicado conjunto en el que constatan “avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político”, que dicen desear abordar “desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo”. Esto supone una mesa de diálogo de igual a igual entre el Gobierno central y el autonómico en la que se pueda explorar la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación. Esta mesa ha disparado las alarmas en PP y Cs, pero también en algunos ‘barones’ socialistas, como los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que el 10 de diciembre se manifestaron en contra de que la gobernabilidad dependa de ERC. La abstención de ERC dependerá en buena manera de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras, que se pronunciará el jueves 19 después de que el abogado general de la Unión se inclinara a aceptarla. La resolución puede beneficiar también a Carles Puigdemont, que, en caso de que Junqueras viera reconocida su inmunidad, tendría el aval jurídico para ser eurodiputado y moverse libremente por Europa hasta que la Eurocámara resolviese una petición de suplicatorio del Supremo. Negociación también con JxCat Paralelamente, PSOE y JxCat mantuvieron también el 4 de diciembre un primer encuentro para negociar la abstención del segundo. Solo trascendió que volverán a reunirse. La cita coincidió con la presentación en el Parlamento catalán por parte de JxCat de una moción que pide que se constate que se deben promover las iniciativas y los compromisos necesarios para acordar “una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado español, que no puede ser otra que el ejercicio del derecho de autodeterminación a través de un referéndum”. El secesionismo reclama, además, “gestos” al Gobierno, que ya ha concedido el primero: el presidente del Gobierno en funciones ha incluido al de la Generalitat, Quim Torra, al que había descartado como interlocutor válido después de que no condenara la violencia y agitara las calles tras la sentencia del 1-O, en la ronda de entrevistas que llevará próximamente a cabo con los presidentes autonómicos, pero Torra considera esta gesto insuficiente y exige una reunión bilateral específica. Reuniones con Casado y Arrimadas El ya candidato a la presidencia se reunió el lunes 16 con los líderes del PP, Pablo Casado, y Cs. Casado reiteró su no a Sánchez, porque “nadie entendería que el PP facilitase un Gobierno comunista con Podemos”. Arrimadas insistió en un acuerdo alternativo entre su partido y el PP para evitar que la investidura del presidente del Gobierno dependa de ERC. Además, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se reunirá a partir del martes 17 con todos los partidos políticos para conseguir la mayoría parlamentaria necesaria, incluidos EH Bildu y Vox, excluidos hasta ahora, pero el partido de Santiago Abascal ya anunció que no acudirá a la cita. 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No es el régimen cerrado del primer grado ni la semilibertad del tercero. Cada interno tiene derecho a salir del penal 36 días al año, siempre y cuando haya cumplido más de una cuarta parte de la condena. Para los Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, este supuesto sería efectivo a mediados de enero, mientras que Oriol Junqueras, con una condena mayor, debería esperar una año más. La resolución definitiva debe tomarla la Secretaría General de Medidas Penales de la Consejería de Justicia de la Generalitat en un plazo máximo de dos meses. En cualquier caso, los presos pasarán la Navidad en prisión. Por otro lado, Miquel Iceta fue reelegido por unanimidad el sábado 14 como secretario general del PSC. En su discurso, reclamó “un amplio acuerdo político en el que Cataluña sea reconocida como nación, con voluntad de ejercer su autogobierno”. [post_title] => Los presos secesionistas pasarán la Navidad en la cárcel [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => los-presos-secesionistas-pasaran-la-navidad-en-la-carcel [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-12-17 14:16:58 [post_modified_gmt] => 2019-12-17 13:16:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.espanaexterior.com/?p=942910 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [8] => Array ( [estilo] => titular-destacado [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 942919 [post_author] => 10 [post_date] => 2019-12-16 16:32:26 [post_date_gmt] => 2019-12-16 15:32:26 [post_content] => El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presentó el 4 de diciembre en Madrid su libro de memorias ‘Una España mejor’. 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Los negociadores no pudieron presentar planes de recortes para los mercados de carbono en 2020 y se limitaron a acordar un débil llamamiento a los países a realizar esfuerzos más ambiciosos contra el cambio climático. 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