20190416

Los partidos se lanzan a la caza de los votantes indecisos ante la ausencia de mayorías claras

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Cataluña y los posibles pactos de investidura marcan los últimos días de la precampaña electoral de las generales
Pedro Sánchez (al fondo) presidió el Consejo de Ministros extraordinario en el que se conoció la fecha de las elecciones.

Elecciones generales el 28 de abril con voto rogado

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Se celebrarán menos de un mes antes de las municipales, autonómicas y europeas según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

15 años de los atentados de Madrid del 11-M

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Hubo homenajes a los 192 fallecidos

Mueren Pérez Llorca y Arzalluz, figuras clave de la política española de finales del siglo XX

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Uno, padre de la Constitución, y el otro, presidente del PNV
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El 12 de abril comienza la campaña electoral de las generales del día 28 con un horizonte muy incierta ante la dispersión del voto en cada vez más partidos y con un cierto temor al bloqueo político en los observadores hasta el año 2020 si hubiera que repetir los comicios por la ausencia de acuerdo para formar gobierno.

Por ello, los partidos se han lanzado a la caza de los votantes indecisos, que las encuestas sitúan en un porcentaje muy elevado, para intentar decantar la balanza. El Partido Popular (PP) y su candidato Pablo Casado centran su discurso en la unidad de España ante las amenazas independentistas y en la economía y su experiencia para la gestión. Además, cargan contra el presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, por sus guiños a los secesionistas catalanes y a los herederos de la izquierda abertzale, que siempre justifican el terrorismo de ETA.

Sánchez y el PSOE insisten en la política social y desde el Consejo de Ministros siguen aprobando reales decretos que suman ya un gasto próximo a los mil millones de euros. Las declaraciones del dirigente socialista catalán Miqel Iceta abriendo la posibilidad de un referéndum en Cataluña si los independentistas superaban el 65% obligó al partido a reaccionar negando la opción de la consulta como tema de negociación para la investidura y rechazando la secesión de esa Comunidad.

Por su parte, Unidas Podemos (UP) se ofreció al PSOE para respaldarle al frente de un gobierno que incluya ministros de su formación, con su líder Pablo Iglesias postulándose. Albert Rivera, de Ciudadanos (C’s), sin embargo reiteró su opción de pacto con el PP para gobernar y volvió a rechazar un acuerdo con el PSOE y con Sánchez. Por último, Santiago Abascal, de Vox, insistió en propuestas rocambolescas como que Marruecos pague un muro en Ceuta y Melilla o el uso libre de armas para que los ciudadanos se defiendan de los delincuentes.

Al cierre de esta información no está confirmado ningún debate televisivo entre estos líderes políticos.

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de abril que la ciudad británica de Manchester tenga de nuevo, ocho años después de su cierre, una Oficina Consular de España, con categoría de Consulado General, dependiente de la Misión Diplomática Permanente de España en Reino Unido. Su jurisdicción alcanza las provincias de North West England (salvo Cumbria), North y West Yorkshire, Gales East y West Midlands, East y South Yorkshire, e Isla de Man.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, justificó la medida por el crecimiento exponencial de residentes españoles en Reino Unido y por la inminencia del brexit, que hace necesario “reforzar la presencia consular para dar seguridad jurídica a los españoles y asistirles con cualquier tipo de trámite o información que requieran”. La apertura del consulado está prevista para el mes de octubre, aproximadamente.

España contaba con un Consulado General en Manchester hasta el año 2011, cuando fue cerrado en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias.

Entre las razones que han llevado a la creación nuevamente de un Consulado en Manchester, se encuentra el aumento exponencial en el número de españoles residentes en el Reino Unido, como consecuencia, en gran medida, de la crisis económica. Así, desde finales de 2011 a diciembre de 2018, el Consulado General en Londres ha pasado de tener 68.668 inscritos en el Registro de Matrícula Consular a 128.232. Por su parte, el Consulado General en Edimburgo ha pasado, en el mismo período, de 10.782 a 25.326 inscritos. A estas cifras oficiales habría que añadir el considerable número de españoles que se han trasladado en los últimos años al Reino Unido pero que, por razones diversas, no se han inscrito en nuestros consulados generales. Algunas estimaciones hablan de cifras equivalentes a las de los ciudadanos registrados.

Londres y Edimburgo

Debido a las restricciones presupuestarias de los últimos años, el espectacular incremento en las cifras de españoles residentes en el Reino Unido no se ha visto acompañado de un refuerzo paralelo y equivalente de los medios personales y materiales de los consulados de Londres y Edimburgo.

La perspectiva de un brexit inminente hace esta situación aún más preocupante, ya que, incluso en el supuesto de aprobación en el Reino Unido del Acuerdo de Retirada y de implementación del período transitorio hasta fines de 2020, es de prever que irán en aumento la inquietud y las dudas de los nacionales en el Reino Unido y, consiguientemente, las consultas, gestiones y peticiones ante los dos consulados.

El Consulado contará con un jefe, que tendrá la categoría de cónsul general, y del personal que precise para su funcionamiento, que se determinará en la correspondiente relación de puestos de trabajo de personal funcionario y en el correspondiente catálogo de personal laboral en el exterior.

Los gastos que origine la apertura, instalación y funcionamiento del consulado general que se crea ahora se cubrirán con cargo a los créditos de los diferentes conceptos presupuestarios de la Dirección General del Servicio Exterior, existentes para las Representaciones en el Exterior.

Dado que la apertura del consulado está prevista para el mes de octubre, aproximadamente, se estima que los costes de esta nueva representación en 2019 ascenderán -para los 3 primeros meses de apertura- a 204.460,67 euros.

La apertura del Consulado General en Manchester no supondrá ningún aumento neto del gasto del personal respecto a las nuevas actuaciones que plantea este Ministerio, toda vez que el aumento del gasto derivado de las dos plazas de funcionario (cónsul y canciller) y de las dos plazas de personal laboral (ordenanza-chófer y subalterno), se compensarán con la disminución del gasto derivado de la desconcentración y la amortización de cuatro plazas, respectivamente.

Por otro lado, en el contexto del brexit, el Parlamento Europeo aprobó la semana pasada un nuevo reglamento de visados en el que, por primera vez, la institución europea ha reconocido a Gibraltar como colonia. Celaá calificó como “éxito de Estado” esta denominación que, dijo, “supone un gran paso adelante para las reivindicaciones de nuestro país”.

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El expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, huido de la Justicia, fue el protagonista de gran parte de las declaraciones de los últimos días en el juicio contra los líderes secesionistas encarcelados por el referendo ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia, suspendida a los pocos minutos.

Tanto altos mandos de los Mossos d’Esquadra como de la Policía y la Guardia Civil le acusaron de generar la situación de violencia y conflicto por permitir las votaciones. Además, policías y guardias civiles acusaron de espionaje a los Mossos para evitar su actuación.

Por otro lado, se prevé que el juicio se prolongue hasta junio o julio puesto que hay 570 testigos citados y solo han declarado poco más de un centenar.

[post_title] => Carles Puigdemont, eje de varias declaraciones en el juicio por el 1-O [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => carles-puigdemont-eje-de-varias-declaraciones-en-el-juicio-por-el-1-o [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 10:54:59 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 08:54:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=928898 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 928901 [post_author] => 5 [post_date] => 2019-04-09 10:56:07 [post_date_gmt] => 2019-04-09 08:56:07 [post_content] => La economía española registró en 2018 un crecimiento del 2,6% del Producto Interior Bruto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, una décima superior a la avanzada anteriormente. Supera las tasas de la zona euro, del 1,8% en 2018, pero el dato es cuatro décimas inferior que en el año 2017 y su menor alza desde el ejercicio 2014. [post_title] => La economía española creció el 2,6% en 2018 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => la-economia-espanola-crecio-el-26-en-2018 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 10:56:07 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 08:56:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=928901 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [2] => Array ( [estilo] => 2-noticias-titular [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 928905 [post_author] => 5 [post_date] => 2019-04-09 10:59:27 [post_date_gmt] => 2019-04-09 08:59:27 [post_content] => El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se redujo en marzo en 167.467 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, un 4,89%. Mientras que el número de parados registrados en marzo bajó en 33.956 trabajadores en relación con el mes anterior. En valores relativos, este descenso del paro es de un -1,03%. [post_title] => El paro baja en 167.467 personas en un año [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-paro-baja-en-167-467-personas-en-un-ano [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 10:59:27 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 08:59:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=928905 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 928903 [post_author] => 5 [post_date] => 2019-04-09 10:57:10 [post_date_gmt] => 2019-04-09 08:57:10 [post_content] => La exigencia de perdón al Rey de España por la conquista de México por parte de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, logró el rechazo generalizado de las fuerzas políticas españolas y del Gobierno, que lamentó su carta. Sólo Unidas Podemos se mostró de acuerdo con la solicitud. [post_title] => Rechazo generalizado a la petición de perdón de López Obrador [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => rechazo-generalizado-a-la-peticion-de-perdon-de-lopez-obrador [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-04-09 10:57:10 [post_modified_gmt] => 2019-04-09 08:57:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=928903 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [3] => Array ( [estilo] => texto-foto [invertir] => 1 [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 928148 [post_author] => 5 [post_date] => 2019-03-26 11:12:44 [post_date_gmt] => 2019-03-26 10:12:44 [post_content] =>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en el Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno los días 21 y 22 de marzo, que abordó la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En el contexto de la reunión semestral, los 27 se reunieron el día 21 en Consejo Extraordinario para decidir sobre la posible extensión del período negociador del brexit prevista en el art. 50.3 del Tratado de la Unión Europea, tal como había solicitado la primera ministra británica, Theresa May.

Tras una larga discusión que se prolongó hasta casi la medianoche, los 27 aceptaron aplazar la salida del Reino Unido hasta el 22 de mayo de 2019 bajo la condición de un voto positivo del Parlamento británico al acuerdo de retirada la próxima semana. De no aprobar Westminster el acuerdo, el Gobierno británico deberá notificar antes del 12 de abril su intención o no de concurrir a las elecciones europeas el próximo mes de mayo.

Por último, el Consejo respaldó el acuerdo político alcanzado el pasado 11 de marzo en Estrasburgo entre Theresa May y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, endosando el ‘instrumento’ ligado al Acuerdo de Retirada y la declaración conjunta, que complementa la Declaración Política sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido. Ambos documentos han sido calificados por el Gobierno español de “garantías” para la aprobación del acuerdo por la Cámara de los Comunes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de la reunión explicó que el acuerdo es “satisfactorio para ambas partes”, ya que cumple con el objetivo de “salvaguardar la institucionalidad y la seguridad jurídica de la UE en el proceso electoral el próximo mes de mayo”. “Para España es un buen acuerdo”, dijo.

Preparados para el no acuerdo

El presidente insistió además en que “todo esto demuestra que no queremos una salida desordenada del Reino Unido, ahora es el momento que el Parlamento británico nos diga lo que quiere”.

Ante un posible escenario de Brexit sin acuerdo, Sánchez transmitió un mensaje de confianza: “España está preparada”, afirmó, “el Gobierno ha elaborado un plan de contingencia que esperamos sea refrendado por la mayoría del Parlamento, y trabajaremos por tener las mejores relaciones con el pueblo británico. Ésta es nuestra máxima prioridad”.

Por otro lado, el Consejo de Ministros del día 22 aprobó las Instrucciones para autorizar el derecho a residir y trabajar de los nacionales del Reino Unido residentes en España antes del brexit en caso de un brexit sin acuerdo, que desarrollan el Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, de medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

Estas instrucciones solo serán de aplicación si se produce una retirada sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea y a partir de la fecha en que se produjera esa retirada sin acuerdo.

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Los partidos políticos anunciaron en los últimos días sus listas para el Congreso de los Diputados y el Senado de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril que decidirán quién gobierna España con un denominador común en PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos: el rechazo a los críticos con los líderes y su línea de actuación. En el caso de PP y PSOE, la renovación de candidatos ronda el 80%.

También fueron muy comentados los fichajes: como los del exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, o del exabogado del Estado cesado por el Gobierno ante el juicio del 1-0, Edmundo Bal, ambos por Ciudadanos; o de hasta cinco militares y de excargos del PP por Vox. Un partido cuyo líder, Santiago Abascal, provocó airadas críticas por defender facilidades en el acceso a las armas de los ciudadanos.

En cuanto a coaliciones, cabe señalar la candidatura conjunta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), PP y Ciudadanos para concentrar el voto de centro-derecha, algo que reclamó el líder popular, Pablo Casado, al pedir a C’s y Vox que no se presenten en provincias pequeñas porque la división podría otorgar hasta 15 escaños más al PSOE.

Y como consecuencia de todo esto, los futuros pactos postelectorales siguen generando polémica. A raíz, además, de unas encuestas que no dan mayoría ni al bloque de derecha (PP, C’s y Vox), que desecha pactos con el socialista Pedro Sánchez, ni al de izquierda (PSOE y Podemos), que necesitaría el apoyo de los independentistas. Por ello, los socialistas mantienen su oferta de diálogo a éstos y a Ciudadanos.

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El juicio que se sigue, desde el 12 de febrero en el Tribunal Supremo, contra los 12 principales acusados de organizar el proceso soberanista en Cataluña continuó las dos últimas semanas con nuevas declaraciones de guardias civiles que denunciaron la violencia sufrida en los registros de sedes de la Generalitat y en almacenes donde se ocultaba el material para el referéndum ilegal del 1 de octubre e incluso acusaron a los Mossos d’Esquadra de espiarles en las jornadas clave.

También altos mandos de la policía autonómica reiteraron que habían advertido a los dirigentes políticos de la ilegalidad del referendo y de los desórdenes que se iban a producir. Incluso el Mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, señaló al expresidente Carles Puigdemont y al exconseller de Interior, Joaquim Forn, como receptores de sus advertencias sin atenderlas. Además, explicó que tenían un plan previsto para detener a los miembros del Govern.

Otros testigos revelaron el intento de captar financiación de China, el pago de carteles para la consulta por parte de la Generalitat y el engaño al Ministerio de Hacienda para ocultar gastos dirigidos al proceso independentista.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado anunció una querella contra el actual president de la Generalitat, Joaquim Torra, por no obedecer a la Junta Electoral Central que le ordenó retirar de los edificios públicos simbología independentista a partir de la convocatoria de elecciones generales y abrió la puerta a su inhabilitación.

Finalmente, cabe destacar que el pasado 16 de marzo, miles de secesionistas se manifestaron por las calles de Madrid para protestar contra el juicio.

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El Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo aprobó un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas de contingencia ante una posible retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin el acuerdo previsto en el artículo 50 de Tratado de la Unión. La norma solo entraría en vigor en ese caso. La iniciativa tiene como finalidad garantizar los derechos de los ciudadanos españoles y de los 300.000 británicos residentes en España y su seguridad jurídica, así como su protección en materia de Seguridad Social y asistencia sanitaria.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, recordó que el Parlamento británico votará en los próximos días si acepta el Tratado de Retirada, si sale de la UE sin acuerdo o si solicita una prórroga para decidirlo. Borrell precisó que, en el caso de que el Reino Unido decida salir sin acuerdo, España aplicaría la norma aprobada ese día.

El Real Decreto-ley, dijo, moviliza recursos humanos, normativos y materiales. Contempla actuaciones de carácter logístico, como la contratación de personas, con el fin de preservar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos que “ejercieron su derecho a la libre circulación antes de la fecha de retirada” y “preservar el normal desenvolvimiento de los flujos comerciales y de los intereses económicos de España”. Estas medidas, resaltó el ministro, “tienen carácter unilateral”, aunque están condicionadas a que Reino Unido garantice un tratamiento recíproco a los españoles residentes en su territorio y Gibraltar.

De entre todas las iniciativas, Borrell destacó, en especial, las que afectan a los intereses españoles en el Campo de Gibraltar y a los 9.000 trabajadores transfronterizos que cruzan a diario la Verja.

El ministro también señaló que la norma regula el ejercicio de la actividad profesional y el acceso al empleo público. En relación con la asistencia sanitaria, Borrell reveló que las condiciones son “extremadamente generosas para que no haya una ruptura respecto a la situación actual”.

Además, se regulan el acceso a la Universidad española de los alumnos procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido o Gibraltar, las actividades económicas, los servicios financieros, el transporte terrestre y las aduanas, entre otros asuntos.

Los Consejos de Ministros y la campaña electoral

Las elecciones generales ya están convocadas tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 5 de marzo del decreto de disolución de las Cortes Generales y de la llamada a las urnas tras 278 días en el Gobierno de Pedro Sánchez como presidente, el periodo más corto de la democracia. Sin embargo, tanto Sánchez como el resto de miembros de su equipo y del partido que los sustenta, el PSOE, aseguraron que seguirán gobernando con normalidad y sin renunciar a sus plenas competencias hasta que se produzcan las elecciones.

De hecho, anunciaron que los Consejos de Ministros seguirían aprobando decretos-leyes pese a la disolución del Congreso y el Senado, lo que provocó las críticas casi unánimes de los partidos de la oposición. Así, el Ejecutivo dio luz verde al incremento a 8 semanas del permiso de paternidad, al ajuste del precio de los alquileres al IPC durante cinco años, a la obligatoriedad de los planes de igualdad en empresas de más de 50 empleados o a medidas urgentes en materia de protección social e incentivos al empleo y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Partido Popular y Ciudadanos avisaron de posibles demandas para paralizar actuaciones que consideran electoralistas y que escapan del control del poder legislativo.

[post_title] => El Gobierno se prepara para garantizar los derechos de españoles y británicos ante un brexit ‘duro’ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => el-gobierno-se-prepara-para-garantizar-los-derechos-de-espanoles-y-britanicos-ante-un-brexit-duro [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2019-03-14 11:03:59 [post_modified_gmt] => 2019-03-14 10:03:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://www.espanaexterior.com/?p=927320 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) ) [7] => Array ( [estilo] => foto-texto [invertir] => [noticias] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 927327 [post_author] => 5 [post_date] => 2019-03-12 10:50:57 [post_date_gmt] => 2019-03-12 09:50:57 [post_content] =>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el pasado 28 de febrero al presidente de Perú, Martín Vizcarra, en el marco de la visita de Estado que realizó el mandatario peruano a España. Es el primer viaje que Vizcarra realizaba a Europa, tras su toma de posesión en marzo de 2018, coincidiendo con la participación de Perú como país invitado en la feria ARCO.

El objetivo de la visita de Estado era reforzar la sólida relación de asociación estratégica que España y Perú mantienen y que se traduce en una intensa red de contactos políticos, económicos, sociales y culturales. Así, Sánchez y Vizcarra reiteraron durante su encuentro la importancia de la relación entre los dos países y su deseo de seguir profundizando la asociación, explorando nuevos ámbitos de colaboración. 

Con este compromiso, Sánchez y Vizcarra adoptaron una Declaración Conjunta que recoge los ejes principales de la relación bilateral, y firmaron una serie de acuerdos que incluyen un Convenio sobre Lucha contra Delincuencia, un Acuerdo relativo a la Protección Recíproca de Información Clasificada, el nuevo Marco de Asociación País 2019-2022, un Memorando de Entendimiento en materia de Cooperación Cultural, un Acuerdo Técnico sobre Prevención de Desastres Naturales, un Acuerdo Técnico sobre Seguridad Social y una Declaración de Intenciones sobre un Programa de Movilidad de Jóvenes.

La lucha contra la corrupción, uno de los ejes de acción política de los dos presidentes, centró la discusión durante su encuentro, en el que intercambiaron puntos de vista sobre cómo impulsar esta lucha a nivel internacional. Asimismo, Sánchez trasladó a Vizcarra el interés de las empresas españolas por seguir invirtiendo en Perú -España es el principal inversor extranjero- y la importancia que otorga España a la firma de un Convenio de Doble Imposición que promueva las inversiones. 

También quiso subrayar el compromiso de la Cooperación Española, como evidencia la firma del nuevo Marco de Asociación País 2019-2022. En 2018 se celebraron los 30 años de presencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en Perú. La ayuda oficial al desarrollo en los últimos cinco años ha superado los 100 millones de euros, con un flujo constante de unos 18 millones anuales, incluyendo a todos los actores de la cooperación española.

Por último, ambos presidentes conversaron sobre la colonia de españoles en Perú y de peruanos en España, aproximadamente unas 33.000 y 73.000 personas, respectivamente. 

Apuesta por unas elecciones libres en Venezuela

El encuentro sirvió también para intercambiar impresiones sobre la crisis de Venezuela. En la declaración conjunta adoptada, los dos presidentes reiteran “su firme apoyo” a Juan Guaidó, y su compromiso de trabajar “de manera coordinada” para impulsar el restablecimiento de la democracia en ese país, a través de la pronta celebración de elecciones presidenciales “libres, justas y creíbles con una participación sin restricciones y bajo observación y estándares internacionales”.

Asimismo, reiteraron su preocupación por la grave crisis humanitaria que afecta a la población venezolana.

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El Tribunal Supremo continúa con el juicio que comenzó el pasado 12 de febrero contra los 12 principales acusados de haber organizado el proceso soberanista en Cataluña, a raíz de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de la posterior declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlament, que se enfrentan a delitos de rebelión o sedición, entre otros. Las declaraciones de los acusados finalizaron con la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que restó importancia a la declaración unilateral de independencia como mero acto político sin consecuencias, y del expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que defendió la desobediencia civil.

Esto dio paso a los testimonios de los testigos que, en gran medida, han comprometido la situación de los líderes soberanistas. Las declaraciones más esperadas eran las del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y varios ministros. Rajoy realizó una encendida defensa de la Constitución y aseguró que nunca negoció nada con los políticos catalanes porque “el futuro de España lo deciden los españoles”, mientras que su número dos señaló que el Gobierno no tuvo más remedio que aplicar el artículo 155 de la Constitución, responsabilizando ambos al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de los enfrentamientos.

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió que el Govern catalán pudo sortear el control financiero y el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil como proporcionada.

Sin embargo, las declaraciones más comprometedoras para los acusados fueron las del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que culpó a la Generalitat por promover un referéndum ilegal y a los Mossos d’Esquadra porque su inacción obligó a la Polícia y a la Guardia Civil a intervenir en defensa del cumplimiento de la Ley.

Argumentos que respaldaron los máximos responsables de estos cuerpos y el exdelegado del Gobierno, Enric Millo, quienes relataron el acoso, hostigamiento y la escalada de violencia de los secesionistas llegando a cifrar en centenar y medio los actos de violencia del ‘procès’ soberanista. Todas estas voces coincidieron en señalar a Puigdemont como el culpable de la deriva que se enjuicia. Incluso un jefe de la policía autonómica catalana afirmó que el expresident desoyó su aviso de que habría violencia si no suspendía la consulta soberanista.

Además, una secretaria judicial que se vio acorralada en un registro en dependencias de la Generalitat por miles de independentistas que destrozaron coches policiales y le obligaron a salir después de muchas horas por una azotea expresó el miedo que pasó y el acoso que sufre desde entonces, como denunciaron también los responsables de la Policía y la Guardia Civil.

Finalmente, cabe señalar el testimonio de los letrados del Parlament que explicaron de sus advertencias reiteradas de consecuencias penales a Forcadell por tramitar las leyes que permitieron el 1-0 y la declaración de independencia.

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Los ciudadanos españoles decidirán el futuro del país en unas elecciones generales que tendrán lugar menos de un mes antes de las municipales, las autonómicas en 13 comunidades y las dos ciudades autónomas y las europeas. Por tanto, se prevén meses de inestabilidad política y de precampañas y campañas hasta que llegue junio. Y todo ello, después de la moción de censura a Mariano Rajoy, que permitió la llegada al poder de Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018, y de que las anteriores elecciones generales se celebraran el 26 de junio de 2016. Una legislatura que termina antes de tiempo después de un periodo muy convulso.

El presidente del Gobierno realizó el anuncio de convocatoria de las elecciones generales tras un Consejo de Ministros extraordinario, celebrado el 15 de febrero, antes de la reunión ordinaria del Ejecutivo que se realizó a continuación.

La cita por las urnas se adelanta tras rechazar el Congreso de los Diputados, por segunda vez en la historia de la actual democracia española, un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. El primer caso fue en 1995 y lo sufrió Felipe González, meses antes de perder el poder.

Rechazo a los Presupuestos Generales

Ahora, el Gobierno que preside Pedro Sánchez recibió el 13 de febrero el rechazo de la Cámara baja a sus Presupuestos Generales del Estado para 2019, pactados con Unidos Podemos y respaldados también por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tras aprobarse las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C’s), Foro Asturias, Coalición Canaria (CC) y los partidos independentistas catalanes Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT,).

La tramitación del proyecto de Presupuestos para 2019 comenzó tras la entrega oficial por parte de la ministra de Hacienda a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, del proyecto aprobado el 11 de enero en Consejo de Ministros.

Los Presupuestos se sometieron, los días 12 y 13 de febrero, a su primer examen parlamentario: el debate de totalidad, en el que la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defendió el texto del Gobierno y se debatieron las enmiendas de devolución, aprobadas para rechazas las Cuentas.

Las fuerzas secesionistas unieron sus votos a los del PP, C’s, CC, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y, en el último momento, de un par de diputados de En Marea y en Comú (de las confluencias de Podemos) para tumbar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con un resultado final de 191 votos a favor de devolverlas al Gobierno frente a 158 que apostaban por su tramitación y una abstención. Esta decisión provoca que se mantengan prorrogadas las Cuentas públicas del Estado del año anterior y que la legislatura quedase sentenciada.

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