Un colectivo de cerca de 60 docentes españoles destinados en Reino Unido ha reclamado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes una respuesta urgente ante los problemas derivados de la tramitación de visados tras el Brexit, una situación que, según denuncian, arrastran desde hace cinco años sin que se hayan materializado soluciones efectivas.
Los aproximadamente 60 profesores afectados, que desarrollan su labor en el Instituto Español Vicente Cañada Blanch y en las Agrupaciones de Lengua y Cultura Española, aseguran que el actual sistema les obliga a asumir importantes costes económicos y una compleja carga burocrática para poder desempeñar un puesto al que han sido destinados por la propia Administración española.
En el comunicado titulado ‘SOS por la dignidad del profesorado’, el colectivo lamenta que, pese a haber trasladado reiteradamente sus reivindicaciones a distintos departamentos ministeriales, la situación continúe sin resolverse. Los docentes afirman que las gestiones anunciadas por la Administración no han tenido, hasta ahora, consecuencias prácticas para quienes deben renovar sus permisos de trabajo.
Entre sus principales demandas figura que el Ministerio asuma los gastos derivados de los visados, incluidos los costes administrativos y sanitarios que consideran injustificados. Denuncian especialmente la obligación de abonar el recargo sanitario exigido por las autoridades británicas, a pesar de que ya cuentan con cobertura médica como funcionarios a través de MUFACE (actualmente con Nueva Mutua Sanitaria).
Asimismo, reclaman apoyo y asesoramiento especializado para gestionar unos trámites que describen como complejos y prolongados. Según explican, la obtención y renovación de los visados puede demorarse durante semanas o meses, generando incertidumbre tanto para los docentes como para sus familias.
El colectivo también solicita al Ministerio que impulse una solución estable mediante un acuerdo bilateral que reconozca la condición de funcionarios públicos de estos profesionales y les permita ejercer su trabajo sin las dificultades que actualmente afrontan. A su juicio, otros colectivos de trabajadores desplazados y funcionarios españoles en el extranjero cuentan con mecanismos de protección de los que ellos carecen.
Los profesores advierten, además, de que esta situación no solo afecta a sus condiciones laborales, sino también al alumnado. Los retrasos en la incorporación de docentes y las dificultades para cubrir bajas temporales pueden traducirse en semanas o meses sin clases, con el consiguiente perjuicio para los programas educativos.
Los firmantes del comunicado sostienen que representar al sistema educativo español en el exterior no debería implicar asumir costes extraordinarios ni vivir bajo una incertidumbre permanente. Por ello, instan al Ministerio a pasar de las gestiones y los anuncios a la adopción de medidas concretas que pongan fin a una problemática que consideran injusta y discriminatoria.
