Denuncian a las autoridades de Casa de Galicia de Montevideo por delitos económicos

El ex presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, aseguró que está pronto para declarar ante el fiscal de Delitos Económicos por la denuncia de irregularidades administrativas y apropiación indebida que presentara en diciembre del año pasado el Ministerio de Salud Pública tras un informe lapidario de las interventoras de la mutua gallega.

Tal como informara España Exterior el 27 de octubre del año pasado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, firmó la intervención de la mutua Casa de Galicia, al tiempo que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, explicaba días después que ante la quiebra de la mutua gallega una de las soluciones era la fusión de esta con otras entidades u hospitales uruguayos, y la otra era la intervención para el saneamiento de las finanzas y que Casa de Galicia pudiese continuar funcionando de manera autónoma.

“Dentro de las dos posibilidades, optó por la segunda y por tanto yo agradezco que lo hiciese. Que mantenga Casa de Galicia como un hospital independiente, que se sanee -todo parece indicar que es necesario-, para posteriormente proseguir la actividad asistencial en el futuro”, afirmaba Feijóo tras mantener contactos telefónicos con Lacalle Pou.

Luego actuaría la Justicia uruguaya a pedido, previo a la intervención, de Alberto Iglesias actuando como presidente que solicitó un concurso civil, que culminaría con la liquidación de Casa de Galicia y su cierre definitivo.

Pero antes de tomar esta decisión el juez concursal, las interventoras, Alicia Rossi Rodríguez y Nuria Santana Miquel, conformaban un informe que, a principios de diciembre del año pasado, llevó a que el Ministerio de Salud Pública denunciara penalmente las actividades ilícitas que ellas encontraron en la mutua gallega.

Gilberto Rodríguez, el fiscal de Delitos Económicos que trabaja en la causa, solicitó el pasado 8 de julio al Ministerio de Salud Pública agregar a la denuncia penal información contable de las auditorías, los síndicos y una consultora privada que analizó la situación económica.

La denuncia penal contra Casa de Galicia fue presentada el 3 de diciembre del año pasado y, el 29 de diciembre, fue ampliada por las autoridades de la Junta Nacional de Salud.

Auditoras: “Serie de hechos de apariencia delictiva”

“Si bien Casa de Galicia tenía una Comisión Directiva en funciones, en los hechos era dirigida y gerenciada por quien era el presidente de la misma, el señor Alberto Iglesias. En el transcurso de la labor que nos encomendara, fuimos detectando y documentando un conjunto de hechos y circunstancias irregulares que venimos a poner a vuestro conocimiento”, señalan las interventoras al Ministerio de Salud Pública y este a la justicia.

En el resumen de las denuncias se puntualiza que “se liberaron cheques (en Casa de Galicia) por millones de dólares que no tuvieron fondos”, así como también fueron hallados cheques que “fueron firmados en garantía, con doble cobertura, ante la devolución de préstamos a acreedores financieros”.

Las interventoras advirtieron que “se pagaban tasas de usura a acreedores financieros”, y que “en algunos casos se utilizaba un procedimiento por el cual se firmaban contratos a tasas legales, pero luego se pegaban sumas superiores que no reflejaban las tasas realmente acordadas”.

Por otra parte, días después que Iglesias presentara la solicitud de concurso de la mutua, se firmaron “órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un fideicomiso de administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024”.

Inversiones oscuras

A fines de diciembre de 2019, Iglesias aprovechó una visita del presidente Feijóo para firmar la adquisición de la clínica oncológica Leborgne. Esta operación es denunciada por el MSP porque se pagaron tres millones y medio de dólares sin tasaciones previas del equipamiento ni de la marca en cuestión. No hubo “informes técnicos de ningún tipo”, agregando en la denuncia penal que “en Casa de Galicia no hay documentación al respecto y no se conoce el nombre de las personas que asesoraron en el proceso de compra. Resultado de ello, Casa de Galicia quedó con el 51% de las acciones y dos personas con el restante 49% del paquete accionario, cuyo aporte está asociado a un crédito del Banque Heritage, el cual es amortizado por la propia clínica”, agrega.

También en este negocio se descubrió que un local de la mencionada clínica, ubicado en el barrio de Punta Carretas, fue alquilado a través de un “contrato entre particulares” aunque “el pago lo realizó Casa de Galicia”.

Otra de las inversiones que la administración de Iglesias promocionaba en su gestión ante la última asamblea multitudinaria de socios previa a la pandemia, fue el Centro Oftalmológico en La Blanqueada, que según la denuncia del Ministerio de Salud Pública también lo pagó la mutua gallega a pesar de que el acuerdo establece que el responsable era un médico oftalmólogo, al que a cambio se le iba a dar un comodato por diez años.

También se denuncia el débito de cuotas a los funcionarios que no fueron aportadas a sus acreedores ni a la seguridad social, al tiempo que ingresaba dinero por préstamos financieros a la institución por sumas millonarias todo lo que “carecía del debido control sobre el origen de los fondos”.

Según pudieron investigar las interventoras, “no existía oposición de interés dentro del proceso de compras”, descubriendo ellas que “la detección de una necesidad, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización para el pago, todo pasaba por Iglesias y una persona de su confianza, el cual lamentablemente se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo”.

Por esta razón el MSP establece en su denuncia penal que los hallazgos “son algunos graves” y otros de “extrema gravedad”, y que estos “podrían haber incidido” en la situación financiera que provocó el cierre de la institución.

Iglesias quiere ir a declarar

Alberto Iglesias estuvo en Galicia recientemente, pero este miércoles su abogado, Enrique Moller, afirmó al diario El País que su cliente “ya está preparado para la audiencia” y que allí “dará todas las explicaciones” sobre lo ocurrido durante su gestión al frente de la institución.

Consultado acerca de una de las denuncias, donde se detalla que el 11 de octubre de 2019 Casa de Galicia había comprado un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera por US$ 800.000. (Clínica Oftalmológica).

Las interventoras descubrieron que la mutua gallega entregó cuatro letras de cambio por 50 mil dólares cada una de un banco de plaza como forma de pago. Los restantes 600.000 se debían depositar en diversas cuentas de los vendedores. La mitad se pagó a través de la cesión de un fideicomiso de la mutualista Gremca.

Para los restantes 300 mil dólares se pidió un préstamo de US$ 480.000 a un grupo de clientes de Corredores de Bolsa. Con esto se cerró la compraventa del inmueble.

Por el saldo de US$ 180.000, el contrato del préstamo establecía que debían ser depositados en la cuenta de un cambio. Las interventoras reclamaron, entonces, que este dinero fuera enviado a las arcas de Casa de Galicia. Sin embargo, el cambio les informó que este había sido retirado por Alberto Iglesias luego de cambiarlo a pesos, llevándose así 7.596.000 pesos uruguayos.

“(El cambio) llamativamente informó que esa importante suma de dinero se habría entregado en efectivo a Iglesias el 10 de febrero de 2021”, dice el documento entregado al fiscal. Y concluye el MSP: “Carece de total sentido y resulta inexplicable que el presidente de la institución concurra personalmente a una casa de cambio, ordene se cambie el dinero a pesos y los retire en efectivo sin que existan indicios, según lo que se sabe hasta el momento, que ese dinero haya ingresado a Casa de Galicia”.

Moller explicó sobre los 180 mil dólares, que ese dinero fue utilizado para pagar tratamientos oncológicos. “Hay documentos sobre el destino de esos fondos”, dijo el profesional.

El abogado de Iglesias se quejó de que los interventores tampoco consultaron a otros directivos de la mutualista. “No llamaron al gerente general ni otras personas que ocupaban cargos gerenciales”, puntualizó, al tiempo que reiteró que su cliente “quiere dar todas las explicaciones. Nunca fue citado por las interventoras del MSP para informarles sobre la gestión de la mutualista”.