Cuarenta y siete miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) firman una carta que han enviado al Defensor del Pueblo en la que expresan su “honda preocupación” por “el irregular funcionamiento durante estos últimos años del CGCEE, ya que se ha vulnerado en numerosas ocasiones y de manera continuada los derechos reconocidos en las Leyes del Estado”.
Indican en la misiva que el CGCEE, órgano consultivo y asesor que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se rige por un Real Decreto, por varias leyes y por un reglamento interno y enumeran lo que consideran como una serie de vulneraciones de dicha normativa que se han venido dando por parte del Gobierno en los últimos años.
Por un lado, recuerda que el reglamento del CGCEE exige que se celebre, al menos, una sesión ordinaria plenaria cada año. El hecho de que en 2019 no se haya celebrado esta reunión y que por ahora tampoco haya información sobre cuándo se celebrará demuestra para los consejeros “la poca voluntad política de respetar la ley”.
El aplazamiento de la reunión plenaria de 2019, indican en la carta, “nunca fue consensuado ni informado debidamente”. También señalan que, en la última reunión de la Comisión Permanente, celebrada en noviembre de 2019, se aprobó solicitar la fecha de febrero de 2020 para la realización de la reunión plenaria correspondiente al año anterior. A pesar de ello, “la Administración no ha respetado, nuevamente, sus obligaciones”.
Los consejeros citan también que según el artículo 10.2 de la Ley 40/2006 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior “el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior solicitará anualmente audiencia a las Cortes Generales para informar sobre la situación de la ciudadanía española en el exterior”.
Sobre esto, indican que “en numerosas ocasiones se pidió a la Dirección General de Migraciones que nos solicitara dicha audiencia, pero esta (con gobiernos de diferentes partidos políticos) se ha negado a colaborar y a actuar con diligencia denegando nuestro derecho a informar en tiempo y forma. Durante mucho tiempo se le ha impedido al CGCEE su capacidad de transmitir información a las Cortes Generales”.
Otro ejemplo del incumplimiento de los preceptos legales que afectan al CGCEE, según los consejeros, es el relativo al artículo 11.1.d del citado Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que establece que una de las atribuciones del Consejo es “conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos y de Órdenes relativos a las siguientes materias, en el ámbito de su competencia: derechos civiles, derechos laborales y protección social, educativa y cultural, siempre que los mismos afecten directamente a los españoles en el exterior”. Afirman en la carta que “han sido rarísimas las ocasiones en que se nos ha consultado con antelación sobre estas iniciativas normativas y, cuando lo han hecho, ya no disponíamos de tiempo para pronunciarnos o para que nuestra opinión pudiera surtir algún efecto”.
También indican que la falta de recursos de la Administración -en concreto la falta de personal en la Subdirección General de Emigración o la falta de colaboración de algunos cónsules- impide al Consejo garantizar la participación de la ciudadanía en el exterior, una de sus finalidades recogidas en el artículo 1.2 del Real Decreto 230/2008 por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior
Los consejeros critican, además, que el presidente del CGCEE no sea elegido por los propios miembros del Consejo, sino que sea nombrado por el Gobierno y a ellos solo se les consulte. Asimismo, indican que perciben una “falta de respeto, de falta de interés en cumplir con su labor, irresponsabilidad o presunción de los políticos” en su obligación de velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de este órgano.
Para los 47 miembros del CGCEE que firman la carta, entre los que hay representantes de la colectividad española en 25 países, así como de federaciones de emigrantes y de retornados y de sindicatos, todos estos ejemplos reflejan “el cúmulo de irregularidades en el modo de gestionar el funcionamiento de la única institución que representa a los emigrantes” y consideran que muchos de estos comportamientos “rozan la ilegalidad, si no la incurren plenamente”.
Asimismo, afirman que “tratar a la diáspora con condescendencia y desprecio demuestra una gran falta de consideración hacia el colectivo de la emigración que representa a más de dos millones y medio de compatriotas” y por este motivo solicitan la intervención del Defensor del Pueblo “para reclamar el respeto y la aplicación de las leyes de nuestro país que regulan los deberes y derechos del Consejo de la Ciudadanía Española del Exterior, de sus consejeros y de los españoles residentes en el exterior”.
¿Quienes son los Consejeros que no han firmado la carta?
En los últimos años, se ha remarcado notablemente el poco interés que se tiene desde las autoridades españolas, por el esfuerzo que hacemos los emigrantes españoles, por mantener nuestras tradiciones y honorabilidad española.