Convocan manifestaciones en seis ciudades para pedir que se agilicen los trámites de homologación de títulos

Tras las protestas realizadas en octubre, el grupo Manifestación por una Homologación Justa, formado por más de 2.000 profesionales extranjeros y españoles unidos en exigir que el trámite de convalidación de títulos extranjeros en España sea justo, ha convocado nuevas manifestaciones del 14 al 16 de noviembre en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao y A Coruña. Con estas protestas quieren denunciar “las negligencias y retrasos escandalosos en el proceso de homologación de títulos”.

Esta organización señala que “el proceso de homologación de títulos extranjeros está tardando años. En los casos más graves ha tardado hasta 8 años para profesionales como los odontólogos, durante los cuales existe silencio administrativo por parte del Ministerio” y recuerdo que “de acuerdo con dos reales decretos, el Ministerio debe resolver las solicitudes de homologación en el plazo de seis meses”.

Este grupo de afectados explica en el comunicado que, en una reciente reunión, representantes del Ministerio de Universidades les dieron a conocer “cifras alarmantes relacionadas con el proceso de homologación de títulos extranjeros”. Hasta la fecha, se han acumulado 50.000 expedientes sin revisar y 30.000 expedientes “incompletos”. “El Ministerio niega decir el número de funcionarios encargados de gestionar este proceso, pero admite que son ‘muchos menos’ de los necesarios. En el 2022, eran solo 8 funcionarios”, indican.

Cabe señalar que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) informó en el pasado pleno celebrado en Asturias los días 6 y 7 de noviembre que el Ministerio contaba con 64 personas contratadas para esta tarea, según le indicaron al CGCEE desde el propio Ministerio.

Por otro lado, desde Manifestación por una Homologación Justa denuncian que “el Ministerio no se responsabiliza del atasco, achacando a la falta de funcionarios” y añaden que, contando únicamente los expedientes pendientes a principios de 2023 y los expedientes recibidos hasta agosto de 2023, “los solicitantes han aportado más de 16 millones de euros en tasas para este procedimiento, fondos que se pueden utilizar para contratar los funcionarios necesarios para acabar con el atasco”, afirma el grupo.

Por último, advierten que “la paralización de la gestión de expedientes coloca a los profesionales en situaciones de extrema vulnerabilidad social e inseguridad económica”, como el caso de un obstetra-ginecólogo venezolano del grupo con dos años en espera, que actualmente se desempeña como ayudante de cocina.

Además, niegan que el 50% de las solicitudes estén incompletas, como señalan desde el Ministerio, y explican que muchas de estas peticiones se califican así “debido a la incompetencia del sistema de gestión”. “El Ministerio ha solicitado reiteradamente los mismos documentos, no ha facilitado todos los requisitos en su página web y ha insistido en enviar mensajes a los 40.000 solicitantes del antiguo decreto por correo postal”, señalan en el comunicado. “Falta voluntad”, dice un pediatra graduado en Estados Unidos y que espera tres años y medio, y añade, “estamos luchando contra la xenofobia y la discriminación”.