El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves 6 de septiembre la convalidación del decreto ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, con 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones. El decreto será tramitado como proyecto de ley por vía urgente, después de que 340 diputados apoyaran la solicitud. Con este decreto el Ejecutivo busca “garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español”. Para ello, se recupera la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, que tengan establecida su residencia en el territorio español.
La norma representa un cambio de modelo en la atención sanitaria. La titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado o de beneficiario. De este modo, el acceso a la sanidad pública, en condiciones de equidad y de universalidad, es un derecho básico de toda persona. “Para el anterior Gobierno era urgente reducir y recortar derechos, para el Gobierno actual es recuperarlos”, manifestó la ministra de Sanidad, , Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.
La norma, por tanto, reconoce que todas las personas que se encuentran en España tienen derecho a la protección a la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Incluidos los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en nuestro país.
En todo caso, la asistencia no correrá a cargo de fondos públicos siempre que no exista un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
Además, el Pleno del Congreso también aprobó la solicitud de la Comisión Constitucional para que se conceda una prórroga a la subcomisión para la reforma electoral y pueda entregar su informe hasta el 31 de diciembre de 2018. La ampliación de plazo ha sido aprobada con el apoyo de 337 diputados.
