El pasado 17 de mayo se produjo una llegada masiva a Ceuta de inmigrantes irregulares procedendentes de Marrueco que se calificó en un principio por el Gobierno de España como una crisis migratoria pero con el paso de las horas se supo que había algo más. Más de 8.000 personas, muchos de ellos menores no acompañados, pasaron a nado rodeando el espigón y por pasos fronterizos al territorio español de una ciudad autónoma que cuenta con una población de alrededor de 85.000 habitantes.
Fue una auténtica avalancha que provocó muchos problemas en Ceuta y que hizo que muchos de sus ciudadanos se quedaran en sus casas, sin ir a trabajar, abrir los negocios o enviar al colegio a los niños ante el miedo a toparse con personas sin dinero, alimentos ni ropa y en plena pandemia sin garantía sanitarias.
El Gobierno de España se vio obligado a reforzar las fronteras con agentes y a desplegar al Ejército para proteger el territorio y ayudar a los necesitados en su llegada al país. El presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, tuvo que comparecer de urgencia en el Palacio de la Moncloa, donde leyó una declaración institucional para trasladar a los españoles que será firme para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Posteriormente, se desplazó a Ceuta, donde fue recibido con abucheos y el zarandeo de su coche, y Melilla para pedir a Marruecos que respetara las fronteras mutuas.
La crisis migratoria se había convertido en un conflicto sin precedentes entre ambas naciones. El Gobierno alauita aseguró que “hay actos con consecuencias y se deben asumir” en relación a la acogida por parte de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño gravemente enfermo de Covid-19. Es una de las caras visibles de la defensa de la independencia para el Sáhara Occidental y, por tanto, enemigo acérrimo de Marruecos. Ghali entró de incógnito con el beneplácito del Ejecutivo español y así pretende salir una vez restablecido, puesto que ya está fuera de peligro.
Tras las medidas de presión de España, que incluso aprobó una ayuda de 35 millones de euros a los alauitas, y la Unión Europea, Marruecos se replegó y cerró sus fronteras para rebajar la tensión. Posteriormente, se supo que la mayoría de los inmigrantes -sobre todo los menores- llegaron a España engañados por una excursión o un partido de fútbol o contaron con la complicidad de las autoridades marroquíes para acceder a territorio ceutí. Días después, alrededor de 7.000 irregulares habían regresado a Marruecos y la tensión se trasladó a Melilla.
La mayoría de los partidos de la oposición en España secundaron al Gobierno aunque señalaron sus errores diplomáticos y la mala gestión del caso Ghali. En especial el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pese a ponerse del lado del Ejecutivo central. Totalmente contrario fue Vox, muy crítico con Sánchez. Mientras que socios de investidura como Podemos o los independentistas catalanes o vascos se pusieron unos del lado de la causa saharahui y otros de las aspiraciones marroquíes sobre los territorios españoles.
El Gobierno prefirió dejar al margen del conflicto al Rey Felipe VI evitando una posible negociación con el monarca vecino del sur, Mohamed VI, quien está cultivando las relaciones con Estados Unidos. Incluso meses atrás recibió el apoyo de Donald Trump en su reclamación del territorio saharaui para sus dominios. En esta ocasión, las autoridades estadounidenses se mantuvieron al margen y apostaron por una solución al conflicto entre España y Marruecos.
