Representantes de distintas comunidades autónomas coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación institucional, mejorar las políticas de retorno y reconocer el papel de la ciudadanía española residente fuera del país. Así lo expresaron durante el V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que se celebró en Madrid del 25 al 27 de mayo.
Durante la jornada del 27 de mayo intervinieron representantes de Cataluña, Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha, quienes pusieron el foco en la importancia de mantener el vínculo con los españoles en el exterior y avanzar en medidas que faciliten tanto su participación como su posible regreso.
El director general de la Catalunya Exterior de la Generalitat de Catalunya, Oriol Lázaro, defendió una mayor cooperación entre administraciones autonómicas y el Estado para compartir iniciativas y desarrollar propuestas conjuntas. Lázaro destacó que las políticas dirigidas a la ciudadanía exterior no deben abordarse de manera aislada por cada comunidad, sino desde una visión común que permita trasladar buenas prácticas entre territorios.
Asimismo, agradeció el trabajo “riguroso” y “altruista” de los consejeros del CGCEE, subrayando el compromiso democrático y el sentimiento de pertenencia que, aseguró, mantiene la ciudadanía española residente fuera del país.
Por parte del Gobierno de Aragón, la colaboradora en Asuntos Europeos del Departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, Aihnoa Sancho, destacó que detrás de cada debate del pleno “hay historias personales, familias, proyectos de retorno y jóvenes buscando oportunidades”. Sancho reivindicó el papel de las comunidades autónomas para aportar cercanía a los ciudadanos en el exterior y explicó que Aragón trabaja actualmente en la recuperación de talento y en facilitar el retorno de quienes desean desarrollar su proyecto vital en la comunidad.
También reafirmó la voluntad del Ejecutivo aragonés de seguir colaborando con el Estado y el resto de autonomías “desde la lealtad institucional y el diálogo”.
Uno de los discursos más centrados en la innovación normativa fue el del director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Sergio Pérez García, quien presentó las políticas desarrolladas por la comunidad foral desde 2019 para fortalecer la relación con la diáspora navarra.
Pérez García destacó especialmente la Ley Foral de Relaciones con la Ciudadanía Navarra en el Exterior, aprobada en 2023, que incorpora medidas pioneras como la figura del “emigrante con voluntad de retorno”. Esta fórmula permite que los ciudadanos navarros en el exterior puedan acceder a determinados servicios y prestaciones antes de regresar físicamente a Navarra.
Además, Navarra impulsa la creación de “comunidades virtuales”, un nuevo modelo de casas regionales sin necesidad de sede física, pensado para adaptarse a las nuevas formas de relación digital de la diáspora. Según explicó, el Ejecutivo trabaja ya en una primera experiencia piloto con la comunidad navarra residente en Bruselas.
Durante su intervención, Pérez García también recordó la figura de José María Oliver, histórico miembro de la colectividad española en París y fundador de la asociación Navarra Siempre, que falleció el mismo día en el que se inició la reunión del CGCEE.
En representación de Castilla-La Mancha intervino Luis Gómez Escudero, quien puso en valor el componente humano y emocional de las políticas dirigidas a la emigración. Recordó que la comunidad sufrió intensamente los movimientos migratorios de las décadas de 1950, 1960 y 1970 y defendió que, más allá de las ayudas económicas, “la cercanía y el cariño” son fundamentales para quienes tuvieron que abandonar su tierra.
Gómez Escudero elogió igualmente la labor “encomiable” y “altruista” de los consejeros y agradeció el trabajo de la Secretaría y de la Dirección General responsable de la organización del pleno.
Las intervenciones coincidieron en destacar el valor del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior como espacio de diálogo y participación democrática, así como la necesidad de seguir reforzando las políticas públicas dirigidas a los españoles residentes fuera del país.
