“Compartimos la necesidad inexcusable de que una vez por todas haya una ley de nacionalidad permanente y estable”

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, como representante de la Xunta de Galicia, afirmó en el IV Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que “compartimos la necesidad inexcusable de que una vez por todas haya una ley de nacionalidad permanente y estable”.

Miranda indicó que sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática “tenemos una gran preocupación”. Resaltó que, en su opinión, “cometimos en parte un error en la forma con una primera ley temporal. Vimos los efectos y las dificultades y se volvió a cometer un segundo error con una nueva ley de carácter temporal provisional y si acaso, en su ejecución, mucho peor que la anterior”.

Se refirió en concreto al colapso que están padeciendo muchos consulados a causa de la falta de medios para atender los cientos de miles de solicitudes de nacionalidad que se están recibiendo. “Tenemos a nuestros órganos del exterior absolutamente colapsados por imprevisión y, además, estamos afectando al resto de los ciudadanos porque esos órganos nuestros de la Administración exterior no les pueden dar la atención adecuada por ese colapso que están sufriendo”, afirmó.

Destacó que, desde la Xunta de Galicia, para ayudar a quienes desean adquirir la ciudadanía, se ha firmado un convenio con las diócesis para facilitar la obtención de antecedentes familiares antes de la existencia de los registros civiles. “El año pasado unos 20.000 ciudadanos de Galicia pudieron acceder a estos antecedentes”, indicó Miranda. “Esa es nuestra forma de colaborar para aliviar un poco esa ansiedad que yo puedo entender que tengan tantos ciudadanos españoles que están pendientes de su nacionalidad”, recalcó.

Por otro lado, el secretario xeral da Emigración insistió en que el Estado “tiene que seguir trabajando muy cerca de los ciudadanos en el exterior”. Criticó en este sentido que, a través de sus continuos viajes para visitar a la colectividad gallega, “en muchos casos la echamos en falta y los ciudadanos también nos dicen que la echan en falta”.

Se refirió en concreto a la situación que viven muchos españoles en Venezuela que tienen derecho a la prestación por razón de necesidad “y no la reciben después de haberla solicitado desde hace muchísimos meses”. “Parece ser, dijo, que las excusas son de índole presupuestario. No puede haber excusas de índole presupuestario en aquellos derechos que están recogidos en las leyes. Ese tema hay que buscar la solución, porque hay solución, hay recursos públicos y hay prioridades”. “Es verdad que la falta de presupuestos, y aquí se citaba, puede ser un problema, pero para aprobar un presupuesto hace falta que el Gobierno lo lleve al Parlamento. Si esto no ocurre, difícilmente puede haber acuerdo ni se puede aprobar”, añadió.

Facilitar el retorno

Rodríguez Miranda también reclamó una mayor proactividad del Gobierno central en materia de retorno. Recordó que “trabajar por el retorno es un derecho de los españoles, lo dice la Constitución y lo dicen casi todos los estatutos de autonomía. Pero también es importante para España, quizá para afrontar el reto demográfico, pero para mí lo más valioso es la gran ventaja competitiva que da a nuestro tejido productivo incorporar a profesionales desde tantos lugares del mundo y que luego puedan trabajar desde España para el mundo”.

En este sentido, el secretario xeral da Emigración se refirió a los obstáculos que dificultan el retorno de ciudadanos españoles. Por un lado, los retrasos en la homologación de títulos lo que “obliga a nuestros titulados al infraempleo”, y también a la necesidad de facilitarles el acceso a la universidad.

En este punto, Miranda informó que la Xunta ha dejado en suspenso el programa de becas que iba a poner en marcha para que gallegos del exterior pudiesen cursar estudios de grado en las universidades gallegas “porque sabemos que en este momento se está cambiando la normativa para acceder a la universidad española y no tendría sentido sacar una convocatoria de becas para personas que no van a saber a día de hoy cómo pueden hacer la Universidad en el próximo curso”.

Otro de los obstáculos con los que se encuentran los retornados son los permisos de residencia y trabajo en familias donde no todos sus miembros tienen la nacionalidad española. “Supuestamente, señaló, esto se va a facilitar con el nuevo Reglamento de Extranjería que entra en vigor el próximo 20 de mayo, pero creo que no va a ser suficiente”. Miranda defendió que estos casos deben tener un tratamiento diferenciado. Y también reclamó que el Gobierno central desarrolle políticas que faciliten el acceso a la vivienda a quienes retornan. “Aunque son competencia que ejecutan las Comunidades Autónomas, es el Gobierno central quien tiene las competencias para marcar la pautas y en esta materia no se le ha visto”, afirmó ante el pleno del CGCEE.

También pidió coordinación con la Administración central en materia de integración laboral y se refirió especialmente a la fiscalidad que se aplica a los retornados y a los residentes en el exterior. “Sigue habiendo una ausencia muy importante de información de nuestra Agencia Tributaria hacia los residentes en el exterior y hacia las personas que regresan aquí. Y también lo digo por la experiencia, por las peticiones sobre este tema que nos trasladan reiteradamente sobre todo nuestros compatriotas que viven en Europa y que en la jubilación quieren volver”.

Espacio propio para las CCAA en el desarrollo del Pleno

Al inicio de su intervención, Rodríguez Miranda defendió que los representantes de las Comunidades Autónomas deberían contar con un tiempo propio en las sesiones plenarias del CGCEE, al igual que tienen los representantes del Gobierno central, para exponer sus acciones en materia de atención a los residentes en el extranjero y el retorno. “Las Comunidades Autónomas somos Estado, y como somos Estado también ejercemos competencias respecto a los ciudadanos en el exterior”, afirmó.

Añadió que “en la actualidad, muchas Comunidades Autónomas ejercemos competencias que deberían ser ejecutadas por el Gobierno central, pero nosotros lo hacemos por compromiso, porque debemos actuar así respecto a nuestros ciudadanos”. Por ese motivo, “reivindicamos que debemos tener nuestra parte dentro del pleno como lo tiene el Estado. No queremos el lugar de los representantes de los ciudadanos del exterior, en absoluto, pero entendemos que, al menos las comunidades autónomas que lo quieran deben tener ese espacio” porque “es de justicia en base a las competencias que la normativa, la legislación y el compromiso nos llevan a ejecutar”.

Más centros de votación

En cuanto al voto exterior, Rodríguez Miranda defendió el desarrollo pleno de la nueva regulación aprobada en 2022 y se refirió a tres aspectos.

Por un lado, considera que el Gobierno central, en concreto el Ministerio de Asuntos Exteriores, debe ampliar el número de centros de votación en el exterior, especialmente en América. Recordó que se hizo en casos puntuales en Venezuela, en el consulado honorario en Valencia; o en Brasil, en el viceconsulado de Santos, pero recalcó que es necesario ampliarlo a más sitios por la extensión de muchos países con alta presencia de ciudadanos españoles y por los problemas de los sistemas postales locales que, en algunos casos como Venezuela o Cuba, no funcionan en absoluto.

Para Miranda, la ampliación de los lugares de depósito del voto en urna puede determinar “un cambio sustancial en la participación”.

También afirmó que “queda mucho camino que avanzar” en las acciones de información hacia la colectividad en el exterior sobre el nuevo sistema de votación. “Hay mucha gente todavía no lo sabe”, señaló, y añadió que en esta tarea “todas las administraciones nos tenemos que implicar y, por supuesto, todos los consejos de residentes españoles, que lo hacen, también porque es muy importante llegar a la ciudadanía”.

El tercer aspecto en el que Miranda considera que se debe desarrollar la nueva regulación del voto exterior es en la revisión y depuración de los censos. “Todavía contienen, digamos, muchísimas irregularidades. Indudablemente es el Servicio Exterior y es el Estado quien tiene que tratar de corregirlas”, afirmó.

Más apoyo a las entidades

Antonio Rodríguez Miranda también reclamó que se aumente el apoyo a las entidades, centros y asociaciones de españoles en el exterior. “Han sido durante muchísimos años el germen que ha mantenido esa identidad española en el mundo. Ahora que tenemos tantas personas que están accediendo a nacionalidad de segunda, de tercera o de cuarta generación, esas entidades siguen siendo importantes”, afirmó. Y, aunque es cierto que existen otros medios de relacionarse, como las redes sociales, y otras formas de asociacionismo, defendió que los centros y asociaciones “siguen siendo fundamentales en el ámbito cultural y también, y mucho, en el ámbito social, porque incluso en el ámbito social llegan a sustituir a las propias administraciones públicas españolas. Por lo tanto, el Estado no se puede olvidar de ellas”.

Asimismo, el responsable de Emigración de la Xunta de Galicia recalcó que “es importante que la administración exterior avance muchísimo en la relación con los ciudadanos desde el punto de vista telemático” y pidió que la red consular se adapte a la realidad actual de los españoles en el mundo. “Hay países con a lo mejor 10 consulados, con una extensión y una población mucho más reducida, y hay otros países con mucho más censo de españoles y con dimensiones, como antes citaba, casi continentales, que su número no llega a los dedos de una mano. Por lo tanto, no vale la distribución territorial de la red consular de hace 50 años o más para la realidad de los españoles que tenemos hoy y los que vamos a tener en muy poquito tiempo”.

El secretario xeral da Emigración finalizó su intervención poniendo a disposición del Gobierno central, del CGCEE y de todos los españoles en el exterior la experiencia de la Xunta de Galicia en el desarrollo de políticas dirigidas hacia los residentes en el exterior y al fomento del retorno. “Si nuestra experiencia es de utilidad, desde luego, utilícenla” afirmó y recalcó que “no se hacen los planes ni las políticas desde los despachos, se hacen viviendo y conviviendo con la realidad de los españoles en todas las naciones del mundo y las que tienen sus familias”.