La Sección Sindical Estatal del Servicio Exterior de Comisiones Obreras (CCOO) ha instado a la Administración a reforzar de manera inmediata las medidas de protección para el personal destinado en Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
En una nota informativa, el sindicato expresa sus condolencias por el fallecimiento de Cristian Javier León, trabajador de la Embajada de España en Caracas y delegado de CCOO-Exterior, quien perdió la vida junto a varios miembros de su familia como consecuencia de la catástrofe. Asimismo, traslada su solidaridad a todas las personas afectadas y reconoce la labor desarrollada por los equipos de emergencia y reconstrucción.
CCOO destaca el compromiso del personal de la Embajada de España, del Consulado General y del resto de oficinas de la Administración General del Estado en Caracas, que continúa atendiendo a la ciudadanía española en circunstancias especialmente difíciles. No obstante, subraya que ese esfuerzo debe ir acompañado de todas las garantías necesarias para preservar su seguridad y salud.
El sindicato valora positivamente el cierre y desalojo de la Torre España, ejecutados el pasado 6 de julio, así como el traslado provisional de parte de la actividad a otras dependencias y la implantación del teletrabajo para el resto de las funciones. Sin embargo, considera que estas actuaciones son insuficientes si no se completan con una evaluación exhaustiva de los daños estructurales y de los riesgos existentes tanto en los edificios afectados como en las zonas de acceso y evacuación.
Entre las principales reivindicaciones, CCOO solicita que se facilite toda la documentación técnica relacionada con la evaluación de riesgos, el envío urgente de un equipo multidisciplinar especializado en prevención de riesgos laborales y seguridad estructural, el mantenimiento de medidas organizativas que minimicen la exposición del personal -como el teletrabajo y la reducción de la actividad presencial- y la puesta en marcha de un servicio gratuito y confidencial de asistencia psicológica para los trabajadores afectados.
La organización sindical concluye que seguirá exigiendo la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones de trabajo seguras, recordando que la protección de la seguridad y la salud del personal constituye una obligación legal y una prioridad para cualquier Administración pública en un contexto de emergencia como el actual.
