El compromiso de la Junta de Castilla y León de eliminar el Impuesto sobre Donaciones, al objeto de establecer un sistema fiscal favorable entre familiares directos y evitar gravar bienes que ya han tributado anteriormente, ha supuesto un importante ahorro para los contribuyentes de la Comunidad desde su entrada en vigor en mayo de 2021. A lo largo de este periodo, la medida ha beneficiado a 29.780 castellanos y leoneses, lo que ha supuesto un ahorro fiscal para los contribuyentes de la Comunidad de 218 millones de euros y ha permitido realizar donaciones por valor de 1.444,5 millones de euros.
La supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones -que ha permitido reducir al 99% el coste fiscal al que se encuentran sometidas las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, cónyuges, descendientes y ascendientes- ha supuesto un beneficio medio en donaciones de 7.317 euros para los contribuyentes castellanos y leoneses, según datos ofrecidos por el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.
Estos datos demuestran que la eliminación de este impuesto ha contribuido al crecimiento económico, a la mejora del bienestar de los ciudadanos de la Comunidad -al eliminar la traba que el pago del impuesto pudiera suponer a la transmisión de los bienes entre familiares directos- y al incremento de las bases imponibles en otros tributos. Asimismo, esta supresión ayuda al relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como al emprendimiento, pues el pago del impuesto no supone un obstáculo para ello.
Además, con esta medida se estimula la demanda interna al generar una mayor disponibilidad de rentas a los contribuyentes de Castilla y León; se incentiva la actividad económica y la inversión, incrementando el consumo por el aumento de la renta disponible para la economía familiar; y se favorece el crecimiento económico y la creación de empleo. Con la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la Junta seguía avanzando en el desarrollo de una política fiscal moderada y justa, con bajadas de impuestos, para favorecer el crecimiento económico y el empleo y, al mismo tiempo, apoyar a las familias, autónomos, pymes y medio rural con una fiscalidad favorable.
Mejora de la competitividad
La bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de la Junta ha supuesto una mejora de la competitividad fiscal de la Comunidad. De hecho, Castilla y León es la autonomía que más ha avanzado en 2021 en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, consolidando su posición en 2022.
Así, Castilla y León ha subido siete puestos en un sólo ejercicio hasta alcanzar la cuarta posición, sólo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias, a diferencia de España, que ha retrocedido 11 puestos, situándose en el cuarto por la cola de los 38 países de la OCDE, como consecuencia de la política fiscal desarrollada por el Gobierno de España.
Las comunidades con un mejor índice de competitividad fiscal son las que más probabilidades tienen de atraer actividad empresarial, generando más crecimiento económico y empleo.