Casi 276.000 personas han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática en los dos primeros años de su aplicación.
Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta el 30 de noviembre de 2024 se habían aprobado un total de 275.804 solicitudes de nacionalidad de las 577.620 recibidas en los consulados españoles por todo el mundo, tal y como publicaron varios medios de comunicación.
La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el 21 de octubre de 2022 y, aunque inicialmente estaba previsto que su Disposición adicional octava, la referida al acceso a la nacionalidad de descendientes de emigrantes, estuviese en vigor solamente durante dos años, es decir, hasta octubre de 2024, en julio del pasado año el Consejo de Ministros aprobó la prórroga de esta Disposición por un año más, hasta octubre de 2025.
De esta forma, todas las solicitudes que se presenten no más tarde del 22 de octubre de este año serán admitidas a trámite.





Alguien podria explicar por qué Córdoba está tan atrasada resolviendo las resoluciones
Esta ley la deben de dejar como la Italiana en permanencia, las filas son tremendas en La Habana. Dicho esto la burocracia en Cuba para preparar documentos es horrible, este plazo es muy poco.! Conozco muchas personas que quedarán fueras de esta ley y me parece que no es justo para ellos, recordar que también son nietos y bisnietos y no solo en Cuba en toda la América.
Aprecio mucho la información socializada, aunque me sorprende un poco la cifra de solicitantes, pienso que podrían ser más cantidad de interesados, ya que se estima que en Argentina entre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX migraron más de 2 millones de españoles aproximadamente, lo que significaría que muchos descendientes podrían estar interesados y aparentemente no pueden concretarlo por la burocracia.
El proceso de ciudadanía puede ser relativamente extenso, dependiendo de los recursos y la distribución de la tarea por el lado de las autoridades ,pero también depende del acceso a los documentos necesarios por el lado de los interesados y es aquí donde también se evidencia una complicación. En algunos registros civiles españoles dificultan el acceso a la información y la Comisión Nacional Electoral Argentina también lo hace, es decir a un lado y otro del océano las instituciones y/o las personas encargadas de la administración pública pueden sabotear de distintas maneras el espíritu y letra de las leyes.