El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, dejará el cargo en un congreso extraordinario de la formación que se celebrará los días 2 y 3 de abril, previsiblemente en Sevilla. Según un comunicado del PP, Casado trasladó a los presidentes autonómicos del partido su decisión de no concurrir al Congreso Nacional, que convoca la Junta Directiva el 1 de marzo.
En el transcurso del encuentro mantenido el pasado 24 de febrero se adoptaron, además, otras decisiones por unanimidad, como nombrar coordinadora general del partido hasta la celebración del cónclave a la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, y proponer a la Junta Directiva que Esteban González Pons sea el presidente del Comité Organizador del Congreso, que incluirá al menos un miembro designado por cada organización territorial.
Todas estas medidas se adoptaron tras la crisis interna desatada el pasado 16 de febrero a raíz de la información publicada por el periódico El Mundo y el digital El Confidencial de que personas vinculadas al partido intentaron contratar a un detective, a través de una empresa municipal de Madrid para investigar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña, que cuenta con gran respaldo de los militantes y simpatizantes del PP, acusó a la dirección del partido de espiar a su familia para chantajearla. Esto le costó la apertura de un expediente y la amenaza de expulsión por infundios y calumnias, según el número dos del PP y secretario general de la formación, Teodoro García Egea, que le reprochó que había vertido acusaciones casi delictivas a Casado.
El origen del enfrentamiento se produjo cuando a la dirección del PP llegaron unos documentos, flitrados por el Gobierno de España según Ayuso, que ponían en cuestión el cobro de unos emolumentos por parte de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta autonómica, por mediar para conseguir mascarillas en el momento más duro de la pandemia de covid-19 en abril de 2020 tras un contrato adjudicado a una empresa por la Comunidad de Madrid.
Desde el Gobierno autonómico defendieron la legalidad de la relación comercial. Casado redobló las acusaciones y deslizó que podría haber tráfico de influencias. Mientras que la presidenta aseguró que no ayudó a su hermano. Las acusaciones no fueron más allá por falta de pruebas y el PP archivó el expediente a Isabel Díaz Ayuso, aunque los partidos de la izquierda llevaron el asunto a la Fiscalía Anticorrupción para que lo investigue. El daño interno en el PP ya estaba hecho y los dirigentes territoriales comenzaron a pedir un congreso extraordinario y la salida de la actual dirección.
Finalmente, tras varias dimisiones en la Ejecutiva Nacional y muchas presiones, dimitió el secretario general del PP, Teodoro García Egea, señalado como el inductor del acoso a Ayuso, y Casado claudicó ante los barones territoriales. Tanto éstos como el propio Casado y muchos dirigentes nacionales del PP han pedido al presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se presente al congreso para liderar la formación y no ha rechazado la idea.
