Mientras todos los socios de Casa de Galicia han sido repartidos en cinco prestadores de salud, el Gobierno uruguayo dispuso que el 1 de abril la centenaria mutua gallega dejará de existir. Una manifestación frente a la residencia presidencial donde vive Lacalle Pou con su familia, le reclamó una solución para Casa de Galicia y una respuesta por el inversor que se había conseguido. A la protesta se unió la coordinadora de Relaciones Internacionales del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Ana Miranda, quien el lunes 14 de marzo tenía previsto reunirse con el ministro de Salud Pública y con legisladores del Frente Amplio.
La desazón ha ganado a la mayoría de los socios de la mutua Casa de Galicia de Montevideo, que se fundó en octubre de 1917 por un grupo de emigrantes gallegos presididos por José María Barreiro. Y es que el Gobierno uruguayo ha decidido que el próximo 1 de abril Casa de Galicia deje de existir como centro médico, por lo que sus socios ya han sido traspasados a cinco prestadores de salud sin darles la posibilidad de que escojan, tal y como prevé la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, debido a que el Parlamento uruguayo, con solo tres votos en contra, aprobó una ley ‘ad hoc’, así como para garantizar el trabajo a un 80% de los empleados de la institución.
Sin embargo, tres abogados están trabajando para activar distintas medidas judiciales que puedan detener el traspaso de los socios de Casa de Galicia y evitar el cierre de la mutua, lo que hasta el momento no ha dado resultado y se estima que la resolución de las acciones legales se pueda demorar varios meses. Mientras tanto, la subasta de los bienes de la mutua se realizará seguramente antes del mes de junio de este año.
Temor por el patrimonio
Amén de que la única sociedad sin fines de lucro que tenía la colectividad gallega de Montevideo tiene fecha de desaparición, un grupo de gallegos y descendientes están peleando por rescatar del martillo del rematador varios bienes que integran el patrimonio cultural de la institución.
Entre ellas ‘La Santa’, la escultura de Francisco Asorey, que fue comprada por Casa de Galicia en 1951, y que recientemente fuera expuesta en el museo Centro Gaiás como forma de mostrar el rico patrimonio cultural gallego de la diáspora, es una de las obras de arte que podría pasar a manos desconocidas.
Justamente, los integrantes de la Comisión de Cultura de la última junta directiva de Casa de Galicia han realizado gestiones ante la Xunta de Galicia, el síndico que dirige la mutua en liquidación, y ahora mantendrán una reunión con la responsable de relaciones internacionales del BNG, para poder concretar la idea que tienen que preservar el patrimonio cultural gallego de la institución.
Además de los bienes materiales está el patrimonio inmaterial, porque para muchos emigrantes y descendientes gallegos Casa de Galicia, su quinta, su salón de fiestas del centro, su vieja cantina, y hasta su viejo hospital, construido con aportaciones de los propios emigrantes, sienten que Casa de Galicia es su casa y eso está en el ADN de una colectividad que siente que “le están amputando un brazo” al cerrar definitivamente la institución.
Lacalle Pou no cumplió con su palabra
El domingo 13 de marzo un grupo de trabajadores y socios de Casa de Galicia se reunieron para marchar desde el hospital de Sayago hasta la residencia oficial del presidente Luis Lacalle Pou. “Pensamos que nos iba a recibir”, dijo una socia que leyó la proclama tras manifestar golpeando cacerolas, con silbatos y bocinas.
Los asistentes portaban carteles en los que denunciaban la situación que están viviendo. “Políticos uruguayos destruyen patrimonio gallego de más de 100 años” y otro reclamando “Sr. presidente, no sea indiferente, Casa de Galicia no se vende, se defiende”.
Lacalle había expresado la semana pasada que fueron los socios quienes “dejaron que se fundiera Casa de Galicia”, pero en un cartel que le mostraban desde el portón de su residencia le contestaban: “No era deber ni de socios ni de funcionarios controlar los gastos realizados por autoridades de Casa de Galicia. Era deber del Estado”.
Por otro lado, en su proclama le preguntan “¿por qué no concretó el presidente entrevista con el inversor para concretar los avances para salvar a Casa de Galicia, o van a seguir como hasta ahora no respondiendo al inversor y seguir con este plan en donde en tiempos de pandemia resolvieron que el destino de 45.000 socios y 3.000 funcionarios quedemos en la calle?”.
El BNG envía representante
Entre los manifestantes que mostraban sus carteles a las ventanas de la casa del presidente y su familia, estaba la coordinadora de Relaciones Internacionales del BNG, Ana Miranda, quien también se dirigió a socios y trabajadores explicando que “aquí ha habido una estafa, una estafa al patrimonio sociosanitario y cultural gallego, a estos emigrantes gallegos que un día estuvieron aquí construyendo Casa de Galicia”.
Aseguró que “se está vulnerando los derechos de los socios y las socias, de los trabajadores, se está vulnerando la atención sanitaria porque como nos decía una señora no hay medicamentos”.
Luego en declaraciones a este medio anunció que “mañana (lunes 14 de marzo) me reuniré con el ministro de salud pública, Daniel Salinas, y también con la diputada del Frente Amplio Lucia Echeverry, para poder presentar en forma urgente al Parlamento gallego como está la situación”.
