Carta abierta al Gobierno de España

Artículo de Marco Antonio de Lera García. Presidente del Consejo de Residentes Españoles de Bélgica

Marco Antonio de Lera García.
Marco Antonio de Lera García.

Hace unos años, nuestro amigo Juan RODRÍGUEZ COBO, expresidente del CRE de Camberra, redactó en términos poco atractivos, su avatar dentro del CGCEE (Consejo General de la Ciudadanía Española en el Extranjero). Luego tomó la decisión de dejar de pelear, como Don Quijote, contra los molinos de la Administración. Dejó el Consejo orgulloso del trabajo que cumplió para nuestros compatriotas en su país adoptivo, Australia, con un sabor amargo y un fuerte sentimiento de disgusto. Su abandono fue motivado por su experiencia en el CGCEE. Esa carta abierta sobre la influencia y el funcionamiento del CGCEE, se ha mantenido hasta el día de hoy, sin respuesta de la Administración. Cómo no podría ser menos, compartí ese análisis y, ahora, unos años más tarde, reafirmo mi total adhesión a sus críticas.

Juan describió de manera simple y objetiva la situación ubicua que se presenta ante el CGCEE, un escaparate con pretensión de dar una imagen de aura celestial que los gobiernos que se van sucediendo a lo largo del tiempo quieren dar a la diáspora española.

El funcionamiento de este escaparate propagandístico al servicio del gobierno es desactualizado y obsoleto, desde mi punto de vista. La democracia merece más que un CGCEE subordinado al gobierno de turno. Simplemente recuerdo que la democracia nacida en la antigua Grecia se define de la siguiente manera: «régimen político en el que el pueblo es soberano». La democracia, por supuesto, no es perfecta, pero trata de garantizar la igualdad y la libertad, apuntando al bienestar de cada uno de nosotros en el respeto del interés general. ¡Ella, -la democracia- también necesita la implicación ciudadana, de todos nosotros para vivir y engrandecer! 

Cuando los principios fundamentales como la IGUALDAD y la LIBERTAD son burlados de tal manera que podemos decir sin el más mínimo error que el régimen democrático que nos es robado se denomina delito, oligarquía, plutocracia, nepotismo, despotismo, corrupción generalizada según las circunstancias, pero más específicamente una dictadura parlamentaria. 

Somos muchos los consejeros que comparten este análisis. 

Regresemos al CGCEE describiendo su modo de operación y explicando algunas situaciones singulares. 

  1. El CGCEE está compuesto por consejeros elegidos por sufragio universal y otros surgen del mundo asociativo sindical, autonómico, patronal y cultural, estamos bajo la tutela del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Todas estas personas están invitadas a asistir a las reuniones plenarias y a trabajar en diferentes comisiones. El resultado de este trabajo en las Comisiones se discute durante el Pleno anual. La prensa en su amplio panel filosófico, se nos dice, está cordialmente invitada, afín de reportar y, como no, testigo y / o garante de la libertad de expresión otorgada a este organismo que representa a la diáspora española. Es extraño observar que la prensa no desempeña en muchos casos el papel que la deontología les impone, es decir, investigar, analizar y denunciar las deficiencias identificadas. Pero, para el gobierno las apariencias se guardan. ¡Pura ilusión, puro espejismo!
  1. La elección del Presidente del CGCEE, los asuntos relativos a las ALCE, la LOREG, y por último la lentitud de la administración, no siendo estos casos exhaustivos. ¿Qué es exactamente?
  2. La elección del Presidente: Real Decreto 230/2008, de 15 de febrero, estipula en el artículo 4, inciso 1 que: “El Presidente del Consejo será nombrado por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previa consulta a los miembros que integran el Consejo”. Está claro que esta imposición legal es desdeñosa. Nunca, en la experiencia de los más experimentados de nosotros, un Ministro ha aplicado estrictamente la ley en este caso. Siempre actuó como los señores de la Edad Media, actuaron con sus vasallos. ¿Cómo exigir a un ciudadano cualquiera que respete la ley mientras el Ministro permanece ciego al texto que le concierne? ¡Hermoso ejemplo de democracia!
  3. El funcionamiento de las ALCE (Aulas de Lengua y Cultura Española): a pesar de las reprobaciones de los diversos CRE del mundo (Consejos de Residentes Españoles) sobre las medidas tomadas, sin consultar a los actores involucrados en el tema, la Administración y, más particularmente, el Ministro, decidieron con un desconcertante aplomo, modificar los métodos: una hora y media de clases presenciales y otra hora y media vía internet, cuando antes eran tres horas semanas de clases presenciales, en lugar de reforzar los mecanismos de apoyo en el exterior, ahora que se incrementa la emigración de trabajadores españoles, se recortan derechos educativos a los hijos de los emigrantes. Tras una moción de censura por parte del CGCEE en reunión del Pleno de junio 2013, se acordó que una delegación del Consejo ad hoc debería ser recibida por un alto funcionario de dicha Administración con el objetivo de explicar y aclarar la directiva distribuida tomada que prueban la intención del Gobierno de desmantelar las Agrupaciones de Lengua y Cultura Española. Dado que la semántica es importante, debo especificar el significado del verbo “recibir”, tal como lo concibe la Administración en el presente caso, cuando los Consejeros se encontraron con una situación dilatoria, y la Administración incremento la desconfianza al respeto. Sería más una convocatoria, de modo que la Administración reitera unilateralmente que el tema está cerrado y que no tenemos derecho a abrir ese capítulo. Como Plutarco habló en su informe al Senado romano: «Veni, vidi, vici». Una vez más, ¡una lección de democracia! ¿Nuestro gobierno ha optado por el modelo «democrático» de la antigua Roma? Si este es el caso, estaremos en gran peligro.
  4. Enmienda de la Ley Electoral: LOREG (LEY ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL: En este ejemplo, se puede ver plasmada la cumbre de la estupidez, la ignorancia, la cobardía (y aquí la cobardía alcanza su paroxismo). En 2010, el gobierno, con la complicidad de TODOS los partidos políticos, con la excepción de Izquierda Unida y Coalición Canaria, promulgó una ley inconstitucional contra los inmigrantes españoles en todo el mundo, y lo más grave aún, contra las bases inalienables de un Estado de Derecho. Esta estupidez ha significado que una gran mayoría de nuestros ciudadanos no puedan cumplir con sus deberes electorales en las mismas condiciones que nuestros compatriotas que han permanecido en la patria, lo que está en total contradicción con el Artículo 9 de la Ley Suprema (Constitución). Por lo tanto, puedo decir sin error de juicio de mi parte que el Estado español ha restablecido un sistema político de APARTHEID contrariamente a la unanimidad habida en todo el mundo en 1991 contra la abolición del apartheid en Sudáfrica. Mientras, algunos prometen (y ya llevan años prometiendo) volver a la situación que prevaleció antes de este acto atroz, sin calificativo alguno. Cabe señalar que la voluntad política de los dos partidos de mayor votación, el PP y el PSOE, está totalmente ausente: le falta empatía, no tiene razonamiento. Recuerdo que mientras los dos partidos políticos están de connivencia, los otros son cómplices. Algunas reacciones aparecen aquí y allá como un intento de dar solución a esta situación, pero no hay deseo de tener éxito. Esta ignominia frente a la diáspora española es vergonzosa en más de un sentido: el hecho de votar una ley inconstitucional como incumplimiento de los artículos 9 inciso 2 y 3, y el artículo 14 de la Constitución de 1978 que repito a continuación:

Art 9 – 2: ara que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Art 9 – 3: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Art 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancias personal o social.

Y los hechos dan testimonio de esto. Me gustaría agregar que algunos partidos políticos no se pronuncian públicamente y nunca van a reunirse con la diáspora y/o con sus representantes. Esto no es más que un apartheid de facto. Todos los demás se comportan como si fueran parte de una pantomima, como si fueran veletas sin un rumbo.

Recuerdo que la Comisión de Derechos Civiles ha hecho un trabajo notable, aprobado por unanimidad en el Pleno del año pasado. Y a pesar de los maquillajes para mostrar compromiso, como el hecho de recibir a la Comisión Permanente de la cual soy miembro, en sede parlamentaria por, valga la redundancia, la comisión parlamentaria que trata del tema, no hemos avanzado ni un ápice. ¡Qué desprecio hacia más de dos millones de españoles! ¡Que ignominia!

Muchas personas en el país de Cervantes han olvidado lo siguiente:

  •  Los trabajadores emigrantes no han cesado en contribuir con sus ahorros y transferencias al desarrollo de la sociedad española que sobrevivió 40 años bajo el yugo de una dictadura despiadada. Tanto sudor y sacrificio contribuyeron a elevar la Nación. Incluso hoy, de alguna manera, nuestros familiares que viven en el extranjero ayudan a nuestros familiares que pasan por grandes dificultades, mientras que nuestros gobiernos a sabiendas han optado por rescatar a los banqueros españoles en detrimento del interés colectivo y a que pavoneen los corruptos como si España fuese su particular finca.
  • La juventud que se marchó desde la “crisis” de 2010 y que ayudó a reducir el peso de un paro descomunal.
  • Muchos de nuestros compatriotas han querido ser copartícipes en el desarrollo de la democracia en nuestro país tal como por ejemplo, el hecho de querer participar en las elecciones y no conseguirlo, cuando en nuestro país la votación no es obligatoria (un buen ejemplo de civismo) aunque algunos no vayan a las urnas que están en la esquina de su calle…
  • El presupuesto asignado a la emigración es ridículo en comparación con el Presupuesto General del Estado y, especialmente, dados los ingresos de la diáspora. Los emigrantes han sido desechados como simples trapos de fregar el suelo; los mismos que estamos constantemente realzando la patria mediante la promoción de la cultura y los conocimientos de España para, a cambio, recibir como bonificación, una consideración hacia nosotros de ser ciudadanos de segunda clase. Esta miopía política de los sucesivos gobiernos de derecha o izquierda, (¿de izquierda?) no ha dejado de consolidarse sin tener la intención de cambiar esta lujuria.
  1.  El funcionamiento de la Administración: aquí hay un tema aún más delicado, la Administración y su funcionamiento. Aquí deberíamos de enumerar una ingente cantidad de situaciones donde su funcionamiento deja mucho que desear, pero me limitaré a mencionar solo a algunos. Este es el caso de la gestión del presupuesto asignado al funcionamiento del CRE de Bélgica. Bueno, a pesar de que este dinero público pertenece al CRE, que se asigna a los gastos en relación con los criterios definidos por la Ley, o sea, el Consulado que se encarga de gestionar, de pagar y verificar la legalidad de los gastos, solo lo hace cuando el funcionario, en nuestro caso el Canciller, le da la real gana, haciendo caso omiso y de manera sistemática, de los pedidos de material de oficina que el CRE le transmite para su compra y posterior distribución entre los miembros del CRE para que estos puedan ejercer su mandato como ha de ser. Otro ejemplo es la interpretación de los textos de la Ley según se adapte o no a la Administración. Esta forma de actuar es simplemente una negación democrática. Una más. Me detengo ya en la descripción de tanta barbaridad, de lo contrario, esta carta abierta sería interminable.

Esta es la España a la que nos ha llevado nuestros políticos. No podemos contentarnos con esta España que sigue siendo de charanga y pandereta. Por el contrario, trabajar para promover nuestra singularidad, la misma que nos enviaran en Europa, la Nación progresista de referencia.

Esta democracia puede nacer dentro del CGCEE, reconociendo su legitimidad, estructurándola como una entidad jurídica propia. Tener una voluntad política radical por parte del Gobierno para darle las herramientas necesarias para su funcionamiento como interés de la diáspora.

Para hacer esto, varios pasos son necesarios y convincentes:

  1. El cumplimento incondicional de las leyes que rigen nuestro país y las que se aplican al CGCEE y a los CRE.
  2. Reconocer públicamente el trabajo realizado abundante y de calidad; informar sobre el progreso de las resoluciones tomadas en el Pleno y el estado otorgado a sus resoluciones por la Administración.
  3. Estructurar el CGCEE en una entidad jurídica propia según se votó por unanimidad en el Pleno de 2014.

Reconocer las diferencias no es perpetuarlas, sino, por el contrario, darse a sí mismo los medios para pensar en la construcción de convergencias y reglas comunes que deben permitir la participación de todos en las actividades que conciernen a todos.

Sus Señorías, les insto a que escuchen. No somos enemigos de España, somos un componente esencial de esta gran Nación. Tenemos el coraje de vernos a todos a través de los consejeros del CGCEE, no siempre concordando con las mismas ideas y proponiendo soluciones convergentes; de diferente sensibilidad política, pero socios leales y portadores de nuevas ideas que pueden emancipar a nuestra Nación.

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