La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, anunció en la sesión de apertura del V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española que la intención de su departamento es que el Reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto da la Ciudadanía Española en el Exterior esté aprobado no más tarde del mes de agosto.
Cancela subrayó que la aprobación del Reglamento supone “dar un paso más” en un compromiso largamente aplazado y remarcó que el Ejecutivo quiere culminar la tramitación con rapidez. Según avanzó, el texto ya ha recabado prácticamente todos los informes ministeriales necesarios, a falta solamente del informo del Consejo de Estado y su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. Según adelantó Cancela, la intención es que pueda quedar aprobado no más tarde del mes de agosto.
La relevancia otorgada al Reglamento no fue menor ni accesoria en su discurso. Al contrario: la secretaria de Estado lo presentó como una pieza estructural de la nueva etapa en la relación entre España y su ciudadanía en el exterior. No solo por el tiempo transcurrido desde que se planteó su necesidad —más de dos décadas, según recordó—, sino porque la realidad migratoria, social y administrativa ha cambiado profundamente y exige una actualización normativa de mayor alcance.
Cancela defendió que este desarrollo reglamentario permitirá reunir en una sola norma distintas disposiciones dispersas, ordenar derechos, clarificar procedimientos y dotar de mayor seguridad jurídica a cuestiones que hasta ahora se han abordado de forma fragmentaria. A su juicio, el objetivo no es solo compilar normas existentes, sino dar contenido, cuerpo jurídico y una lógica coherente a la acción del Estado respecto a los españoles que viven fuera de España.
La aprobación del Reglamento, sostuvo, tiene además una dimensión política y simbólica. Implica reconocer que la ciudadanía exterior ya no puede seguir siendo tratada desde marcos pensados para otras épocas y otras dinámicas migratorias. En este sentido, insistió en que el país debe adaptarse a una comunidad española en el exterior diversa, repartida por continentes y generaciones, con necesidades administrativas, sociales y de protección cada vez más complejas.
En la visión expuesta por Cancela, el reglamento del Estatuto aspira a convertirse en una herramienta integral de modernización institucional. Su función no sería solo técnica, sino también política: fijar un marco actualizado que permita acompañar a la ciudadanía española en el exterior de una manera más eficaz, más ordenada y más sensible a las nuevas circunstancias.
Uno de los elementos que la secretaria de Estado quiso destacar de manera más precisa fue la incorporación de nuevas realidades y nuevos perfiles de protección dentro de ese futuro reglamento. En particular, mencionó la atención específica a las mujeres españolas residentes en el exterior que sean víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas. Según explicó, el texto incorpora un tratamiento específico para estas situaciones, con el fin de asegurar respaldo institucional, acceso a recursos y un acompañamiento reforzado por parte de la red consular.
Esa previsión no aparece como un añadido marginal, sino como una manifestación de la orientación que el Gobierno quiere dar al conjunto de la norma: una regulación que no se limite a reconocer formalmente derechos, sino que sea capaz de responder a casos concretos de vulnerabilidad. En palabras de Cancela, el reglamento debe incorporar una mirada transversal de igualdad y protección, capaz de evitar que la distancia geográfica se traduzca en desamparo.
Esa misma lógica se proyecta también sobre el funcionamiento del propio Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, otro de los aspectos subrayados por la secretaria de Estado. Según explicó, uno de los pilares del futuro desarrollo normativo será el refuerzo de la independencia y de la entidad propia del CGCEE, con el propósito de consolidar su papel institucional y ampliar su capacidad de actuación como órgano representativo de la ciudadanía exterior.
La idea de fondo es que el reglamento no solo actualice derechos individuales, sino que también fortalezca los mecanismos de representación y participación de los españoles en el extranjero. En ese punto, Cancela vinculó claramente la futura norma con el trabajo desarrollado por el Consejo durante los últimos cuatro años, un periodo que describió como intenso, propositivo y útil para la acción del Gobierno.
La dirigente socialista quiso enmarcar esta apuesta normativa dentro de una trayectoria más amplia de reformas orientadas a recuperar o ampliar derechos de la ciudadanía exterior. Entre ellas citó expresamente la derogación del voto rogado, que calificó de “decisión equivocada” cuando fue aprobada, al considerar que terminó por dificultar el ejercicio del derecho de sufragio en lugar de protegerlo. También recordó el impacto de la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido ampliar los supuestos de acceso a la nacionalidad para descendientes de emigrantes y exiliados.
Sin embargo, el Reglamento del Estatuto ocupa un lugar singular por una razón evidente: mientras esas otras medidas ya han sido aprobadas y están en aplicación, este desarrollo normativo aparece ahora como el gran expediente pendiente de la política de ciudadanía exterior. Es, en cierto modo, la reforma llamada a ordenar y proyectar todas las demás dentro de un marco estable.
Cancela explicó que la necesidad de esta regulación se arrastra desde hace años. Habló de un desarrollo normativo pendiente “desde hace más de 20 años” y defendió que había llegado el momento de dar ese paso de manera decidida. No se trata únicamente de saldar una deuda institucional, sino de responder a un escenario en el que han cambiado las motivaciones de la movilidad, las condiciones de retorno, las redes familiares transnacionales y las demandas de atención pública.
Desde esta perspectiva, el reglamento se concibe como una norma adaptada a una realidad migratoria distinta, tanto respecto de la emigración histórica española como de las generaciones actuales de movilidad internacional. La ciudadanía exterior ya no responde a un único perfil, y el Gobierno quiere que la nueva regulación refleje esa pluralidad: desde descendientes de antiguas olas migratorias hasta jóvenes profesionales desplazados por motivos laborales, familias binacionales, personas en situación de vulnerabilidad o mujeres que necesitan protección específica.
Plan de Retorno
La secretaria de Estado vinculó además de forma directa este Reglamento con otro instrumento que el Ejecutivo quiere poner en marcha de forma paralela: el Plan de Retorno. Según señaló, ambas iniciativas están concebidas para avanzar de la mano y funcionar de forma complementaria. Mientras el Reglamento ordenará derechos, estructuras y procedimientos, el plan traducirá ese marco en medidas prácticas orientadas a facilitar el regreso a España de quienes deseen volver.
En esa articulación conjunta entre norma y política pública reside, según se desprende de su discurso, buena parte de la ambición del proyecto. No se trata únicamente de aprobar un texto legal, sino de convertirlo en base operativa para un nuevo modelo de relación con la ciudadanía exterior. Por eso Cancela insistió en que la aprobación del Reglamento debe entenderse dentro de una visión de conjunto, en la que “todo está relacionado”.
El futuro Plan de Retorno, explicó, se asentará sobre tres ejes fundamentales: atención integral, empleabilidad y protección social. Para ello, se reforzará la Oficina Española del Retorno y se impulsará una ventanilla única que centralice trámites, solicitudes e información. Además, se prevé mejorar la conexión con el mercado laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y ofrecer itinerarios personalizados para quienes regresen en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Pero incluso en ese anuncio complementario, el Reglamento siguió apareciendo como el núcleo ordenador. Es el instrumento que debe proporcionar cobertura, coherencia y permanencia a las medidas de retorno y al conjunto de la política de atención a los españoles en el exterior. Desde ese punto de vista, la prioridad gubernamental no es simplemente aprobar una norma más, sino cerrar un marco jurídico e institucional que permita actuar con mayor eficacia en los próximos años.
A lo largo de su intervención, Cancela insistió en que la acción pública en esta materia debe construirse a partir del diálogo con los representantes de la ciudadanía exterior. Agradeció el trabajo del CGCEE y de los consejos de residentes en distintos territorios, y aseguró que las propuestas trasladadas por estos órganos han servido para orientar decisiones concretas del Ejecutivo. La norma en preparación, vino a decir, no nace de una elaboración aislada de la Administración, sino del intercambio continuado con quienes conocen de primera mano los problemas y demandas del exterior.
Por eso el anuncio sobre la aprobación del reglamento fue presentada por la propia secretaria de Estado como un paso capaz de “marcar un antes y un después” en la manera de abordar la ciudadanía exterior desde las instituciones españolas.
Cancela también dedicó parte de su discurso a defender una política migratoria basada en los derechos humanos, en un momento que describió como internacionalmente convulso y atravesado por discursos restrictivos.
Por el momento, lo que sí ha quedado claro tras la apertura del pleno en Madrid es que el reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior ha dejado de ser una promesa recurrente para convertirse en la prioridad política inmediata del Gobierno en esta materia. Y en ese giro de prioridad, el Ejecutivo quiere proyectar una idea nítida: que la ciudadanía española no pierde densidad de derechos por vivir fuera del país, y que el Estado debe dotarse, por fin, de las herramientas normativas adecuadas para responder a esa realidad.
La intervención concluyó con un tono de balance y reconocimiento. Cancela agradeció al CGCEE sus cuatro años de trabajo intenso, su capacidad para elaborar informes consistentes y su papel en la definición de políticas públicas más ajustadas a la realidad. También reivindicó el “diálogo institucional sincero y abierto” mantenido durante este mandato.
Finalmente, dedicó un reconocimiento expreso a la presidenta del Consejo, Violeta Alonso, cuya labor elogió por su rigor, solidez institucional y capacidad de trasladar de forma precisa las demandas de la ciudadanía española en el exterior. Aunque subrayó que su papel ha sido reivindicativo, valoró especialmente que esa exigencia se haya formulado siempre desde la seriedad, la consistencia y la lealtad institucional.
Encuentro muy justo y viable que exista un ley mas moderna y acorde a los tiempos que se vive hoy en día ,relacionada con la atención de los ciudadanos y ciudadanas españoles que residentes en el exterior ,que tenga presente la importancia de dicha ciudadanía
Deben de analizar de poder traer a mi hija junto a mi nieta sin demostrar el estar a cargo, no entiendo cómo puedo darle residencia a un hijastro, suegros sin problemas y para traer a mi nieta tenga qué demostrar qué depende de mi, quisiera poder darle residencia a mi hija y nieta, hay algo qué estamos perdiendo y nada ni nadie nos va a devolver, TIEMPO, Gracias
Quisiera saber si entre los acuerdos se incluye la reapertura de la Ley de Memoria Democrática para aquellos que no hayan logrado presentar su expediente a tiempo antes de que venciera.