Canarias urge a los ministerios de Derechos Sociales, Migraciones e Infancia a tratar la situación de los menores extranjeros

El Gobierno autonómico solicita reuniones con los tres ministros para abordar la asistencia a los 4.461 niños tutelados por el Ejecutivo tras seguir sin fecha la comisión de Migraciones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió con el director general de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, acompañado de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo (ambos a la derecha de la imagen).

El Gobierno de Canarias ha tramitado la solicitud de reuniones a los ministros de Derechos Sociales, Pablo Bustindoy; Migraciones, Elma Saiz; e Infancia, Sira Rego, para abordar la situación de los 4.461 menores no acompañados tutelados por la Comunidad Autónoma. Así lo trasladó el pasado 28 de noviembre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión con el director general de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en la que abordaron la respuesta a la emergencia migratoria declarada en las Islas y mecanismos para mejorar la atención, especialmente, a los menores no acompañados.

Precisamente, durante el encuentro en el que también intervino la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, se hizo hincapié en la necesidad de una interlocución fluida con el Gobierno del Estado para atender la emergencia humanitaria en la ruta atlántica.

La entidad coincidió con el planteamiento del Ejecutivo canario de introducir una modificación en la Ley del Menor y establecer un mecanismo de corresponsabilidad del que participen el resto de las comunidades autónomas de forma que “no recaiga solo en Canarias la tutela y atención de los niños y niñas no acompañados”. Hay que tener en cuenta que desde 2021 hasta la actualidad se han derivado 365 menores a otros territorios y que en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se acordó derivar a otros 339 menores de las Islas a Península, pero todavía no se han llevado a cabo estas derivaciones que, no obstante, el Ejecutivo canario califica de “insuficientes”.

Precisamente, la consejera de Bienestar Social trasladó las medidas impulsadas por el Ejecutivo canario para dar respuesta a la mayor crisis migratoria registrada en las Islas, entre ellas el protocolo acordado con la Fiscalía Superior de Canarias para acelerar los procesos de determinación de edad. Este protocolo estableció, entre otras medidas, la incorporación de más medios materiales y humanos a esta labor y contempla incrementar el número de pruebas óseas que se realizan semanalmente.

Durante el encuentro se trataron otros asuntos, entre ellos, las medidas para reducir las listas de espera sanitaria en el Archipiélago, entre ellas, el refuerzo de la atención primaria en la que ya trabaja el Gobierno de Canarias y la puesta en marcha de una red de centros, concretamente cinco recursos, que pondrá en marcha el Ejecutivo para atender a las víctimas de la violencia sexual.

Gestiones en Bruselas

Por otro lado, la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, participó el pasado 23 de noviembre en Bruselas en una nueva reunión del Comité Europeo de las Regiones, órgano consultivo de la Unión Europea, que permite a representantes de los Estados miembros expresar su opinión sobre leyes de la UE que afectan a regiones y ciudades.

En este encuentro, celebrado con motivo del Día Mundial de la Infancia, se valoró el papel de las ciudades y regiones en la protección de los menores desplazados y refugiados, poniendo en relieve el importante rol de las ciudades y regiones y sus conocimientos especializados en la protección de los menores vulnerables migrantes o refugiados en sus comunidades.

En su intervención, la directora general expuso la situación de urgencia que vive Canarias ante el repunte migratorio de menores no acompañados, haciendo especial hincapié en que el Archipiélago está haciendo un esfuerzo importante para acoger e integrar a los niños y adolescentes migrantes no acompañados: “Esta situación también conlleva una incidencia directa en el servicio de salud y educación. Es importante que Europa entienda que las regiones somos las que trabajamos directamente con los menores y necesitamos que los recursos económicos europeos lleguen directamente a Canarias”.

Rodríguez insistió en que estos momentos de repunte de crisis migratoria “es necesario que se active el mecanismo de protección civil europeo que nos permitiría contar con recursos en frontera para la atención inmediata de los migrantes y que se active el plan de acción sobre la ruta atlántica”.

Durante esta reunión de trabajo ante distintos representantes del Comité Europeo de las Regiones, la representante canaria tuvo de igual manera la oportunidad de explicar cómo se está trabajando en las Islas con los menores migrantes, “los problemas con los que nos encontramos y lo que entendemos que debe hacerse”.

De igual manera, Rodríguez fue partícipe en la reciente reunión de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europa, en la que, entre otros representantes políticos, estuvieron presentes el jefe de unidad adjunto, Krzysztof Nowaczek, y la jefa de unidad, Katerina Wolfova.

En este encuentro, la directora general pudo explicar aún con más detalle lo que está pasando en estos momentos en territorio canario con el fenómeno de la inmigración y la necesidad de que haya financiación directa a las regiones.

Admitida la ruta atlántica

Finalmente, la directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Celia Alberto, participó el pasado 30 de noviembre en el último pleno del año del Comité Europeo de las Regiones en el que, entre otros, se aprobó “impulsar la cooperación transfronteriza duradera y eficaz con nuestros vecinos”. Gracias a la intervención de la directora general, en línea con las gestiones realizadas por el presidente Fernando Clavijo en su reciente viaje a Bruselas, se consiguió superar la visión limitada al Mediterráneo del texto, incorporando una mención expresa a la fachada atlántica, dando así visibilidad a la problemática migratoria de Canarias.

La enmienda del Gobierno de Canarias alertaba del olvido que está sufriendo la ruta migratoria irregular del Atlántico que afecta a Canarias como frontera sur. El aumento de los conflictos armados, la tensión política y la grave crisis humanitaria que vienen sufriendo los países de África Occidental y el Sahel, están afectando gravemente al desarrollo de las regiones vecinas al Archipiélago.

En su intervención, la directora general de Asuntos Europeos quiso recalcar que, a los condicionantes propios de la ultraperiferia, se suma el reto mayúsculo que supone la llegada masiva de migrantes irregulares al Archipiélago, más de 30.000 en 2023. Canarias, como frontera sur de Europa, padece en soledad dicha crisis humanitaria en el Atlántico, que se ha convertido en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, en la que numerosas personas pierden la vida en su intento por llegar, no a Canarias, sino a suelo europeo.

Los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Canarias fueron atendidos por el Comité de Regiones que finalmente admitió incluir la ruta atlántica en el texto del nuevo dictamen aprobado. Para Celia Alberto es un “primer paso muy importante para que Bruselas reconozca que el problema de la ruta del Atlántico es un problema de la frontera de la Unión Europea en su conjunto. Por supuesto, mostramos nuestra empatía y solidaridad con las rutas del Mediterráneo y Balcanes, pero es de justicia, al hablar de cooperación transfronteriza, incluir al Archipiélago canario”.

La inclusión de Canarias en este dictamen aprobado ese día en el Pleno 158 del Comité de Regiones, muestra el apoyo firme de las instituciones europeas a la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida de todos los Estados Miembros y supondrá un paso más en la actualización de los instrumentos de acción exterior y vecindad de la UE en esta cuenca geográfica y que se promuevan con urgencia acuerdos de readmisión garantistas.

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