El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el 23 de septiembre realizar un requerimiento al Consejo de Ministros para que cumpla con sus obligaciones, recogidas en su protocolo marco estatal, ante la crisis migratoria que vive el Archipiélago. En el acuerdo adoptado, el Gobierno detalla la situación actual, la acumulación de incumplimientos legales por parte del Estado en esta crisis y expone que, transcurrido el plazo de un mes, el Ejecutivo, “a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas” con el objetivo de que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, que son de su responsabilidad y de los que está obligada a ocuparse.
En el acuerdo se argumenta que la actuación en materia migratoria afecta al menos a cuatro ministerios, que tienen que ejercer las competencias sobre salvamento marítimo, migración, fronteras y relaciones exteriores. Además, insiste en el incumplimiento en materia económica derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad.
Entre los motivos, se plantea el agravamiento de la crisis migratoria sumado a la ausencia de recursos para atender a las personas que siguen llegando, “la imposibilidad de habilitar nuevos dispositivos de asistencia (salvo los habilitados por emergencia en los puertos), por inexistencia material de instalaciones adecuadas, salvo las solicitadas y no cedidas por la Administración General del Estado”.
El interés de los menores
El texto recuerda que, desde los primeros momentos de la crisis migratoria, el Gobierno de Canarias “ha cumplido y gestionado todas sus obligaciones de manera responsable y cohesionada, y así continuará haciéndolo. De ese modo, siempre ha estado y continuará, priorizando el objetivo de proteger el interés superior de las niñas y niños extranjeros no acompañados, el mejor desarrollo de su personalidad y su plena integración social. Sin perjuicio de muchas otras actuaciones anteriores, el compromiso político y social resulta incuestionable”.
En cuanto a la situación específica de los migrantes menores no acompañados que siguen llegando, el acuerdo señala que “la realidad es que, desde su desembarco, se encuentran atendidos”. El Ejecutivo insiste en el hecho de que, “mientras la Comunidad Autónoma de Canarias sigue atendiendo a todos los menores no acompañados con unos medios desbordados e insuficientes para la magnitud de una migración continental, el Gobierno de España y la Administración General del Estado convierten la crisis migratoria agravada en un debate político y mediático, sin formular la menor propuesta dirigida a resolver la situación”.
En el acuerdo se recalca que el sistema de acogida y protección de menores migrantes no acompañados ha incrementado su dimensión de 29 a 81 centros de acogida en el último año, y ha recibido a muchos más menores no acompañados que las plazas previstas ya ampliadas, “en perjuicio del bienestar y seguridad de los menores”.
El documento suscrito por el Consejo de Gobierno insiste en la ausencia de actuaciones de repatriación de menores migrantes no acompañados y en el hecho de que en relación con los 6.000 menores migrantes no acompañados que están acogidos en Canarias no se ha desarrollado “actuación alguna para su retorno al país de origen para integrarse con su familia”.
Asimismo, expone que el Estado infringe diferentes normas como la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social o el artículo 172 del Código Civil.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó el día 24, en el Parlamento de las Islas, su decepción con la falta de respuesta del Estado ante el fenómeno migratorio y, paradójicamente, su pronta actuación judicial contra las acciones impulsadas por la Comunidad Autónoma, “lo que me hace creer que quieren dejar a Canarias sola ante el fenómeno migratorio y convertirla en una Lesbos del sur de Europa”. Y denunció que “decide tomar medidas judiciales que solo embarran más un asunto para el que hay tener humanidad, altura de miras y sentido de Estado”.
Respuestas de Bruselas
Por otro lado, Fernando Clavijo reclamó el 2 de octubre a la nueva Comisión Europea que agilice la activación de todos los mecanismos recogidos en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo con el objetivo de hacer frente al fuerte incremento de llegadas de pateras y cayucos a través de la Ruta Atlántica. Durante una intervención en la mesa de trabajo ‘Migration Task Force’ de la cumbre de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), el jefe del Ejecutivo autonómico subrayó que el Archipiélago necesita “respuestas urgentes” de Bruselas para afrontar la “situación límite de emergencia humanitaria”, en especial debido a la acogida en solitario de menores no acompañados.
En apoyo a esta situación, Canarias asumirá junto con Valencia el liderazgo del grupo de la CRPM centrado en marcar la estrategia migratoria de la UE. Clavijo agradeció esta decisión y se mostró convencido de que contribuirá a reforzar la capacidad de acción de las Islas ante Bruselas.
El titular del Gobierno autonómico aprovechó además la celebración en Malta de la 52ª Asamblea de los territorios europeos aliados para informar de primera mano sobre la crisis migratoria que afronta desde hace más de un año Canarias “como frontera sur de la UE”. Tras recordar que en 2023 y lo que va de 2024 han arribado a las costas canarias 70.000 migrantes, Clavijo apuntó que las previsiones apuntan que este año no solo podría superarse el umbral de 40.000 personas del año pasado sino superar el de 50.000. Al respecto, citó informaciones que confirman que hay más de 150.000 personas en campamentos de refugiados fuera de Mauritania y 20.000 malienses esperan a poder dar el salto a Europa a través de la Ruta Atlántica.
Asimismo, destacó la alta mortalidad de la Ruta Atlántica con más de 21.000 fallecidos oficiales en sus 30 años de existencia y muchos más de los que no existen registros. “Cada 45 minutos una persona pierde la vida”, recordó tras hacer mención expresa a la tragedia ocurrida el pasado 28 de septiembre cuando 63 personas procedentes de Mali, Senegal, Mauritania, Guinea y Gambia, varios de ellos menores, fallecieron a unos siete kilómetros de la costa oriental de El Hierro.
El presidente de Canarias trasladó a los representantes de más de 100 territorios europeos la situación de desbordamiento que esta presión migratoria provoca en los servicios del Archipiélago, por lo que Canarias reclama el apoyo urgente de la UE con todos los mecanismos a su alcance. En especial, para defender los derechos de la infancia. Pidió que Europa actúe en la Ruta Atlántica como lo ha hecho en la mediterránea y en la balcánica.
Estrategia diplomática
El jefe del Gobierno autonómico hizo un llamamiento a la UE para que refuerce sus proyectos sobre el terreno en África y para que lo haga con el Archipiélago como “puerta de entrada” aprovechando sus históricas relaciones de vecindad con muchos países del área occidental del continente.
La intervención de Fernando Clavijo en la cumbre de la Conferencia de Regiones forma parte de la estrategia diplomática emprendida por el Gobierno de Canarias. El día 1 se reunió en Ginebra con representantes de dos agencias de la ONU centras en asilo y la defensa de los derechos de la infancia: Acnur y Unicef. Además, en 14 meses de legislatura ha mantenido numerosos encuentros con representantes de primera línea de la Comisión Europea y del Parlamento europeo. También el pasado mes de enero trasladó en persona al Papa en el Vaticano la situación “límite” de Canarias, quien manifestó su intención de visitar las Islas para conocer la situación.
