El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, anunció el pasado 5 de octubre, en el muelle de La Restinga, la declaración de emergencia social como consecuencia de la crisis migratoria que sufren las Islas. El repunte en la llegada de cayucos ha supuesto la llegada de más de 15.000 personas desde que comenzó el año, de las cuales más de 2.900 han sido menores no acompañados que fueron atendidos, en exclusiva, por el Ejecutivo regional con sus propios recursos.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias publicó un día después en el Boletín Oficial de Canarias una Orden por la que se declara de emergencia social y atención prioritaria la situación de los menores extranjeros no acompañados.
Domínguez manifestó que esta herramienta “posibilitará que podamos utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance con mayor celeridad, en cuanto a menores se refiere, para poder atenderlos con mayor prontitud”. Del mismo modo, el vicepresidente lamentó el drama humano vivido por los migrantes y, en especial, remarcó que desde agosto “han llegado ya más de 3.000 personas a El Hierro, entre ellos 497 menores de los que 301 ya han sido derivados a Tenerife y Gran Canaria”.
“Necesitamos -prosiguió el vicepresidente- que se nos escuche desde el Gobierno central. Exigimos la creación de un mando único porque no es posible que el Gobierno de Canarias tenga que negociar, en este asunto, hasta con seis ministerios distintos. Especialmente porque no se coordinan entre ellos y nos dicen cosas diferentes. El Gobierno estatal está dejando de hacer sus funciones y trata a estas Islas como a ciudadanos de segunda. Somos una comunidad autónoma alejada en los kilómetros y la distancia geográfica, pero también en las políticas que, desde Madrid, se ejercen con los que aquí residimos”, explicó.
El día 7, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias trasladó a 333 menores extranjeros no acompañados de El Hierro a las dos islas capitalinas. En total, como consecuencia del repunte migratorio, han arribado a la Isla del Meridiano 573 menores migrantes no acompañados. Para atender esta situación de emergencia humanitaria, Bienestar Social tuvo que ampliar el número de plazas disponibles en la Isla -cuando empezó la legislatura había 140- ante la llegada continuada de cayucos, que se ha intensificado desde el verano. En estos momentos hay 240 menores extranjeros no acompañados en recursos de la isla.
En la actualidad, más de 3.000 migrantes menores no acompañados están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, que en estos momentos cuenta con 51 centros repartidos por las islas, lo que supone 12 más que cuando el nuevo equipo tomó posesión. A pesar de las reiteradas peticiones por parte del Gobierno autonómico al Estado, Canarias continúa asumiendo prácticamente en solitario la atención a estos menores.
Por otro lado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladó el pasado 29 de septiembre al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, la “imperiosa necesidad de articular una respuesta común, sólida y efectiva” en el conjunto de países de la Unión Europea para afrontar los importantes retos derivados de la llegada de personas migrantes a las fronteras comunitarias y, en especial, a las islas Canarias. En el V Foro La Toja-Vínculo Atlántico, Clavijo subrayó en su entrevista con Schinas la situación actual de las corrientes migratorias hacia las Islas y la necesidad de “dar una respuesta europea” a los planteamientos y demandas de Canarias para hacer frente al drama humanitario que está ocurriendo en la frontera sur de la Unión Europea.
El presidente canario también planteó a Schinas la necesidad de convocar una reunión de trabajo “con contenidos y perspectivas de toma decisiones” en Bruselas entre la Comisión Europea y los gobiernos de Canarias, de la isla italiana de Lampedusa y de las islas griegas del norte del mar Egeo con el objetivo de analizar la situación que atraviesan estos territorios europeos por su condición de frontera sur de la Unión Europea.
Previamente, el día 26, Clavijo planteó en el Parlamento canario un acuerdo a todos los grupos para reclamar medidas al Estado ante la inmigración, ofreciendo un frente común para hacer valer la voz de las Islas ante el Gobierno de España y la Unión Europea. “Vamos a hacer política de altura para afrontar este reto”, aseguró Fernando Clavijo en la sesión de control al Gobierno en la Cámara.
