El Consejo de Gobierno dio el visto bueno el pasado 30 de marzo a la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales y económicas destinadas a paliar los primeros efectos que el inicio de la guerra en Irán ha provocado en las Islas. El coste de algunas de estas acciones será asumido por el Gobierno de España, ya que el Archipiélago había quedado fuera de los beneficios de las iniciativas adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis internacional. Dichas actuaciones respondían al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias -centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos- no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico; además, dicho decreto tiene una duración inicial de 100 días.
Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ideó un paquete de medidas propias, dentro de sus competencias, para trasladar a las Islas los efectos positivos de dichas iniciativas y mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles, la energía y los bienes básicos. El conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Canarias tendrá un coste de 29,8 millones de euros y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones anuales.
Las acordadas en el Consejo de Gobierno incluyen la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales, se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.
También el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones.
La aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.
La ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (Repep) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.
Y, por último, la creación de un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.
Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.
Solicitudes a Madrid
Además, el Consejo de Gobierno acordó trasladar al Estado un conjunto de medidas complementarias orientadas a reforzar la respuesta económica y social ante la crisis. Entre las principales propuestas destacan la flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias, la implantación de una bonificación estatal al precio del combustible, la reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura, la puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos y la creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.
Asimismo, se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.
El Ejecutivo canario también reclamó al Estado la adopción de medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, entre ellas la rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias, el impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina, el incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), la exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad y el aumento del límite de ayudas minimis para empresas.
El Gobierno autonómico insistió en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago. El Ejecutivo isleño subraya que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.
Acuerdo con el Estado
Ese mismo día 30, el Gobierno de Canarias acordó con el Gobierno de España que compense económicamente la aplicación de las medidas anticrisis. El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, destacó que, con el acuerdo alcanzado entre Canarias y el Estado, por el que se compensan las medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Ministros que no benefician al tejido productivo y a la ciudadanía del Archipiélago, se “podrá minimizar el impacto de la guerra sobre los precios y los bolsillos de las familias canarias”.
Clavijo hizo estas declaraciones en una comparecencia conjunta con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que puso en valor que “hemos trabajado durante la última semana para responder con sensibilidad a todos los territorios y en el caso de Canarias, a su singularidad por la gestión de impuestos propios”. En este sentido anunció que el “Estado transferirá a Canarias más de 15 millones de euros con este objetivo hasta el mes de junio, y si fuera necesario prorrogar esas medidas, se aportaría la misma cantidad”.
Tras sellarse este acuerdo, Clavijo expresó su satisfacción “por el trabajo conjunto que ha permitido que Canarias pueda abordar esta situación en igualdad de condiciones” que el resto de los territorios”, y subrayó la importancia de que los canarios estén “igual de protegidos que un ciudadano de la península” ante los efectos del conflicto bélico en Oriente Próximo.
Con este acuerdo, el Gobierno de las Islas podrá aplicar una reducción del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en gasolinas, gasóleos y biocarburantes de un 1% actual al 0% o bajar el IGIC del gas natural del 3% al 0%. Por otra parte, podrá bonificar hasta el 99,9% el impuesto sobre derivados del petróleo, que es el equivalente canario al Impuesto sobre hidrocarburos, entre otras medidas.
Sumando todas las medidas, el coste total hasta el 30 de junio de 2026 (que compensaría el Gobierno de España) estaría en más de 15 millones de euros. Una cantidad que, en caso de que el Estado prorrogara el Real Decreto-ley o aprobase cualquier otro, se mantendrían también estos mecanismos adicionales en Canarias.
Previamente, el día 23, el presidente Fernando Clavijo mantuvo un encuentro con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales del Archipiélago, en el marco de la reunión del Consejo Asesor del Presidente, donde se debatió el paquete de medidas que el Gobierno autonómico ha diseñado para mitigar los efectos del conflicto bélico y el incremento del precio del combustible. Clavijo agradeció a los empresarios y sindicatos que se sumasen a la estrategia para lograr que el Estado compense económicamente al Archipiélago o permita flexibilizar la regla de gasto.
