Borrell afirma que el Consulado en Caracas está sobrecargado al atender a 5.000 personas al mes

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, aseguró el pasado 6 de noviembre en el Senado que el Consulado General de España en Caracas está sobrecargado al tener que atender a unas 5.000 personas al mes. “Hay en Venezuela unos 170.000 españoles y eso hace, ante la situación que vive el país, que haya una elevadísima demanda de servicios consulares”, afirmó

De hecho, el jefe de la diplomacia española señaló que “estamos intentando que el Ministerio de Hacienda nos autorice la compra de un nuevo edificio donde instalar servicios para que puedan ser atendidos con dignidad”.

En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta, Borrell indicó que se atienden 5.000 personas al mes, que se emiten al año 25.000 pasaportes y que “el año pasado el Consulado concedió 310.000 ayudas de carácter asistencial para proteger a los españoles en el exterior”. Añadió que “en el año 2018 repartiremos 13 millones de euros para este programa, que es un aumento importante, pero tenemos los recursos que tenemos y con eso tratamos de hacer frente a las situaciones de necesidad”.

El ministro expresó que el departamento que dirige no puede hacer más con los recursos que tiene. “Ustedes me dirán que no es suficiente y yo les diré que tengo los recursos que tengo, que el presupuesto lo aprueban ustedes y que si quieren poner más recursos yo estaré encantado de administrarlos, pero no soy Papá Noel ni soy un rey mago, o sea, tengo los recursos que tengo y los estamos utilizando a tope. Les invito a que aumenten estos recursos y estoy seguro de que lo harán, dada la preocupación que han manifestado al respecto”.

Por otro lado, el ministro también se refirió a la actuación de la Fundación España Salud de Venezuela, que ofrece cobertura sanitaria a unos 6.000 españoles con escasos recursos y que puso como ejemplo positivo de colaboración entre las administraciones central y autonómicas. La Fundación España Salud es una entidad de derecho privada pero que está financiada por la Administración española y también por las aportaciones que realizan las administraciones autonómicas de Galicia, Canarias y Asturias, que son las regiones de donde procede la mayoría de los españoles afincados en Venezuela.

Sobre los retornados a España

Sobre la situación de los españoles retornados que tienen derecho a una pensión de aquel país pero que no se les está pagando, Borrell indicó que “somos conscientes del problema que plantea la interrupción desde enero de 2016 del pago por parte de las autoridades venezolanas de las prestaciones contributivas a los pensionistas que residen en España”. Indicó que según el Instituto Venezolano de Seguridad Social el número de residentes en España con derecho a una pensión venezolana asciende a 7.030, de los que 1.627 están acogidos al acuerdo bilateral de Seguridad Social entre España y Venezuela.

Borrell indicó que “hemos incluido este tema en todas nuestras gestiones bilaterales con las autoridades venezolanas y, en su reciente viaje a Caracas, el secretario de Estado se lo planteó personal y directamente al ministro de Asuntos Exteriores, señor Arreaza”, pero no informó de que haya visos de que vaya a haber algún cambio. “Esperamos que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales continúe haciendo frente a estas gestiones y continúe con el pago de las pensiones, pero ¿qué podemos hacer si no lo hacen? ¿Podemos sustituirlos nosotros y pagar las pensiones que le corresponde pagar a Venezuela? Francamente, no creo que sea posible. Lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo: hacer toda clase de presión y toda clase de gestiones con el Gobierno venezolano para que haga frente a sus obligaciones”, señaló.

En cuanto a la atención sanitaria de los pensionistas venezolanos residentes en España afirmó que “este tema ya está resuelto para el 80 % de ellos que tienen nacionalidad española, y el 20 % restante se van a beneficiar de las medidas adoptadas por el gobierno para el restablecimiento de la sanidad universal”.

Pasaportes y canje de los carnets de conducir

El senador Pablo Rodríguez Cejas, de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, preguntó al ministro si no era posible reducir el precio para la expedición y renovación del pasaporte ya que “se ha convertido en un auténtico lujo para muchas personas” y que por este motivo no pueden acceder a la cobertura de la Fundación España Salud porque el pasaporte es requisito indispensable.

Otra cuestión que planteó fue la de muchos retornados a España que están teniendo muchas dificultades para poder canjear el carné de conducir que obtuvieron en su momento en Venezuela.

Sobre la primera cuestión el ministro de Asuntos Exteriores no dijo nada. Sobre el canje de los carnets de conducir explicó que existe un problema para su homologación “porque el Gobierno venezolano ha cambiado la emisión de carnés en su formato habitual y ahora los emite en forma de un PDF en papel. Pero las directivas de la Unión Europea nos impiden aceptar un canje de un carné de conducir emitido en un PDF en papel”. Añadió que “sé que eso plantea un problema, pero nosotros no podemos canjear alegremente carnés de conducir sin las debidas garantías, sin saber si el carné que canjeamos no cumple las normas establecidas en las directivas comunitarias”.