El Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 28 de septiembre el Informe de Fiscalización de la gestión de las pensiones, prestaciones y ayudas correspondientes al programa presupuestario 231B de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denominado ‘Acciones en favor de los emigrantes’ del año 2021.
En este Informe se recomienda a la Dirección General de Migraciones que tome las medidas oportunas “para dotar de personal suficiente a la Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno encargada de gestionar las pensiones, prestaciones y ayudas en favor de los emigrantes”.
El Tribunal de Cuentas señala que en el ejercicio de 2021 se produjeron importantes retrasos en la tramitación de algunas de las ayudas gestionadas por la Dirección General de Migraciones, cuyo responsable es Santiago Yerga y que depende de la Secretaría de Estado de Migraciones, al frente de la cual está Isabel Castro Fernández. En concreto, indica que en su análisis se detectaron retrasos superiores a ocho meses (cuando el máximo legal es de seis) en la resolución de casi el 30% de los expedientes de prestaciones por razón de necesidad revisados.
En cuanto a las pensiones asistenciales por ancianidad para españoles de origen retornados, el informe constata que entre 2017 y 2021 se produjo un incremento del 238,17% en el número de beneficiarios y que “existe un importante retraso en la resolución y concesión de estas pensiones” que alcanza los 15 meses en el caso de las solicitudes presentadas en 2019 y grabadas en la aplicación informática para su tramitación, y que aumenta a los 21 meses en las solicitudes que no estaban grabadas.
Además, en marzo de 2022 todavía había 1.395 solicitudes presentadas ese año y el anterior de las cuales casi el 83% todavía estaban pendientes de grabar.
Para el Tribunal de Cuentas, “este significativo retraso es contradictorio con la finalidad de esta pensión asistencial como medio de protección ante situaciones de precariedad, pudiendo generar situaciones de desamparo en aquellos solicitantes que durante el plazo de espera de resolución de sus expedientes carecieran de medios para subsistir”.
Estos retrasos, que perjudican a muchos emigrantes en situación de necesidad, se deben en buena medida, según señala el Informe, a una “significativa falta de personal para el desarrollo de las tareas propias de la gestión y resolución de estas pensiones”.
Hasta tal punto es significativa esa falta de recursos humanos que, según indica el Tribunal de Cuentas, “el 51,85% de los puestos de trabajo relacionados en la Relación de Puestos de Trabajo de la Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Política de Retorno se encuentran vacantes”.
El propio Santiago Yerga, en las alegaciones presentadas al Informe, reconoce que el retraso en la tramitación de las solicitudes “está en íntima relación con la carencia de personal”.
Es difícil comprender por qué motivo, en un contexto de ampliación del número de funcionarios en todas las administraciones públicas, no se han cubierto esas vacantes, salvo que el responsable del Ministerio en cuestión no tenga interés en hacerlo.
En otra parte de las alegaciones, el director general de Migraciones reconoce que, tras la llegada de José Luis Escrivá al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se realizó un cambio de localización de la sede de la Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno que provocó “varias peticiones por parte del personal adscrito a la misma de cambio de puesto y en otros casos solicitaron su jubilación”.
A esta circunstancia hay que sumar que la jefatura del Área de Subvenciones “estuvo vacante casi un año –entre inicios de 2020 y primeros de 2021– desde la jubilación de su titular hasta la incorporación de la nueva jefa de área”.
En definitiva, en el Informe se reconoce que la falta de personal en el área dedicada a los ciudadanos españoles en el exterior está dificultando la tramitación de todas las prestaciones y ayudas dirigidas a este colectivo, una tramitación ya de por sí compleja por sus propias peculiaridades. Estos retrasos perjudican a los beneficiarios de las prestaciones que son ciudadanos españoles residentes en el extranjero en situación de precariedad.
Además de la falta de personal, el Informe de Fiscalización y las alegaciones presentadas por el director general de Migraciones, dejan claro que existen problemas de índole técnico-informático ya que las aplicaciones que se utilizan para la gestión de las prestaciones no se adecúan bien a las características de las mismas.
En este sentido, la primera recomendación del Informe del Tribunal de Cuentas indica que “la Dirección General de Migraciones debería iniciar un proceso de mejora de la aplicación informática de gestión de todas las ayudas financiadas con cargo al programa 231B, para corregir las deficiencias existentes e incorporar la totalidad de las ayudas concedidas, de manera que se garantice la integridad de los procesos de gestión y de los expedientes contenidos en la aplicación y permita una homogeneización de los criterios de concesión”.
Por último, como curiosidad, cabe destacar que el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas cuenta con 58 páginas (sin incluir los anexos de datos y tablas) y las alegaciones formuladas por el director general de Migraciones suman 56 páginas.
Por eso sigue El ministerio priorizando a todos en sus políticas, menos a los retornados que son de segunda fila para ellos. Igual que esta pasando en las homologacion de títulos que todas las personas envían títulos para homologar estudios en el extranjero y no hay una prioridad para los españoles e hijos de españoles retornados.