El juez Juan Carlos Peinado ha imputado dos nuevos delitos a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presunta apropiación indebida e intrusismo en relación a la contratación de un software del máster de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense, y la ha citado el 18 de noviembre para comunicárselo. Cabe recordar que la esposa de Pedro Sánchez ya está imputada por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios desde hace meses.
Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha dictado un auto en el que amplía la investigación a Begoña Gómez al admitir a trámite parcialmente una querella de la organización Hazteoír, que en un principio recayó en otro juzgado, el 48. Sin embargo, ha rechazado investigar si incurrió en administración desleal y malversación, como también sostenía Hazteoír.
Registran al fiscal general
Por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado 30 de octubre el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en busca de documentos, móviles y correos electrónicos por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta revelación de secretos, que le atribuye Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Durante más de diez horas, se realizó un volcado íntegro del contenido de los dos teléfonos móviles de García Ortiz -el oficial y el personal-, un ordenador de mesa y otro portátil, una tablet y multitud de USB para llevarse una copia íntegra del contenido de sus dispositivos y correos electrónicos, a fin de evitar una “eliminación intencionada”. Simultáneamente, la UCO registró el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada. En su caso, al contenido informático se sumó copia en papel de los correos electrónicos que dieron origen al caso.
Al haberse negado a dimitir, el fiscal general -principal imputado- es el superior jerárquico de los demás fiscales, incluida la teniente fiscal del TS y encargada del caso, María Ángeles Sánchez Conde.
