Ya se han cumplido tres meses desde las elecciones generales del pasado 23 de julio y España sigue sin Gobierno en plenitud de condiciones. Sí tiene un candidato a la investidura, Pedro Sánchez, a quien el Rey Felipe VI propuso el pasado 3 de octubre tras el fracaso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se quedó a tres votos de lograrlo el 29 de septiembre, como vencedor de los comicios. Sin embargo, veinte días después de la designación del jefe del Estado al actual presidente del Gobierno en funciones y máximo dirigente del PSOE todavía no hay fecha para la sesión de investidura de Sánchez. El plazo límite es el próximo 27 de noviembre, cuando se convocarían de nuevo elecciones.
El candidato, mientras tanto, se ha reunido con todas las formaciones con representación parlamentaria menos con Vox, tercer partido en número de votos, al que considera “la ultraderecha”. Se intercambió reproches con Feijóo al acusarle de “agitar la calle” mientras el presidente del PP le pedía sin éxito información de sus negociaciones con los independentistas. Especialmente significativa fue la reunión con Bildu, el partido heredero de Batasuna que sigue organizando homenajes a terroristas de ETA, que llevó en sus listas de las municipales a candidatos relacionados con la banda terrorista -incluso alguno con delitos de sangre- y que dirige el condenado por secuestro y por enaltecimiento del terrorismo, Arnaldo Otegi. Precisamente de sus reuniones con los partidos, Sánchez sólo consiguió el apoyo expreso de Bildu.
Mientras, el PP organizó en el Senado, gracias a su mayoría absoluta en esta Cámara, una Comisión General de Comunidades Autónomas para que los presidentes de estos territorios se pronunciaran sobre la amnistía que negocia el PSOE con los independentistas catalanes, como requisito de éstos para respaldar su investidura, como se encargaron de recordarle los portavoces de ERC y Junts en su ronda de contactos, así como un referéndum vinculante sobre la autodeterminación.
Debate en el Senado
El primero en intervenir en la Comisión del Senado fue el president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, que aseguró que “la amnistía no es el punto final, es el punto de partida para que Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político”. Aragonès (de ERC) pronunció su discurso y se marchó sin escuchar ni una sola de las intervenciones del resto de los participantes. El Gobierno en funciones declinó asistir a este pleno, así como los presidentes socialistas de Asturias, Adrián Barbón, Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y Navarra, María Chivite. Por parte del PSOE sólo intervino el senador andaluz Juan Espadas, que acusó al PP de “frentismo” y de hacer “ataques preventivos”.
Mientras que los populares hicieron una exhibición de su poder territorial, puesto que sus presidentes de comunidades autónomas representan al 70% de la población española. Todos coincidieron en avisar que no permitirán “privilegios por apoyo a la investidura”, tacharon de infamia y aberración la negociación de Sánchez.
El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, afirmó que “ningún territorio es más importante que otro” y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó a Sánchez de “perpetrar la mayor traición posible a un país”. Los dirigentes de Murcia y Aragón anunciaron que recurrirán la amnistía ante el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el expresident catalán, Carles Puigdemont, que permanece huido de la Justicia española tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia insistió en el “reconocimiento nacional” de Cataluña y en que el Estado pida “perdón” por su actuación ante el procès soberanista para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Además, se supo que quiere negociar la Alcaldía de Barcelona -alternar el mando que ahora tiene el socialista Jaume Collboni- y que se empeña en el relator o negociador internacional.
Mientras que la otra formación independentista de Cataluña, ERC, se conforma con resucitar la mesa de negociación, resolver el déficit fiscal y acordar el traspaso de los trenes de Cercanías para renovar como socios del PSOE.
Por último, el PP denunció el cierre a cal y canto del Congreso, puesto que no hay fecha para la investidura ni actividad de ningún tipo que permita el control del Gobierno en funciones o el debate de iniciativas parlamentarias. Además, los populares convocaron un acto de protesta contra la amnistía en Toledo al que acudieron unas 1.300 personas. Allí, su líder, Alberto Núñez Feijóo, denunció la parálisis de la legislatura y aseguró que quiere “una España en la que se siga garantizando la división de poderes y en la que el Ejecutivo no invada el legislativo y en la que el Ejecutivo y el legislativo no controlen el poder judicial”.
