Aprobado el techo de gasto no financiero en Castilla y León para 2020, que sube un 6,16% hasta 10.167,59 millones de euros

La Junta prevé un crecimiento económico del 1,6% y la bajada de la tasa de paro hasta el 10,8%

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 20 de febrero el límite de gasto no financiero para el próximo año, que se sitúa en 10.167,59 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 6,16% respecto al del último presupuesto aprobado, el de 2018, y representa el techo más alto desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración de los Presupuestos. La cifra se ha computado sobre la previsión de un crecimiento económico del 1,6%, una tasa de paro que se reduce hasta el 10,8% y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 0,8%.

El techo de gasto se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene -10.018,62 millones de euros, el 7,16% más que en el presupuesto de 2018- y de los recursos asociados al objetivo de déficit, que está fijado en el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y equivale a 124,10 millones. A la cantidad obtenida hay que añadirle 24,87 millones de euros como consecuencia de los ajustes de Contabilidad Nacional.

El resultado de la operación es el tope de 10.167,59 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno de Castilla y León durante el año que viene, 590,12 millones más que el previsto en el presupuesto de 2018.

Es importante destacar que el techo de 10.167,59 millones acordado es coherente con el escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio, donde el Producto Interior Bruto (PIB), la tasa de paro y la ocupación presentan una evolución más positiva. Asimismo, constituye el límite de gasto no financiero más elevado desde que el Ejecutivo autonómico se sirviera por primera vez de esta magnitud para confeccionar los Presupuestos de la Comunidad del ejercicio 2012.

A este respecto, cabe recordar que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala en el artículo 30 que el Estado, las autonomías y las corporaciones locales están obligadas a aprobar cada año un techo de gasto no financiero; mandato que también recoge para Castilla y León la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que es de aplicación a todos los entes del sector público autonómico.

La normativa nacional impone tres condiciones a las comunidades para calcular el límite de gasto no financiero. La primera es que se asegure el cumplimiento del objetivo de déficit. La segunda, que el endeudamiento total previsto de la Comunidad se ajuste al objetivo de deuda. Y la última, que dicha cifra sea acorde con la regla de gasto.

En este sentido, el Consejo de Ministros celebrado el 11 de febrero de 2020 acordó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, en 2020, para el conjunto de las Administraciones Públicas, fijando para las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,2% del PIB, y de deuda pública del 22,8% del PIB. Asimismo, establece que la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española es del 2,9%.

Avance en el proceso de elaboración de los Presupuestos

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que la asignación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se hará de forma individualizada por el Gobierno a cada una de las comunidades autónomas.

En el momento actual, dicha asignación individual, no se ha producido. Sin embargo, la situación de prórroga presupuestaria que se mantiene por segundo año consecutivo, aconseja iniciar cuanto antes los pasos que permitan la presentación del presupuesto de la Comunidad, bajo el supuesto de que el Gobierno de la Nación asigne tales objetivos a la Comunidad de Castilla y León en la media del conjunto de comunidades autónomas

La aprobación del techo de gasto supone asentar la base para iniciar el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2020.

La Junta reclama al Consejo de Ministros el pago de los 142 millones del IVA pendiente de 2017 y de 40 millones más correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado

Ese mismo Consejo de Gobierno  aprobó el pasado 20 de febrero la reclamación al Consejo de Ministros del pago de las cantidades debidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017. Asimismo, autorizó al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a formalizar y presentar el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros.

De esta forma, la Junta de Castilla y León plantea este requerimiento para que de forma inmediata se pague a la Comunidad la cantidad reclamada como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año 2017 correspondiente al IVA que asciende a 142 millones de euros.

Asimismo, se reclama el abono de las cuantías correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica que asciende a otros 40 millones de euros.

El requerimiento incluye también los intereses legales correspondientes a las cantidades debidas.

Esta reclamación dirigida al Consejo de Ministros se establece sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que competen a la Comunidad Autónoma.

La pérdida de ingresos, debida a la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII) por el Real Decreto 596/2016, correspondiente al IVA del mes de diciembre de 2017, ha supuesto para la Comunidad Autónoma de Castilla y León una perdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación.

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