La Ley de Vivienda, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar el precio del alquiler, fue aprobada tras el visto bueno del Senado el 17 de mayo con el rechazo de PP, PNV, Junts, Ciudadanos, Vox y UPN por entender que invade competencias, genera inseguridad jurídica, no va a bajar los precios del alquiler, permite la ocupación ilegal, desincentiva la puesta en arrendamiento de viviendas y pone injerencias en la propiedad privada.