El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 22 de agosto por primera vez por vía telemática aprobó la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas para el periodo 2019-2021, formulada por el Ministerio de Hacienda y que otorga un mayor margen fiscal a los gobiernos regionales.
Esta senda, que ya fue respaldada por el Consejo el pasado 19 de julio pero no fue finalmente avalada por el Congreso de los Diputados recoge un -0,3% del PIB para 2019, -0,1% del PIB para 2020 y 0,0% del PIB para 2021. Por su parte, los objetivos de endeudamiento para las comunidades autónomas se mantienen también en el 23,7% para 2019; 23% para 2020 y 22,2% para 2021.
Respaldaron la propuesta Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares.
Sin embargo, y tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos, el Gobierno decidió aplazar la tramitación parlamentaria del techo de gasto para el año 2019. La vicepresidenta Carmen Calvo aseguró que el Ejecutivo considera prioritario, según el acuerdo de ambas formaciones, modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, en la que se establece la posibilidad de que el Senado vete la decisión del Congreso, donde el PP ostenta la mayoría absoluta.
Esa capacidad de la Cámara Alta, apuntó Calvo, es “excepcional” en el ordenamiento jurídico español y recordó, además, que el techo de gasto propuesto por el Gobierno, con la aplicación de las cinco décimas adicionales de déficit concedidas por la Unión Europea, permitiría “recuperar derechos” y “restablecer igualdades”.
Tanto el Partido Popular como Ciudadanos calificaron esta maniobra del Gobierno, que retrasa los Presupuestos Generales de 2019, como un abuso de poder.
