El Gobierno aprobó el domingo 29 de marzo, en un Consejo de Ministros extraordinario, la limitación total de movimientos salvo los de los trabajadores de actividades esenciales. Estará en vigor desde hoy lunes hasta el 9 de abril, ambos días inclusive.
Los trabajadores afectados cobrarán su estipendio en calidad de permiso retribuido hasta el 9 de abril (Jueves Santo) y recuperarán esos días de fiesta a lo largo del calendario laboral.
El Gobierno había intentado esquivar esta medida, pese a las crecientes de peticiones de la oposición y de sus aliados, por el impacto económico que tendrá, que, en cualquier caso, quedará mitigado por la proximidad de la Semana Santa. Los empresarios la han acogido con recelo.
A última hora, el Ejecutivo introdujo en el decreto una moratoria para que algunas actividades se paralicen paulatinamente, de modo que en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, los trabajadores podrán prestar servicios hoy lunes.
El parón afecta especialmente al sector de la construcción, cuya actividad en esta primera quincena de estado de alarma había sido muy cuestionada por los sindicatos. También afectará a la industria y a una parte importante del sector servicios se puede ver afectada, aunque en este caso muchos empleados ya estaban trabajando desde casa.
El listado definitivo de las actividades consideradas esenciales quedó recogido en un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario publicado ayer al filo de la medianoche. Son 25, entre ellas supermercados, farmacias, gasolineras, medios de comunicación, telecomunicaciones y servicios informáticos, hostelería y restauración a domicilio, atención sanitaria a animales, notarías y registros, abogados y administración de justicia y correos.
Prohibición de despedir
El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Real Decreto por el que se prorroga el Estado de Alarma declarado el pasado 14 de marzo, y la vigencia de las medidas en él contenidas, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020.
El Consejo aprobó también un Real Decreto-ley con medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria de la Covid-19. La norma incluye la prohibición de despedir mientras dure la crisis del coronavirus, que empezó a aplicarse el mismo viernes, sin efecto retroactivo. Las empresas no podrán propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó que el Gobierno ya ha diseñado una alternativa a disposición de las empresas, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, que se tramitan en un plazo máximo de cinco días.
Los sindicatos (UGT y CCOO) aplaudieron la medida, mientras que los empresarios (la CEOE y la Cepyme), y también el PP, consideraron que va a impedir poner las bases de la recuperación y llevará a un mayor nivel de desempleo.
Díaz avanzó también que se simplificarán los expedientes de regulación temporal de empleo y anunció que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social revisará de oficio todos los ERTE y comprobará las causas alegadas para solicitarlos.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que el Gobierno ofrecerá diariamente información sobre el material sanitario que reparte a las comunidades autónomas para hacer frente al coronavirus.
Videconferencia con los presidentes autonómicos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció ayer ante los presidentes autonómicos, con los que mantuvo una reunión por videoconferencia, que el “aprovisionamiento” del material imprescindible para el sistema sanitario en la lucha contra el coronavirus va “con cierto retraso”, pero insistió que éste es un problema que afecta ahora de forma generalizada a toda Europa.
La mayoría de los presidentes aplaudieron la ampliación del confinamiento, incluido el catalán Joaquim Torra, que venía pidiéndola desde el principio, al igual que el murciano Fernando López Miras. El gallego Alberto Núñez Feijóo se desmarcó de otros barones del PP y puso reparos, preguntándose “qué va a pasar cuando haya que reabrir” las fábricas y las empresas pero “todavía siga la epidemia”.
El lehendakari Iñigo Urkullu recriminó al presidente del Gobierno que las videoconferencias que mantiene con presidentes autonómicos no sean “deliberativas” y que se hagan a posteriori, “con las decisiones ya tomadas”. Urkullu remitió en la noche del sábado una carta a Sánchez pidiéndole que sea cada comunidad autónoma la que concrete las actividades auxiliares y las empresas que son necesarias para mantener la actividad esencial.
También otros presidentes autonómicos manifestaron su malestar porque las comunidades no tengan más peso en este sentido, incluidos el cántabro Miguel Ángel Revilla, el valenciano Ximo Puig (PSOE) y el castellano-manchego Emiliano García Page (PSOE).
La presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, denunció que el material sanitario sigue siendo “la extrema necesidad” de la región y solicitó a Sánchez un fondo extraordinario de 1.200 millones para afrontar los efectos del Covid-19. El dinero se destinaría a sanidad, Educación, Servicios Sociales y Transportes.
También el presidente de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, reclamó a Sánchez más medios materiales y más recursos económicos.
