La Asociación Jiennense de Emigrantes y Retornados (Ajier) publicó el pasado 9 de febrero su Memoria de Actuación 2025, un documento que combina un balance de actividad técnica con una voz de alarma institucional. La entidad describe un escenario de “agotamiento operativo” donde la falta de financiación suficiente está poniendo en riesgo los servicios esenciales que prestan en la provincia y que no son cubiertos ni por el sector público ni por el privado.
En la introducción de la memoria, Ajier subraya que ha alcanzado su techo operativo. La provincia de Jaén mantiene una emigración temporera estructural (especialmente hacia las campañas agrícolas en Francia) que genera un flujo constante y masivo de consultas. La asociación se ha convertido en el único soporte técnico capaz de gestionar los complejos derechos sociolaborales y trámites de estos trabajadores, pero advierte: “No se puede atender a más personas con menos recursos; la estructura actual es insuficiente para la demanda real”.
Un servicio integral en riesgo
A esta presión de los temporeros se suma la labor histórica y técnica de la asociación: la gestión de más de 3.000 consultas anuales sobre pensiones de jubilación, invalidez y viudedad vinculadas a países como Francia y Alemania. La memoria refleja que Ajier cubre un vacío administrativo vital, asesorando en procesos burocráticos internacionales que las administraciones públicas no asumen y que resultan inalcanzables a través del sector privado.
“Si hoy seguimos prestando este servicio es gracias a la fidelidad de nuestros socios, pero nos encontramos en una situación límite”, señala la directiva. La reducción de subvenciones en los últimos ejercicios ha forzado a la entidad a una precariedad que amenaza la continuidad de su personal cualificado, justo cuando más se necesita su experiencia para evitar que los retornados pierdan sus derechos adquiridos tras años de esfuerzo en el extranjero.
Llamamiento al compromiso institucional
Ante este panorama, Ajier hace un llamamiento a las administraciones para garantizar una financiación estable y suficiente. La asociación reivindica que su labor no es solo asistencial, sino una garantía de justicia social para los jiennenses que han trabajado fuera.
“Un ejemplo claro de las dificultades que venimos afrontando desde 2021 es la evolución de la subvención del 0,7 % del IRPF de la Junta de Andalucía, que ha sufrido una reducción cercana al 66 % desde ese año. Este recorte no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tónica general que afecta a las asociaciones andaluzas de personas retornadas. Resulta difícil de entender que, mientras la recaudación del IRPF a través de la casilla del 0,7 % continúa aumentando, las entidades sociales veamos cómo se nos aplican recortes tan drásticos que dificultan gravemente el desarrollo de nuestra labor”, señalan desde la entidad.
“Necesitamos que las instituciones den un paso al frente. No podemos seguir operando al límite de nuestras fuerzas. Es vital una inversión que permita mantener los servicios de información y gestión de trámites básicos que nuestro colectivo provincial necesita, y que de no prestarse pueden provocar una situación de vulnerabilidad y de indefensión a miles de personas que trabajan o han trabajado en el extranjero”, concluye la organización.
