El pleno del Senado aprobó el pasado 9 de febrero una moción presentada por el PSOE y transaccionada con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre el proceso de acceso a la nacionalidad abierto por la Ley de Memoria Democrática (LMD). En la propuesta, la Cámara Alta “insta al Gobierno a contar con los medios adecuados y llevar a cabo las actuaciones necesarias, incluida la divulgación de los requisitos y documentación, para atender de manera rápida y eficiente a las solicitudes ya presentadas y las que se presenten ante la red de oficinas del Registro Civil”.
En vista del texto aprobado finalmente y escuchadas las intervenciones, ha quedado patente que todos los grupos políticos son conscientes de que la Disposición adicional octava (DA8ª) de la Ley de Memoria Democrática no se está ejecutando como debería, que los consulados no cuentan con los medios necesarios para su aplicación y que, en definitiva, los emigrantes se están encontrando con numerosos problemas a la hora de presentar sus solicitudes y que estas se tramiten de manera eficaz.
Todos los partidos criticaron la actuación del Gobierno en esta materia y la moción presentada que calificaron de “autobombo” por parte del PSOE. Finalmente la apoyaron una vez se incorporó a ella buena parte de la propuesta de modificación de ERC.
Por parte de Esquerra, el senador Josep Maria Reniu Vilamala destacó dos cuestiones que a su formación le parecen centrales. Por un lado, “el lío existente en estos procesos en la red consular del Estado español”. En este sentido afirmó que “ya podemos felicitarnos de la instrucción del Ministerio de Justicia de cara a los registros civiles. Nos podemos felicitar todo lo que quieran, pero o destinan de una vez los recursos necesarios –no solo a los registros civiles en el territorio del Estado español, sino sobre todo a la red consular– o todo esto quedará en papel mojado”. Y añadió en referencia al Gobierno: “Tienen los recursos, tienen la posibilidad, tienen el amparo jurídico para hacerlo, así que háganlo de una vez”.
Reniu Vilamala también indicó que en estos tres meses que la Ley de Memoria Democrática lleva en vigor, “prácticamente ninguna solicitud formulada ha sido resuelta”. Recordó que la Disposición adicional octava de la LMD se aplicará solamente durante dos años, hasta octubre de 2024, aunque el Consejo de Ministros puede acordar la prórroga por un año más. “Es decir, –afirmó el senador– no estamos abriendo un plazo de quince años para poder hacerlo, son dos años y, por tanto, los recursos tienen que estar ahora y ya vamos con tres meses de retraso”.
Por su parte, el senador del Grupo Izquierda Confederal, Fabián Chinea, empezó su intervención agradeciendo al PSOE la presentación de la moción porque “nos permite debatir sobre las dificultades que existen para la realización de los trámites de acceso a la nacionalidad a raíz de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática”.
Falta de medios que se sabía de antemano que serían necesarios
En el mismo sentido que el representante de ERC, Chinea destacó que “ya no nos toca manifestar nuestra satisfacción por la iniciativa legislativa aprobada, ni tampoco valorar el cambio normativo, eso ya lo hicimos. Lo que toca ahora es que las medidas que se adopten sean rápidas y eficientes y, como plantea Esquerra en su enmienda, que se investiguen los motivos que provocan esa demora de los trámites de acceso a la nacionalidad”.
Finalizó su intervención afirmando que “no puede ser que esta ley haya entrado en vigor y, sin embargo, no se hayan desplegado los medios que de antemano se sabía que serían necesarios para su cumplimiento”.
La portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Estefanía Beltrán de Heredia, también se manifestó en el mismo sentido. “No sería en ningún caso admisible, sería un gran fracaso, que, por escasez de medios, por falta de recursos o por falta de diligencia de la propia Administración en las oficinas consulares y en los registros civiles, quienes teniendo derecho a optar a la nacionalidad española y quienes deseen hacerlo no la consiguieran, tal y como está ocurriendo hasta la fecha”, afirmó. “Hablamos de personas que, reuniendo todos los requisitos para acceder a la nacionalidad española, tras largas esperas de muchos meses, finalmente reciben el silencio, sus expedientes caducan y tienen que volver a iniciar la tramitación”.
La senadora del PNV señaló que “esto está ocurriendo a día de hoy” y no solamente con los casos a través de la Ley de Memoria Democrática, sino que “está ocurriendo todos y cada uno de los días en los consulados y en los registros civiles”.
Por ese motivo, Beltrán de Heredia finalizó su intervención dirigiéndose al Gobierno: “Pónganse a trabajar, pongan los medios necesarios, dejemos de hacer publicidad de lo que hemos hecho, busquemos efectos y resultados, y demos respuestas a la ciudadanía”.
“¿Quién es el cerebro jurídico que les asesora en estos temas?”
Por parte del Partido Popular intervino la senadora Cristina Ayala que calificó de “chapuza jurídica” la instrucción del Ministerio de Justicia que desarrolla la Disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y comparó la mala técnica jurídica con lo ocurrido con la ‘ley del sí es sí’.
Ayala cargó contra la iniciativa socialista. “Nos plantean que hemos sacado una nueva ley y vamos a hacer como que tiene errores y no lo vemos, vamos a intentar que todos lo convaliden, vamos a dictar una instrucción y vamos a modificar la ley por la puerta de atrás”.
A continuación, criticó el modo en el que se desarrolló la Disposición adicional octava de la LMD. “Ustedes primero aprueban una ley el 5 de octubre de 2022 y el 20 de octubre dictan una instrucción que no llegan a publicar porque la emigración se les echa encima. Y el día 25 aprueban otra totalmente contraria a lo que decían el día 20 y que es una verdadera modificación legal”, afirmó la senadora popular. “No sé cómo con tantos asesores que tienen en su gobierno no saben que una instrucción de ese tipo solo es para dar órdenes a los funcionarios sobre un tema concreto, pero de ninguna forma se puede modificar una ley, de ninguna forma se puede innovar el ordenamiento jurídico”, criticó Ayala quien se preguntó “¿quién es el cerebro jurídico que les asesora en estos temas?”.
También criticó algunos de los planteamientos expresados en la instrucción del Ministerio de Justicia como las expresiones “la verdadera voluntad del legislador era…” o “en realidad el legislador no quería excluir…”. Para la senadora del PP no son más que “subterfugios” para sortear que en la Ley de Memoria Democrática no se incluyese una disposición transitoria y “pretenden que siga vigente la Ley de Memoria Histórica de 2007” cuando esta ha sido derogada por la propia Ley de Memoria Democrática.
En definitiva, para el PP la instrucción de desarrollo de la DA8ª es “una chapuza jurídica con la que no vamos a pasar”. “El PP siempre ha estado con los descendientes en el extranjero redactando normas desde el registro civil y ya les han advertido desde una asociación que lo único que va a conllevar esto es a anulaciones y revocaciones de las nacionalidades que concedan. No digan que no están advertidos. Desde luego, con los emigrantes en el extranjero si, con las chapuzas jurídicas no, nunca”, finalizó la senadora popular.
El portavoz del PSOE, César Mogo, rebatió las críticas del PP y afirmó que, al votar en contra, demuestran que no le importan los derechos de los emigrantes ni tienen interés en quienes perdieron la nacionalidad. Pero también tuvo que dedicar buena parte de su intervención a refutar las críticas que los demás partidos dirigieron tanto hacia el PSOE como hacia el Gobierno.
El PSOE es gobierno, no tuvo ninguno que hubiera pensado que tenía que poner más personal para atender tanta demanda, en Argentina los españoles que tienen que renovar el pasaporte e hijos y nietos no pueden tener un turno, mu nieta no va llegar antes de los 18 años para hacerse española si muchos más
El grave problema de muchas familias es que algunos de los Registros Civiles no cuentan con la información de los ancestros españoles y tardan hasta tres meses para responder por correo postal, en vez de enviar un correo electrónico solicitando en algunos casos información adicional que permita resolver de mejor manera. Algunos Registros Civiles ni siquiera cuentan con la información y hay que acudir a los Archivos Diocesanos. Los descendientes que parten de cero es casi imposible que lo logren.
Yo no creo que exista un lugar con más dificultades de toda índole que lo que esta sufriendo el Consulado de La Habana, y así y todo está funcionando a todo tren, sorteando cuantas adversidades se presentan y dándole resultados rapido a la ciudadanía concurrente. Siempre faltan algunas facilidades y sin así todo marcha. Mi reconocimiento por tan loable trabajo.
En el consulado de Buenos Aires abren turnos cada mes, mes y medio y se agotan en 1 hora! A este paso, se pasan los 2 años contemplados en la ley, y no empezamos. Parece todo muy poco serio
Al menos una esperanza para los Descendientes radicados acá en España…Tres meses de entregados los expedientes en los Registros Civiles y todavía ninguna solicitud formulada…..RESUELVAN YA es el Reclamo de todos..
Creo que en el senado se ha resumido toda la problemática de los Consulados y los registros civiles, pero es bochornoso lo del Registro Central de Madrid que debía ser el ejemplo, sin embargo ni siquiera después de más de tres meses de presentados los expedientes no los haya registrado. Me parece que si de verdad se quiere cumplir con esta pobre Ley, el Ministerio de Justicia deberá implementar un plan de choque y por otro lado poner funcionarios competentes en la Dirección General de Justicia y que a la vez se hagan respetar.
En España hay suficiente talento para resolver esta problemática y es hora de pasar a los hechos.