Con la Ley en la mano

“A sabiendas” de que no podían votar

Por Ricardo Martínez Barros

Ricardo Martínez Barros.

Inadmisible, frustrante, delictivo…y todos los demás calificativos que queramos añadir a esa conducta deleznable que impide que los españoles en el extranjero puedan ejercer ese derecho sagrado, sublime, supremo, que le otorga el art. 23 de la CE. Y cuya vigilancia ESPECIAL compete al Estado español (art. 42 de la CE).

Conozco a funcionarios públicos que, por conductas menos transgresoras, han sido condenados como prevaricadores. Y sé de muchos políticos que les han obligado a sentarse en el banquillo por haber omitido ciertas obligaciones de diligencia en el ejercicio de su cargo y con un coste social inferior al que se ha causado y está causando a los emigrantes españoles.

Cada año el flujo de capital y dinero que llega a España desde las cuentas de los emigrantes españoles supera los 11.400 millones de euros. El que más de un millón y medio de emigrantes no utilicen habitualmente los servicios de la sanidad, los del transporte, los de educación, así como la ausencia de huelgas (habrá que ir pensando en el “Día del Orgullo Emigrante”) y otros servicios e infraestructuras públicas, permite un ahorro al Estado español en cifras que superan los 4.000 millones de euros.

La respuesta de esos políticos, que dicen representar a esa sociedad, tan solidaria y reivindicativa para algunas cosas, es la poca o nula “empatía” hacia la emigración que denuncia el presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, Eduardo Dizy. No son políticos que representen a la emigración, porque a la emigración no se le deja participar en su elección. Los últimos datos de las elecciones del 12J señalan una insultante participación del ¡¡1,24%!! No, no es culpa de los emigrantes, querido Estado, ni tan siquiera de los países receptores de emigrantes. Es su culpa, solo su culpa, querida Administración Central. Las sacas de correos no han salido de Madrid. El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha puesto en funcionamiento su maquinaria representativa (embajadas, consulados…), y esos “políticos de poca empatía” que se le llena la boca de espuma hablando de “progreso y defensa de derechos sociales” se quedan mudos cuando se les estampa en la cara los derechos mancillados de los emigrantes que no pueden elegir a sus representantes.

Creo que ya es momento de decir ¡BASTA!, y creo que la FISCALÍA, como garante de la legalidad e institución que debe velar por el respeto de los derechos fundamentales (y el derecho a ejercer el voto, lo es), debe dar un paso adelante. Así se lo exige el art. 3 de su Estatuto Orgánico, aprobado por Ley 24/2007. Pero es que cualquier funcionario o autoridad (art. 408 del CP) viene obligado a promover la persecución de estas conductas que, tanto por acción como por omisión, impiden “a sabiendas” que los emigrantes ejerzan sus votos. Esa conducta permisiva y omisiva tiene un nombre en nuestro Código penal: DELITO DE PREVARICACIÓN.

Haría bien el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, así como las demás asociaciones que representan los intereses de los emigrantes, poner en marcha las acciones oportunas para que esta “tomadura de pelo”, que se repite como una matraca, que es la promesa secular de eliminar el “voto rogado”, se acabe ya. El problema no se resuelve con la eliminación del “voto rogado” (por cierto, aún no ha pedido perdón el inventor de este “bodrio”) sino en asumir, primero, que hay un grave problema con el ejercicio del voto por parte de los emigrantes españoles. Porque si no se admite que “hay un grave problema”, va a ser difícil el formular respuestas y conductas que resuelvan el problema.

Una vez admitido que tenemos un grave problema, y asumiendo que formamos parte de la UE, que le pregunten a los “genios” de Amazon o a los fundadores de PayPal cómo hay que hacer para que el voto de los emigrantes sea rápido, seguro y efectivo. ¿Para qué sirven las embajadas y consulados si no es precisamente para representar a España en el exterior y facilitar el ejercicio de los derechos de las personas a las que representan?

Conozco a funcionarios públicos y a políticos que por conductas menos transgresoras que las que se han cometido en estas elecciones del 12J han sido acusados y condenados como delincuentes prevaricadores. Y por si se nos había olvidado, el culpable de que no se haya velado, “a sabiendas”, la salvaguarda de los derechos de voto de los emigrantes es el Estado (art. 42 de la Constitución española de 1978, que espero que cuando se publique este articulo aún esté vigente). Y si es así, como no puede ser de otra forma, ¿a qué estamos esperando?

Ricardo Martínez Barros es el fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.

2 comentarios en ““A sabiendas” de que no podían votar

  1. Desconocía los datos. Lamentable la forma de proceder de los Órganos de la Administración permanente , en la escasa atención prestada a un Colectivo, como el de la Emigración Española en el exterior., que tanto significó en la sociedad española los últimos siglos.

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