Habían transcurrido escasos 9 meses desde la entrada en vigor de la Constitución española de 1977, cuando me dieron la oportunidad de publicar
mi primer artículo sobre emigración en un diario de tirada nacional. Me sorprendió que mereciese la atención del director aquel insignificante trabajo que no era más que un simple esbozo sobre el contenido del art. 42 de la Carta Magna que “exige al Estado quevele especialmente por los derechos de los emigrantes españoles” . El verbo “velar”, con raiz en el término latino “vigilare”, requiere un plus de atención y cuidado por parte del que viene obligado a ejercer esa función. No basta con hacer declaraciones altisonantes que se diluyen en gestos y palabrería que solo conduce a la frustración y al desasosiego en un colectivo que evita paralizar aeropuertos e interrumpir servicios públicos, aunque tiene el mismo derecho a mostrar su enfado como cualquier otro ciudadano. Es ya hora de dar pasos para que ese “mantra cansino”, que repiten los que no quieren o no saben enfocar el problema, deje de ser la excusa de la inoperancia. Cierto que la emigración es un tema complejo, como casi todos los que un Gobierno debe atender, pero precisamente por su complejidad es necesario que lo estudien lideres y gestores con capacidad resolutiva.
Y se me antoja que tanto el actual Gobierno, con un Ministro de Exteriores que ya ha alertado sobre la necesidad de la modificación del voto rogado, como la recientemente nombrada Secretaria de Emigración del partido de la oposición están sobradamente capacitados para darle un giro copernicano a la tediosa cantinela de “hay que….”El primero por su experiencia y capacidad de dirección, y la segunda porque aporta algo de especial interés, aparte de sus otras dotes, que es ser hija de emigrante en Venezuela
El problema de la emigración española, y que ahora ya se nos plantea como un problema de MIGRACION (ya no solo tenemos que ocuparnos de los que se han ido sino también de los que llegan), es cuestión de estado, del Estado español. Y al Estado español se le exige, se lo exige la Constitución, se lo exigimos los votantes y no votantes, se lo exigimos todos, que, de una vez por todas, deje a un lado el color de los votos de los emigrantes, la bandera de la Comunidad a la que pertenecen, el lugar de su trabajo, e inicie una nueva era que permita a los que trabajan en el extranjero sentirse protegidos y compensados por tanto sacrificio y tanto valor añadido que, con su esfuerzo, han logrado y están logrando para los que han tenido el privilegio de no verse forzados a emigrar para sobrevivir.
Los grandes cambios de la Historia que han obligado a modificar las inercias de los mandatarios se “embrionan” en las células que conforman las sociedades. Y el problema de las migraciones requiere también la implicación de esos colectivos que conforman el tejido socia-económico de la emigración. Loables esfuerzos se están haciendo en alguna Comunidad, como la gallega, para atraer capital y personas de la emigración. Pero, insisto, sólo con un alto grado de responsabilidad política de todas las Administraciones es posible iniciar una nueva era en la que habrá que revisar no solo la legislación sectorial, desenfocada e inoperante, sino también las aptitudes y capacidades de los que deben conformar el componente humano de lo que debería denominarse el Ministerio de las Migraciones, que ha de sustituir los gestos y las proclamas por la operatividad de las soluciones.
