Los IMPUESTOS son unas obligaciones a las que están sometidos los ciudadanos para detraer de sus rentas e ingresos determinadas cantidades con las que hacer frente a las necesidades que tiene una sociedad (pensiones, paro, seguridad social, educación, policía, servicios sociales, infraestructuras…). Por eso, cuando un servidor publico, al que se le encomienda utilizar debidamente el dinero obtenido del esfuerzo de los que trabajan y producen, lo utiliza en prostitutas, drogas y en su propio interés, no sólo está burlándose de los sacrificados trabajadores y empresarios que cotizan, sino que, además, pone en duda los instrumentos y la integridad de las personas a las que se les paga para perseguir y evitar estas torticeras y ruines conductas.
Parece ser que el primer sistema impositivo nace en el Antiguo Egipto (años 3000-2.800 a. C), encomendado a los escribas su recaudación. Y a lo largo de la historia se recogen continuos abusos por parte de los gobernantes al exprimir hasta límites inhumanos la carga impositiva con la que gravaban y gravan a los que producen.
España es el cuarto país de la UE con la mayor carga impositiva, sólo detrás de Bélgica, Suecia y Dinamarca, pero con unas contraprestaciones que ayudan más al holgazán y truhan que al trabajador. Y esa carga impositiva, de forma directa o indirecta, está ahogando las ya esquilmadas economías de los más débiles, de manera que no es de extrañar que se fuercen conductas alternativas que afloje esa presión y más cuando día tras día se descubren corruptelas en casi todos los sectores de nuestra sociedad (políticos de todos los colores, entidades deportivas, Guardia civil, Sindicatos, entidades públicas…).
Hay que ser muy ruin y desconsiderado para emprender campañas persecutorias contra los emigrantes retornados, que han enriquecido a este país a cambio de nada, enviando divisas y creando puestos de trabajo con el dinero reenviado desde los países receptores de esta emigración. Y hay que tener muy poca sensibilidad hacia este colectivo tan vulnerable, al exigirles doble carga tributaria por cobrar dos pensiones, cuando una y otra son de una cuantía miserable. Para liberarse de tan grave ignominia se recomienda dirigirse a las oficinas de la Seguridad Social a fin de solicitar la retención del IRPF y establecer un fraccionamiento de los pagos para aliviar la carga impositiva, cuando lo que tenían que hacer los ministerios implicados en esta materia es que las exenciones y rebajas fiscales hacia ese colectivo, que tiene más dificultades para acceder a los sistemas de información, se ejecuten de OFICIO. ¿Por qué la Agencia Tributaria actúa de OFICIO cuando tiene que cobrar y no actúa cuando tiene que pagar o reducir cargas tributarias de los emigrantes retornados? ¿Acaso no es un colectivo débil como lo son aquellos autónomos que día a día luchan por sostener un pequeño negocio o trabajo?
No sé qué número de emigrantes retornados se necesita para que sus derechos y exigencias se tengan en cuenta. Pero puedo afirmar que este colectivo multiplica por cien o por mil a otros colectivos necesitados a los que sí se les presta especial atención. Tal vez, a lo mejor se deba a que este colectivo, como el de los autónomos, ni se manifiestan, ni hacen ruido. Pero no olvidemos que su importancia en la recaudación de impuestos sostiene a un Estado que debiera reflexionar sobre esta tamaña injusticia y que parece obsesionado mantener una cacería persistente contra el autónomo y el retornado.
Ricardo Martínez Barros es el fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.
