El CRE explica que con este proyecto “se pretende suprimir y limitar los derechos constitucionales de voto de los españoles residentes en el exterior” y recuerda los principios que emanan de la Constitución Española y la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, entre otras.
“Pretenden coartar nuestros derechos constitucionales, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda categoría, alejándonos de nuestras profundas raíces españolas que siempre hemos mantenido, allí donde los avatares de la vida nos ha llevado, con el orgullo de ser españoles de pleno derecho”, añade el comunicado.
Respecto al concepto de “vecindad” utilizado por la Sucomisión, argumentan que “contradice tanto la mencionada Ley Reguladora de la Bases del Régimen Local, como también, los preceptos constitucionales y sólo puede concebirse bajo intereses políticos, ajenos a la legalidad”. Y sobre “irregularidades“ respecto de la veracidad del Censo Electoral, cuestiona este hecho ante la falta de pruebas y la ausencia de una investigación al respecto y descarta que la solución a un presunto problema sea la supresión de derechos fundamentales “porque pretender prohibir el voto para evitar un presunto e imaginario fraude sería tanto como prohibir la propiedad privada para eliminar el robo. Es decir: un disparate”, concluye el CRE.