El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), a iniciativa de su Comisión de Derechos Civiles y Participación, ha expresado su “preocupación y rechazo” ante lo que considera una creciente deriva de discursos y críticas dirigidos contra la ciudadanía española residente en el exterior en el marco de la polémica por la suspensión cautelar del voto exterior de muchas personas que están obteniendo la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática (LMD).
En un comunicado fechado el 24 de septiembre, el CGCEE señala que desde el pasado mes de julio el debate público en España ha incorporado afirmaciones y comentarios que cuestionan “la legitimidad, la motivación o la igualdad de derechos” de quienes residen fuera del territorio nacional. Según el Consejo, este tipo de discursos genera una imagen distorsionada de la diáspora española y alimenta una narrativa que estigmatiza a cientos de miles de ciudadanos que mantienen un vínculo con España.
El órgano consultivo de la ciudadanía española en el exterior recuerda que los españoles residentes fuera del país forman parte “integral de la comunidad política española” y contribuyen a España en distintos ámbitos, entre ellos el económico, cultural, social y familiar. Asimismo, subraya que ejercen sus derechos de acuerdo con la legislación vigente.
Para el CGCEE, la ciudadanía española residente en el exterior, tanto histórica como contemporánea, constituye una “realidad estructural del país” y no debe convertirse en objeto de confrontación política ni utilizarse como argumento para cuestionar derechos fundamentales.
El comunicado vincula esta reivindicación directamente con la controversia surgida en torno a la Ley de Memoria Democrática y a las medidas cautelares que afectan al ejercicio del voto exterior de personas que han adquirido recientemente la nacionalidad española. El Consejo considera que este debate no debe desembocar en la “deslegitimación” de los españoles residentes fuera de España ni en el establecimiento de categorías diferenciadas de ciudadanía en función del lugar de residencia o de la vía por la que se haya obtenido la nacionalidad.
El CGCEE recuerda además que la Constitución española garantiza la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos y cita expresamente el artículo 68.5, según el cual la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio nacional.
En este sentido, el Consejo rechaza también las insinuaciones que presentan a la ciudadanía exterior como un colectivo susceptible de “manipulación, instrumentalización o irregularidad”. Defiende que la participación política desde el extranjero se desarrolla mediante procedimientos regulados y supervisados por la Administración electoral española y que constituye un ejercicio legítimo y democrático.
El órgano de representación de la ciudadanía española en el exterior hace un llamamiento a las instituciones, los actores políticos y los medios de comunicación para que contribuyan a un debate “riguroso, respetuoso y basado en hechos”. En particular, reclama evitar discursos que puedan fomentar la división o generar desconfianza hacia los españoles residentes en otros países.
Finalmente, el CGCEE reafirma su compromiso con la defensa de los derechos civiles y políticos de la diáspora española y asegura que continuará trasladando su preocupación a las instituciones competentes con el objetivo de que la ciudadanía exterior sea tratada con respeto, igualdad y consideración.
