El juez Juan Carlos Peinado ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez. En su auto, recuerda “la obligación” de permanecer “en todo momento” a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, al que se remite ahora la causa.
Por su parte, el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, citó a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y solicitó un informe pericial a una joyería de las piezas incautadas en el registro del despacho del exdirigente socialista el 19 de mayo, tasadas en un primer análisis en 1,3 millones de euros. Además, el magistrado de la Audiencia Nacional comunicó a su defensa que en 3 días debía aportar toda la documentación que tenga de las joyas.
Calama cita a Laura y Alba Rodríguez Espinosa para declarar en calidad de investigadas y a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra, como testigos el día 19.
Mientras, el ex presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el ex consejero delegado, Roberto Roselli, coincidieron en apuntar en su declaración en la Audiencia Nacional a una comisión del 1% para Zapatero, al que contrataron para “presionar a la SEPI” y conseguir así la ayuda estatal vinculada al rescate de la compañía por el Gobierno de 53 millones de euros.
Por otro lado, en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey Felipe VI, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, aprovechó para denunciar el cuestionamiento en los últimos tiempos de la independencia de jueces y magistrados, con acusaciones expresas y generalizadas de adoptar “decisiones por razones políticas, y no jurídicas”. Se refería a determinadas manifestaciones de miembros del Gobierno de España pues, de hecho, apuntó que si estas descalificaciones provienen de quienes ejercen responsabilidades institucionales, “la gravedad es mayor”.
