El Parlamento Europeo aprobó el 17 de septiembre una resolución de apoyo a Ceuta que califica de “invasión” la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio y en la que apunta a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, como un elemento con “efecto llamada”. El texto, que salió adelante en Estrasburgo (Francia) con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, reclama además medidas urgentes para reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE).
La resolución contó con el respaldo del Partido Popular Europeo (PPE), que impulsó el texto, parte de los liberales de Renew y los grupos Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN). Los Socialistas y Demócratas (S&D), con los eurdiputados del PSOE español incluidos, así como los grupos de izquierda y los Verdes, votaron en contra.
El documento considera que Ceuta “ha sido invadida” y denuncia la instrumentalización de la migración irregular como una “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”. Los eurodiputados recalcan además que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas cuya soberanía e integridad territorial están “fuera de toda duda” y reclaman a Marruecos que respete la soberanía española y cumpla sus responsabilidades en materia de control fronterizo.
En esa misma línea se expresó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo al asegurar que “la frontera de Ceuta es la frontera de Europa” y proclamar que, por ello, “Europa estará ahí” para los españoles y los ceutíes en particular. Este hecho ocupó gran parte de su discurso sobre el Estado de la Unión, con el que repasa los retos pendientes para la UE y apunta la hoja de ruta de su Ejecutivo para abordarlos en lo que queda de legislatura.
Von der Leyen insistió en la necesidad de que los 27 apliquen el Pacto de Migración que endurece la frontera exterior y agiliza las deportaciones, al tiempo que apuntó nuevas medidas para tratar que la Unión reaccione con urgencia ante eventuales crisis futuras similares.
Previamente, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, advirtió de que la “prioridad” sigue siendo “retornar rápidamente a todos” los migrantes que cruzaron de manera irregular desde Marruecos y siguen en la Ciudad Autónoma.
En este sentido, cabe señalar que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, mantuvo el día 8 diferentes reuniones en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea con el objetivo de trasladar lo sucedido los pasados 30 y 31 julio e intentar conseguir una mayor implicación de Europa. Vivas se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; con el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner; la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica; y el presidente del Grupo PPE, Manfred Webber.
Mientras, el Gobierno central no logra controlar la situación en la Ciudad Autónoma con cifras confusas de ilegales que bailaron entre los 2.000 y los 10.000 y que el Gobierno local sitúa en más de 13.000, falta de plazas para acogerlos y una tensión social creciente. Prueba de ello son los continuos enfrentamientos entre los propios inmigrantes que han aumentado exponencialmente los datos de atenciones médicas por agresiones, de violaciones, de denuncias y de intervenciones de los servicios de emergencias y policiales. O el fiasco del traslado, con cargas policiales y disparos al aire, de cientos de migrantes que vagaban por las calles hacia unas carpas habilitadas en el Puerto de Ceuta, una ubicación con un rechazo mayoritario por ser un punto estratégico para la Ciudad, para despejar unos asentamientos que se volvieron a llenar ante las escasas plazas de acogida.
Las protestas son continuas entre la población ceutí harta de no poder hacer una vida normal.
En el frente político, Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta dimitió por no estar de acuerdo con las declaraciones de su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, descargando la responsabilidad sobre él ante lo que asegura que sí informó de un mensaje de advertencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante un posible asalto masivo días antes del suceso.
Las advertencias del CNI formaban parte de los documentos desclasificados por el Gobierno y publicados el día 9, que contradicen la versión oficial puesto que todos los servicios de inteligencia y seguridad del Estado dieron la voz de alarma con antelación y recogen una actitud “negligente y pasiva” de Marruecos durante los hechos de finales de julio.
En cuanto a las posibles responsabilidades, la juez María Tardón, que investiga el asalto masivo, pidió asumir las denuncias presentadas contra el delegado del Gobierno por su papel en la avalancha, tras pedir la Fiscalía investigar si sus “decisiones u omisiones” “pudieron incidir” en la crisis, y citó a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
Finalmente, cabe señalar que el Gobierno central ha aumentado sus críticas al regidor local, mientras Vivas recordó que no se atendieron sus avisos previos ni se está avanzando en una solución. El Ejecutivo y su presidente, Pedro Sánchez, volvieron a recibir las críticas de todos los grupos parlamentarios menos el suyo, el PSOE, y el PP pidió la dimisión del Gobierno y acusó a Marruecos de ser “responsable de lo ocurrido por acción u omisión”.
